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  • Sentencia de Tutela nº 328/22 de Corte Constitucional, 19 de Septiembre de 2022

    DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA EN EL RÉGIMEN DE LAS FUERZAS MILITARES-PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL PERMANENTE POR DETERIORO DEL ESTADO DE SALUD-REITERACIÓN DE JURISPRUDENCI. La actora adujo que sus derechos fundamentales fueron vulnerados al ser desvinculada de las Fuerzas Armadas después de que se le determinara que tenía una pérdida de capacidad laboral del 12% y que se le considerara no apta para ser reubicada, por no tener las competencias laborales o profesionales necesarias para realizar una función administrativa, docente o de instrucción propias de la institución militar. Se reitera jurisprudencia constitucional relacionada con la especial protección constitucional de las personas en situación de discapacidad y su derecho a la estabilidad laboral reforzada. También se reiteran las reglas sobre los límites al régimen laboral dentro de las Fuerzas Militares y el derecho de permanencia de sus integrantes. Se confirma la decisión de instancia que protegió el derecho a la estabilidad laboral reforzada y, en virtud de ello, se deja sin efectos el acto administrativo mediante el cual se retiró a la peticionaria del servicio activo dentro de la Fuerza Aérea Colombiana y se imparten varias órdenes conducentes a hacer efectivo la garantía constitucional tutelada.

  • Sentencia de Tutela nº 329/22 de Corte Constitucional, 19 de Septiembre de 2022

    DERECHO AL TRABAJO, MÍNIMO VITAL Y ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE MUJER EMBARAZADA O LACTANTE EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA. La accionante es una persona en condición de vulnerabilidad al ser mujer cabeza de familia, víctima del desplazamiento forzado por el conflicto armado y responsable económica de sus hijos y de una nieta que padece aplacía medular. Alega que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, al no renovársele su contrato de prestación de servicios porque quedó en estado de gestación. La entidad accionada adujo que la terminación del vínculo laboral obedeció al cumplimiento del término contractual pactado. Se reitera jurisprudencia sobre los siguientes ejes temáticos: 1º. La protección de la madre gestante y la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo y lactancia. 2º. a protección de la mujer embarazada y en período de lactancia en contratos de prestación de servicios. 3º. Los elementos que deben acreditarse para demostrar la configuración de un contrato realidad oculto tras un contrato de prestación de servicios. 4º. La evaluación de las pruebas para determinar la existencia de un contrato realidad. Se CONCEDE el amparo invocado.

  • Sentencia de Tutela nº 315/22 de Corte Constitucional, 9 de Septiembre de 2022

    Acción de tutela contra actos administrativos. Protección de los derechos fundamentales. Prueba. Competencia

  • Sentencia de Tutela nº 318/22 de Corte Constitucional, 9 de Septiembre de 2022

    Los accionantes aducen que las entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad, al mínimo vital y a la dignidad humana, al haber destruido las mejoras en un lote de terreno que afirman es de su propiedad, pero en el que no residen, porque se encuentran bajo la custodia de sus hijos mayores de edad Por su parte, la entidad territorial alegó que ello se debió al hecho de adelantar la construcción de una obra de alcantarillado, además de la necesidad de restituir el bien inmueble, por tratarse de un bien fiscal. Los demandantes pidieron a la entidad territorial la indemnización por los perjuicios ocasionados con la destrucción de las mejoras y al juez constitucional la reubicación y la reparación por dichos perjuicios. La alcaldía accionada sostuvo que el lote de terreno objeto de la controversia era de su propiedad y que por tanto no podía ser objeto de titularización alguna, pues sobre ese tipo de terrenos suelen adelantarse obras para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios. La Corte encontró que la tutela es IMPROCEDENTE porque no cumplió con el requisito de subsidiariedad, en la medida en que no se evidenció vulneración o amenaza alguna a los derechos fundamentales de los actores por estar en disputa la titularidad del derecho de dominio; existir controversia sobre aspectos que no están definidos como la posible ocupación irregular del lote de terreno, la existencia y naturaleza de las mejoras y su eventual explotación económica, así como la suficiencia de la presunta indemnización reconocida en especie ; los peticionarios no demostraron la magnitud y condición de la afectación causada con el derribo de las mejoras, ni mucho menos que de estas derivaran su mínimo vital o subsistencia digna; lo que, de paso, llevó a no dar por acreditada ninguna de las circunstancias excepcionales reconocidas en la jurisprudencia constitucional para lograr el reconocimiento de una pretensión económica por vía de tutela, así como tampoco se demostró la configuración de un perjuicio irremediable que hiciera factible la protección por dicho medio como medida transitoria.

