Laudo Arbitral de Tribunal de arbitraje, Cámara de Comercio de Bogotá, 3 de Abril de 2002

Es cierto aclarando que la viabilidad técnica es diferente de aprobación, y que esta última no se imparte por zonas no urbanas. Dejo constancia que la totalidad de los estudios fue recibida a satisfacción por la interventoría del contrato.

Es cierto.

Es cierto.

Es cierto aclarando que la Unión Temporal la integraron Bateman Ingeniería Ltda., y J.M.L.G..

Es cierto.

Es cierto.

Es cierto

Es cierto.

Es cierto.

No es cierto. El valor de la garantía fue del 20%.

Es cierto.

Es cierto aclarando que estos trabajos, por corresponder a la 1ª etapa, fueron entregados oportunamente y recibidos a satisfacción.

Es cierto.

Es cierto aclarando que el estudio de predios se ha entregado ocho (8) veces al Instituto de Desarrollo Urbano y que cada vez que se devuelve se exigen cosas novedosas y algunas francamente caprichosas. Con esta subjetividad podría suceder que un proyecto jamás se aceptara.

No me consta.

Es cierto aclarando que el oficio de la interventoría fue contestado oportunamente.

No me consta.

No es cierto. Estos trabajos se entregaron a la interventoría según acta de recibo 3.

Contiene varios puntos ya contestados .

4. Consideraciones del tribunal

   D.1. Alcance de la controversia sometida al tribunal

   Las pretensiones de la demanda imponen al tribunal la tarea de determinar, en primer lugar, si se introdujo o no una modificación sustancial a los términos y condiciones del contrato o si de otra manera se le impusieron al contratista cargas imprevistas; para luego esclarecer si con ello se produjo la ruptura del equilibrio económico del contrato 229 de 1999, celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Unión Temporal Beta, y si tal ruptura fue o ni producto de hechos imputables a la entidad convocada.

   Si las respuestas a esos interrogantes fuesen negativas, fracasaría la pretensión fundamental del convocante y no procedería atender las demás pretensiones formuladas como consecuencia de la primera. De lo contrario, se precisaría el estudio de estas con el fin de determinar la forma de restablecer el equilibrio perdido y los alcances de ese restablecimiento.

   En el contexto normativo, se trata en este caso de establecer si, a la luz de la Ley 80 de 1993, se mantuvo intangible el valor intrínseco de la remuneración pactada a favor del contratista (art. 5-1) y la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer (art. 27) o si, por el contrario, todo ello se alteró o modificó en su perjuicio durante la vigencia del contrato, al tener este que ejecutar estudios no previstos entre el perímetro urbano de S. de Bogotá y la carretera del antiguo restaurante El Buda, como lo ha pretendido el convocante.

   La diferencia aparente entre el perímetro urbano y dicha carretera hace radicar la controversia entre las partes en la validez y los efectos de una aclaración o declaración al respecto, emitida por la entidad hoy convocada con el propósito de indicar el punto geográfico donde culminarían los estudios y diseños objeto del contrato, y cuya razón de ser fue luego atribuida por la misma administración a problemas de interpretación.

   Esta circunstancia conduce al tribunal a abordar el examen de ese tema a manera de cuestión preliminar.

   D.2. Términos de referencia

   Los términos de referencia y los pliegos de condiciones han sido considerados por la doctrina y por la jurisprudencia como un documento esencial dentro de los procesos de licitación y dentro de los concursos de méritos. Lo anterior es absolutamente lógico si se tiene en cuenta que los mismos contienen los aspectos fundamentales del proceso de selección, aspectos que, una vez determinados en los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia son vinculantes tanto para la entidad estatal como para el contratista durante el desarrollo del proceso de selección y durante la ejecución del contrato en la medida en que los pliegos deben ser entendidos como parte del contrato en cuanto en este último se deben reflejar los aspectos contemplados en los pliegos de condiciones o términos de referencia.

   La Ley 80 de 1993 establece tanto la obligatoriedad de los términos de referencia como su contenido. En efecto, el artículo 30 y el numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 establecen en lo pertinente:

   Artículo 30. La licitación o concurso se efectuará conforme a las siguientes reglas:

   (...).

   La entidad interesada elaborará los correspondientes pliegos de condiciones o términos de referencia, de conformidad con lo previsto en el numeral 5º, del artículo 24 de esta ley, en los cuales se detallarán especialmente los aspectos relativos al objeto del contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y completas.

   (...).

   Dentro de los tres (3) días hábiles siguiente al inicio del plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de cualquiera de las personas que retiraron pliegos de condiciones o términos de referencia, se celebrará una audiencia con el objeto de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos y de oír a los interesados, de lo cual se levantará un acta suscrita por los interesados.

   Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles.

   (...).

   Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en los pliegos de condiciones o términos de referencia. Los proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación.

   (...).

   ART. 24. En virtud de este principio:

   (...).

