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  • Auto nº 363/21 de Corte Constitucional, 14 de Julio de 2021

    Con el presente auto se ordena al Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, informar a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 la fecha de notificación de la SU.016/21 a la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas; al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y a FONVIVIENDA, al igual que remitir vía correo electrónico copia de las constancias de notificación respectivas. Lo anterior, con el fin de verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo de unificación a las precitadas autoridades gubernamentales.

  • Sentencia de Tutela nº 222/21 de Corte Constitucional, 14 de Julio de 2021

    ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-IMPROCEDENCIA POR NO CONFIGURARSE DEFECTOS ALEGADOS EN INADMISION DE RECURSO DE CASACION EN PROCESO PENAL El actor aduce que la Corporación accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, al emitir dos autos mediante los cuales inadmitió su demanda de casación y rechazó el recurso de reposición presentado contra esta decisión. Con la demanda de casación se pretendía controvertir la providencia que dictó la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, a través de la cual se condenó al peticionario por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso homogéneo. Se alega que la autoridad judicial realizó una interpretación irrazonable de las normas que regulan la admisión del recurso extraordinario de casación, lo que condujo a una inadecuada motivación. De manera particular se cuestiona que dichas decisiones se fundaron en argumentos de fondo sobre los cargos propuestos, lo cual, a su juicio, debió hacerse en la sentencia con la que culmina el trámite del recurso de casación y no en la parte introductoria del procedimiento. Se analiza temática relacionada con: 1º. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2º. El carácter restrictivo del recurso extraordinario de casación. 3º. La configuración del defecto sustantivo en la inadmisión del precitado recurso. La Sala de Revisión no encontró configurado el defecto alegado y por el contrario observó que la accionada tuvo razones válidas para justificar la inadmisión de dicho recurso se fundaron en el examen formal de los argumentos presentados y se expusieron de forma clara y suficiente los motivos por los cuales los cargos formulados no cumplían con la carga argumentativa requerida por mandato del artículo 212.3 de la Ley 600 de 2000, sin desarrollar planteamientos de fondo sobre la responsabilidad de los condenados ni la legalidad de los fallos de instancia, respetando la regla fijada por la Corte Constitucional mediante la Sentencia SU.635/15, reiterada en la Sentencia SU.296/20.

  • Sentencia de Tutela nº 218/21 de Corte Constitucional, 9 de Julio de 2021

    PRESTACIÓN HUMANITARIA PERIÓDICA COMO MEDIO PARA GARANTIZAR EL MÍNIMO VITAL Y LA DIGNIDAD HUMANA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO En el año 2008 el actor fue víctima de un ataque con arma de fuego perpetrado por integrantes de las FARC, lo cual le provocó ceguera bilateral. A raíz de este hecho fue incluido en el Registro Único de Víctimas por los hechos de lesiones personales, acto terrorista, atentado, combates, enfrentamiento y hostigamientos. En el año 2017 la Junta Regional de Calificación de Invalidez le dictaminó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 83.40%. En el 2018 el accionante solicitó el reconocimiento de la prestación humanitaria periódica ante el Ministerio de Trabajo, pero esta pretensión fue denegada con el argumento de que el expediente no contenía ninguna prueba que evidenciara las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el hecho victimizante, por lo cual, no estaba acreditado el nexo causal entre la PCL y los actos violentos, tal como lo exige el Decreto 600 de 2017. Esta negativa es la que se considera vulneratoria de derechos fundamentales. Se aborda temática relacionada con: 1º. El fundamento constitucional y la regulación de la prestación humanitaria periódica. 2º. La protección especial que le asiste a las víctimas del conflicto y los deberes correlativos para las autoridades involucradas en la materialización de sus derechos y; 3º. El debido proceso administrativo y su carácter reforzado en los procedimientos relacionados con la atención y reparación. Se CONCEDE el amparo invocado, se dejan sin efectos los actos administrativos cuestionados y se ordena al Ministerio de trajo expedir en favor del peticionario la resolución de reconocimiento y pago de la prestación reclamada, así como del retroactivo correspondiente a partir del año 2018. Se le ordenó a la precitada autoridad expedir una resolución dirigida a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez, en la que les reitere la obligación de pronunciarse sobre el nexo causal entre el estado de invalidez y los hechos suscitados en el marco del conflicto armado interno. Lo anterior, en ejercicio de la función prevista en el artículo 20 de la Ley 1562 de 2012 y en los términos del Decreto 600 de 2017. Además, se le advirtió que, si dichas Juntas incumplen la obligación de establecer el nexo causal, no puede negar el reconocimiento de la referida prestación por esa razón, para lo cual deberá evaluar íntegramente los elementos aportados por el solicitante y emprender actividades probatorias con miras a determinar dicho nexo.

