Opinión jurídica - Books and Journals

Opinión jurídica

Editorial:
Universidad de Medellín
Fecha publicación:
2010-09-15
ISBN:
1692-2530

Descripción:

La revista opinión Jurídica es una publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, se caracteriza por publicar artículos resultado de investigación que se encuentren en él área del derecho y disciplinas afines. Su propósito es divulgar el conocimiento generado a partir de investigaciones jurídicas o sociojuridicas llevadas a cabo en el ámbito nacional y en el internacional, que sirvan para mejorar la interpretación y entendimiento del ordenamiento jurídico con efecto en la aplicación de las normas nacionales e internacionales.

Últimos documentos

  • El rol de las clínicas jurídicas en la promoción de los ODS en Colombia

    La Agenda 2030 que integra los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) propone, por medio del ODS 4, la educación para el desarrollo sostenible como uno de los pilares para lograr sociedades justas, equitativas, incluyentes y en armonía con la naturaleza. En ese marco, la formación jurídica clínica es un modelo inspirador para el fortalecimiento de la educación para el desarrollo sostenible en el país. Este trabajo presenta los resultados de una investigación de tipo documental sobre el trabajo de las clínicas jurídicas colombianas en el trámite de casos reales. Se toman como referencia algunos ejemplos de la labor de las clínicas en el mundo a fin presentar la correspondencia de la agenda global clínica y de la Agenda 2030. Entre los hallazgos se reconoce el papel relevante de las clínicas colombianas como actores que promueven la sostenibilidad en el país desde un enfoque integrado del trabajo en el marco de los ODS bajo el valor de la justicia social como fundamento de sus fines pedagógicos y de proyección social.

  • La persona con discapacidad y su protección jurídica en época de pandemia en Colombia

    Este artículo expone un análisis, desde una perspectiva jurídica, del estado de protección de la persona con discapacidad en Colombia a partir de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional ante la propagación de la Covid-19. En este sentido, se generan recomendaciones que aseguren una protección jurídica en el territorio colombiano. El desarrollo del artículo expone la situación de las personas con discapacidad durante la pandemia. Se analizan las medidas de protección jurídica dispuestas por el Gobierno y las recomendaciones surgen como pertinentes para una protección jurídica efectiva. El abordaje planteado se sustenta a partir de una metodología dogmática del tipo básico-jurídica, pues el objeto de estudio está constituido por la normatividad colombiana en materia de discapacidad que surge a partir de la declaratoria de emergencia en territorio nacional. Además, se utilizan fuentes secundarias de investigación y se analizan la ley y la doctrina aplicable al objeto de estudio. Con lo anterior se mostrará que, en época de pandemia, el Estado colombiano ha intentado ajustarse a los lineamientos de la ONU para propender por mantener la garantía de los derechos de manera equitativa y justa. No obstante, surgen algunas recomendaciones precisas y ajustadas que sugerimos para alcanzar dichos fines y porque resultan pertinentes al discurso garantista hoy existente.

  • Instituciones de desequilibrio prestacional contenidas en los principios Unidroit aplicables a los negocios jurídicos nacionales

    El presente artículo tiene por objeto analizar la viabilidad jurídica de la aplicación de las instituciones jurídicas que velan por la justicia contractual en los negocios jurídicos nacionales dada la deficiente regulación que nuestro sistema legal privado posee frente a estas circunstancias de inequidad prestacional. Se analizan instituciones como la excesiva desproporción y la excesiva onerosidad (hardship), reguladas en instrumentos pertenecientes a la lex mercatoria o derecho comercial internacional, particularmente en los principios Unidroit. Para el cumplimiento de este objetivo se realiza un estudio comparativo entre las instituciones que velan por la justicia contractual contenidas en los principios Unidroit y las contenidas en el derecho positivo privado colombiano. Además, se hace un estudio de diversos casos abordados por la justicia arbitral nacional e internacional, así como por la jurisprudencia ordinaria, frente a la posibilidad de complementación e integración de las normas de los principios Unidroit en las legislaciones nacionales. Todo lo anterior para concluir que es jurídicamente viable, a través del sistema de fuentes comercial doméstico y de los propósitos que el preámbulo de los principios Unidroit expresamente consagran, la aplicación directa a los negocios jurídicos comerciales nacionales de las figuras de la excesiva desproporción y de la excesiva onerosidad contenidas en este instrumento de derecho uniforme.

