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  • Sentencia de Tutela nº 343/21 de Corte Constitucional, 11 de Octubre de 2021

    El actor adquirió un crédito educativo con el ICETEX en el año 2012 y en el 2014 fue diagnosticado con trastorno depresivo y tuvo que suspender sus estudios. En los años 2015 y 2016 presentó recaídas en su estado de salud que lo obligaron a estar hospitalizado e incapacitado en varias oportunidades, al igual que a suspender sus clases académicas. En el año 2017 el peticionario solicitó a la entidad suspender el desembolso del crédito para el segundo período lectivo dada sus difíciles condiciones de salud y como respuesta a esta pretensión le fue informado que se daba por terminado el crédito por haber superado el número de aplazamientos permitidos por el reglamento y por no haberlo renovado en ocasiones anteriores. En el 2020 el tutelante radicó una solicitud de renovación de la obligación y ante la falta de respuesta inició el trámite de la presente acción de tutela, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y educación. Se abordó temática relacionada con: 1º. El derecho de petición. 2º. El derecho a la educación. 3º. El ICETEX como institución financiera que facilita el acceso y la permanencia en la educación superior. La Corte determinó que el derecho de petición fue trasgredido por la entidad en la medida en que no contestó de manera oportuna y en los términos que la ley lo exige. No obstante lo anterior, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al constatar que en el trámite de la solicitud de amparo fue respondida de fondo, de manera clara y coherente con lo solicitado. Respecto al derecho a la educación consideró la Sala que también lo trasgredió la entidad, en tanto la situación delicada de salud del actor hizo imposible que cumpliera con sus deberes de renovar y no aplazar más de dos períodos académicos y, en tal medida, debió inaplicar el reglamento operativo, según lo dispuesto en el artículo 4 Superior. Se CONCEDE la protección a la precitada garantía y se ordena a la accionada dar continuidad al crédito educativo en el primer semestre del 2022. Se advierte igualmente a la accionada que en lo sucesivo debe aplicar de manera estricta los plazos previstos en la Ley 1755 de 2015, para garantizar el derecho fundamental de petición.

  • Sentencia de Tutela nº 338/21 de Corte Constitucional, 4 de Octubre de 2021

    En este caso se aduce que Sanitas E.P.S. vulneró derechos fundamentales al negar a la mamá del accionante, una mujer de 93 años de edad que padece diferentes patologías, la entrega de la silla de ruedas prescrita por la junta médica de la entidad. La accionada alegó que la orden no estaba autorizada por el MIPRES, que las sillas de ruedas estaban excluidas del PBS y que, en todo caso, su entrega requería un fallo de tutela que lo conceda expresamente. Se reitera jurisprudencia relacionada con: 1º. El fundamento constitucional del derecho a la salud de las personas de la tercera edad. 2º. El suministro de las sillas de ruedas en el marco del Plan de Beneficios de Salud. 3º. La prohibición de anteponer barreras administrativas y judiciales para la prestación de servicios o entrega de insumos de salud o medicamentos. Recordó la Corte que las EPS deben suministrar los servicios e insumos de salud prescritos por los médicos tratantes a las personas de la tercera edad y que para el efecto no pueden anteponer barreras de índole administrativo, ni judicial. En relación con el suministro de sillas de ruedas, señaló que no pueden financiarse con cargo a la UPC y que por ello pueden adelantar el procedimiento de recobro ante la ADRES. De igual manera, reiteró la Sala que, en sede de tutela, el juez debe conceder su entrega, siempre y cuando haya sido ordenada por el médico tratante adscrito a la EPS. Se CONCEDE el amparo y se ordena a la parte accionada autorizar y entregar la silla de ruedas pretendida, la cual debe cumplir con las especificaciones prescritas.

  • Sentencia de Tutela nº 290/21 de Corte Constitucional, 30 de Septiembre de 2021

    ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE TRASLADO LABORAL-IMPROCEDENCIA POR ESTAR EN CURSO PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO En este caso se cuestiona un acto administrativo mediante el cual se ordenó el traslado del actor del departamento de Risaralda al departamento de Putumayo. El peticionario consideró que la resolución no estuvo motivada ni tuvo en consideración el estado de salud que presenta y la afectación a la unidad de su núcleo familiar. La entidad adujo que el traslado no se tomó de manera intempestiva dado que el peticionario, al aceptar su nombramiento, era conocedor de que podía ser ubicado en cualquier parte del territorio nacional debido al carácter global flexible de la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y que además se dio por estrictas razones del servicio. La Corte decidió confirmar la decisión de instancia que declaró la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, tras considerar que no se satisfizo el requisito de subsidiariedad, pero solo y en cuanto está en curso un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del acto administrativo de traslado, en el que fue decretada como medida cautelar la suspensión provisional de sus efectos, con lo cual se obtuvo la protección inmediata que exigía la situación médica y laboral del tutelante.