   En los pliegos de condiciones o términos de referencia:

   1. Se indicarán los requisitos objetivos para participar en el correspondiente proceso de selección;

   2. Se definirán las reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de la licitación o concurso;

   3. Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato;

   4. No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se suministren;

   5. Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de voluntad exclusiva de la entidad, y

   6. Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía.

   Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados .

   Como queda claro de las disposiciones antes transcritas, los pliegos de condiciones o términos de referencia enmarcan la actividad de la administración y de los contratistas en el desarrollo de cualquier licitación o concurso público y, es más, tal es su importancia que los términos de referencia contienen las estipulaciones que, adjudicada la licitación, deberá contener el respectivo contrato. Es así, como estos documentos vinculan a las partes de un concurso público, siéndoles pues obligatorio su contenido.

   D.2.1. Obligatoriedad

   Como quedó antes mencionado, los pliegos de condiciones así como los términos de referencia, si bien son preparados por la sola administración, le son vinculantes a ella y a todos los sujetos que participen en la respectiva licitación o en el correspondiente concurso público, de manera tal que no pueden ser desconocidos por ninguna de las partes pues en el primer caso, si son desconocidos por la administración, se viciará el respectivo proceso de selección y si son desconocidos por los concursantes, sus propuestas serán rechazadas.

   Así pues, todas las partes intervinientes en el proceso de selección están obligadas a cumplir lo establecido en los pliegos de condiciones o términos de referencia durante el proceso mismo de selección, en el momento de elaboración del contrato y aun durante su ejecución. En este sentido la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido:

   Y que debe observarse la carga de claridad y precisión en la facción de los pliegos de condiciones lo exige la naturaleza jurídica de los mismos que, sabido se tiene, despliegan un efecto vinculante y normativo para los participantes dentro del proceso de selección, como que las exigencias y requisitos en ellos contenidas, constituyen los criterios con arreglo a los cuales habrán de valorarse las correspondientes ofertas, sin que sea permitido a la entidad licitante, modificar inconsulta y arbitrariamente las exigencias en ellos dispuestas, so pena de viciar con dicho proceder el procedimiento de selección.

   (...).

   En últimas, se trata de un acto jurídico prenegocial con carácter vinculante y obligatorio para los partícipes del proceso de licitación, que únicamente puede ser objeto de modificaciones, en las oportunidades previstas en el estatuto contractual, que lo son exclusivamente con antelación al cierre de la licitación (C.E., S.. Tercera, MP: D.S.H..

   D.2.2. Modificación

   En cuanto a la modificación de los pliegos de condiciones y de los términos de referencia, es apenas lógico en razón al carácter obligatorio de los mismos, que estos no pueden ser modificados de manera arbitraria por la administración, por el contrario, las modificaciones deben ser realizadas en las oportunidades establecidas en el estatuto de contratación administrativa, esto es antes del cierre de la licitación o concurso. En efecto, la propia Ley 80 en su artículo 30 numeral 4º establece lo que se ha denominado audiencia de aclaraciones , la cual tiene por objeto, de conformidad con la norma citada ... precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos y de oír a los interesados, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes .

   La misma norma establece el procedimiento que se debe seguir cuando de la mencionada audiencia resulta una modificación a los términos de referencia o a los pliegos de condiciones. Así determina: ... Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o representante legal de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días hábiles .

   Téngase en cuenta que el parágrafo anterior no solo determina el procedimiento a seguir cuando se presenten modificaciones sino que además otorga la competencia para realizar las modificaciones al representante legal de la entidad.

   De todo lo anterior resulta claro que las modificaciones a los pliegos de condiciones o términos de referencia deben efectuarse por el funcionario competente, en la oportunidad señalada y cumpliendo la forma establecida por la ley.

   D.2.3. Términos de referencia para el concurso de méritos para la contratación de los estudios y diseños de la Avenida Norte - Quito

   Sur (NQS)

   En el mes de diciembre de 1998, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, expidió los términos de referencia para el concurso público IDU-CM-SCO-022-98 cuyo contenido se expone a continuación.

   D.2.3.1. Objeto del concurso de méritos

   En el numeral 1.1 de los términos de referencia, se estableció el objeto del concurso de méritos. En efecto, en el citado numeral se estableció:

   El Instituto de Desarrollo Urbano, desea contratar los estudios y diseños a precio global fijo, de la Avenida Norte

   Quito

   Sur (NQS) tramo calle 147 hasta fin del perímetro urbano (fl. 153 del cdno. pbas. 1).

   D.2.3.2. Plazo del contrato de estudios y diseños

   Como plazo para la ejecución del objeto del concurso, esto es para la elaboración de los estudios y diseños contratados, el numeral 1.2 de los pliegos estableció:

   El plazo para la ejecución de los estudios y diseños de este concurso de méritos es de ocho (8) meses, contados a partir de la fecha de suscripción de la orden de iniciación escrita, impartida por el subdirector de construcciones del Instituto de Desarrollo Urbano, previo cumplimiento de los requisitos legales previstos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

   D.2.3.3. Audiencia de aclaraciones

   Características

   En el numeral 1.9 de los términos de referencia se estableció la fecha para realizar la audiencia pública de aclaraciones. En efecto, en el mencionado numeral se dijo:

   1.9. Audiencia publica para precisar el contenido y alcance de los documentos del concurso de méritos.

   Con el fin de precisar el contenido y alcance de estos términos de referencia (sic), y de oír a los interesados, se celebrará una audiencia el día 24 de noviembre de 1998, a las 9:30 a.m., en el auditorio del Instituto de Desarrollo Urbano, localizado en la calle 22 Nº 6-27 - piso 2º de S. de Bogotá, D.C.

