Sentencia de Tutela nº 232/10 de Corte Constitucional, 26 de Marzo de 2010

La entidad accionada -mediante apoderado- presenta un escrito confuso, para defenderse de la acción de tutela, y en él solicita principalmente declarar improcedente el amparo y, de forma subsidiaria, negarlo por impróspero. Por lo que puede interpretarse, la entidad demandada considera que la acción de tutela debe ser declarada improcedente, (i) porque el tutelante dispone de otro medio de defensa judicial, ante la justicia laboral ordinaria y (ii) porque se intentó ocho (8) meses después de haber ocurrido la actuación supuestamente violatoria de sus derechos fundamentales. Pero, con todo, aduce que si el juez decide declarar procedente el amparo y estudiar el fondo del asunto, debe desestimar las pretensiones del tutelante porque a) el empleador dio por terminada la relación laboral en uso del derecho que le concede el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, con treinta (30) días de antelación, y con el comprobante de aportes al sistema de seguridad social, en forma debida; y porque b) según su concepto la estabilidad laboral reforzada –y la consecuente garantía de ser desvinculado sólo con autorización de la Oficina del Trabajo- depende de dos condiciones, primera, que la desvinculación sea unilateral y, segunda, que sea de un trabajador con una pérdida de capacidad laboral superior al veinticinco por ciento (25%), y como en este caso –se deduce- ninguna de esas condiciones se dio, el accionante no tenía derecho a beneficiarse con las garantías de la estabilidad laboral reforzada.

Las sentencias objeto de revisión proferidas en primera instancia, por el Juzgado Treinta y Cinco Penal Municipal de Medellín el quince (15) de Agosto de dos mil nueve (2009) y en segunda instancia, por el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento, el seis (6) de octubre de 2009, negaron la tutela con argumentos similares y que se concretan en lo siguiente: (i) el accionante puede acudir a la jurisdicción laboral para el reclamo de sus intereses; (ii) no se acreditó el requisito de la inmediatez en la interposición de la tutela, toda vez que ésta se presentó nueve meses después de haber ocurrido el despido del trabajador. Razones suficientes para negar por improcedente la tutela del señor E.H.S..

Competencia

1. La Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, en concordancia con los artículo 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

   Problema jurídico

2. En el presente caso la Sala debe resolver el siguiente problema: ¿viola el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de un trabajador, que la persona para la cual labora la desvincule aduciendo el advenimiento del plazo pactado en el contrato a término fijo, a sabiendas de que al momento de la terminación del contrato el trabajador está convaleciente por un accidente y está incapacitado por un médico para continuar con sus labores?

3. En atención a que el asunto formulado ha sido objeto de abundante reiteración por parte de esta Corporación, la Sala procederá a analizar brevemente el alcance de la protección constitucional y legal ofrecida a los empleados que han sufrido este tipo de percances y, con fundamento en la anterior consideración, se pronunciará sobre la alegada vulneración de las garantías iusfundamentales del demandante.

   El derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta o indefensión. Reiteración de jurisprudencia

4. Las personas en situación de debilidad manifiesta tienen derecho a la “estabilidad laboral reforzada”.[6] Este derecho fundamental es resultado de una interpretación conjunta de, al menos, cuatro normas constitucionales: en primer lugar, del artículo 53 de la Constitución, que consagra el derecho a “la estabilidad en el empleo”;[7] en segundo lugar, del deber que tiene el Estado de adelantar una política de “integración social” a favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos físicos, sensoriales y síquicos” (art. 47, C.P.);[8] en tercer lugar, del derecho que tienen todas las personas que “se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente”, con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva” (art. 13, C.P);[9] en último lugar, del deber de todos de “obrar conforme al principio de solidaridad social”, ante eventos que supongan peligro para la salud física o mental de las personas (art. 95, C.P.).[10]

5. Con todo, es preciso señalarlo, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada no es predicable exclusivamente de las personas calificadas como inválidas, ni tampoco sólo de los estrictamente discapacitados, sino de todos aquellos que: tengan una afectación en su salud; esa circunstancia les “impida[a] o dificult[e] sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares”;[11] y se tema que, en esas condiciones particulares, pueden ser discriminados por ese solo hecho.[12]

6. Pues bien, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada supone que el empleador debe respetar un procedimiento especial para terminar el contrato de una persona en circunstancias de debilidad manifiesta. Ese procedimiento reforzado de terminación, ha dicho la Corte, es el enunciado por la Ley 361 de 1997.[13] El artículo 26 de dicha Ley dispone, justamente, que “ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo”.[14] Por lo tanto, si se comprueba que el empleador no respetó dicha garantía en la desvinculación, deben tener lugar conjuntamente dos consecuencias: (i) en primer lugar, se la privará de eficacia y se deberá proceder a ordenar el reintegro del trabajador;[15] (ii) en segundo lugar, deberá pagársele al trabajador desvinculado “una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren” (art. 26, inc. 2°, Ley 361 de 1997).

