Sentencia de Tutela nº 031/11 de Corte Constitucional, 1 de Febrero de 2011

1. Hechos

   Los hechos relatados por las accionantes en los expedientes de tutela de la referencia se resumen así:

   1.1 Expediente T-2810992

   1.1.1 El 22 de junio de 2010, S.B.S.C. interpuso acción de tutela contra la Alcaldía del Municipio La Dorada, C., por considerar que ese ente vulneró sus derechos fundamentales “a la vida digna, el trabajo, la seguridad social y el mínimo vital, al igual que los derechos del niño.”

   1.1.2 Para fundamentar su acción, sostuvo que el 2 de enero de 2008 suscribió por primera vez un contrato de prestación de servicios con la Alcaldía de La Dorada para desempeñar el cargo de “servicios generales”.

   1.1.3 Indicó que el último contrato celebrado con esa entidad venció el 31 de diciembre de 2009, fecha para la cual tenía ocho meses de embarazo.

   1.1.4 Manifestó que después del 31 de diciembre de 2009 continuó prestando sus servicios a la Alcaldía, toda vez que normalmente la celebración de un nuevo contrato de prestación de servicios entre ella y la Alcaldía se efectuaba ya vencido el anterior.

   1.1.5 Afirmó que después del 20 de enero de 2010, fecha en que nació su hijo, su “contrato laboral” no fue renovado por la entidad accionada.

   1.1.6 Por último, señaló: “a raíz de los grandes esfuerzos realizados durante la jornada laboral durante mi embarazo, mi bebé nació con múltiples problemas de salud, motivo por el cual no puedo dejar de recibir tratamientos médicos, pero no cuento con la capacidad económica para continuar pagando este servicio. Pues no estoy laborando actualmente y los ingresos de mi esposo son del mínimo.”

   1.2 Expediente T-2849882

   1.2.1 El 30 de agosto de 2010, M.F.Q.T. interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional y el Departamento de Policía del T., al estimar que esas entidades violaron su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada.

   1.2.2 La accionante sostuvo que el 6 de mayo de 2009 suscribió contrato de prestación de servicios “en salud”, para desempeñar el cargo de enfermera auxiliar en el Área de Sanidad del Departamento de Policía del T. hasta el 30 de junio de 2010. Al respecto, precisó que para la satisfacción de sus funciones, cumplía “un horario de lunes a jueves de 7.00 a.m. a 12 m y de 2.00 a 6.00 p.m., los viernes de 7.00 a.m. a 12.00 m y de 2.00 a 5.00 p.m., siendo [su] jefe la Intendente D.A.L., J. (e) Área Sanidad T..”

   1.2.3 Indicó que en marzo de 2010, su médico tratante le diagnosticó “un embarazo ectópico de cinco semanas.” En este sentido, explicó que debido a su estado de salud, su médico le prescribió varias incapacidades “por amenaza de aborto”; incapacidades de las tuvo conocimiento el Área de Sanidad de la Policía, pues el médico le sugirió no realizar “esfuerzos físicos ni traslados de [su] actividad laboral.”

   1.2.4 Afirmó que el 8 de julio de 2010 el Área de Sanidad del Departamento de Policía del T. le solicitó la devolución de los elementos y bienes entregados por esa institución para el cumplimiento de su labor, “teniendo en cuenta que se daba por finalizado el contrato No. 40-7-20037-2009 al 30 de junio de 2010.”

   1.2.5 Señaló que el 14 de julio de 2010 presentó ante el Comandante del Departamento de Policía del T. una carta con el fin de pedir la renovación de su “contrato de trabajo, pues era de su conocimiento que ya había cumplido el quinto mes de embarazo.”

   1.2.6 Manifestó que el 19 de julio de 2010, el Área de Sanidad del Departamento de Policía del T. negó la solicitud presentada el 14 de julio del mimo año, pues el contrato suscrito ya había cumplido su objetivo.

   1.2.7 Finalmente, aclaró que el “salario” devengado por su trabajo en el Área de Sanidad del Departamento de Policía del T. “era el único ingreso que tenía para sostener[se].”

2. Solicitud de tutela

   Por lo anterior, las accionantes en los procesos de tutela referidos solicitaron el reintegro a sus labores y el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento en que se efectuó su despido hasta la fecha en que se lleve a cabo su incorporación laboral.

3. Respuesta de las entidades accionadas

   3.1 Expediente T-2810992

   Mediante escrito dirigido al juez de tutela el 29 de junio de 2010, el Alcalde de La Dorada, C., señor G.O.B.G., solicitó denegar el amparo constitucional invocado por S.B.S.C..

