Universitas Estudiantes - Books and Journals

Universitas Estudiantes

Editorial:
Pontificia Universidad Javeriana
Fecha publicación:
2018-02-19
ISBN:
1794-5216

Últimos documentos

  • Reglas de exclusión de accionistas en la sociedad anónima, ¿Es necesaria su regulación en el Régimen Societario Colombiano?

    La exclusión de accionistas le ofrece la oportunidad a una sociedad de prescindir de un socio cuando las actuaciones de este afectan la realización de operaciones vitales para el futuro de la estructura societaria. Como garantía, el socio excluido recibirá una suma en dinero, que se calculará teniendo en cuenta el valor que tenía su acción en el mercado. Cabe resaltar que el accionista tendrá la posibilidad de impugnar dicha actuación cuando esta se haya realizado de forma arbitraria. En la actualidad, el ordenamiento jurídico colombiano no prevé la posibilidad de pactar estatutariamente causales de exclusión para la sociedad anónima, situación que afecta contundentemente la continuidad en el plan de negocios previsto por muchas sociedades. De esta manera, es importante analizar si realmente se necesita una norma que consagre la posibilidad de excluir estatutariamente a un accionista de una sociedad anónima.

  • Editorial
  • ¿Cómo ven las declaraciones y garantías los tribunales de arbitraje en Colombia?

    Las cláusulas de declaraciones y garantías, originarias del derecho anglosajón, son muy comunes hoy en la práctica contractual en Colombia. De hecho, a la fecha han surgido varias controversias en el país en el contexto de estas cláusulas y los contratos que las incorporan. Estas cláusulas suponen la interpretación de instituciones atípicas para la legislación nacional y han sido tratadas en su mayoría por tribunales de arbitraje. El entendimiento que se ha dado a la naturaleza y alcance de estos conceptos en estas decisiones incorpora una gran cantidad de contenido sustancial que ha sido poco discutido, enfocando el debate académico sobre estos temas en unos pocos asuntos como las cláusulas limitativas de responsabilidad. En su mayoría, el desarrollo de estas figuras se da cada día en la práctica contractual, manteniendo alejado el debate académico sobre un tema recurrente y muy interesante. Esto hace necesario un esfuerzo por analizar y contrastar las reglas que han definido los tribunales de arbitraje en el país que se han enfrentado a las complejas preguntas jurídicas sobre las declaraciones y garantías. De esta forma, este artículo no busca adentrarse con absoluta profundidad en detalles muy específicos, sino plantear un estudio panorámico de los problemas y reglas definidos en estos casos, para promover un mayor debate sobre estos temas que pueda llevar al desarrollo de discusiones más activas sobre estos asuntos.

  • Análisis de la situación de los influencers: retos en el marco del derecho comercial y el siglo XXI

    En este artículo se analiza la implicación de la Guía de buenas prácticas en la publicidad por medio de influenciadores emitida por la SIC como herramienta para regular el influencer marketing, que es una herramienta crucial para las marcas en términos de publicidad. Para ello, se argumentará desde los avances regulatorios en el mundo y en Colombia respecto a este mercado. Así mismo, se contempla la vinculatoriedad de esta guía y los casos en que la SIC ha formulado pliego de cargos contra influencers por considerar que algunas de sus actuaciones infringen el Estatuto del Consumidor, al llevar a cabo prácticas de publicidad engañosa por ocultar información pertinente para los consumidores. De ahí que, los influencers como actores del mercado, permiten que su goodwill se transmita a los productos que promocionan en sus redes sociales.

  • El bloqueo al órgano de apelaciones de la Organizacíon Mundial del Comercio: un golpe a la estabilidad del sistema multilateral del comercio

    El sistema de solución de disputas de la Organización Mundial del Comercio se diferencia de otros mecanismos de resolución de controversias por su obligatoriedad, automaticidad y órgano de apelaciones. Dicho sistema no ha tenido una aplicación pacífica. Uno de los elementos más cuestionados es su Órgano de Apelaciones, a tal punto que, desde hace más de un año, Estados Unidos logró bloquear el funcionamiento del mencionado órgano. No obstante, este hecho tiene repercusiones que afectan la obligatoriedad y automaticidad del Sistema de Solución de Disputas y la estabilidad y credibilidad de la Organización Mundial del Comercio.