  • Auto nº 350/21 de Corte Constitucional, 8 de Julio de 2021

    Recusación formulada en contra de la doctora Paola Andrea Meneses Mosquera. El accionante fundamentó la recusación en el hecho de que la precitada magistrada tiene una amistad íntima con el presidente de la República y que éste, a su vez, tiene un interés personal en el asunto objeto de revisión. La Sala Plena de la Corporación decidió RECHAZAR, por improcedente, la recusación formulada en esta oportunidad.

  • Auto nº 358/21 de Corte Constitucional, 8 de Julio de 2021

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Dieciséis de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Barranquilla y el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Riohacha (La Guajira). La controversia entre las autoridades judiciales involucradas se generó en torno a las diferentes interpretaciones del factor territorial. La Corte considera que ambos despachos son competentes para tramitar la acción de tutela y, por ello, dando prevalencia a la elección que el actor hizo a prevención, ordenó remitir el expediente al juzgado de la ciudad de Barranquilla, para que de manera inmediata inicie el trámite respectivo y profiera la decisión de fondo a la que haya lugar. Al otro operador jurídico se le advierte que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.

  • Sentencia de Tutela nº 212/21 de Corte Constitucional, 2 de Julio de 2021

    DERECHO AL BUEN NOMBRE, HONRA Y NO DISCRIMINACION DE MUJERES FUTBOLISTAS El accionante, en su calidad de Defensor del Pueblo, instaura la acción de tutela en contra del presidente del equipo de fútbol Club Deportivo Tolima, por la respuesta que dio en una rueda de prensa de la que hicieron parte varios medios de comunicación y en la que se le preguntó sobre el tema del fútbol profesional femenino. El accionado, entre otras opiniones, manifestó que era inviable porque no daba nada económicamente, por los problemas que generaban las mujeres y, por ser caldo de cultivo para el lesbianismo. De manera posterior el accionado emitió un comunicado de prensa mediante el cual pretendió retractarse y ofrecer disculpas a las afectadas. El juzgado de primera instancia declaró la carencia actual de objeto por hecho superado con ocasión del precitado comunicado. Se aborda temática relacionada con: 1º. El derecho a la no discriminación debido al género. 2º. El contenido de la protección constitucional de los derechos al buen nombre y la honra y, 3º. El ámbito de protección y los límites de la libertad de expresión. Se CONCEDE el amparo invocado y se ordena al tutelado convocar y llevar a cabo una rueda de prensa que debe cumplir con las características planteadas por la Corte. Así mismo, se le ordena diseñar y poner en práctica un programa que con objetivos, personas responsables y etapas definidas, se oriente de manera inequívoca a erradicar cualquier práctica discriminatoria del equipo de fútbol femenino del Club Deportes Tolima, lo cual debe incluir soluciones concretas para disminuir la brecha entre el equipo femenino y el masculino. Se exhorta a la Dimayor y a la Federación Colombiana de Fútbol para que, en uso de sus facultades, adopten medidas pedagógicas, capacitaciones, programas y campañas periódicas de sensibilización frente a la igualdad de género y no discriminación en la práctica deportiva dentro de los equipos de fútbol, los trabajadores y directivas del fútbol, así como implementar una política de cero tolerancia al acoso sexual, haciendo especial énfasis en las consideraciones expuestas en esta decisión. En igual sentido se hace un exhorto al Ministerio del Deporte, al Ministerio de Educación, a la Consejería para la Equidad de la Mujer y al Congreso.