   Para el efecto, precisó que la presente acción de tutela es improcedente porque no satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, comoquiera que los hechos objeto de reproche constitucional ocurrieron seis mese antes de la interposición del amparo, y además porque la actora puede hacer uso de otros mecanismos de defensa judicial.

   Finalmente, sostuvo: “[l]a vinculación de la accionante con el municipio obedeció a la figura del contrato de prestación de servicios que se rige por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 (…). || Al no contar el municipio con personal de la planta suficiente para atender el aseo de las instalaciones del palacio municipal, vinculó mediante contrato de prestación de servicios a la accionante, la cual conocía la realidad contractual, es decir, sobre sus honorarios y fecha de terminación del contrato.”

   3.2 Expediente T-2849882

   En escrito presentado ante el juez de tutela el 25 de agosto de 2010 por el C.J.A.S.H., en calidad de Director (E) de Sanidad de la Policía Nacional, se solicitó no conceder la acción incoada.

   Al respecto, aclaró que a diferencia de lo indicado en el escrito de tutela, la accionante no ha tenido ningún vínculo laboral con la Policía Nacional, pues su relación con esa entidad estuvo dada por la celebración de un contrato de prestación de servicios “en salud”.

   En el mismo orden de ideas, la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional indicó: “[l]a accionante en su demanda de tutela trata de inducir a error a ese Honorable Despacho al sugerir expresiones como: ‘salario, funciones laborales’, que son propias del contrato de trabajo, a sabiendas que lo que ella celebró fue un contrato de prestación de servicios, por lo que acertadamente la Jefatura de Sanidad T. contesta su solicitud basándose en normas de contratación estatal que son las que se aplican a este tipo de relación.”

4. Pruebas que obran en los expedientes

   4.1 Expediente T-2810992

   · Copia de la incapacidad médica dada el 3 de noviembre de 2010 a S.B.S.C. por la médica gineco-obstetra Y.R. (folio 2, cuaderno 2).

   · Copia de la historia clínica de S.B.S.C. (folio 3, cuaderno 2).

   · Copia del formulario de vinculación de S.B.S.C. a la Administradora de Riesgos Profesionales Positiva (folio 4, cuaderno 2).

   · Copia del formulario de vinculación de S.B.S.C. a la Empresa Promotora de Salud Saludcoop (folio 5, cuaderno 2).

   · Copia del “Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión” suscrito el 18 de junio de 2009 por S.B.S.C. y la Alcaldía de La Dorada, C. (folios 6 y 7, cuaderno 2).

   · Declaración rendida por S.B.S.C. el 25 de junio de 2010 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Dorada, C. (folios 19 y 20, cuaderno 2).

   · Testimonio rendido por R.R.C., Director Administrativo de La Dorada, C., el 28 de junio de 2010 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Dorada, C. (folio 21, cuaderno 2).

   · Copia del “Acta de liquidación bilateral al contrato de prestación de servicios 18060908 del 18 de junio de 2009”, suscrita el 31 de diciembre de 2009 por la Alcaldesa de La Dorada, C., señora M.P.B.S., el Director Administrativo – División de Personal de la Alcaldía de La Dorada, C., señor R.R.C., y S.B.S.C. (folios 28 a 30, cuaderno 2).

   · Testimonio rendido por E.P.M.M. el 6 de julio de 2010 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Dorada, C. (folio 21, cuaderno 2).

   4.2 Expediente T-2849882

   · Copia de las valoraciones médicas realizadas a M.F.Q.T. los días 25 y 29 de marzo, 10 y 21 de abril, y 23 de junio de 2010 (folios 2 y 3, 5 y 6, y 13, cuaderno 2).

   · Copia de la historia clínica de M.F.Q.T. (folio 4, cuaderno 2).

   · Copia del “Historial de evoluciones” de M.F.Q.T. (folios 7, 8 y 10, cuaderno 2).

   · Copia de la incapacidad médica dada a M.F.Q.T. por S.P.V., Médico Cirujano, desde el 29 de marzo de 2010 hasta el 7 de abril de 2010 (folio 11, cuaderno 2).

   · Copia de la incapacidad médica dada a M.F.Q.T. por D.P.Z., Médico gineco-obstetra, desde el 1° de junio de 2010 hasta el 8 de junio de 2010 (folio 12, cuaderno 2).

   · Copia de la comunicación dirigida el 29 de junio de 2010 por M.F.Q.T. a D.A.L., J. del Área de Sanidad del T. (folio 14, cuaderno 2).