  • Sentencia de Tutela nº 314/22 de Corte Constitucional, 7 de Septiembre de 2022

    Derecho al reconocimiento de la pensión especial. Solicitud de tutela. Pruebas de las condiciones. Trabajo

  • Sentencia de Constitucionalidad nº 316/22 de Corte Constitucional, 7 de Septiembre de 2022

    REVISION DE CONVENIO INTERNACIONAL Y DE SU LEY APROBATORIA Revisión de constitucionalidad de la Ley 2105 del 16 de julio de 2021, por medio de la cual se aprueba la ‘Convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición suscritos entre los Estados parte del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico’, suscrita en Washington, Estados Unidos de América, el 14 de octubre de 2017. La Convención precitada se trata de un convenio multilateral cuyo objetivo consiste en pactar la homologación del tratamiento tributario en los tratados bilaterales para las ganancias de capital, cuando estas rentas sean obtenidas por un fondo de pensiones reconocido. La Sala Plena verificó el procedimiento previo a la aprobación del tratado adelantado por el Gobierno nacional, así como el trámite legislativo ante el Congreso de la República y mostró las razones por las cuales se pudo confirmar que estos aspectos fueron tramitados acorde con las normas constitucionales y legales aplicables, en específico la Constitución Política, la Ley 5ª de 1992, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional. Con base en lo anterior declaró la CONSTITUCIONALIDAD de la Convención y la EXEQUIBILIDAD de su Ley aprobatoria.

  • Sentencia de Tutela nº 312/22 de Corte Constitucional, 5 de Septiembre de 2022

    El accionante considera que sus derechos fundamentales a la vida, salud, igualdad, mínimo vital y buena fe fueron vulnerados, a raíz de la tardanza en prestar el servicio de conexión y suministro de energía eléctrica a su residencia, a pesar de haber obtenido previamente concepto de factibilidad técnica. Argumenta que la falta de conexión pone en grave peligro la vida de su suegra en la medida en que es oxígeno dependiente, además de afectar la salud de ella y de él, pues son diabéticos y deben refrigerar los medicamentos prescritos para esta patología. La accionada argumentó la situación de pandemia y el incumplimiento de requisitos por parte del solicitante. Se reitera jurisprudencia sobre los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la salud en relación con el acceso al servicio de energía eléctrica como condición para su satisfacción. Como en el trámite de revisión la Corte conoció que se construyó el punto de conexión solicitado por el actor y que actualmente se encuentra recibiendo el servicio de energía eléctrica, se declaró la carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO.

  • Sentencia de Tutela nº 310/22 de Corte Constitucional, 5 de Septiembre de 2022

    Trabajo sexual. Derecho de libertad. Acción de tutela. Agresiones verbales hasta homicidios

  • Sentencia de Tutela nº 313/22 de Corte Constitucional, 5 de Septiembre de 2022

    REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO Y DAÑO CONSUMADO EN RELACIÓN CON EL DERECHO AL TRABAJO. El actor alega que sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso fueron vulnerados por las entidades demandas, por cuanto no le fue renovado un contrato de prestación de servicios por no tener definida su situación militar en el tiempo que se estipuló para este fin, a pesar de que dicha situación obedeció a causas ajenas a su responsabilidad. Se analiza el precedente constitucional sobre la regularización de la situación militar en relación con las garantías que las autoridades deben observar y como requisito para acceder a un trabajo. La Corte encontró que en este caso no procede la tutela por carencia actual de objeto por HECHO SUPERADO, en tanto el Ejército resolvió la situación militar del peticionario, el objeto del contrato al que aspiraba en la Personería accionada ya fue cumplido y el accionante se encuentra desempeñando otro trabajo en una entidad pública. No obstante, la Sala precisó las reglas que deben respetar las entidades cuestionadas en circunstancias similares.

  • Sentencia de Tutela nº 309/22 de Corte Constitucional, 5 de Septiembre de 2022

    LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DEFINICIÓN, ELEMENTOS Y REGLAS QUE LA RIGEN-EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR DEFECTO SUSTANTIVO EN MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECT. La empresa accionante considera que la autoridad judicial cuestionada vulneró sus derechos fundamentales, con ocasión del auto proferido al interior del medio de control de reparación directa iniciado en su contra, mediante el cual se dejó de aplicar la regla de ineficacia del llamamiento en garantía contenida en el artículo 66 del Código General del Proceso cuando la notificación del auto se hace por fuera del término de los seis meses. Igualmente, por el proveído que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el precitado. Se aduce que las anteriores providencias incurrieron en un defecto material o sustantivo y en un defecto por desconocimiento de la Constitución. Se aborda temática relacionada con: 1º. La figura procesal del llamamiento en garantía. su definición, elementos y reglas aplicables. 2º. La ineficacia del llamamiento en garantía. 3º. La situación de la pandemia por el COVID-19 en el marco de la administración de justicia y la actuación del Consejo Superior de la Judicatura en el contexto de la misma. 4º. Reiteración de jurisprudencia sobre el acceso a la administración de justicia como derecho fundamental y principio rector de la actividad judicial y, 5º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. La Corte concluyó que el juzgado accionado incurrió en un defecto sustantivo porque la decisión cuestionada estuvo soportada en una incorrecta aplicación del artículo 66 del Código General del Proceso en concordancia con lo fijado en el Decreto Legislativo 806 de 2020. Con base en lo anterior se confirmó la decisión de instancia que CONCEDIÓ el amparo al derecho al debido proceso. Se ordenó compulsar copias ante e la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a fin de que dicha autoridad investigue la actuación adoptada en el trámite de la referencia por parte del Juzgado Primero Administrativo de Valledupar

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