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Universitas Estudiantes

Editorial:
Pontificia Universidad Javeriana
Fecha publicación:
2018-02-19
ISBN:
1794-5216

Número de Revista

Últimos documentos

  • Editorial
  • Cláusulas de permanencia mínima en los servicios de telecomunicaciones: análisis del régimen legal actual

    El objetivo de este artículo es realizar un análisis crítico sobre el régimen actual de las cláusulas de permanencia mínima en los servicios de: (i) telefonía móvil, y (ii) telefonía fija e internet. En concreto, se busca comprender por qué se prohibieron totalmente estas cláusulas en los servicios de telefonía móvil y no se implementó una regulación similar a la adoptada para los servicios de telefonía fija e internet. Para lograr este objetivo, se abordarán conceptos clave como las cláusulas abusivas, los contratos de adhesión, los servicios de telecomunicaciones y las cláusulas de permanencia mínima. Además, se examinará el marco legal actual de dichas cláusulas, así como los requisitos que deben cumplirse para que sean válidas y las posibles formas de exoneración del pago de estas

  • La guerra contra el terrorismo: la agenda política de un presidente que se convirtió en una transgresión del derecho internacional

    Los atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001 marcaron un hito mundial en donde Estados Unidos de América y el derecho internacional reaccionaron con una serie de iniciativas políticas y legislativas para contrarrestarlo. Este artículo de reflexión tiene como objeto exponer la forma en que Estados Unidos ha reaccionado al terrorismo en el marco del derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Para ello se examinará la agenda política del expresidente George W. Bush al iniciar la guerra contra el terrorismo, tras los atentados del 2001, y se hará un análisis histórico-jurídico de las medidas tomadas por Estados Unidos desde el 2001 hasta hoy. Al final, se concluye que el derecho internacional humanitario parece frágil, ya que al parecer no existe un mecanismo legal efectivo que garantice su coercibilidad

  • Sanciones civiles al sobrepaso de límites legales en el pacto y cobro de intereses en operaciones mercantiles

    En el presente artículo se analizará el problema jurídico relacionado con el régimen de los intereses comerciales, sus límites y sus sanciones en la actualidad. Se parte del hecho de que no existe una claridad frente a la aplicación del régimen dado que no hay unanimidad respecto de la interpretación que se le ha dado al artículo 884 del Código de Comercio y el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. El artículo revisa el problema desde la óptica de la doctrina, la jurisprudencia y el régimen aplicable en algunos estados de la jurisdicción estadounidense. En la práctica, resulta problemática la falta de claridad puesto que las diferentes hipótesis de sanción benefician a diferentes grupos de la relación comercial, generando impunidad para uno u otro, sin brindar seguridad jurídica

  • Análisis del caso Petro Urrego vs. Colombia y el choque jurídico entre el derecho interno colombiano y el derecho internacional público

    La sentencia Petro Urrego vs. Colombia, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha generado una variedad de problemas jurídicos no menores. Desde el punto de vista del control de la convencionalidad, en contraposición al poder del constituyente primario, el principio de buena fe en nuestra Constitución, el principio de última ratio del derecho penal y la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone en jaque nuestra estructura funcional del Estado

  • El mito del contrato social y de la legitimidad del Estado basada en el consentimiento

    Las personas han pactado, cada una con cada una, en abandonar parte de su libertad natural y cederla al Estado, para que este sea quien gobierne sobre ellos en miras del bien común. Al menos eso es lo que afirma la teoría del contrato social, según la cual la legitimidad de un Estado deriva del consentimiento de sus ciudadanos. Para la doctrina, ese consentimiento puede ser expreso, implícito o hipotético. Sin embargo, ninguno de estos tipos de consentimiento es viable para legitimar al Estado, bien sea porque teóricamente no constituyen en un consentimiento real o bien porque, en la práctica, justifican las democracias iliberales. De esa manera, el contrato social es un mito, una ficción del derecho. Por ende, se propone que la verdadera fuente de legitimidad del Estado es la utilidad que este tenga para velar por el bien común y los derechos de todas las personas