   De igual manera en el numeral 2.2, de los términos de referencia se determinó: 2.2. Aclaraciones respecto de los documentos del concurso de méritos.

   Aclaraciones en audiencia publica.

   Si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en los documentos de los términos de referencia, o tuvieren dudas acerca de su significado o interpretación deberán darlos a conocer al Instituto de Desarrollo Urbano en la audiencia fijada en estos términos de referencia y de la cual se levantará un acta .

   En cumplimiento de lo dispuesto en los términos de referencia y dentro de correspondiente concurso público, el 24 de noviembre de 1998 se llevó a cabo en el lugar indicado la audiencia de aclaraciones dentro de la cual, como consta en la respectiva acta, se hicieron varias preguntas tendientes a aclarar los términos de referencia.

   Así, y en el punto relativo al alcance del objeto del contrato el señor F.D. en nombre de la sociedad ETA S.A., preguntó:

   Inquietud. Solicita especificar el fin del perímetro urbano.

   Respuesta. La vía tiene una longitud aproximada de 11.2 kilómetros y culmina en la carretera del restaurante El Buda. Sin embargo, será labor del consultor, la investigación e identificación del corredor vial y su límite, de acuerdo a la reglamentación dada por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital .

   D.2.3.4. Alcance de los estudios y diseños

   En el capítulo VI de los términos de referencia se estableció el alcance de los estudios y diseños. Así se expresó que:

   El contratista deberá efectuar los siguientes estudios y diseños, que elaborará en función a su aplicabilidad o no aplicabilidad que se indica en estos pliegos y de acuerdo a la normatividad sobre su alcance y contenido que se incluye en el anexo al presente capítulo (normas generales sobre el alcance de los estudios y diseños) y que deben servir como guía general para la elaboración metódica de los trabajos.

   El seguimiento de la normatividad es solo una guía general y no exime al consultor sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los estudios y diseños y deberá profundizar, ampliar o cubrir todo aspecto técnico no contenido en ella, o que en su concepto deba ser tenido en cuenta para cumplir con el objetivo final de estos estudios y diseños para la construcción de las obras.

   Estudios de tránsito, capacidad y niveles de servicio.

   Estudios y diseños geométricos.

   Estudios y diseños del espacio público.

   Estudios y diseños del drenaje y sub-drenaje.

   Estudios y diseños de redes de servicios públicos.

   Estudios y diseños geotécnicos viales y diseño del pavimento.

   Estudio y diseños geotécnicos para fundaciones de puentes y otras estructuras si fuere necesario.

   Estudios y diseños estructurales de puentes, estructuras de drenaje, contención, pasos peatonales y demás obras complementarias.

   Estudios y diseños de dispositivos de control, señalización y seguridad de tráfico e iluminación.

   Especificaciones técnicas de las obras, análisis de precios unitarios (si fuese necesario), presupuesto y otra información técnica que se requiere para el inicio de la construcción.

   Estudios y diseños para preservar el medio ambiente y plan de manejo.

   Elaboración de registros topográficos .

   De igual manera y para cada uno de los numerales, en el literal 6.1 normas generales sobre el alcance de los estudios y diseños, los términos de referencia establecieron el objeto, el alcance de los estudios y la metodología que debía emplear el contratista en el cumplimiento de sus obligaciones.

   El numeral 6.5 de los términos de referencia contiene las instrucciones concretas para la elaboración de los estudios y diseños de las redes de servicios públicos, y el numeral 6.11 de los términos de referencia estableció las condiciones para la correcta elaboración de los registros topográficos, tal como se transcribe a continuación.

   D.2.3.4.1. Estudios y diseños de redes de servicios públicos

   El diseño de las redes debe hacerse en coordinación con cada empresa del servicio y es obligación del consultor gestionar ante las mismas todo el proceso necesario para la elaboración de los diseños y su aprobación final incluyendo todos y cada uno de los gastos que este proceso genere durante los diseños requeridos (negrilla fuera del texto).

   Esta gestión debe hacerse desde el inicio del contrato, para evitar demoras en el trámite de la aprobación respectiva.

   Si la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, no suministrara datos técnicos, el consultor deberá investigar en terreno y en la planoteca de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, sobre redes de urbanización y de vías en el área necesaria, para darle solución completa e integral al proyecto e incluir en la propuesta económica los costos requeridos para su diseño.

   A continuación se explican las actividades para realizar estos diseños.

   Drenaje de aguas lluvias.