  • Auto nº 336/21 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2021

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías y Conocimiento de Leticia (Amazonas) y el Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán. La controversia entre las autoridades judiciales involucradas se fundó en las diferentes interpretaciones del factor territorial. El despacho de la ciudad de Leticia inadmitió la acción de tutela se dirigió contra una autoridad municipal, mientras que el otro despacho se abstuvo de conocer el asunto argumentando que la voluntad del accionante era que se impartiera el trámite en su lugar de domicilio, es decir, en la ciudad de Leticia. Teniendo en cuenta que ambos juzgados son competentes para conocer la solicitud de amparo, la Corte dio prevalencia a la elección que el actor hizo a prevención y dispuso remitir el expediente al Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías y Conocimiento de Leticia, para que adopte una decisión de fondo inmediatamente. Ello, porque fue el lugar elegido por el accionante para instaurar la acción constitucional. Al operador jurídico de Popayán se le advierte que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela debe resolverse, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual se debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18.

  • Auto nº 337/21 de Corte Constitucional, 1 de Julio de 2021

    Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Único Promiscuo Municipal de Tello (Huila) y Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá. La controversia entre las autoridades judiciales involucradas se generó en torno a las diferentes interpretaciones del factor territorial. Ambos despachos presentaron una serie de argumentos relacionados con el lugar donde se presentó y tuvo sus efectos la vulneración de derechos invocada por la parte accionante. Teniendo en cuenta que los dos juzgados tienen competencia para resolver la solicitud de amparo la Corte decidió dar prevalencia a la elección que el actor hizo a prevención y, dispuso remitir el expediente al Juzgado Único Promiscuo Municipal de Tello, para que de manera inmediata adopte la decisión de fondo a la que haya lugar. Se hace una advertencia al precitado operador jurídico para que, en lo sucesivo, se abstenga de rechazar la acción de tutela por falta de competencia, de acuerdo con la parte motiva de este auto. Al otro despacho se le advierte que, siempre que se considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela debe resolverse, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996 y, en caso de que tal autoridad no exista, se deberán observar las reglas reiteradas en esta providencia y sistematizadas en el Auto 550/18.

  • Sentencia de Tutela nº 206/21 de Corte Constitucional, 30 de Junio de 2021

    DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA Y A LA EDUCACION DE MENORES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19 POR FALTA DE SERVICIO DE ENERGIA La actora, en representación de su madre de 79 años y de dos nietos menores de edad, considera que la empresa accionada vulnera derechos fundamentales, al negarse a prestar el servicio de energía eléctrica en su hogar, a pesar de haber dado un concepto favorable de instalación y contar con licencia urbanística. La peticionaria adujo que la situación se agravó, entre otras cosas, porque desde el inicio del confinamiento derivado de la pandemia por COVID 19 sus nietos comenzaron clases virtuales y el internet se convirtió en una necesidad para garantizar su derecho a la educación. Se aborda temática relacionada con: 1º. El derecho a la vivienda digna. 2º. El servicio de energía eléctrica y su relación con el precitado derecho. 3º. El principio de confianza legítima y, 4º. El derecho a la educación de los menores de edad en el marco de la pandemia por COVID 19. Se CONCEDE la tutela y se ordena a la entidad instalar el servicio de energía en la vivienda de la peticionaria, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del presente fallo.

  • Auto nº 335/21 de Corte Constitucional, 29 de Junio de 2021

    Con el presente auto la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025/04 requiere al Ministro del Interior y a la directora de Asuntos para las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras para que presente una copia de las actuaciones surtidas ante y por dicha entidad en relación con el proceso de impugnación de la asamblea eleccionaria de Jiguamiandó y la Resolución 012 de 2021. Se reitera a las precitadas autoridades que cualquier novedad en dicho proceso deberá ser informada a la Corte Constitucional, hasta tanto haya una decisión de la Sala Especial.

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