   · Copia de la comunicación dirigida el 8 de julio de 2010 por D.A.L., J. del Área de Sanidad del T., a M.F.Q.T. (folio 15, cuaderno 2).

   · Copia de la comunicación dirigida el 9 de julio de 2010 por M.F.Q.T. a D.A.L., J. del Área de Sanidad del T. (folio 16, cuaderno 2).

   · Copia de la comunicación dirigida el 14 de julio de 2010 por M.F.Q.T. a J.J.H.V., Comandante del Departamento de Policía del T. (folio 17, cuaderno 2).

   · Copia de la comunicación dirigida el 19 de julio de 2010 por L.D.B.I., J. del Área de Sanidad del T., a M.F.Q.T. (folio 18, cuaderno 2).

   · Contrato de arrendamiento suscrito el 10 de junio de 2009 entre M.F.Q.T. y J.P.V. (folio 19, cuaderno 2).

   · Copia de la cédula de ciudadanía de M.F.Q.T. (folio 30, cuaderno 2).

   · Copia de la comunicación dirigida el 6 de agosto de 2010 por J.P.V. a M.F.Q.T. (folio 31, cuaderno 2).

1. Expediente T-2810992

   1.1 Sentencia de primera instancia

   En sentencia del 7 de julio de 2010, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Dorada, C., concedió la tutela de los derechos fundamentales de S.B.S.C..

   Para el efecto, el juez señaló que de acuerdo con lo establecido para el efecto en la Constitución Política, los tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico interno y las normas que regulan la materia, la Alcaldía de La Dorada, C., transgredió la disposición según la cual las trabajadoras en estado de embarazo tienen derecho a conservar su empleo y a no ser despedidas en razón de ese estado, así como tampoco durante el término de la licencia de maternidad.

   Lo anterior porque, en su criterio, se encuentra probado que: (i) el último contrato celebrado entre las partes venció el 31 de diciembre de 2009, fecha para la cual la actora tenía ocho meses de embarazo; (ii) dicha alcaldía tenía conocimiento del estado de gravidez de su trabajadora; (iii) la actora recibía una remuneración por la prestación de sus servicios; (iv) la Alcaldía de La Dorada decidió no renovar el contrato de prestación de servicios a la accionante, debido a su estado de embarazo y a que se encontraba a un mes de dar a luz; (v) la actora no cuenta con los recursos económicos suficientes para garantizar la manutención de sus dos menores hijos; y (vi) “no existe prueba de que la entidad empleadora haya solicitado permiso a la autoridad competente para dar por terminado el contrato que los regía (…).”

   De manera particular, el juez de tutela advirtió: “[e]n el presente caso considera el despacho que se encuentra acreditada la existencia de una relación laboral subordinada, por lo que en aplicación del principio jurisprudencial de primacía de la realidad, el contrato de prestación de servicios administrativos se torna inocuo, con el que se pretende disfrazar una relación laboral con el manto de un contrato de prestación de servicios ajeno a liquidación de prestaciones sociales, (…).”

   1.2 Sentencia de segunda instancia

   Mediante providencia del 19 de agosto de 2010, el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada, C., revocó la decisión adoptada el 7 de julio de 2010 por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal del mismo municipio.

   En su sentencia, con relación a la naturaleza jurídica de la relación entre la actora y la Alcaldía de La Dorada, el juez de tutela sostuvo: “luego de haber estudiado detalladamente el material probatorio obrante en el expediente, ante el carácter litigioso que supone tanto el dicho de la actora como la respuesta del ente accionado, respecto de la existencia de una supuesta vinculación de carácter laboral, este Juzgado estima que no es el proceso de tutela el escenario adecuado para debatir el caso bajo estudio, toda vez que su conocimiento le corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa, habida cuenta de la vinculación de la demandante como servidora pública.”

   Así, por estimar que no se encontraba debidamente acreditada la existencia de una relación laboral, el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada, C., resolvió negar “por improcedente el amparo de los derechos incoados por la demandante en contra del Municipio de La Dorada, C..”

2. Expediente T-2849882

   En sentencia del 3 de septiembre de 2010, la S. Civil – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué resolvió no tutelar los derechos fundamentales invocados por M.F.Q.T..

   Para fundamentar su decisión, la S. acogió los argumentos expuestos por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, en el sentido de sostener que la accionante no ha tenido ningún vínculo laboral con la Policía Nacional, pues su relación con esa entidad estuvo dada por la celebración de un contrato de prestación de servicios “en salud”.