  • Carga e iniciativa probatoria en acciones populares y su determinación constitucional

    El objetivo del artículo es reflexionar acerca de la carga probatoria dinámica e iniciativa probatoria del juez en el marco de la acción popular como figuras mediante las cuales, eventualmente, se lograría la protección de derechos colectivos. La metodología empleada se basó en la revisión documental y jurisprudencial. De los resultados del artículo se destaca la prevalencia de los derechos colectivos sobre ritualidades probatorias. En este sentido, se determina que si bien los accionantes deben soportar la carga de la prueba, también es cierto que el juez debe considerar las finalidades de las acciones públicas constitucionales frente a la real protección de derechos, lo que eventualmente le implicará desplegar sus facultades oficiosas en la materia. La principal conclusión hace referencia a que la parte accionante tiene la carga de la prueba en las acciones populares en dirección a demostrar los hechos afirmados, pero hace énfasis en que, en el caso concreto, la carga probatoria puede ser distribuida por diferentes razones. Igualmente, el juez se ve llamado a adelantar su deber oficioso para decretar y practicar pruebas excepcionalmente para procurarse la tutela judicial efectiva, sin que ello implique suplir las deficiencias probatorias por falta de diligencia de las partes.

  • La reforma laboral y sus fundamentos económicos en perspectiva histórica

    Este trabajo se propone analizar los fundamentos económicos que motivaron la presentación de un nuevo proyecto de reforma laboral durante el gobierno de Mauricio Macri en Argentina. Para ello adoptaremos una perspectiva histórica mediante la reconstrucción de las transformaciones que ha sufrido la legislación laboral, específicamente la ley de contrato de trabajo, que es la que rige la casi totalidad de los acuerdos laborales. También abordamos la evolución de las relaciones laborales en las últimas décadas y los intentos por parte del empresariado argentino de conseguir condiciones más favorables para un uso flexible de la fuerza de trabajo. Nuestro análisis muestra que la reforma laboral es parte de una estrategia de mediano plazo cuyo objetivo es mejorar las condiciones de acumulación de capital en Argentina, incluyendo un aumento de la explotación de la fuerza de trabajo. La metodología utilizada no solo se basará en el análisis cualitativo de las fuentes legislativas, sino también en análisis cuantitativos de información estadística nacional y mundial. Nos remitimos a diversos tipos de fuentes: legislación laboral, convenios y acuerdos de diferentes períodos históricos, series estadísticas oficiales nacionales e internacionales y aportes de otros autores.

  • Libertad de expresión versus honra y buen nombre: colisiones entre principios y relaciones de precedencia en la jurisprudencia constitucional colombiana

    En este documento se muestran las relaciones de precedencia condicionadas identificadas en la jurisprudencia constitucional cuando se presentan colisiones entre los derechos fundamentales libertad de expresión, honra y buen nombre por posibles afectaciones derivadas del ejercicio periodístico. Al analizar estos casos concretos, resulta evidente que para el juzgador, plantear una solución lo menos lesiva posible representa un reto, porque se sitúa en un escenario en donde colisionan derechos jerárquicamente equiparables. Por tal razón, quien juzga debe acudir a la ponderación para determinar cuál principio precederá al otro. Así mismo, se tiene que a pesar del surgimiento reiterado de colisiones entre los derechos que son objeto de estudio, no se puede brindar una solución igualitaria para todas, puesto que los efectos de la ponderación son aplicables a casos concretos. No obstante, a partir de un seguimiento lineal de la jurisprudencia constitucional se ha podido concluir que el mayor o menor grado de veracidad e imparcialidad de la información es un factor determinante para que la balanza se incline hacia un lado u otro.

