UNA. Revista de derecho - Books and Journals
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UNA. Revista de derecho

Editorial:
Universidad de Los Andes (Colombia)
Fecha publicación:
2016-10-11
ISBN:
2539-5343

Número de Revista

Últimos documentos

  • Editorial
  • Banderas naranjas: entre los mecanismos de defensa del territorio y las deficiencias del derecho a la participación ciudadana en los municipios mineros. Estudio de caso de Tibasosa, Boyacá

    Este artículo explora la relación que existe entre los mecanismos de participación ciudadana y la defensa del territorio en el marco de proyectos extractivos. Al hacerlo, se aproxima a los debates que se han llevado a cabo en la legislación nacional y la jurisprudencia constitucional en torno al derecho a la participación de las comunidades y su facultad para impedir que proyectos mineros se desarrollen en el territorio. Asimismo, aborda la discusión sobre la responsabilidad que tienen los Estados y las empresas frente a posibles vulneraciones a los Derechos Humanos de las comunidades. Lo anterior se examina a la luz del estudio de caso de la comunidad de la vereda El Resguardo en Tibasosa, Boyacá. Con el cual, se busca demostrar que, a pesar de ser una comunidad que se opone a los intereses mineros y que cuentan con el apoyo de las autoridades municipales, presenta dificultades para ejercer mecanismos de participación. Por eso, han optado por desplegar acciones pacíficas en defensa de sus territorios, como la instalación de unas bandeWras naranjas visibles desde distintos lados del municipio. Lo anterior, con el fin de demostrar la urgencia de establecer mecanismos de participación eficaces y eficientes que velen por los derechos de las comunidades.

  • Programas de cumplimiento y responsabilidad penal

    En los últimos años se ha evidenciado en varios países un considerable auge de introducción de normas que permiten la atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la legislación penal. En el marco de esta evolución surgen los denominados compliance programs, que son mecanismos diseñados para controlar, detectar y sancionar la criminalidad que se genera desde las organizaciones con el fin de evitar, entre otros, la responsabilidad penal de personas jurídicas. Por tanto, surgen preguntas acerca del papel que pueden jugar estos compliance programs en las organizaciones y en una eventual responsabilidad penal de la persona jurídica, de los órganos de dirección y del compliance officer por los delitos que se cometen desde la organización. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo se identifica la normatividad existente para la elaboración y las características que debe reunir un programa de cumplimiento y, a partir de allí, se valora en forma general la incidencia en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los órganos de dirección y de quienes se desempeñan como compliance officer.

  • De la criminalidad organizada a la organización delictiva

    El artículo indaga la connotación de la voz "criminalidad organizada" en el derecho penal, destacando su indefinición cuando se le equipara a los delitos graves que se realizan en las prácticas sociales por las distintas organizaciones nacionales, o cuando se le identifica con el concepto de organización criminal, que desde el derecho penal internacional encuentra el referente de la delincuencia organizada transnacional reglada en la Convención de Palermo. Se elige la utilización del concepto de organización delictiva, al permitir el estudio de su identidad como sujeto de derecho penal de carácter injusto y la construcción de criterios de imputación de sus integrantes.

  • La responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance en Colombia: realidades y desafíos

    La responsabilidad penal de las personas jurídicas incluye acciones u omisiones desplegadas en las empresas por parte de sus miembros directivos, niveles intermedios, trabajadores o terceros relacionados con la compañía, que afectan su objeto social y se expresan en irregularidades organizadas. Pueden concurrir entonces responsabilidades individuales y de la corporación como consecuencia de los delitos cometidos al interior de la empresa con afectación del orden económico y social. La responsabilidad corporativa se ha nutrido de los avances informáticos, la agilidad de las tecnologías, la trasnacionalidad de las operaciones y la opacidad de los efectos del crimen. La necesidad de regular el marco de consecuencias penales para las empresas que se beneficien directa o indirectamente del crimen es indispensable para salvaguardar bienes jurídicos de especial trascendencia y para fortalecer la prevención. La importancia de Compliance surge como un conjunto de medidas encaminadas a la identificación, mitigación y control de los riesgos en las empresas, con incidencia en la delimitación, atenuación o exoneración de las responsabilidades penales o regulatorias específicas.

  • La administración desleal: análisis de configuración típica a la luz de la primera sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

    Este artículo presenta el análisis de la primera sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en materia de administración desleal. Se realiza un recuento de los hechos que dieron lugar a la condena de dos mujeres que, de manera fraudulenta, disponen del bien principal de una sociedad para excluir a uno de sus accionistas, como consecuencia del divorcio entre ellos. Posterior a este recuento, se realiza el análisis de la conducta desplegada por las condenadas a la luz del ordenamiento jurídico penal colombiano, el cual necesariamente se complementa por la normativa comercial aplicable. Dentro de este análisis, se resaltan los aciertos y desaciertos de la Sala de Casación Penal a la hora de abordar el tema en cuestión.