   Para el diseño del drenaje de aguas lluvias se debe seguir la siguiente metodología:

   Solicitud de datos técnicos.

   El consultor deberá solicitar a la Empresa de Acueducto Alcantarillado de Santafé de Bogotá una vez iniciado el estudio los datos técnicos para el diseño de las redes de aguas lluvias y redes de aguas negras utilizando para ellos copias de las planchas del trazado de la vía en escala 1:2000.

   La solicitud de datos técnicos es una de las actividades que el consultor debe hacer tan pronto disponga del corredor de la vía o de la intersección en escala 1:2000, con el fin de que se eviten contratiempos por demora en la entrega de estos datos; el consultor deberá gestionar ante la empresa la entrega de los mismos.

   Investigación en terreno de redes construidas.

   (...).

   Procesamiento de la información en oficina.

   La información de campo ya procesada se debe confrontar y complementar (sic) la información consignada en los planos de la EAAB.

   Incorporación en los planos de cotas de pavimento de toda la información recopilada.

   Con los datos técnicos se elabora el diseño. El diseño comprende:

   (...).

   El sistema de cotas del diseño debe ser el mismo sistema del proyecto geométrico: si este sistema es diferente al de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá debe hacerse el empalme o ecuación respectiva.

   Envío y gestión ante la misma de los diseños para revisión corrección y aprobación final.

   Se deben enviar dos juegos de copias heliográficas de los planos y copia de todos los documentos básicos del diseño (memorias de cálculos, memorias estructurales, carteras etc.).

   Ajuste de los diseños.

   Con las observaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se hacen los ajustes correspondientes al diseño hasta su respectiva aprobación.

   Acueducto.

   Redes menores.

   Envío y gestión de un segundo original dos copias heliográficas del esqueleto geométrico del proyecto a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la incorporación de redes existentes proyectadas.

   Redes matrices.

   Para las redes matrices afectadas por el proyecto se deben presentar de acuerdo con los requerimientos técnicos, alternativas de traslado de las tuberías y concertar con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá la alternativa final para la elaboración del diseño definitivo por arte del consultor (planos de taller).

   En los planos de levantamiento elaborados por el consultor deben quedar consignados las redes de drenajes existentes, sus características (tipo tubería, diámetro, cota clave, etc.) su ubicación horizontal exacta, mediante coordenadas y de acuerdo con la metodología para la elaboración de estudios topográficos. El consultor presentará los diseños realizados ante la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dentro del lazo contractual y estará obligado a realizar las correcciones que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá exija hasta la aprobación.

   El proyecto de drenaje del proyecto la vía se efectuará de acuerdo a normas y especificaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y en coordinación con la misma. El proyecto final resultante deberá contar con la aprobación de la mencionada.

   Redes de energía.

   Los pasos a seguir para realizar un diseño eléctrico de una vía de acceso a barrios son los siguientes:

   La firma consultora, se pondrá en contacto con la división de distribución urbana de la Empresa de Energía de Bogotá con el fin de coordinar una visita al lugar, para determinar la interferencia de las redes existentes con la futura obra, las necesidades de infraestructura (canalización), la disposición y tipo de alumbrado que deberá adoptar y demás recomendaciones propias de la naturaleza del trabajo.

   Con base en la visita, presentará para aprobación de la empresa en la división de distribución urbana dos copias heliográficas un segundo original de los planos.

   Con base en la visita presentará para aprobación de la Empresa en la División de Distribución Urbana dos copias heliográficas y un segundo original de los planos del proyecto, en el cual y de acuerdo con las convenciones de la Empresa de Energía de Bogotá se señalarán redes existentes, las canalizaciones redes, postes y luminarias a instalar así como el transformador a la red desde el cual se alimentará este alumbrado público.

   El contratista debe presentar al Instituto de Desarrollo Urbano además de los planos a robados por la Empresa de Energía de Bogotá un listado con las cantidades de obra eléctrica y el presupuesto correspondiente.

   La utilización de equipos, materiales y accesorios así como los proyectores y luminarias, utilizados deben estar homologadas por la Empresa de Energía de Bogotá.

   Las normas de alumbrado público se complementan con las normas de construcción de redes de distribución aprobadas por la Empresa de Energía de Bogotá (tomos I, II y III).

   Redes de teléfono.

   El diseño de la red de teléfono de los proyectos será realizados por la Empresa de Teléfonos de Bogotá, para lo cual el contratista deberá solicitar mediante comunicación escrita a la Empresa de Teléfonos de Bogotá, el diseño de la red de teléfono del proyecto anexando segundo original dos copias del esqueleto geométrico del proyecto.

   Semaforización.

   Una vez definido los cruces semaforizados en el proyecto geométrico el consultor deberá ejecutar el diseño de semaforización y remitirlo a la oficina de semaforización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, para su aprobación.

   Gas natural.

   El contratista de diseño deberá solicitar mediante oficio dirigido a la oficina de planeación técnica de la Compañía Gas Natural la incorporación de las redes de gas natural existentes y proyectadas al diseño geométrico del proyecto elaborado en medio magnético programa autocad v. 12 formato DWG.