7. Ahora, es necesario precisar que la autorización previa de la oficina del trabajo se requiere en principio ante cualquier clase de terminación contractual, y por lo tanto deben exigirla los empleadores cuando vayan a dar por terminada la relación laboral en virtud de un despido sin justa causa, el advenimiento del plazo en los contratos a término fijo o la finalización de la obra en los contratos por obra o labor. Esta exigencia tiene su razón de ser en el principio constitucional que ordena concederle primacía a la realidad sobre las formas (art. 53, C.P), pues la observancia de la oficina del trabajo tiene el propósito inmediato de evitar que bajo la forma de una terminación legal se esté dispensando, en detrimento del trabajador, un tratamiento discriminatorio basado en su debilidad manifiesta.

8. En consecuencia, la función del servidor competente de la oficina del trabajo será la de verificar, en la terminación de los contratos a término fijo, no sólo el advenimiento del plazo pactado, sino también si subsisten las causas, la materia del trabajo y si el empleado ha cumplido cabalmente y dentro de lo que resulte posible con sus obligaciones, y en caso afirmativo deberá denegar la autorización.[16] Lo mismo, en el caso de los contratos de obra o labor, deberá advertir si en realidad existe un contrato a término indefinido, o si existe una de obra, y en este último caso si han cesado las razones que lo originaron, y según el caso deberá proceder a definir si la terminación fue adecuada o si sólo lo fue en apariencia, porque en realidad supuso una discriminación lesiva de los derechos del trabajador.[17]

9. Finalmente, y además de las anteriores medidas de protección, los trabajadores que sufren discapacidad tiene a su favor, y como garantía de su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, la presunción de despido discriminatorio, cuando son desvinculados del empleo sin autorización de la oficina del trabajo. Así lo ha señalado la Corte, por ejemplo en la Sentencia T-1083 de 2007, al decidir el caso de una persona que había sido desvinculada de su trabajo sin autorización de la Oficina del Trabajo, a pesar de tener una discapacidad que le deparaba una protección reforzada a su derecho a la estabilidad laboral. La Corporación dijo, en esa ocasión:

   “si el juez constitucional logra establecer que el despido o la terminación del contrato de trabajo de una persona discapacitada se produjo sin previa autorización de la Oficina del Trabajo, deberá presumir que la causa de éste o ésta es la circunstancia de discapacidad que aquel padece y que bien puede haber sobrevenido como consecuencia de la labor desempeñada en desarrollo de la relación laboral. En consecuencia, el juez estará en la obligación de proteger los derechos fundamentales del peticionario, declarando la ineficacia del despido, obligando al empleador a reintegrarlo y de ser necesario reubicarlo, y en caso de no haberse verificado el pago de la indemnización prevista por el inciso segundo del artículo 26 de la ley 361 de 1997, deberá igualmente condenar al empleador al pago de la misma”.[18]

10. En este caso el señor E.H.S. prestó sus servicios en calidad de trabajador para la Compañía Global de Pinturas S.A. en la Agencia Pintuco. Se vinculó a esta última mediante contrato de trabajo a término fijo, pactado para durar desde el dieciocho (18) de Julio de dos mil ocho (2008) hasta el primero (1°) de diciembre de dos mil ocho (2008), y el cargo para el cual fue contratado se designó como operario de manufactura, por ejercicio del cual tenía derecho a devengar un salario de un millón doscientos cincuenta mil pesos ($1.250.000).

    Pero, el tres (3) de octubre de dos mil ocho (2008), antes de que venciera el término del contrato, el peticionario sufrió un accidente de tránsito que le produjo limitaciones físicas en el movimiento de la pierna derecha, razón por la cual fue sometido –de acuerdo con las pruebas citadas en los antecedentes de esta providencia- a una incapacidad que iba desde el cuatro (4) de octubre de dos mil ocho (2008), al menos hasta el treinta (30) de diciembre de ese mismo año ininterrumpidamente. Sin embargo, su contrato se terminó el primero (01) de diciembre de dos mil ocho (2008), cuando la persona empleadora constató el advenimiento del plazo fijo pactado, y sin autorización de la oficina del trabajo.

