Revista Estudios de Derecho - Books and Journals
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Revista Estudios de Derecho

Editorial:
Universidad de Antioquia
Fecha publicación:
2018-10-30
ISBN:
0120-1867

Número de Revista

Últimos documentos

  • ¿Una fuente bíblica para el principio de separación de poderes?

    En contraste con la tesis de que el principio de separación de poderes tiene su fuente en el Antiguo Testamento, defendida en el marco de un “proyecto” que pretende descubrir las relaciones entre el constitucionalismo y el cristianismo, en este artículo se afirma que dicho principio, como elemento necesario de un Estado constitucional y democrático de derecho, tiene como presupuesto necesario el proceso de la modernidad, en el sentido de la superación del teocentrismo medieval, de un lado, y de la lucha en contra del poder absoluto y despótico, del otro.

  • La participación ciudadana en el posconflicto: alcances y retos de la democratización territorial en Colombia
  • Democratización del acceso al suelo urbano en Colombia y Brasil: alcance y límite de las normas

    El presente artículo pretende examinar el papel del Derecho y, concretamente, la norma urbanística de Brasil y Colombia en la democratización del acceso al suelo urbano y la vivienda. Tras la lógica del mercado, la población de bajos ingresos no logra acceder a una vivienda, lo que refuerza la segregación socioespacial y muestra la necesidad de la gestión pública del suelo. El análisis de los alcances y límites de las normas se hizo a partir de una contextualización histórica y evaluación de los instrumentos de gestión de suelo acorde con su capacidad de contribuir a la adquisición de inmuebles para la implementación de vivienda de interés social. Se puede afirmar que los instrumentos existentes en los dos países buscan garantizar la función social de la propiedad, afrontar la retención especulativa de inmuebles y promover el reparto equitativo de cargas y beneficios de la urbanización. Sin embargo, la materialización de esos instrumentos se torna limitada debido a la debilidad de la gestión territorial municipal y a causa del conservadurismo del poder judicial. En suma, el análisis planteado puede aportar nuevas estrategias de acuerdo con las necesidades y especificidades de cada país para la construcción de territorios más inclusivos.

  • La resistencia por el derecho a la tierra en Colombia: entre la especificación y el apartheid constitucional

    Este escrito pretende analizar el origen del derecho a la tierra en Colombia desde los movimientos campesinos, es decir, enfatiza en el proceso de creación del conocimiento sobre la compresión, la capacidad y la necesidad de explotar los territorios, no desde el Estado y sus instituciones, sino de los procesos comunitarios, sin perder de vista que la especificación, es entendida como el proceso de positivización en el ordenamiento jurídico colombiano. Para cumplir tal fin, el escrito explora la construcción del derecho a la tierra a finales del siglo XIX y durante el siglo XX y analiza la forma en que la Corte Constitucional ha focalizado sus esfuerzos en garantizar la restitución de tierras de las víctimas del conflicto. Concluye que los esfuerzos normativos por su garantía han sido insuficientes y que persisten los bloqueos que marginan a estos sujetos sociales a un apartheid constitucional.

  • Treinta años de aspiraciones constitucionales de paz para el cambio social

    La Constitución de 1991 está llena de aspiraciones. Una de las fundamentales, dada la situación de conflicto armado y de crisis de derechos humanos del país, es la de alcanzar la paz. Sin embargo, luego de 30 años, existe la sensación de que dicha aspiración no se va a poder alcanzar. En este artículo sostenemos que esta sensación se arraiga en que la paz se presenta como un deseo tan inabarcable como inalcanzable, sin vías de concreción, y también surge, de visiones generales que nos dicen muy poco del cambio social que queremos lograr. Por esa razón, asumimos que hay disputas legitimas en las diferentes manifestaciones constitucionales de la paz, proponemos abordar la paz desde la convivencia pacífica, y valoramos si algunas de las transformaciones que permitió la Constitución dan razones para la esperanza o la desesperanza en esta materia.

  • Constitucionalismo y democracia: análisis desde el caso colombiano en los 30 años de la expedición de la constitución de 1991

    El artículo hace un balance de la propuesta de la Constitución Colombiana de 1991 en relación con las instituciones de gobierno representativo y de sus diversas reformas durante los últimos 30 años. El propósito de este examen es analizar los efectos de la falta de atención que el constitucionalismo colombiano le ha puesto a la democracia, específicamente, para comprender lo que realmente ha sucedido con su reconfiguración y su nueva apariencia. El escrito sostiene que se trata de una democracia que ya no luce como democracia parlamentaria, tal y como fue originalmente pensado por los constituyentes de 1991, sino que desde las reformas subsiguientes ha avanzado a la modalidad de democracia de partidos.