   Si el contratista no entrega el diseño geométrico en medio electromagnético la empresa Gas Natural suministrará la información de las redes existentes por medio de planos de obras construidas y las de redes nuevas en planos de futuros proyectos.

   En caso de no existir interferencia con las redes de gas natural, deberá el contratista solicitar una certificación de dicha empresa donde conste tal información .

   D.2.3.4.3. Elaboración de registros topográficos

   La forma de elaboración de los registros topográficos se encuentra detallada en el numeral 6.11 de los términos de referencia así:

   6.11. Elaboración de registros topográficos

   El objetivo del levantamiento es determinar para cada predio afectado por el trazado de la vía, sus características y el estado de las construcciones en su interior, el área total, el área construida, el estado de la construcción, el tipo de material de construcción, el uso del predio etc., con el fin de avaluarlo para la negociación del mismo. Por tal razón es necesario que estos levantamientos se realicen de la forma más precisa y detallada posible.

   Este tipo de levantamiento se realizará teniendo en cuenta como base la poligonal del levantamiento general. Se partirá de dos deltas consecutivos, anotando sus coordenadas, azimut y distancia horizontal.

   En la cartera de tránsito se anotará:

   Localización detallada del predio: Dirección, propietario, tipo de construcción, si es de un piso, dos, tres etc., tipo de material en que está construida (concreto, ladrillo, metal, cartón, etc.), espacios vacíos, corredores, patios, solares etc.

   Los registros se harán de manera muy clara y se anotarán áreas de afectación, áreas construidas, áreas libres y demás elementos importantes del predio. Se detallarán los registros colindantes, nombre o nombres de los propietarios, los muros de separación entre predios etc.

   Si el registro se realiza en un área no construida se anotará:

   Colindantes, cultivos si los hay y qué clase de cultivo es, tipo de encerramiento y todos los detalles que existan para poder realizar el registro topográfico.

   Para predios mayores a 500 m2, solamente deberá aparecer el área afectada, a no ser que se detecten sobrantes que no tengan desarrollo propio.

   Para cada registro topográfico deberá presentarse un informe con memoria de cálculo y demás documentos que fueran necesarios para su elaboración como: escrituras, títulos de propiedad, etc. Para realizar estas actividades, el consultor deberá contemplar un abogado cuyo costo debe incluir en la propuesta.

   6.11.1. Elaboración de planos de levantamiento topográfico, incorporación de la línea de afectación

   El consultor elaborará los planos de levantamiento topográfico e incorporará en ellos las líneas de afectación en escalas 1:1000 y 1:2000, los cuales deberán contener:

   Levantamiento topográfico.

   Líneas de parametración.

   Numeración de predios.

   Plano de todo el proyecto (tira topográfica) identificando en un cuadro los predios afectados con su respectivo número, dirección, dirección, propietario, espacio para número de registro topográfico y observaciones para cada uno de los predios.

   Además deberá presentar boletín de nomenclatura de cada predio, para la plena identificación en la negociación del mismo.

   Estos planos deberán presentarse al Departamento Administrativo de Planeación Distrital subdirección de productividad urbana, en dos juegos de copias heliográficas, medio magnético (DWG), acompañado de oficio remisorio correspondiente con copia al Instituto de Desarrollo Urbano.

   El consultor deberá realizar los ajustes de la paramentación que exija el Departamento Administrativo de Planeación Distrital hasta su aprobación.

   Presentación en medio magnético.

   El consultor deberá presentar además de los planos originales tanto de tiras topográficas como de registros los disquetes en formato 31/2, que contengan la información en archivos DGW (autocad v-12).

   EL formato del registro topográfico es el establecido y adoptado por el Instituto de Desarrollo Urbano para este fin y deberá contener:

   El predio afectado y sus alrededores.

   Línea de paramentación.

   Dirección, propietario, áreas afectadas y sobrantes.

   Coordenadas IGAC

   El consultor deberá entregar la totalidad de los registros topográficos definitivos y aprobados por la interventoría en el momento en que haga se entrega de los documentos solicitados para finalizar la segunda etapa, de acuerdo con el programa del anexo 9 .

   D.2.3.5. Modificaciones de los términos de referencia

   En el texto mismo de los términos de referencia, la entidad contratante estableció de manera clara la forma y oportunidad para realizar cualquier modificación a los términos. En efecto, en el numeral 2.3 de los términos se dispuso:

   Toda modificación se hará mediante adendos numerados, los cuales formarán parte integral de los términos de referencia. Una copia del adendo será remitida a cada una de las personas que hayan adquirido pliegos y otra será agregada a cada ejemplar de los mismos que se venda con posterioridad a la emisión del adendo.