   Sobre el particular, explicó: “el juez constitucional no tiene que abarcar la órbita del juez ordinario a efectos de definir y determinar si en los casos de la vinculación por prestación de servicios existe o no vinculación laboral, máxime si la tutelante no demostró que el proceder de la entidad cuestionada para no renovar el contrato de prestación de servicios fue consecuencia de su estado de gravidez, o por actuar arbitrario, infundado y con desconocimiento de los lineamientos reglamentarios vigentes, circunstancia que haría imposible la aplicación del fuero de maternidad (…), pues la entidad fue precisa en determinar que no era viable su renovación porque las entidades estatales se someten a la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 (…), enfatizando que el objeto contractual para el cual fue contratada la actora se agotó.”

1. Competencia

   De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y con la selección y el reparto efectuados el 22 de septiembre de 2010 (expediente T-2810992) y el 27 de octubre de 2010 (expediente T-2849882), esta S. es competente para revisar las decisiones judiciales mencionadas.

2. Problema jurídico

   2.1 De acuerdo con los hechos expuestos, en el presente caso corresponde a la Corte Constitucional determinar si el despido de una mujer en estado de embarazo constituye una vulneración de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital.

   2.2 Para resolver el problema jurídico planteado, la S. Novena de Revisión hará referencia a la protección constitucional y legal de la mujer en estado de embarazo, así como a su derecho a la estabilidad laboral reforzada.

   2.3 Con base en lo anterior, esta Corporación estimará si se debe conceder la acción de tutela interpuesta por las accionantes en los expedientes de tutela de la referencia y, en consecuencia, revocar las decisiones judiciales mediante las cuales se negó el amparo constitucional invocado.

3. Derecho a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo. Reiteración de Jurisprudencia.

   3.1 En el marco de los artículos 43 y 53 de la Constitución Política[1], y de las múltiples obligaciones internacionales asumidas por el Estado[2], el legislador ha determinado de manera precisa las garantías y beneficios de los que es titular la mujer trabajadora en estado de embarazo, durante la época del parto y en el período de lactancia. Tales garantías pueden ser resumidas así:

   3.1.1 Prohibición de despedir. La trabajadora que se encuentre en estado de embarazo o en la etapa de descanso remunerado en la época del parto, tiene derecho a conservar su trabajo. Así pues, “se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, (…).[3]” Así, el empleador que pretenda despedir a una mujer en estado de gravidez o durante la etapa de lactancia, “necesita la autorización del inspector de trabajo, o del alcalde municipal en los lugares donde no existiere aquel funcionario.” En todo caso, el permiso para despedir solo puede producirse con arreglo a las causas de terminación del contrato de trabajo por justa causa previstas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Antes de conceder el permiso, “el funcionario debe oír a la trabajadora y practicar todas las pruebas conducentes solicitadas por las partes. [4]”

   Por eso, dado que la trabajadora que se encuentre en las circunstancias señaladas tiene derecho a conservar su trabajo, “no producirá efecto alguno el despido que el patrono comunique a la trabajadora en tales períodos o en tal forma que, al hacer uso del preaviso, éste expire durante los descansos o licencias mencionadas. [5]” De esta manera, la trabajadora que sea despedida en los períodos indicados y sin el respectivo permiso de la autoridad competente, dado que se entiende que este despido no produce efecto alguno, tiene derecho a ser reintegrada a su trabajo, al pago de una indemnización equivalente a 60 días de salario, al pago de las indemnizaciones y prestaciones sociales correspondientes a la modalidad de contrato de trabajo convenida, y al pago de la licencia de maternidad, si éste aún no se ha hecho efectivo[6].

   3.1.2 Descanso remunerado en la época del parto. En la época del parto las madres tienen derecho a recibir el pago de un descanso remunerado por un término de 12 semanas cuyo monto obedece al salario devengado por la trabajadora al momento de su inicio[7]. En el evento en que el empleador incumpla con esta obligación, deberá pagar a la trabajadora “como indemnización, [el] doble de la indemnización de[l] descanso no concedido.[8]”

   3.1.3 Descanso remunerado durante la lactancia. Durante los seis meses siguientes al parto, para amamantar a su hijo, la trabajadora tiene derecho a dos descansos remunerados de 30 minutos cada uno dentro de la jornada laboral[9].