  • La responsabilidad en los contratos del estado: un análisis desde la ética pública

    La responsabilidad del Estado se ha enmarcado a través de títulos de imputación que van desde la responsabilidad subjetiva por la falla del servicio, pasando por la falla presunta y culminando en la responsabilidad objetiva. En esta circunstancia se determina que, en la obligación de indemnizar perjuicios como consecuencia de una falla en el servicio, existe una actuación irregular. Por otro lado, en la responsabilidad objetiva solamente es necesaria una actuación de una entidad pública y que quien sufre el daño no esté obligado a soportarlo. En cualquier caso, la responsabilidad del Estado se ha analizado desde esas dos grandes clases de atribución. Por tal razón, el presente artículo, con elfin de buscar una perspectiva distinta, tiene como objetivo estudiar la responsabilidad del Estado desde la violación de la ética pública. De esta manera, se busca determinar el fundamento de imputación de responsabilidad y la obligación de reparación de daños como consecuencia de la actividad de contratación de la Administración. Este estudio ha permitido obtener como resultados que la responsabilidad contractual del Estado se deriva, en la mayoría de las ocasiones, de la violación de postulados éticos, lo que permite concluir que la ética pública se constituye en un título de imputación de responsabilidad del Estado. En el presente artículo se ha utilizado una metodología analítico-propositiva y el método inductivo.

  • El principio de interpretación conforme a los derechos humanos en dos sentencias: filiación homoparental y matrimonio igualitario

    El derecho constitucional actual ha desarrollado técnicas de interpretación que le son propias para evitar el uso de herramientas hermenéuticas provenientes de la interpretación legal, las cuales son inadecuadas para resolver conflictos en que están involucrados derechos humanos. Entre estas herramientas de interpretación se encuentra el principio de interpretación conforme a los derechos humanos. El objetivo del presente artículo es verificar su aplicación en la jurisprudencia chilena. Nuestra hipótesis es que no siempre es aplicado cada vez que se requiere, lo que genera soluciones diferentes cuando es invocado respecto de aquellas veces en que se omite. Utilizando el método dogmático y el método de casos a partir de dos sentencias, se analiza su implementación práctica. Concluimos que una de ellas lo aplica correctamente, mientras que la segunda lo omite al arribar a una sentencia diferente de la que se hubiese dictado al considerar el principio. pero ambas debieron acoger la solicitud de quienes solicitaron intervención judicial. En este sentido, sostenemos que una modificación constitucional permitiría hacer vinculante su aplicación en todo caso.

  • La casación penal: de la nomofilaquia al control de legitimidad constitucional de las sentencias

    El presente trabajo aborda los antecedentes de la casación penal, sus componentes teleológicos y la reforma constitucional de 1991 en Colombia. Esto con el fin de proponer, desde un enfoque constitucional, un control efectivo de las sentencias de segunda instancia que permita superar la clásica función nomofiláctica extrapolada del otrora Estado liberal surgido de la Revolución francesa sin propiciar una tercera instancia. Para desarrollar el problema de investigación, se adelantó un riguroso estudio documental, al que se le aplicó un método descriptivo y analítico a partir de los antecedentes de la casación y su naturaleza jurídico-política, los fundamentos teleológicos del recurso y su relación con el ideal de justicia que propugna el actual Estado constitucional de derecho. El estudio muestra que la función nomofiláctica de la casación cede ante la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las partes, la reparación de los agravios infligidos y la búsqueda de un orden democrático justo. Por consiguiente, en la nueva filosofía del Estado colombiano, la casación está llamada a controlar los equívocos e inequidades de los jueces más allá de las arraigadas concepciones dogmáticas del recurso extraordinario.

  • La corrupción a gran escala no tipificada en el ordenamiento colombiano: análisis desde los escenarios jurídicos y categorías de corrupción

    El presente artículo tiene por objetivo describir la corrupción como un fenómeno social que surge entre las relaciones del Estado como regulador y los particulares como destinatarios a partir de la imbricación de diferentes acciones, particularmente de la legitimidad institucional en las esferas pública y privada. Metodológicamente se toma como referencia la tipificación penal para efectos de establecer los escenarios posibles (públicos y privados) donde se ejecutan acciones de corrupción en varios niveles. Se analiza cada delito conforme a una escala mínima, media o amplia que sirva de insumo para comprender la dinámica de la corrupción y su relación con el Estado. A este fin se vincula una noción propia de corrupción a gran escala, instante poco analizado y de suma importancia para el ordenamiento jurídico colombiano. Se encuentra, entonces, que las situaciones materiales no encuentran correspondencia punitiva con la norma existente o desbordan sus límites entre los delitos tipificados. Por ello, instan por su inclusión como modalidad específica.

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