   Como resultado de lo debatido en la audiencia pública para precisar el contenido y alcance de los documentos del concurso de méritos el Instituto de Desarrollo Urbano expedirá las modificaciones pertinentes a los términos de referencia y prorrogará, si fuere necesario, el plazo del cierre del concurso de méritos, hasta por seis (6) días hábiles (L. 80/93, art. 30, num. 4º). Esta prórroga procede sin perjuicio de lo establecido en los casos del numeral 5º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 a que se refiere el presente pliego. También procederá la modificación del pliego cuando el Instituto de Desarrollo Urbano lo considere necesario o conveniente .

   D.3. Propuesta presentada por la Unión Temporal Beta para el concurso IDU CM-SCO-022-98

   El 3 de diciembre de 1998 la Unión Temporal Beta presentó propuesta al concurso de méritos IDU CM-SCO-022-98 en los siguientes términos.

   D.3.1. Objeto de la propuesta

   Como se lee del texto mismo de la propuesta, folio 1 del cuaderno de pruebas 1, la propuesta tenía por objeto ... contratar los estudios y diseños de la avenida Norte

   Quito

   Sur (NQS) tramo calle 147 hasta fin del perímetro urbano ... (Resaltado fuera del texto).

   D.3.2. Valor de la propuesta

   Como valor de la propuesta la Unión Temporal Beta señaló:

   En valor básico de la propuesta para estudios y diseños es de cuatrocientos noventa y tres millones novecientos cuarenta mil ochocientos noventa y tres pesos moneda corriente ($ 493.940.893) m/cte más setenta y nueve millones treinta mil quinientos cuarenta y tres pesos moneda corriente ($ 79.030.543), por concepto del IVA, para un valor total de quinientos sesenta y dos millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos moneda corriente ($ 572.971.436) m/cte .

   D.3.3. Conformación de la Unión Temporal Beta

   De conformidad con el documento que obra a folio 11 del cuaderno principal de pruebas 1 denominado Conformación de la Unión Temporal, esta estaba formada así:

   Nombre Participación Funciones

   Bateman Ingeniería Ltda. 50% Estudios de tránsito y transporte, geotecnia vial, diseño de pavimentos, estructura ambiental, espacio público, especificaciones y presupuesto, pliegos de licitación.

   J.M.L. G. 50% Topografía, diseño geométrico, acueducto, alcantarillado y drenajes, redes Empresa de Teléfonos de Bogotá, gas, etc.

   D.4. Los contratos estatales - Carácter solemne

   De conformidad con la legislación vigente, los contratos estatales son solemnes en contraposición a la noción de consensualidad de los contratos. Como es claro, la importancia que reviste esta distinción está en el momento en el cual el contrato se entiende perfeccionado y por ende nace a la vida jurídica.

   El artículo 1500 del Código Civil establece:

   El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento .

   Atendiendo esta definición legal de lo que se debe entender por contrato solemne y teniendo en cuenta el contenido de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, podemos concluir que todos los contratos estatales revisten este carácter. En efecto los artículos citados son del siguiente tenor:

   ART. 39. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas generales vigentes deban cumplir dicha formalidad (resaltado fuera del texto).

   ART. 41. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleve a escrito (resaltado fuera del texto).

   Teniendo en cuenta la absoluta claridad de las normas antes transcritas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado tal carácter solemne de los contratos celebrados por el Estado. Así en Sentencia del 7 de junio de 2001, Magistrado Ponente doctor R.H.D., el Consejo de Estado ha manifestado.

   ... De ahí que las fuentes que enriquecen la responsabilidad precontractual en el ámbito civil y mercantil no pueden traerse al ámbito de la contratación estatal en toda su extensión porque allí rige el principio de solemnidad, en tanto el perfeccionamiento del contrato está condicionado a que el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la prestación se eleve a escrito (resaltado por el tribunal).

   En vista de la solemnidad que reviste a los contratos estatales, cualquier modificación que a ellos se les introduzca debe cumplir la misma solemnidad establecida por la ley para su perfeccionamiento. Así pues, las modificaciones a los contratos estatales deben constar por escrito, y no basta el solo acuerdo de voluntades de las partes.

   D.5. El Contrato 229 de 1999 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Unión Temporal Beta

   D.5.1. Partes

   Mediante Resolución 37 del 7 de abril de 1999 el director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Urbano adjudicó a la Unión Temporal Beta el concurso público IDU-CM-SCO-022-98. Como consecuencia de esta adjudicación se procedió a celebrar el correspondiente contrato entre la Unión Temporal Beta y el Instituto de Desarrollo Urbano, cuyos términos principales se transcriben a continuación.

   D.5.2. Objeto

   La cláusula primera del contrato 229 de 1999 estableció el objeto del contrato así:

   Cláusula primera - Objeto: El consultor se compromete para con el Instituto de Desarrollo Urbano a elaborar a precio global fijo los estudios y diseños de la avenida Norte

   Quito

   Sur (NQS) tramo calle 147 hasta fin de perímetro urbano de conformidad con la propuesta presentada el 3 de diciembre de 1998 (resaltado fuera del texto).