   3.2 Ahora bien, en reiteradas oportunidades la jurisprudencia constitucional se ha referido al derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las mujeres en estado de embarazo[10]. Al respecto, ha sostenido que de manera general, la estabilidad laboral reforzada en este ámbito es “una garantía real y efectiva” que se traduce en el derecho “que tiene una mujer embarazada a no ser despedida, en ningún caso, por razón de la maternidad.[11]”

   3.3 Sobre el particular, esta Corporación ha concluido que en sede de tutela la protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada es procedente, siempre que se verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) Que el despido tenga lugar durante la época del embarazo o dentro de los tres meses siguientes al parto; (ii) que a la fecha del despido el empleador tenga conocimiento o debiera conocer la existencia del estado de gravidez de la trabajadora; (iii) que el despido sea una consecuencia del embarazo, es decir, que no esté directamente relacionado con una causal objetiva y relevante que lo justifique; (iv) que el despido no cuente con la autorización expresa de la autoridad de trabajo correspondiente, si se trata de trabajadora oficial o privada, o resolución motivada del jefe del respectivo organismo si se trata de empleada pública; y (v) que el despido amenace el mínimo vital de la actora o del niño que está por nacer[12].

   3.4 Con relación a las condiciones referidas, es preciso tener en cuenta que en la sentencia T-095 de 2008[13], la Corte examinó con detenimiento los efectos del requisito relativo al conocimiento que el empleador debía tener sobre el estado de embarazo de su trabajadora, para efectos de otorgar el amparo constitucional. Así, en dicha sentencia, la S. Octava de Revisión de esta Corporación indicó que en el marco de una interpretación armónica de los instrumentos internacionales y las normas constitucionales que imponen al Estado la obligación de proteger a la mujer gestante, resulta necesario afirmar que el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la trabajadora embarazada implica garantizar para todos los efectos la disposición legal según la cual, “se presume que la mujer ha sido despedida por causa del embarazo o lactancia cuando el despido ha tenido lugar dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto y sin la autorización de que trata el artículo siguiente (sin el permiso de la inspección del trabajo).[14]” (N. del texto original).

   Es por ello que de conformidad con el criterio jurisprudencial expuesto en la sentencia T-095 de 2008, la protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada debe ser concedida, salvo que el empleador demuestre que el despido de la trabajadora en estado de embarazo estuvo motivado en una justa causa[15]. Esto sugiere que “el énfasis probatorio ya no radica en la comunicación del estado de embarazo al empleador sino en la existencia de una justa causa para la terminación del vínculo, la cual debe avalar, previamente, la autoridad de trabajo competente.[16]” En criterio de este Tribunal, este cambio jurisprudencial garantiza que la terminación del vínculo laboral de una mujer gestante solo sea producto de una justa causa y que ésta sea valorada por la autoridad laboral correspondiente.

   3.5 En suma, la acción de tutela es procedente para garantizar el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de la trabajadora embarazada, con independencia del vínculo que tenga con el accionado, cuando (i) la terminación de la relación laboral tiene lugar durante el embarazo o en los tres meses siguientes al parto; (ii) el despido no cuenta con la autorización expresa de la autoridad de trabajo correspondiente, si se trata de trabajadora oficial o privada; y (iii) el despido amenaza el mínimo vital de la actora o del niño que está por nacer.

4. Límites constitucionales a la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios. Reiteración de jurisprudencia

   4.1 En concordancia con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades públicas, “previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, (…).”

   Específicamente, el numeral 3 del citado artículo señala:

   “Contrato de Prestación de Servicios.

   Contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

   En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

   4.2 En la sentencia C-154 de 1997[17], la S. Plena de esta Corporación estudió la exequibilidad de la norma en comento. Particularmente, indagó si mediante la aplicación del numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, las entidades públicas pueden encubrir una relación laboral que implique el desconocimiento de los derechos de los contratistas. Al resolver el cuestionamiento planteado, la Corte llegó a las siguientes conclusiones que resultan de especial interés para solucionar el presente caso:

1. Las características del contrato de prestación de servicios son: (i) la actividad contratada no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando su ejecución requiere de conocimientos especializados; (ii) el objeto contractual está dado por la realización temporal de actividades propias del funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, “relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada”; (iii) el contratista goza de autonomía e independencia para el cumplimiento de su labor, lo que significa que “el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas”; y (iv) la vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser solamente la indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido[18].

2. De ninguna manera el contrato de prestación de servicios puede ser confundido con el contrato laboral, pues como se dijo, a diferencia de lo que ocurre con un trabajador, el contratista goza de autonomía e independencia para el cumplimiento de su labor. Por ello, de acreditarse las características esenciales del contrato de trabajo, “quedará desvirtuada la presunción establecida en el precepto acusado y surgirá entonces el derecho al pago de las prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo.”

