Revista de Derecho Penal y Criminología

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Últimos documentos

• Violencia simbólica en el barrio: exploración conceptual desde las manifestaciones de violencia simbólica en los barrios de la ciudad de Medellín, Colombia, entre 2009 y 2019

  El presente texto tiene por intención explorar conceptualmente la categoría de violencia simbólica en el barrio, tomando como referencia las ma­nifestaciones que este concepto ha tenido en la ciudad de Medellín 2009 y 2019. Para lograr esto, se desarrolló un ejercicio de estado del arte orientado desde un macro molde histórico-hermenéutico, en el que se recopilaron cuarenta textos que relacionaron de manera directa la categoría de violencia simbólica con el contex­to barrial. Asimismo, la información fue procesada por el software de análisis cualitativo Atlas TI. Los trabajos revisados versan sobre diversos asuntos, por ejemplo, la presencia de grupos armados al margen de la ley, la construcción de masculinidades, las relaciones afectivas latentes a escala barrial, y las dinámicas propias de la cultura popular, entre otros. Entre los resultados obtenidos, se en­cuentra que el concepto de “violencia simbólica” de Pierre Bourdieu ha sido usado en diferentes contextos y para múltiples asuntos, llevando a convertir el concepto en una especie de comodín académico. En conclusión, fue posible identificar que el concepto en cuestión se ha desligado de su concepción original (al menos para el caso de Medellín y su región más próxima), pero, a su vez, se ha convertido en una herramienta analítica útil para comprender y hacer frente a diferentes tipos de injusticias o vulneraciones sociales

• Responsabilidad penal empresarial: antecedentes y aproximación a la legislación en Colombia

  Los resultados de los estudios evacuados en materia de política criminal han evidenciado la necesidad de realizar verdaderas reformas legislativas a nivel interno y en materia de cooperación internacional con el fin de contrarrestar el impacto negativo que en materia delincuencial vienen mostrando los riesgos derivados de la creación de empresas que se sirven de su poder económico para vulnerar bienes colectivos y de interés para los Estados. El derecho administrati­vo sancionador se ha mostrado ineficiente frente a los retos propuestos por estas personas jurídicas, quienes han utilizado a las distintas formas de asociación para ofrecer una “fachada” de legalidad y perpetrar conductas desviadas en el seno de la sociedad. Por esta razón se muestra como razonable efectuar ingentes esfuerzos por utilizar la ductilidad del derecho y armonizarlo con la realidad social, imple­mentando para el efecto un sistema propio de imputación penal para las personas jurídicas o empresariales

• Lineamientos internacionales y nacionales en materia de responsabilidad penal para adolescentes

  Este texto describe los lineamientos desarrollados por el derecho internacional público y el nacional en materia de responsabilidad penal para adolescentes. Inicialmente, se determinan cuáles son los instrumentos en el esce­nario internacional de los derechos humanos, dentro de los cuales se encuentran directrices, convenios y reglas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); así como las directrices establecidas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) frente a la delincuencia juvenil. Posteriormente, se estudian los antecedentes en materia de protección a los niños, niñas y adolescentes (NNA) en el sistema jurídico brasileño y costarricense, lo cual facilita la comprensión del sistema colombiano. Se concluye que, en Colombia, a pesar de la coherencia nor­mativa del ordenamiento, no se ha generado necesariamente la materialización de las garantías legales y de los tratados internacionales

• Consideraciones sobre la colaboración eficaz mediante el principio de oportunidad

  Las causales 5.ª y 18.ª del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 del principio de oportunidad están relacionadas con la colaboración eficaz que el investigado suministra a la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de hechos delictivos y la judicialización de sus autores o partícipes. Es una institución que puede traer consigo beneficios en materia de investigación delictiva. Sin embargo, su aplicación no está exenta de inconvenientes. La Fiscalía, por una parte, debe corroborar la información relevante de su colaborador, que vincula a terceras per­sonas en la comisión de delitos. Por la otra, el procesado se afronta al riesgo de que, a pesar de cumplir con sus compromisos con la administración de justicia, no se produzca la renuncia de su acción penal por renuencia del ente acusador. Frente a la primera situación, formularemos una serie de propuestas metodológicas y, en relación con la segunda, sustentaremos la posibilidad de que la defensa acuda ante un juez de control de garantías para que declare por desistida la acción penal