   D.5.3. Obligaciones de las partes

   En las cláusulas segunda y tercera del contrato se establecieron las obligaciones principales a cargo de la Unión Temporal Beta y en la cláusula quinta la principal obligación del Instituto de Desarrollo Urbano. En efecto, las mencionadas cláusulas son del siguiente tenor:

   Cláusula segunda. Descripción y alcance: el consultor deberá ejecutar los estudios y diseños necesarios de acuerdo con lo indicado en el numeral 1.14 del capítulo 1 y en detalle, en el capítulo VI de los términos de referencia .

   Cláusula tercera. Obligaciones del consultor: Además de las derivadas de la ley, de los términos de referencia y del presente contrato, tendrá entre otras las siguientes: 1. Deberá presentar, previo a los diseños definitivo, la viabilidad técnica de las respectivas entidades la alternativa de diseño que cumpla con los requerimientos exigidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Gas Natural, Codensa, C., Empresa de Teléfonos de Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Departamento Administrativo del Medio Ambiente, Ministerio de Cultura, Jardín Botánico, el Instituto de Desarrollo Urbano y todas las entidades que tengan injerencia en el desarrollo del proyecto. 2. Elaborar los estudios y diseños de todas las estructuras tales como muros de contención, box coulvert, pontones, obras de arte, etc., que se requieran para la construcción integral del proyecto. 3. Mantener la capacidad ofrecida durante el tiempo de duración del contrato según lo señalado en el numeral 1.15 del capítulo 1 de los términos de referencia de la invitación. 4. Presentar al momento de suscripción del contrato de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.2.12 del capítulo III, el enfoque y metodología de los estudios y diseños que comprende los aspectos básicos tenidos en cuenta para el óptimo desarrollo del objeto contractual, indicando además la importancia de su ejecución, las características más relevantes, soluciones y beneficios que ofrecen. 5. Efectuar una descripción general de la metodología a seguir en los siguientes aspectos: topográficos, de tráfico y capacidad vial, de suelos y diseño de pavimentos, plan de manejo ambiental, espacio público y diseños viales definitivos de conformidad con lo indicado en el numeral 3.2.12.1 del capítulo III de los términos de referencia del concurso. 6. Realizar los trabajos con el personal profesional y de especialistas incluido en la propuesta, quienes deberán suscribir con el número de su matrícula profesional todos los informes, estudios, diseños y planos de construcción en sus respectivas áreas, la cual debe ser convalidada por el director del proyecto. Cualquier cambio del personal propuesto, deberá ser aprobado previamente por el director técnico de construcciones del Instituto de Desarrollo Urbano. 7. Celebrar mensualmente reuniones de evaluación con el director del proyecto, el director de la interventoría, y el coordinador del Instituto de Desarrollo Urbano de acuerdo a lo señalado en el numeral 5.8 del capítulo V de los términos. 8. Presentar un informe final que recopile todas las actividades realizadas, objeto de la consultoría. 9. Presentar en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, todas las correcciones y observaciones que se le formulen, plazo que correrá a partir de la fecha en que las solicite el Instituto de Desarrollo Urbano.

   Cláusula quinta. Forma de pago: El Instituto de Desarrollo Urbano pagará al consultor la suma establecida en la cláusula anterior, una vez tramitada la respectiva orden de pago debidamente soportada y de conformidad con lo señalado en el anexo 9 de la invitación, en la siguientes forma: 1. Un pago anticipado equivalente a treinta por ciento (30%) del valor total del contrato, previa orden de iniciación impartida por el director técnico de construcciones una vez cumplidos los requisitos exigidos para iniciar su ejecución; 2. Un veinte por ciento (20%) al finalizar la primera etapa y culminar el tercer mes de ejecución; 3. En treinta por ciento (30%) al finalizar la segunda etapa y culminar el séptimo mes; 4. Un diez por ciento (10%) al finalizar la tercera etapa y culminar el octavo mes; 5. El diez por ciento (10%) restante a la liquidación del contrato .

   D.6. Las pretensiones de la demanda y las excepciones del demandado

   Como quedó expuesto anteriormente, la parte demandante pretende que mediante este proceso se declare el rompimiento del equilibrio económico del contrato 229 de 1999 en razón de la ejecución de estudios no previstos dentro del contrato y que, en consecuencia, para restablecer el equilibrio económico del contrato, se ordene a la parte demandada el pago del 50% del valor de los trabajos adicionales.

   Según el apoderado del demandante, la mayor cantidad de estudios y diseños se dio en la medida en que si bien el contrato de consultoría obligaba al consultor a realizar los estudios y diseños contratados hasta el fin del perímetro urbano, la parte demandada, le exigió a la Unión Temporal realizarlos hasta la carretera del antiguo restaurante El Buda, límite del perímetro del Distrito.

   Por su parte la apoderada del Instituto de Desarrollo Urbano formuló como excepciones las que denominó cobro de lo no debido y excepción de contrato no cumplido.