   En efecto, para que se configure un contrato de trabajo, “se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.”

   De esta manera, “el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales”. Por ende, en caso de que se acredite que la administración contratante imparte órdenes a quien presta el servicio sobre la ejecución de la labor contratada, y fija el horario de trabajo para la prestación del servicio, “se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.”

   Con base en lo anterior, la S. Plena resolvió declarar exequibles las expresiones “o puedan realizarse con personal de planta o” y “En ningún caso (…) generan relación laboral ni prestaciones sociales” contenidas en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, “salvo que se acredite la existencia de una relación laboral subordinada.”

   4.3 De lo expuesto, entonces, se concluye que de comprobarse que la relación entre el contratista y la entidad contratante está mediada por la subordinación del primero a la segunda, en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales (art. 53 de la C.P.), queda desvirtuada la existencia material del contrato de prestación de servicios y, por tanto, surgen todos los derechos que se derivan de una verdadera relación laboral.

   4.4 La posición jurisprudencial fijada en la sentencia C-154 de 1997 en relación con los elementos que dan lugar a la configuración de un vínculo laboral y que invalidan la existencia de otro tipo de vínculos contractuales, también ha sido sostenida por las salas de revisión de esta Corporación[19]. De hecho, en la sentencia T-992 de 2005[20], la Corte indicó:

   “Para determinar cuando se está ante una relación de trabajo, debe tenerse en cuenta lo prescrito por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por la ley 50 de 1990, el cual señala los elementos esenciales de una relación de trabajo, así: (i) que la actividad sea cumplida personalmente por el trabajador, (ii) que exista continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país, y (iii) el pago de un salario como retribución del servicio.[21]”

   Cuando se cumplen los requisitos mencionados anteriormente, se entiende que existe contrato de trabajo, y por lo tanto es irrelevante las calificaciones o denominaciones dadas por las partes, lo cierto es que el contrato de trabajo es una realidad, que supera las formalidades.” (N. fuera del texto original).

   4.5 En síntesis, la administración está llamada a respetar los límites que prevén la Constitución y la ley para la celebración y ejecución de contratos de prestación de servicios. En este sentido, en consideración del principio según el cual la realidad prima sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, quedará desvirtuada la existencia material del contrato de prestación de servicios si se verifica que la relación entre el contratista y la entidad contratante está mediada por la subordinación del primero a la segunda.

5. Estudio de los casos concretos

   5.1 Expediente T-2810992

   El 2 de enero de 2008, S.B.S.C. suscribió por primera vez un contrato de prestación de servicios con la Alcaldía de La Dorada para desempeñar el cargo de “servicios generales”. De acuerdo con los folios 6 y 7 del cuaderno 2 del expediente de tutela, el último contrato celebrado con esa entidad venció el 31 de diciembre de 2009, fecha para la cual la actora tenía ocho meses de embarazo.

   Según lo indicó la accionante en el escrito de la solicitud de amparo, después del 31 de diciembre de 2009 continuó prestando sus servicios a la Alcaldía, toda vez que normalmente la celebración de un nuevo contrato de prestación de servicios entre ella y la Alcaldía se efectuaba ya vencido el anterior. Empero, luego del 20 de enero de 2010, fecha en que nació su hijo, su “contrato laboral” no fue renovado por esa entidad.

   En consideración de los antecedentes referidos y de las pruebas y argumentos que a continuación se exponen, la S. encuentra que se debe conceder la acción de tutela interpuesta por S.B.S.C. y, en consecuencia, revocar la decisión adoptada el 19 de agosto de 2010 por el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada, C., mediante la cual se negó la tutela de los derechos fundamentales invocados.

   Lo anterior porque, en primer lugar, en aplicación de la jurisprudencia precedente, para esta S. es evidente que la relación entre la accionante y la Alcaldía de La Dorada, C., sí fue de naturaleza laboral. Esto, porque está probado que:

   (i) Su actividad en el cargo de “servicios generales” fue cumplida de manera personal. En efecto, según la declaración rendida por la accionante y que obra en los folios 19 y 20 del cuaderno 2 del expediente de tutela, su trabajo consistía en barrer, trapear, desempolvar, así como servir café “a las dependencias de [la] Personería, [la] Secretaría de Gobierno y todo el segundo piso de la Alcaldía. (…)”;