  • Criterios de imputación jurídico-penales frente al testaferro de las sociedades comerciales

    El presente artículo pretende analizar el alcance de los criterios de imputación jurídico penales respecto a los testaferros de las sociedades comerciales, así como las posibles dificultades en su aplicación. De esta manera, se realiza una revisión extensa de literatura y de jurisprudencia relevante sobre los diferentes temas abordados, desarrollando la popular clasificación entre los administradores de hecho y los de derecho, categoría -esta última- de la cual se deriva la figura de principal trascendencia en el artículo: el testaferro. Así, se mostrará su relevancia para el entorno corporativo y sobre todo la jurisdicción penal, debido a los escenarios delictivos en los que frecuentemente se presenta. Seguidamente, se examinarán los factores objetivos y subjetivos que permiten establecer la responsabilidad penal del hombre de paja, haciendo especial énfasis en algunas de las discusiones que aquellos han suscitado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia ante los escenarios de testaferrato más comunes en las sociedades comerciales; es decir, cuando este tipo de administrador lleva a cabo por sí mismo una conducta penalmente relevante o presta su colaboración en la comisión de la misma. Lo anterior permitirá evaluar la tensión entre la figura eminentemente societaria del testaferrato y algunos de los elementos clásicos de la teoría del delito, con el propósito de exponer las soluciones que se han formulado frente al particular y poder reflexionar sobre su aplicabilidad en el ordenamiento jurídico colombiano, contemplando la posibilidad de introducir positivamente la figura de la ignorancia deliberada en el ordenamiento jurídico nacional.

  • Financiación ilícita de la política v. financiación de los políticos. A propósito del 'Caso Corpesca

    Bajo la etiqueta genérica de la "corrupción" se agrupan hechos de muy diversa naturaleza y que requieren de respuesta jurídica diferenciada. El "Caso Corpesca" es una buena muestra de las distintas dimensiones de análisis que pueden confluir en el fenómeno de la corrupción política, más en concreto de los parlamentarios, y que no reciben una respuesta jurídica uniforme en los distintos países. Las concretas características de la actividad de senadores y diputados, que se sirven de asesores e intervienen en un proceso de toma de decisiones complejo y colectivo, ofrecen la oportunidad de reflexionar acerca de cuestiones como la identificación de los actos que pueden ser objeto del delito de cohecho, su delimitación del tráfico de influencias, o la responsabilidad de los partidos políticos.

  • Recensión del libro Lavado de activos y bien jurídico de Álvaro Salgado González, Ediciones Doctrina y Ley, Bogotá, 2018, 185 páginas

    En su libro Lavado de activos y bien jurídico Álvaro Salgado González emprende una tarea que no logra explicarle bien al lector. A veces parece que su norte es determinar cuál es el bien jurídico menoscabado con el delito de lavado de activos y a veces parece que su norte es reproducir lugares comunes de la teoría general del delito de origen alemán en su versión difundida en Colombia. El resultado es un texto carente de método, argumentativamente débil, desordenado y, principalmente, incapaz de abordar problemas interpretativos concretos del artículo 323 del código penal colombiano.

  • Algunas tensiones entre un derecho penal expansivo frente a la negación de la responsabilidad penal de las personas juridicas en Colombia

    El actual protagonismo de las personas naturales, inclusive en el derecho penal, se ha visto cuestionado por la paulatina relevancia económica y jurídica contemporánea de las personas jurídicas. De cara a este cambio de paradigma, este artículo académico estudia la controversia que produce la máxima societas delinquere non potest frente a la cada vez más notoria incorporación de un derecho penal expansivo, su vigencia y los intentos que han existido por derogarla en el ordenamiento jurídico nacional. Para ello, estudia conceptos propios del derecho penal económico y luego brinda un recuento histórico acerca de la responsabilidad penal empresarial en el derecho colombiano. A continuación se ocupa de tres situaciones concretas en las que las personas jurídicas se relacionan con el derecho penal: i) la inhabilidad por extensión para contratar a la persona jurídica por delitos cometidos por sus directivos, ii) la suspensión y cancelación de la personería jurídica y iii) la vinculación como civilmente responsable en el incidente de reparación integral. Estos tres fenómenos son analizados en forma crítica desde los principios constitucionales que rigen el derecho penal. Finalmente, se proponen algunas conclusiones, y en particular se afirma que la negativa a incorporar un régimen claro y coherente de responsabilidad para las personas jurídicas ha terminado por vincular estas, de facto, al derecho penal nacional.

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