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  • Sentencia de Tutela nº 111/21 de Corte Constitucional, 28 de Abril de 2021

    El actor es un líder social afrocolombiano que ha padecido directamente los embates del conflicto armado, incluyendo el desplazamiento forzado. En los últimos años, se ha dedicado a labores de liderazgo para proteger y recuperar los derechos de las comunidades negras de la cuenca del Río Jiguamiandó que también padecieron del desplazamiento y la pérdida de sus territorios. A raíz de las anteriores actividades, se ha convertido en objeto de amenazas y actos de intimidación provenientes de diferentes actores criminales, motivo por el cual cuenta con un esquema de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La conducta que se censura en sede de tutela es el desmonte gradual de dicho esquema, en tanto pone en grave riesgo la vida e integridad del peticionario. Se pretende que la entidad realice un nuevo estudio o revaluación ajustado a derecho y se den al tutelante las garantías, medidas especiales y expeditas de prevención y protección con enfoque diferencial que se requieran. En sede de revisión la Sala conoció que el esquema de protección del accionante había sido reforzado con un vehículo blindado y un segundo hombre de protección, mediante un trámite de emergencia adelantado en junio de 2020. Así mismo, que la Unidad adelanta un nuevo estudio de riesgo para conocer la situación pormenorizada en que se encuentra el actor. Luego de constatar que no se presentó el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, se reiteró jurisprudencia relacionada con las obligaciones del Estado con respecto a la seguridad personal y la vida de los líderes sociales. La Corte concluyó que la UNP vulnera derechos fundamentales cuando toma decisiones que (i) no comunican el nivel de riesgo con el que fue calificado el solicitante, ni le permiten entender las variaciones en su calificación; (ii) no se compadecen con el escenario de violencia que enfrenta el protegido; y (iii) no están motivadas de forma rigurosa, técnica y específica, excusándose, principalmente, en que no hay avances en las denuncias penales por las amenazas e intimidaciones de que ha sido objeto. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.

  • Auto nº 185/21 de Corte Constitucional, 26 de Abril de 2021

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 resuelve la solicitud de inicio de incidente de desacato en contra de la Unidad para las Víctimas, por el presunto incumplimiento de la orden cuarta del Auto 092/08, en relación con el caso de Aidee Cardona de Espinosa. Según la memorialista, dicha entidad desconoció la presunción constitucional de vulnerabilidad acentuada de las mujeres para acceder a las medidas dispuestas para atender a la población desplazada, en el marco del proceso de indemnización administrativa que adelanta por el homicidio de su hijo. Teniendo en cuenta que la peticionaria ya interpuso una acción de tutela cuyo trámite se encuentra en curso con el mismo objeto que se pretende en esta oportunidad, la Corte decidió RECHAZAR, por improcedente, el incidente pretendido. Además de lo anterior reiteró que, es incompatible promover un incidente de desacato con el propósito de analizar una situación que se encuentra en estudio por los jueces de tutela, dado que no es permitido pretermitir dicha instancia judicial

  • Auto nº 186/21 de Corte Constitucional, 26 de Abril de 2021

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 dispuso remitir al Director de la Unidad Nacional de Protección y al Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior copia de la solicitud formulada por la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Curvaradó a la primera entidad mencionada, en la que piden información respecto a las medidas que se dispusieron para la protección del consejo comunitario y en qué circunstancias se hizo su entrega efectiva. Lo anterior para que, de conformidad con sus funciones y competencias, se pronuncien sobre los hechos descritos en dicha comunicación y remitan a la Corporación una copia de la respuesta dada a la misma.

  • Auto nº 184/21 de Corte Constitucional, 23 de Abril de 2021

    Solicitud de apertura de incidente de desacato respecto de lo ordenado en la Sentencia T-359/20. Por no existir evidencia alguna relativa a que el presunto incumplimiento manifestado por el peticionario fue puesto de presente ante el juez de primera instancia, en tanto órgano llamado a verificar por regla general el acatamiento de las sentencias de tutela adoptadas por la Corte Constitucional, la Sala Primera de Revisión decidió ABSTENERSE de tramitar el incidente formulado. En consecuencia, ordenó la remisión del escrito a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, para que asuma el conocimiento de la solicitud y adelante los trámites que son de su competencia, insistiendo en que es a dicha autoridad judicial a la que le asiste el deber de verificar el estricto cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional en el precitado fallo.

  • Sentencia de Tutela nº 104/21 de Corte Constitucional, 21 de Abril de 2021

    El actor considera que la Asociación de Usuarios de Agua Potable de la Vereda El Rincón (ACOR) vulneró sus derechos fundamentales, al negarse a instalar un punto de acueducto para abastecer su finca con el servicio de agua potable, a pesar de que al lado de su casa pasan dos tuberías de propiedad de la accionada. La entidad adujo que no tiene los recursos económicos para adecuar su infraestructura de redes de tuberías y ampliar su capacidad para prestarle el servicio al peticionario. En el trámite de revisión la Sala pudo determinar que el accionante no habita en la actualidad la vivienda para la cual solicita la conexión al servicio de acueducto, en tanto ella es una casa de recreación o descanso a la que va dos veces a la semana a cuidar de sus perros y de sus plantas. Se analizan los requisitos de procedencia de la tutela para la protección del derecho fundamental al agua potable, en particular, en lo que respecta al cumplimiento del presupuesto de subsidiariedad cuando la solicitud recae simultáneamente sobre derechos cuya protección puede garantizarse a través de la acción popular. Se confirman las decisiones de instancia que declararon IMPROCEDENTE el amparo invocado.