  • Monopolio, mercado de servicios jurídicos y acceso a la justicia: notas para un futuro debate

    La falta de acceso a la justicia, sobre todo para las poblaciones más vulnerables y con menos recursos económicos, es un problema urgente en Colombia. Los sistemas de defensoría pública y servicios pro bono no parecen ser suficientes y efectivos. En otras jurisdicciones que también se ven afectadas por este problema se están empezando a adoptar distintas medidas que afectan el monopolio que ostentan los abogados y las reglas que estructuran el mercado a través del cual proveen sus servicios. Con el fin de prever los términos que van a estructurar el debate en Colombia sobre cómo mejorar el acceso a la justicia a través de modificaciones al monopolio de los abogados y la forma que se regula su mercado, este artículo recoge y estudia las sentencias de la Corte Constitucional referentes a la materia.

  • La Constitución de 1991 y la contratación estatal. Visiones conflictivas y deficiencias en el diseño del Estado

    La Constitución de 1991 determinó la obligación al Congreso de la República de expedir un estatuto general de contratación pública, razón por la cual fue expedida la Ley 80 de 1993, la cual buscó otorgar mayor autonomía a las entidades estatales para contratar los bienes y servicios, mediante la formulación de principios generales, que evitaban regular el procedimiento contractual en detalle. Sin embargo, iniciando el siglo XXI, varios organismos internacionales (como la OCDE, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), consideraron que debido al atraso de las infraestructuras en el mundo y, en particular, en América Latina, era necesario formular nuevas dinámicas contractuales. Desde entonces, los organismos internacionales han tenido una importante injerencia en la regulación del Sistema de Compras Públicas en Colombia (SCPC), mediante el desarrollo de diagnósticos que luego son utilizados en documentos Conpes, directivas presidenciales, decretos y resoluciones, modificando sustancialmente la Ley 80 de 1993, sin que hasta el momento se haya realizado un debate profundo al interior del Congreso sobre el estatuto general de contratación, conforme las modificaciones realizadas sobre el Sistema de Compras Públicas colombiano en las últimas décadas. El presente artículo tiene por objetivo reflexionar sobre las transformaciones que ha sufrido el SCPC y sus efectos en el diseño institucional inicialmente planteado por la Constitución de 1991.

  • Comportamiento discursivo del enunciado "territorio ancestral" en las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia

    La hegemonía discursiva ha imposibilitado a los pueblos indígenas expresarse en sus propios términos, sin embargo, en el ejercicio inacabado de las disputas por el poder decir, se han visto condicionados a entrar en las luchas del campo jurídico que, aun imponiendo reglas ajenas a sus prácticas culturales, políticas y del derecho propio, se constituyen en una estrategia para la ampliación y garantías de sus derechos humanos. En este artículo, se presenta parte de los resultados del análisis crítico del discurso de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, que fallaron a favor de la Consulta Previa, libre e informada, específicamente el análisis del comportamiento discursivo del enunciado “territorio ancestral”. Las disputas por el poder decir, de los pueblos indígenas y una Corte con enfoque de derechos, han procurado, paulatinamente, permear de ancestralidad los discursos duros del campo jurídico. Sin embargo, aunque la Corte resolvió otorgar el amparo del derecho de consulta previa, en el seguimiento a los casos se encontró que las consultas no fueron llevadas a cabo y, en su mayoría, hubo una profundización de las problemáticas que se intentaban resolver, debido a que las causas de la conflictividad territorial permanecen intactas.

  • ¿Gobierno de los jueces o gobierno del pueblo? Consultas populares ambientales y activismo judicial regresivo en Colombia

    En Colombia los conflictos socioambientales han escalado dentro de la expansión judicial en dos frentes (Feoli, 2015), vía judicialización de la política y vía activismo judicial. El primero, cuando los actores en pugna usan mecanismos jurídicos para resolver controversias ambientales (el control previo de constitucionalidad de consultas populares, la acción de tutela contra providencias judiciales, y la nulidad de sentencias de la Corte Constitucional, entre otros), en lugar de debatirlos en escenarios de participación democrática. Mientras que en el segundo la judicatura profiere providencias antiformalistas (López Medina, 2018). A partir de un estudio de caso sobre el régimen de competencias ambientales de las entidades territoriales en consultas populares ambientales, este escrito aborda si: I) ¿la Sentencia SU-095 de 2018 de la Corte Constitucional es activista? Y II) ¿Los cambios jurisprudenciales de esta sentencia obedecen a cambios de magistrados? Se concluye que esta sentencia de unificación sí es activista, y que representa un caso por excelencia del imperio del gobierno de los jueces que se opone al gobierno del pueblo, expresado en las consultas populares realizadas entre 2011-2019, y, por otro lado, que los cambios en la integración de la Corte sí incidieron en el viraje jurisprudencial sobre este tema.

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