  • Inconstitucionalidad de la Ley 2081 de 2021

    El 3 de febrero de 2021 se aprobó la Ley 2081 de 2021 “Por la cual se declara imprescriptible la acción penal en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito de incesto, cometidos en menores de 18 años”. Por considerar que esta norma vulnera el mandato constitucional establecido en los artículos 28 de la Constitución Política de Colombia, 2-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, algunos integrantes del Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana y del Semillero en Psicología Forense de la Universidad El Bosque1, presentamos demanda de inconstitucionalidad, la cual fue admitida mediante auto del 5 de marzo de 2021 (expediente D-14138)2 por la Corte Constitucional. El presente artículo contiene los argumentos de nuestra demanda, en donde señalamos que por mandato del constituyente primario ― salvo en tratándose de delitos de genocidio, lesa humanidad, y crímenes de guerra, que tienen sustento en el Estatuto de Roma y el acto legislativo 2 de 2001 ―, no pueden imponerse penas ni medidas de seguridad imprescriptibles.

  • La Corte Interamericana de Derechos Humanos y su interpretación sobre la Constitución Política de Colombia a la luz del poder punitivo del estado y de su potestad sancionadora

    Hay una controversia constitucional que surge de la injerencia que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano que interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos frente a la labor de la Corte Constitucional de velar por proteger la integridad de la Constitución. Teniendo en cuenta la labor de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre la potestad de los Estados parte de limitar derechos por medio de la potestad sancionadora del Estado y su ejercicio del poder punitivo, el siguiente trabajo pretende determinar si la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede como órgano de Derecho Internacional, ejercer un control externo sobre la Constitución Política. Esto se hará, por medio del análisis de una concepción del control limitado que ejerce la Corte IDH sobre preceptos constitucionales.

  • La inteligencia artificial como medio de prueba en contraste con el principio de contradicción

    El uso de Inteligencia Artificial (IA) como medio de prueba es una realidad cercana a los sistemas jurídicos. Por ende, y acorde con preceptos fundamentales como lo es la libertad probatoria, es importante evaluar el panorama que se avecina ante esta materia. Sin embargo, la aplicación de IA despierta distintas dudas frente a la suficiencia e idoneidad que tiene el marco normativo vigente en Colombia para enfrentarse al reto de la implementación de una justicia digital. De ese modo, esta ponencia busca ahondar sobre el reconocimiento de la Inteligencia Artificial como medio de prue-

  • La reforma constitucional por vía de referendo como expresión democrática y el rol del juez constitucional de control de constitucionalidad previo

    Dentro de las funciones que le confiere la Constitución Política a la Corte Constitucional, en su artículo 241, se encuentra aquella que establece que el tribunal deberá decidir sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo para reformar la Constitución, solo en cuanto a los vicios de procedimiento en su formación. En la práctica, la Corte Constitucional, en ese examen de constitucionalidad, ha realizado análisis de fondo para lo cual se ha basado en la Teoría de la sustitución de la Constitución. Esto, por ejemplo, se puede evidenciar en la decisión C-141 de 2010. Así las cosas, el presente estudio buscará responder si el referendo de reforma constitucional es un autentica expresión democrática; si existe una tensión entre esa forma democrática y el rol del juez constitucional; y

  • La responsabilidad de los fabricantes, el estado y los particulares proveedores de vacunas contra el COVID-19, frente a los efectos adversos que se puedan producir

    El 9 de diciembre de 2020, el Congreso de la República de Colombia promulgó la Ley 2064 de 2020, también llamada “Ley de Vacunas”. Posteriormente, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió la Resolución número 507 del 19 de abril de 2021, que tuvo como objeto definir las reglas especiales para la importación, adquisición y aplicación de vacunas contra el Covid-19 por parte de los privados. Con ello, ya son tres los actores que intervendrán en la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el Covid-19. Por un lado, están los fabricantes de las vacunas contra el virus adquiridas por el Gobierno Nacional. Por otro lado, se encuentra al Estado Colombiano como proveedor de las vacunas y, por último, están las personas jurídicas de derecho privado o personas jurídicas con participación pública que se rijan por el derecho privado que importen, adquieran y apliquen vacunas contra el virus. Cada uno de los actores cuenta con un régimen de responsabilidad distinto, motivo por el cual resulta pertinente preguntarse: ¿quién es o será el sujeto activo llamado a responder por los daños causados por las vacunas suministradas contra el Covid-19 en Colombia? El presente texto tendrá como objetivo analizar cada uno de los regímenes de responsabilidad aplicados a la materia, para así determinar su alcance y aplicación frente a los efectos adversos que pueda producir la vacuna contra el Covid-19.

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