    El demandante reclama que se tutele su derecho a la estabilidad laboral reforzada porque el contrato se dio por terminado sin que él tuviera la garantía de que la oficina del trabajo verificara la real causa de terminación, que en su concepto era la discriminación por sus condiciones físicas. Estima que tenía derecho a la estabilidad labora reforzada porque se encontraba incapacitado para el primero (1°) de diciembre de dos mil ocho (2008), y porque esa incapacidad se prolongó mucho tiempo, de modo que él quedó desamparado y sin capacidades físicas óptimas para ofrecer cabalmente su fuerza de trabajo durante un tiempo prolongado, con lo cual se vio afectado en su mínimo vital. De hecho, aporta pruebas suficientemente indicativas de que en el momento mismo en el cual interpuso el amparo –treinta y uno (31) de julio de dos mil nueve (2009)- estaba incapacitado, y de que ese mismo accidente y la misma fractura le originaron incapacidades por los meses intermedios (enero, febrero, marzo, abril y mayo de dos mil nueve), pues en uno de los certificados de incapacidades que anexa, y que data del veintisiete (27) de julio de dos mil nueve (2009) se dice, a propósito de los días de incapacidad: “Días acumulados: 280”.

11. Así las cosas, la Sala debe aceptar el reclamo del tutelante, de proteger su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, por las siguientes razones. En primer lugar, porque estaba incapacitado médicamente cuando se dio por terminada la relación laboral, y la estabilidad laboral reforzada se predica no sólo de los inválidos y los discapacitados, sino también de las personas que, como el tutelante, tienen una incapacidad o una relevante disminución física, síquica o sensorial. En segundo lugar, porque si tenía ese derecho fundamental, y el empleador quería terminarle su contrato laboral, debía solicitar la autorización previamente a la oficina del trabajo, tal como lo ordenan el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la reiterada jurisprudencia de la Corte –Sentencia C-531 de 2000 (MP Á.T.G.)- y en este caso eso no se dio. En tercer lugar, porque el advenimiento del plazo pactado en los contratos a término fijo no es una causal de exoneración del deber constitucional y legal del empleador de solicitar la autorización de la oficina del trabajo, cuando decida dar por terminado un contrato laboral que haya celebrado con un trabajador que presente disminuciones físicas, síquicas o sensoriales.[19] En cuarto lugar, porque el empleador debido a que no solicitó la autorización correspondiente antes de dar por terminado el contrato laboral –debiendo hacerlo-, está sujeto a soportar una presunción de despido discriminatorio, que en este caso no se encargó de desvirtuar. Luego, con independencia de si en el expediente está probado que la limitación del trabajador fue la verdadera causal de su desvinculación, se presume que así es en virtud de la fuerza que tiene el derecho fundamental de toda persona con disminuciones físicas, síquicas y sensoriales a no ser desvinculada de su trabajo si no es con la autorización previa de la oficina del trabajo.

12. Ahora bien, queda por resolver cuál debe ser la medida adecuada para proteger los derechos fundamentales del peticionario. Indiscutiblemente, en primer lugar, el tutelante tiene derecho –de acuerdo con la Ley 361 de 1997 y la Sentencia C-531 de 2000- al reintegro a las labores y a la indemnización por ciento ochenta (180) días. Pero, además, en segundo lugar, tiene derecho a que se le paguen retroactivamente los salarios que dejó de percibir después del despido, por una parte, porque el despido es ineficaz y eso tiene el efecto jurídico de asumir que las prestaciones laborales han debido pagársele indiscutiblemente durante todo este tiempo pues nunca ha habido una terminación jurídicamente válida del vínculo laboral. Además, porque la empresa para la cual trabajaba no ha establecido de manera razonable que la terminación del contrato se debió realmente a la expiración del plazo pactado, pues no se encargó de decir cuál era la clase de labor que desempeñaba ni si a partir del primero de diciembre de dos mil ocho (2008) –fecha en la cual se le terminó el contrato al tutelante- desaparecieron las causas que condujeron a su vinculación, o si es que la materia del trabajo que desempeñaba se sustrajo o si –como podría ser- el empleado no cumplió cabalmente y dentro de lo que resultaba posible, con sus obligaciones contractuales ajustadas a la Constitución y la ley. Mientras esto no se acredite de manera suficiente, no hay buenas razones para privar al trabajador de unas prestaciones a las que según la normatividad laboral tiene derecho como trabajador que es, y que no ha sido desvinculado de una forma jurídicamente aceptable. Finalmente, considera la Sala, el tutelante tiene derecho al pago retroactivo porque es una manera legítima de desestimular la práctica, en la realidad laboral, de terminar el vínculo laboral con personas en condiciones de debilidad manifiesta sin respetar los procedimientos que les deparan una estabilidad laboral reforzada.