• Desvirtuando los mitos de lo punitivo. Brevísima reseña de la obra Contra el punitivismo, una crítica a las recetas de la mano dura de Claudia Cesaroni

  La excelente obra que tengo el gusto de reseñar llegó a mí, como lo hacen casi todos los libros que leo, por mera casualidad mientras deambulaba en los pasillos de alguna librería. La imagen de la caratula me cautivó: una obra de Banksy en la que una chiquilla requisa a un soldado. El título no es menos llama­tivo: Contra el punitivismo, una crítica a las recetas de la mano dura. La obra está escrita en lenguaje sencillo, pero dotada de amplísimo fundamento empírico y dogmático. Su autora es, ante todo, una abogada, en el más alto sentido del término, es decir, se dedica a abogar, a intervenir a favor de los demás, y, en este caso, de quienes constituyen uno de los grupos poblacionales más vulnerables de nuestra sociedad: los hombres y las mujeres privados de su libertad y, en general, quienes son sujetos pasivos del poder punitivo

• Editorial
• Presupuestos y límites del derecho penal del ciudadano

  El artículo se ocupa del fundamento y contenido del deber de cooperación en el mantenimiento de un estado de libertades como concepto central del Derecho penal. De una parte, se analiza cuáles son sus requisitos y alcance. De otra parte, se estudian posibles respuestas frente a los ciudadanos que no pueden ser considerados como destinatarios idóneos de dicho deber y frente a los cuales, por consiguiente, no es posible elevar un reproche penal en sentido estricto

• La muerte digna como componente de un derecho a vivir en dignidad. Argumentos a favor de la despenalización de la eutanasia

  En el presente trabajo se plantean unas ideas a favor de la atipicidad del acto eutanásico a partir de una comprensión del valor de la vida para el Derecho penal como ejercicio de dignidad y no como mero disfrute de una función psico-biológica. Negar la eutanasia a quien padece de una enfermedad irreversible y degenerativa es sólo obligarle a soportar un estado de continuidad mecánica de una forma de vivir, privándole de la decisión autónoma de poner fin al estado de indignidad o de cosificación al que la enfermedad lo conduce. No obstante, para que la eutanasia no se confunda con un simple acto de matar a secas a un enfermo incurable, y tampoco sea practicada sin un motivo racional, el acto eutanásico deberá ser practicado en concordancia con los protocolos de la lex artis médica y los controles propios del estándar científico profesional. Así el médico que prac­tique la eutanasia, a la vez de contribuir a optimizar la autonomía del paciente que procura concluir con una existencia de sufrimiento y progresiva cosificación, llevará a cabo un acto dentro de los contornos del riesgo permitido, por lo que el acto no le será imputable objetivamente. De esta manera la eutanasia será verda­deramente el resultado de un procedimiento de cesación de la vida como acto de defensa del valor de una vida con dignidad

• Derechos de las mujeres y aborto

  La interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE), se reglamentó en Colombia, a partir de la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, bajo un modelo de causales, que a la postre, han sido insuficientes para promo­ver, de manera efectiva, los derechos humanos de las mujeres, en tanto que estas, constantemente, se enfrentan a barreras sociales, económicas, jurídicas e institu­cionales que las obligan a mantener embarazos no planeados y no deseados; y, en consecuencia, maternidades forzadas que van en contravía de sus derechos a la vida, la integridad, la salud, la libertad y la autonomía sexual y reproductiva. En aras de promover una vida libre de violencias para las mujeres, organizaciones del movimiento social de mujeres interpusieron una demanda de inconstitucio­nalidad para que, luego de 16 años, la Corte Constitucional revisará la regulación existente en el país y posibilitará la despenalización total del aborto, con miras a centrar la discusión en el derecho a la igualdad y a que la IVE no esté regulada por el derecho penal, sino que, por el contrario, sea un asunto de salud pública, y, conforme a ello, se generen medidas afirmativas para que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres sean una realidad en el país. Finalmente, por me­dio de un fallo sin precedentes, el 21 de febrero de 2022, la Corte despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantuvo el acceso a la IVE fuera de ese tiempo, siempre y cuando sea bajo las tres causales legales desde 2006; ampliando así la protección de los derechos reproductivos de las mujeres

• La corrupción en el sector de la justicia penal: perspectivas para una reforma institucional en América Latina