  • Auto nº 667/21 de Corte Constitucional, 17 de Septiembre de 2021

    Con el presente auto se adopta como medida provisional la suspensión de los efectos de la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, dentro del trámite de la acción de tutela promovida por el Club de Fútbol Profesional Real Sincelejo S.A., contra el Ministerio del Deporte, la División Mayor de Fútbol Colombiano, la Federación Colombiana de Fútbol y el Club Deportivo Atlético Fútbol Club S.A. y, en consecuencia, suspender el trámite de cumplimiento y desacato que se adelanta ante la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo. Se destaca que la medida provisional decretada en esta oportunidad no implica prejuzgamiento ni un sentido de la decisión del asunto, ya que todos los elementos fácticos y jurídicos del proceso deberán debatirse de manera definitiva por la Sala Sexta de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en atención a lo previsto en el artículo 33 del Decreto Ley 2591 de 1991.

  • Sentencia de Tutela nº 319/21 de Corte Constitucional, 17 de Septiembre de 2021

    PRINCIPIO DE CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD A EX SOLDADO-FUERZAS MILITARES DEBEN CONTINUAR CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD A SOLDADOS CUYA PÉRDIDA DE CAPACIDAD PSICOFÍSICA TIENE ORIGEN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO El actor aduce que la entidad accionada vulneró sus derechos fundamentales, al disponer su retiro del servicio activo con fundamento en su pérdida de capacidad laboral, la cual se produjo como consecuencia de una lesión sufrida en servicio, sin valorar la posibilidad de reubicación al interior de la institución según sus condiciones y capacidades. Alegó también que con la anterior decisión se afectaron igualmente los derechos de su núcleo familiar, el cual está integrado por su compañera permanente y tres menores de edad, quienes dependían de los ingresos que generaba como soldado profesional. Se reseñaron los lineamientos jurisprudenciales más relevantes en materia de: 1º. La garantía de no discriminación y de estabilidad en el empleo de miembros de la Fuerza Pública que presenten una pérdida de capacidad laboral inferior al 50 % y que hayan sido desvinculados del servicio por esta razón. 2º. La continuidad en la prestación de servicios médicos de miembros de la Fuerza Pública desvinculados del servicio y, 3º. Las obligaciones del Estado colombiano en materia de rehabilitación y reincorporación de soldados y policías heridos en combate. La Corte determinó que en este caso la acción de tutela resulta improcedente para cuestionar la decisión de retiro del servicio y solicitar el reintegro laboral, por el incumplimiento del requisito de inmediatez. Esto, porque desde la fecha de expedición del acto administrativo de retiro del servicio y la de la interposición de la demanda trascurrió un año sin que se presentara actuación alguna del peticionario para obtener la protección de sus garantías, ni justificación válida para su demora en impetrar el mecanismo de amparo constitucional. No obstante lo anterior, la Sala concluyó que la entidad sí vulneró el derecho a la salud del peticionario, al no garantizar la continuidad en el tratamiento médico de la lesión que sufrió en el marco de una operación militar y llevó a una disminución de la capacidad psicofísica en el cumplimiento de su deber y a la consecuente desvinculación. Así mismo determinó, que vulneró los derechos al trabajo y a la rehabilitación integral del actor, al desvincularlo sin ofrecerle ningún tipo de orientación o asesoría en materia de rehabilitación médica, social o laboral que condujera a su reinserción a la vida civil.

  • Auto nº 680/21 de Corte Constitucional, 17 de Septiembre de 2021

    Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad de Bogotá y el Juzgado 10 Laboral del Circuito de la misma ciudad. La controversia entre los precitados despachos tuvo su origen en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en donde la parte actora pretendía la nulidad del acto administrativo que negó la existencia de una relación laboral con una E.S.E. y el reconocimiento de la configuración de un vínculo laboral a partir de la celebración de contratos de prestación de servicios sucesivos. La Corte verificó el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones y estableció que la competencia para conocer el precitado proceso le corresponde Juzgado 26 Administrativo de Oralidad de Bogotá, en tanto es la Jurisdicción Contencioso Administrativa la que debe conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios con el Estado, de conformidad con el Artículo 104 del CPACA; Se ordena remitir el expediente a la precitada autoridad para que proceda de conformidad y para que comunique la presente decisión a los interesados en su trámite y al otro operador jurídico.