  • La verdadera cara de la reforma laboral en Colombia: Análisis desde una mirada crítica e integral al nuevo proyecto de reforma laboral

    El presente escrito tiene como objetivo evaluar de una manera crítica los principales planteamientos del proyecto inicial de reforma laboral presentado por el gobierno nacional colombiano. Si bien existe consenso entre los laboralistas del país acerca de la necesidad de actualizar y adaptar la legislación en esta materia, la forma como fue presentada inicialmente es contraria a varios de los principios básicos del Estado, entre ellos la libertad de empresa. Se demuestra como la mayoría de los planteamientos presentados atentan contra la idea de un equilibrio en la relación laboral, al imponer cargas excesivas al empleador con el fin de garantizar derechos al trabajador, que puede terminar en una mayor informalidad en el país. Si bien es fundamental reducir las brechas de desempleo y velar por las garantías del trabajador, también es de vital importancia preservar el desarrollo y crecimiento económico que se construye a través de la creación de empresas

  • El paradigma entre juez natural y la doble instancia en los procesos de Ley 600 del 2000 cuando el sindicado es un aforado constitucional

    En Colombia, existen por regla general, tres esquemas procesales en la jurisdicción penal ordinaria: La Ley 600 de 2000, La Ley 906 de 2004, y La Ley 1826 de 2017. El primero de estos esquemas, es de corte inquisitivo, mientras que los dos siguientes, son sistemas principalmente acusatorios. Hoy en día, existe un paradigma entre un esquema procesal de tendencia inquisitiva que podría caracterizarse por ser menos garantista, marcado por una concentración de funciones, por la reserva del proceso y por la prevalencia de lo escrito. Dicho contenido en tiempos modernos convive en nuestro país con modelos procesales de tendencia acusatoria, reconocidos por su concepción garantista, con una desconcentración funcional, publicidad de las actuaciones y la predominancia de la oralidad en el desarrollo de los actos procesales. En el presente artículo, se analizarán dos problemas estructurales que evidenciamos en el modelo procesal de la Ley 600 del 2000, cuando la persona que está siendo penalmente procesada es un aforado constitucional. La primera situación se desprende de la concentración de funciones que en ocasiones detenta la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, es decir, cuando actúa como juez y como parte procesal. En segundo lugar, en cuanto a posibles violaciones a la garantía de la doble instancia, pues si bien el Acto Legislativo 1 de 2018 reguló los aspectos inherentes a la doble conformidad, lo cierto es que no desarrolló la posibilidad de que los autos interlocutorios que son proferidos en etapas procesales previas al juicio (investigación previa e instrucción) puedan ser objeto del recurso ordinario de apelación. Dicho de otra manera, se les da tratamiento de providencias de única instancia. Con ello, nos preguntamos si dichas dinámicas inherentes a un procedimiento que tiende hacia lo inquisitivo ponen en riesgo el estándar de protección constitucional que hoy en día refleja un Estado Social y Democrático de Derecho como el colombiano

  • Editorial
  • La primacía de la ley sobre la costumbre mercantil como fuente del derecho comercial: una discusión histórica, doctrinal y jurisprudencial

    A lo largo de la historia del derecho comercial, y desde sus inicios, la costumbre mercantil ha tenido especial relevancia en el desarrollo de las actividades mercantiles en la sociedad. De hecho, en la antigua Roma, la costumbre fue considerada como una de las fuentes del derecho, creada de manera espontánea por las conductas reiteradas y generalizadas por parte de los miembros de la sociedad. Sin embargo, a partir de las grandes codificaciones que datan de la Revolución Francesa, la cual tuvo como efecto el Código Francés de 1807, esta se ha visto eclipsada por la aparente supremacía de la ley. Este Código cambió los presupuestos que emanaban de lo que antes se conocía como costumbre mercantil, convirtiéndose la objetivación en el eje central de la misma. A partir de ese momento histórico, la costumbre tomó un plano secundario y la reemplazó la ley en el plano principal dentro de las fuentes del derecho mercantil, hasta nuestros tiempos, como se puede ver reflejado en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Palabras clave: costumbre mercantil, supremacía de la ley, perspectiva histórica, derecho mercantil, fuente de derecho

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