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Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 6, 7, 13, 16 y 17 de la ley 144 de 1994, por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas. En la demanda se presentan cargos contra las siguientes disposiciones 1º. Exigencia de aportar certificación de la calidad de congresista del sujeto pasivo de la solicitud de pérdida de investidura. 2º. Exigencia de dar debida explicación de la causal esgrimida. 3º. Presentación ante juez y notario cuando el solicitante pueda hacerlo directamente ante el consejo de estado. 4º. Posibilidad de devolver la solicitud cuando no se alleguen los anexos exigidos en la ley. 5º. La posibilidad de compulsar copias en caso de temeridad o mala fe. 6º. Obligación de denunciar únicamente los servicios remunerados y, 7º...
... deberán ser decididos, so pena de pérdida de competencia, en un término de un (1) año cont..., salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas...
Por haber utilizado su cargo de congresista para exigir comisiones en la adjudicación de obras en Bogotá y gestionar beneficios, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del exrepresentante a la Cámara Germán Olano.
En el foro de Complexus también participó el procurador general, Alejandro Ordóñez, quien se refirió a la pérdida de investidura como uno de los puntos de la reforma constitucional que mayor polémica han generado.
En anterior columna se planteó la necesidad de revisar buena parte de la estructura orgánica -no la ideológica, impecable- de la Constitución de 1991, entre otras materias, las relativas a la composición, origen y funciones de los organismos de control.
Así lo reveló Pablo Bustos, de la Red de Veedurías Ciudadanas, quien demandó al congresista.
El Consejo de Estado les declaró la muerte política porque tenían familiares en alcaldías.
Debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, acceso a cargos y funciones públicas. Tutela contra providencia judicial. Sentencia de unificación. En el presente caso se demandan en sede de tutela las decisiones del consejo de estado adoptadas dentro de una acción de nulidad electoral y una acción de pérdida de investidura interpuestas para solicitar la nulidad de la elección del accionante como representante a la cámara por el departamento de boyacá y la pérdida de su investidura como congresista. Aduce el actor, que la acción de tutela la interpone porque se presenta una contradicción jurídica originada en los fallos ejecutoriados sobre exactamente el mismo supuesto fáctico, jurídico, probatorio y respecto de una misma persona, lo que se traduce en que una de las dos...
Pero no solo la sombra de las investigaciones disciplinarias cubre esta elección de Procurador General, sino también el posible tráfico de influencias por fichas de los congresistas en cargos en el Ministerio Público.
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