   (ii) existió una relación de dependencia de la actora respecto de la Alcaldía, pues ésta fijó las pautas para el desarrollo de su trabajo, así como el horario para desarrollar sus funciones. Al respecto, es preciso tener en cuenta que en la declaración en comento la actora relató: “cuando le informé al jefe de personal que yo estaba embarazada al jefe de personal, no le gustó y cambió su actitud conmigo, porque yo tenía citas médicas y siempre que le pedía permiso, me decía que volviera rápido porque me necesitaban ahí, él se ponía molesto. (…) yo le notifiqué a él del resultado que me dio la ginecóloga del estado que venía mi hijo, a él le molestó, yo le decía que me sentía muy cansada y le decía que necesitaba otra persona para que me ayudara con el aseo así fuera por la mañana, yo le decía que después de las 8.00 yo me las arreglaba atendiendo a las demás oficinas con respecto a los tintos, el agua, él me contestaba con no había otra persona para contratar y me defendiera como fuera (…).”;

   (iii) la Alcaldía de La Dorada le pagaba la suma de 600.000 pesos mensuales como retribución a sus servicios, de los cuales ella debía pagar los aportes respectivos al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales; y

   (iv) el objeto contractual no estaba dado por la realización de actividades relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada la alcaldía accionada, pues como se dijo, tenía que ver con la prestación de servicios de aseo y cafetería. En este sentido, dada la naturaleza de esas actividades, no es posible sostener que su duración fuese de carácter temporal.

   Verificada esa situación y en segundo lugar, la S. considera que se debe conceder la acción de tutela interpuesta por S.B.S.C. porque también está acreditado que el 31 de diciembre de 2009, la Alcaldía de La Dorada, C., dio por terminado el contrato suscrito con la accionante, aunque para esa fecha ella tenía ocho meses de embarazo.

   En tercer lugar, porque se encuentra demostrado que la causa de la no renovación del contrato suscrito con la accionante fue su estado de embarazo y la proximidad de la fecha del parto. Así lo manifestó R.R.C., Director Administrativo de la Alcaldía de La Dorada, C., el 28 de junio de 2010 ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de la misma localidad:

   “Pregunta: realice un relato del cuál o cuáles fueron los motivos de la terminación del contrato de la señora S.B.S.C.. Contestó: la señora S.B.S.C. tuvo un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión hasta el 31 de diciembre del año 2009, el contrato se terminó en esa fecha; el día 26 de octubre del año en mención mediante una certificación médica emitida por el doctor C.E.R. médico de Saludcoop donde manifiesta que se encuentra en estado de embarazo. Pregunta: La accionante manifestó haber trabajado 20 días del mes de enero sin que se le hubiesen sido pagados. Contestó: No tengo conocimiento, yo solicito que aporte la evidencia, lo que sí es cierto es que con sus incapacidades permanentes y por la cercanía de su alumbramiento, de común acuerdo con ella, el secretario general y administrativo doctor Á.J. y yo se le propuso al ver su situación económica que no era procedente un nuevo contrato en ese momento puesto que no podía laborar porque ya en esos días iba a nacer su hijo y no lo podía cumplir; su seguridad social la tenía asegurada por ser un contratista ya que esto es un requisito por tener calidad de contratista puesto que la seguridad social debe ser integral (…). Que una vez terminado su período de licencia de maternidad y dependiendo la disponibilidad de contratación que existiera se estudiaría la posibilidad de ingresarla nuevamente en los programas de contratación con el lleno de las formalidades legales. (…).” (N. fuera del texto original).

   En cuarto lugar, porque no existe prueba de que la Alcaldía de La Dorada, C., haya obtenido la autorización correspondiente para despedir a la accionante, o una resolución motivada de su jefe del respectivo.

   Por último, porque está probado que la decisión de la alcaldía accionada de no renovar el contrato suscrito anteriormente por la accionante, a pesar de su estado de embarazo, amenaza su derecho fundamental al mínimo vital, comoquiera que así lo manifestó en su escrito de tutela y esa entidad no lo desvirtuó.

   En virtud de lo expuesto, esta S. revocará la decisión adoptada por el Juzgado Penal del Circuito de La Dorada, C., comoquiera que quedó demostrado que la Alcaldía de ese municipio vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de S.B.S.C. y, en su lugar, confirmará la providencia adoptada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de La Dorada, mediante la cual se concedió el amparo de los derechos fundamentales de la accionante.

   Adicionalmente, la Corte ordenará a la Alcaldía Municipal de La Dorada, C., que dentro los 10 días siguientes a la notificación de la presente sentencia, (i) afilie a S.B.S.C. al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud; (ii) le cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo; (iii) le pague la licencia de maternidad; y (iv) los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha en que terminó su embarazo.