13. Por último, y respecto de la supuesta falta de inmediatez en la interposición del amparo alegada por los jueces de instancia, la Sala estima que la tutela se instauró en un tiempo razonable. De hecho, así lo ha dicho la Corte por ejemplo en la Sentencia T-544 de 2009,[20] al resolver que no faltaba inmediatez en la invocación de una tutela, en la cual se invocaba el derecho a la estabilidad laboral reforzada, por el simple hecho de haber pasado nueve meses desde la desvinculación efectiva del trabajo. Según la Corte, en casos de esa naturaleza es preciso verificar si (i) la afectación de los derechos fundamentales permanece en el tiempo y, por tanto, la situación desfavorable en que se encuentra la accionante es continua y actual; y (ii) si la situación de indefensión y vulnerabilidad del actor convierte en desproporcionada la exigencia relativa al uso de los medios ordinarios de defensa judicial.

    En este caso puede decirse que están dadas ambas condiciones de un modo apreciable. En efecto, por una parte se advierte que la afectación de los derechos fundamentales del peticionario al mínimo vital, al trabajo, a la igualdad y, en suma, a la estabilidad laboral reforzada extiende sus consecuencias hasta este momento de la realidad fundamental del peticionario, pues están incapacitado, sin posibilidades físicas de vender su fuerza de trabajo en condiciones de competitividad en el mercado laboral. Y, por otra parte, su situación de desempleo, sumada a su actual desafiliación del Sistema de Salud, permiten concluir que la afectación de sus derechos fundamentales no ha cesado, continúa y es actual y, por tanto, se hace indispensable la intervención del juez de tutela. Así, la Sala concluye que la acción incoada por E.H.S. contra la Compañía Global de Pinturas sí satisface el requisito de inmediatez.

14. Por todo lo expuesto, la Sala Primera de Revisión revocará los fallos de instancia y en su lugar concederá el amparo del derecho a la estabilidad laboral reforzada del accionante. La tutela será definitiva, en primer lugar, porque el tutelante ha tenido que soportar una carga innecesaria, basada además en una actuación ilegítima de su ex empleadora, y es la de vivir desempleado durante un tiempo en el cual estuvo incapacitado para trabajar, y por eso sumarle una nueva carga, como la de instar la justicia ordinaria, parece demasiado para un individuo; en segundo lugar, porque el proceso como tal no ofrece dudas tan relevantes de que el peticionario tiene derecho al reintegro y al pago de los salarios retroactivos –debido a la ineficacia del despido- como para considerar necesaria la ventilación del asunto ante la justicia ordinaria y, por razones de economía procesal, es válido no acumular más procesos innecesariamente en otros ámbitos de la administración de justicia; en tercer lugar, porque si sólo se ordenan el reintegro y la indemnización de ciento ochenta (180) días de salario es posible que el actor no tenga cómo correr con las deudas que ha seguramente debido acumular durante todo el tiempo que tuvo que vivir injustificadamente desempleado y sin posibilidades reales de conseguir un empleo.

    Por lo tanto, la Sala le ordenará a Empresa Global de Pinturas S.A. por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces, que, si aún no lo ha hecho, le pague E.H.S. en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, (i) todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de la desvinculación, como si nunca hubiera dejado de trabajar; (ii) una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días de salario; además, le ordenará (iii) que en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia lo reintegre en un cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores a las del cargo que desempeñaba hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado de salud; (iv) si es preciso, deberá ofrecerle una capacitación previa o concomitante, para que desempeñe ese nuevo cargo; (v) y, si el reintegro inmediato no es posible, entonces deberá reintegrarlo en la primera oportunidad que se presente, pero mientras tanto, desde la notificación de la presente providencia y hasta tanto pueda reubicarlo, le deberá pagar a E.H.S. una suma mensual, equivalente al salario mensual que devengaba en su último cargo, y efectuar los aportes a la seguridad social exigidos por la ley, como si efectivamente estuviera laborando.

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,