  Varios escándalos en América Latina en los últimos años indican que la Corrupción en el Sector de la Justicia Penal (CSJP) podría ser un problema sistémico en la región. Basado en los factores determinantes, modalidades y tipos de CSJP, este artículo establece un marco conceptual para abordar el fenómeno en la región por medio de reformas institucionales con una perspectiva de derechos humanos. El artículo concluye que CSJP, en cualquiera de sus modalidades y tipos, solo puede ser abordada efectivamente, si se atienden una serie mínima de condiciones comportamentales y organizacionales para generar un cambio a nivel de todas las instituciones del sector de la justicia penal, de manera conjunta. En el caso de CSJP sistémica, el espacio de tiempo requerido para generar cambios sostenibles es proporcional al tiempo necesario para reformar todo el sector. En el caso de que CSJP opere basada en un sistema de “gran corrupción”, el tiempo requerido para abordar este tipo de corrupción de manera efectiva supera el espacio de tiempo necesario para el caso de corrupción sistémica ordinaria en el sector, en tanto el anterior tiene la magnitud de ser una auténtica transformación del Estado

Documentos destacados

• Derechos de las mujeres y aborto

  La interrupción voluntaria del embarazo (en adelante IVE), se reglamentó en Colombia, a partir de la Sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, bajo un modelo de causales, que a la postre, han sido insuficientes para promo­ver, de manera efectiva, los derechos humanos de las mujeres, en...

• La violencia sexual y la justicia transicional en Colombia. Análisis de la violencia sexual como parte del patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género en las sentencias de Justicia y Paz (2010 2021)

  El artículo estudia el universo total de sentencias de Justicia y Paz que, entre los años 2010 y junio de 2021, han reconocido la existencia de un patrón de macrocriminalidad de violencia basada en género, a fin de analizar las formas en las cuales la violencia sexual ha sido abordada en esta...

• La responsabilidad penal para adolescentes: un sistema entre la zanahoria y el garrote

  El trabajo en cuestión analiza la tensión entre las finalidades retributiva y de prevención general, junto con la finalidad educativa en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Esto, en el marco de la sustitución y modificación de la sanción privativa de la libertad en primera...

• La imputación objetiva en el Derecho disciplinario

  El Derecho disciplinario ha tenido un importante desarrollo, al punto en que hoy en día se puede hablar de una especie de Derecho sancionador autónoma e independiente, con características y fundamentos propios que la distinguen del Derecho administrativo y del Derecho penal, ramas estas últimas que ...

• Los preacuerdos: legalidad, ficción legal y reducción de la pena

  Los preacuerdos como figura de la justicia premial en Colombia no responden a los principios de tipicidad o taxatividad estrictas, y mucho menos al respeto de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, porque a través de la errada utilización de la ficción legal se desdibuja la conducta ...

• El 'Child Grooming' y regulación del delito sexual virtual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia

  A raíz de los esfuerzos de diferentes organizaciones internacionales, el child grooming es considerado un delito en diferentes legislaciones alrededor del mundo, aun así, en Colombia la consolidación de esta figura permanece en desarrollo sin suficientes aportes jurisprudenciales o doctrinales....

• Naturaleza, límites y alcance de los preacuerdos que cambian la calificación jurídica de la conducta

  En nuestro sistema procesal penal vigente se introdujeron desde el año 2004 formas de negociar la culpabilidad para que, a cambio de la aceptación de cargos de los procesados, se otorguen beneficios como un cambio en la tipicidad de la conducta imputada. A pesar de que han pasado bastantes años, la ...

• Actualidad del contexto constitucional del derecho disciplinario colombiano

  Se hace una evaluación histórica de la evolución del derecho sancionador en Colombia y de su naturaleza de supervisión estatal-final/privada, de la línea jurisprudencial maestra de la jurisprudencia constitucional sobre las especies de aquel, de las propuestas sobre una concepción sui generis del...

• El principio de congruencia en los procesos penales. Una reconsideración basada en la semiótica jurídica

  Las investigaciones sobre congruencia de base hermenéutica y dogmática se caracterizan por pretender una teoría general independiente de las prácticas procesales. Como resultado se la ha erigido en principio, y pretenden estandarizar una fórmula intermedia consistente en facultar a los jueces para...

• Consideraciones sobre la colaboración eficaz mediante el principio de oportunidad

  Las causales 5.ª y 18.ª del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 del principio de oportunidad están relacionadas con la colaboración eficaz que el investigado suministra a la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de hechos delictivos y la judicialización de sus autores o partícipes....