   Finalmente, prevendrá a esa entidad para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones que dieron mérito para conceder la presente acción de tutela, particularmente, para que (i) no vuelva a despedir a una trabajadora en estado de embarazo o durante la época de la licencia de maternidad, y (ii) celebrar contratos de prestación de servicios para encubrir relaciones laborales.

   5.2 Expediente T-2849882

   De conformidad con las pruebas allegadas al proceso de tutela, el 6 de mayo de 2009 M.F.Q.T. suscribió contrato de prestación de servicios “en salud”, para desempeñar el cargo de enfermera auxiliar en el Área de Sanidad del Departamento de Policía del T. hasta el 30 de junio de 2010. Para la satisfacción de sus funciones, la accionante cumplía “un horario de lunes a jueves de 7.00 a.m. a 12 m y de 2.00 a 6.00 p.m., los viernes de 7.00 a.m. a 12.00 m y de 2.00 a 5.00 p.m., siendo [su] jefe la Intendente D.A.L., J. (e) Área Sanidad T..”

   Según los documentos que obran en el expediente relacionados con el estado de salud de al actora, en marzo de 2010 su médico tratante le diagnosticó “un embarazo ectópico de cinco semanas”, razón por la cual le prescribió varias incapacidades “por amenaza de aborto”.

   El 8 de julio de 2010, el Área de Sanidad del Departamento de Policía del T. le solicitó la devolución de los elementos y bienes entregados por esa institución para el cumplimiento de su labor, “teniendo en cuenta que se daba por finalizado el contrato No. 40-7-20037-2009 al 30 de junio de 2010.” Sin embargo, el 14 de julio de 2010 la accionante presentó ante el Comandante del Departamento de Policía del T. una carta con el fin de pedir la renovación de su “contrato de trabajo, pues era de su conocimiento que ya había cumplido el quinto mes de embarazo.” Esta petición fue rechazada el 19 de julio de 2010 por el Área de Sanidad del Departamento de Policía del T., pues el contrato suscrito ya había cumplido su objetivo.

   Dado lo anterior, la Corte Constitucional concederá la acción de tutela incoada por M.F.Q.T. y, en consecuencia, revocará el fallo de tutela proferido por la S. Civil – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué el 3 de septiembre de 2010, que denegó el amparo constitucional solicitado.

   Esto por cuanto, la relación entre la accionante y el Área de Sanidad del Departamento de Policía del T. presenta los elementos esenciales que configuran un contrato de trabajo.

   En efecto, su trabajo como enfermera auxiliar fue cumplido de manera personal, al punto que para el efecto esa entidad fijó las pautas y el horario para su ejecución, y le pagaba un salario como retribución de sus servicios. Además, porque si bien el objeto contractual estaba dado por la realización de actividades relacionadas con la finalidad para la cual fue creada y organizada y el Área de Sanidad del Departamento de Policía del T., dada la naturaleza de su labor como auxiliar de enfermería, no es posible sostener que su duración fuese de carácter temporal.

   De otro lado, porque está probado que el 30 de junio de 2010 el Área de Sanidad del Departamento de Policía del T. dio por terminado el contrato suscrito con la accionante, aunque para esa fecha ella tenía cinco meses de embarazo. Al respecto, esta S. observa que no existe prueba de que esa entidad haya obtenido la autorización correspondiente para despedir a la accionante, o una resolución motivada de su jefe del respectivo.

   En último lugar, porque está probado que la decisión objeto de reproche constitucional amenaza el derecho fundamental al mínimo vital de la accionante y su menor hijo, pues así lo declaró en su escrito de tutela.

   Con fundamento en lo expuesto, esta S. ordenará a esa empresa que dentro de los diez días contados a partir de la notificación de este fallo, (i) afilie a la accionante al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud; (ii) le cancele la indemnización de que trata el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo; (iii) le pague la licencia de maternidad; y (iv) los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha de su desvinculación hasta la fecha en que terminó su embarazo.

   Finalmente, prevendrá a esa entidad para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones que dieron mérito para conceder la presente solicitud de amparo, particularmente, para que no vuelva a despedir a una trabajadora en estado de embarazo o durante la época de la licencia de maternidad, así como tampoco celebrar contratos de prestación de servicios para encubrir relaciones laborales.

   Con relación a la solicitud de reintegro, la S. acoge el criterio expuesto en las sentencias T-885 de 2003[22] y T-362 de 1999[23] sobre la inviabilidad de esa solicitud cuando el embarazo ya ha concluido y han pasado más de tres meses después del parto, como sucede en el caso bajo estudio.

En mérito de lo expuesto, la S. Novena de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política,