  • Sentencia de Tutela nº 101/21 de Corte Constitucional, 20 de Abril de 2021

    En este caso la acción de tutela fue interpuesta por la Personería Municipal de Quibdó en nombre de un ciudadano que padece insuficiencia renal crónica, la cual es tratada por la E.P.S. al que está afiliado, pero en un municipio diferente al que reside. El ministerio público precisó que, a pesar de que la entidad provee el servicio de transporte para que el paciente asista a las citas de hemodiálisis programadas en la otra entidad territorial, éste no cuenta con los recursos económicos para sufragar los gastos de alimentación y alojamiento que requiere para pernoctar allí. Se pide al juez que ordene a la accionada prestar el tratamiento médico integral y, en tal sentido, que se suministre los viáticos para el transporte, alimentación y alojamiento del agenciado y de su acompañante. Se reitera jurisprudencia relacionada con el derecho a la salud y el cubrimiento de los gastos de transporte, alojamiento y alimentación para el paciente y el acompañante. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados.

  • Auto nº 147/21 de Corte Constitucional, 15 de Abril de 2021

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 dispuso REMITIR al Director de la Unidad para las Víctimas, los informes presentados por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría Delegada para el Posconflicto en respuesta al Auto 006/21, al igual que la solicitud presentada por la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, para que se pronuncie estos en el término de diez días hábiles, a partir de la notificación de la presente providencia.

  • Auto nº 155/21 de Corte Constitucional, 15 de Abril de 2021

    Recurso de súplica. La demanda fue rechazada porque el escrito de corrección fue presentado extemporáneamente. La Sala Plena de la Corporación decidió CONFIRMAR el auto cuestionado, luego de verificar que la corrección de la providencia de inadmisión fue presentada por fuera del término de ejecutoria.

  • Sentencia de Tutela nº 090/21 de Corte Constitucional, 14 de Abril de 2021

    DERECHO DE ACCESO AL SISTEMA DE SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES EN SITUACION IRREGULAR Y PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD La accionante actúa en representación de un hijo menor de edad de nacionalidad venezolana, en condición migratoria irregular debido al vencimiento de su salvoconducto. El niño tiene 6 años de edad y presenta múltiples y delicadas patologías, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una clínica de la ciudad de Cúcuta. La conducta que se considera trasgresora de derechos fundamentales por parte de la entidad accionada es la negativa para autorizar el control con especialista y la realización de un examen ordenado por el médico tratante, argumentando que el paciente debía legalizar su estancia en Colombia y tramitar la respectiva afiliación al régimen de salud. La peticionaria alegó que no ha podido hacer dichas diligencias por no contar con el permiso especial de permanencia (PEP) y por la emergencia sanitaria del COVID-19, que devino en el cierre de la frontera entre ambos países y de las oficinas de migración en la ciudad de Cúcuta, lo que le ha imposibilitado efectuar tales trámites. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con: 1º. El derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes y los componentes de universalidad y solidaridad y, 2º. El acceso a los servicios del Sistema de Seguridad Social en Salud colombiano para los niños, niñas y adolescentes migrantes en condición irregular. Se CONCEDE la tutela del derecho fundamental a la salud y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de esta garantía

  • Sentencia de Tutela nº 088/21 de Corte Constitucional, 9 de Abril de 2021

    DERECHO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN HABITANTE DE CALLE, ASIGNACIÓN DE CUPO DE ALBERGUE EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 En tres acciones de tutela formuladas de manera independiente se analizan hechos relacionados con la protección invocada por habitantes de calle que tienen precarias condiciones de salud y que están en situación de debilidad manifiesta, dos de ellos, por sus problemas de dependencia y abuso de sustancias psicoactivas y, el otro, por ser un adulto mayor. Todos consideraron que sus derechos fundamentales fueron vulnerados con la decisión clausurar la infraestructura dispuesta para cumplir las medidas de aislamiento preventivo por la pandemia del COVID-19. Los dos peticionarios mencionados inicialmente solicitaron además que se ordenara a su favor la garantía del tratamiento no hospitalario para su problema de drogas, con institucionalización en un albergue. Se aborda temática relacionada con: 1º. La protección especial a la población habitante de calle y su derecho a la salud. 2º. El principio de progresividad y no retroceso en la faceta prestacional de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular, sobre la prestación del derecho a la salud. 3º. El derecho a la salud mental y a la protección constitucional de las personas que tienen problemas de farmacodependencia y, 4º. Los dispositivos de amplificación de los efectos de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en sede de revisión de tutela. Se CONCEDE el amparo invocado y se imparten una serie de órdenes conducentes a hacer efectivo el goce de los derechos tutelados. Se dispone que la orden de realizar las gestiones necesarias para brindar alojamiento temporal a los aquí accionantes tiene efectos “inter comunis” y, por tal razón, se extiende a todos los habitantes de calle que no pudieron acceder al preventorio de Andes durante el aislamiento preventivo a causa del cierre ordenado por la Alcaldía de dicha entidad territorial. Se precisa que, ´para todos esos casos deberán aplicarse las reglas jurisprudenciales contenidas en el presente fallo. Así mismo, se ordena a la Alcaldía de Andes que, en el ámbito de sus competencias diseñe e implemente los servicios sociales para las personas habitantes de calle a través de programas piloto o por medio de la réplica de experiencias exitosas para el abordaje de habitabilidad en calle provenientes de otros entes territoriales. Dichos programas deben incluir, por lo menos, los componentes de salud, desarrollo integral, albergue transitorio y capacitación laboral.

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