  • Auto nº 683/21 de Corte Constitucional, 17 de Septiembre de 2021

    Conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y el Juzgado Doce Municipal de Pequeñas Causas Laborales de la misma ciudad. La controversia entre los precitados despachos tuvo su origen en una demanda ejecutiva que interpuso la rectora de la Universidad Nacional en contra de uno de los docentes de la institución, con el ánimo de que se librara mandamiento de pago por una suma superior a los diez millones de pesos, por cuanto se advirtieron algunas inconsistencias y errores en la liquidación que se realizó al referido profesor. La Corte verificó el complimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones y reiteró jurisprudencia relacionada con la competencia para conocer asuntos en los que se reclama el pago de acreencias laborales reconocidas mediante actos administrativos. La Sala Plena concluyó que el presente asunto no se enmarca dentro de los supuestos que son de conocimiento de los jueces administrativos, como quiera que el título que se pretende ejecutar no corresponde con ninguno de los supuestos señalados en el numeral 6º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011. Y, por el contrario, sí se encuadra dentro de la competencia de los jueces laborales, según lo establece el numeral 5º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en relación con el artículo 100 de la misma codificación, como quiera que procura la ejecución de una obligación emanada de una relación de trabajo entre la demandante y el demandado. Con base en lo anterior se dirime el conflicto con la remisión del expediente al Juzgado Doce Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, para lo de su competencia y para que comunique esta providencia a los sujetos procesales e interesados en el proceso.

  • Auto nº 684/21 de Corte Constitucional, 17 de Septiembre de 2021

    Conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad de Bogotá y el Juzgado 8° Laboral del Circuito de la misma ciudad. La controversia entre los precitados despachos tuvo su origen en una demanda instaurada por una ciudadana en contra del SENA, cuya pretensión era declaratoria de nulidad de un oficio mediante el cual se negó la existencia de una relación laboral a partir de la celebración de contratos de prestación de servicios ininterrumpidos. La Corte verificó el cumplimiento de los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo para la configuración de un verdadero conflicto entre jurisdicciones y dirimió el asunto estableciendo que el Juzgado 26 Administrativo de Oralidad de Bogotá es el que tiene competencia para resolver el precitado proceso. Ello, porque es la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo una causa judicial promovida para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios con el Estado, de conformidad con el Artículo 104 del CPAC. Se ordena remitir el expediente a dicha autoridad, parque que proceda con lo de su competencia y comunique la presente decisión a los interesados y al otro operador jurídico involucrado.

  • Auto nº 670/21 de Corte Constitucional, 16 de Septiembre de 2021

    Con el presente auto se resuelve un escrito presentado por una ciudadana, mediante el cual manifestó que recusaba al Magistrado Alberto Rojas Rojas. En dicho documento señaló que coadyuvaba la recusación presentada por distintas personas de la CVI-CADH, en relación con un amplio conjunto de procesos. También solicitó a la Sala que, luego de resolver dicha pretensión, declarara la nulidad de las actuaciones realizadas por el precitado magistrado en cada uno de esos procesos, especialmente, los relacionados con el aborto y la eutanasia. La Sala Plena de la Corporación decidió RECHAZAR, por falta de legitimación y, por ende, de pertinencia, la recusación formulada en esta oportunidad.

  • Sentencia de Tutela nº 310/21 de Corte Constitucional, 15 de Septiembre de 2021

    CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE-ACCIONANTE DEJO DE ESTUDIAR EN UNIVERSIDAD. El actor pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sus creencias religiosas incluyen el deber de guardar reposo desde el atardecer del día viernes hasta la puesta del sol del día siguiente. En el segundo semestre del 2016 ingresó al programa de medicina en la universidad accionada y en el 2020 se inscribió para cursar la asignatura de medicina interna. En esta materia le fue registrada una inasistencia de dos días las cuales solicitó levantar, por estar sustentadas en motivos de carácter religioso. La universidad negó la anterior pretensión y adujo que el estudiante, al momento de matricularse, aceptó el reglamento estudiantil de pregrado en el cual se establece la responsabilidad de asumir la carga académica y, por ende, de cumplir con el horario de clase establecido. La Sala de Revisión consideró que en el presente caso se configuró una CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por el acaecimiento de una circunstancia sobreviniente no atribuible a la accionada, en tanto el peticionario ya no se encuentra cursando sus estudios en la institución universitaria cuestionada por motivos de salud y económicos.

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