   Al respecto el tribunal considera:

   En primer término, frente al tema del límite de los trabajos contratados, teniendo en cuenta el objeto de los términos de referencia, de la propuesta presentada por la Unión Temporal Beta y del contrato, es claro que el límite de la obra era el fin del perímetro urbano, que de conformidad con el dictamen pericial rendido por los ingenieros É.U.S. y J.T.L., que obra en el expediente, se encuentra ubicado en la calle 193. En efecto, como respuesta a la primera pregunta formulada por el apoderado de la parte convocante, los peritos manifestaron:

   ... Finalmente, los artículos 163 y 164 adoptan oficialmente sistemas cartográficos en los que figuran dentro de los respectivos perímetros, las principales áreas urbanas, suburbanas y rurales del Distrito Especial de Bogotá.

   La plancha 4, correspondientes al plano oficial de zonificación y tratamientos del acuerdo 6, del Departamento Administrativo de Planeación del Distrito, escala 1:5000, establece el perímetro urbano norte de la ciudad, entre la Autopista Norte y la Carretera Central del Norte, a la altura de la Avenida L.G., (actual NQS), en la calle 193. Como puntos de dominio público que no se encuentran dentro de los límites del perímetro urbano, (al norte de la calle 193), se destacan la fábrica de tubería American Pipe, el Club del Banco Cafetero y las actuales instalaciones del almacén Makro del Norte.

   De la misma manera, y estando dentro del perímetro urbano, (al sur de la calle 193), se conoce el Colegio San Carlos.

   En la fecha actual se encuentra en vigencia el plan de ordenamiento territorial, (D. 619 de jul. 28/2000 de la Alcaldía Mayor de Bogotá), el cual mantiene el perímetro urbano en la calle 193 entre la Avenida L.G., o NQS, y la Carretera Central del Norte, y lo retrocede a la calle 191 entre la Avenida L.G., o NQS, y la Autopista Norte (POP, anexo 1, cartera de perímetros) .

   Ahora bien, debe igualmente tenerse presente la respuesta dada por los señores peritos en su escrito de aclaraciones y complementaciones en el cual manifestaron:

   Aclaración

   1. A la respuesta segunda (2ª).

   Al observar los planos del proyecto contratado con la Unión Temporal Beta aparece que la abscisa de la calle 193 es de 4+920 que la abscisa es la 10+494. S. aclarar cuál es la distancia real entre el perímetro urbano norte la carretera del antiguo restaurante El Buda .

   En este punto es preciso efectuar una aclaración por parte de los peritos quienes, para la elaboración del dictamen, efectuamos una minuciosa revisión de los planos en las oficinas del Instituto de Desarrollo Urbano. Posteriormente, para una mayor claridad, el perito J.T.L. solicitó telefónicamente a la ingeniero Alba Lucía Riveros, funcionaria del Instituto de Desarrollo Urbano que actuó como coordinadora en el contrato 229 de 1999 y estuvo presente en la visita, que le remitiera una copia de los cruces de la Avenida Norte Quito Sur con la Calle 193 y la carretera del antiguo restaurante El Buda.

   Después del envío de unos documentos que no aclaraban lo solicitado, la ingeniero R. remitió los cruces señalados, en uno de los cuales aparece escrito a mano: A.. calle 193 , que no corresponden a lo existente en el proyecto entregado por el ingeniero L.. De allí obtuvimos, erróneamente, la abscisa 5+791 para el cruce de la calle 193, cuando en realidad es 4+920, (se anexa la hoja recibida por nosotros).

   Esta abscisa la pudimos confirmar en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Urbano, sobre los planos originales, y en las copias que en la visita realizada el pasado 2 de mayo nos fueron entregadas por la ingeniero Alba Lucía Riveros, de las cuales también adjuntamos fotocopia.

   Hecha la anterior aclaración, procedemos a corregir las respuestas en las cuales incide la anterior abscisa.

   Segunda pregunta: Digan si el perímetro urbano de Bogotá D.C, por el Norte coincide con la carretera del antiguo restaurante El Buda, después distribuidora Daewo. En caso negativo digan cuántos kilómetros hay entre el perímetro urbano por el norte y esta carretera del antiguo restaurante El Buda.

   Como se analizó en la respuesta anterior, el perímetro urbano por el norte de Bogotá, calle 193, no coincide con la carretera de la Distribuidora Daewo, antes restaurante El Buda, que corresponde al perímetro norte del Distrito, colindando con el municipio de Chía. Entre los dos perímetros, existe una distancia de 5.574 metros, medidos sobre el eje de la zona del ferrocarril .

   En este punto, debe verificar el tribunal si como lo afirmó la apoderada del Instituto de Desarrollo Urbano, el límite del proyecto fue precisado en la audiencia de aclaraciones llevada a cabo dentro del proceso de selección por lo que, según ella, a partir de ese momento no hubo ninguna duda al respecto, quedando absolutamente claro que el límite de los estudios y diseños por el norte era la carretera del antiguo restaurante El Buda.

   En efecto, como se dijo antes y consta en el expediente a folio 139 del cuaderno de pruebas 1, el 24 de noviembre de 1998, fecha señalada por los términos de referencia, se llevó a cabo la correspondiente audiencia de aclaraciones dentro de la cual se resolvieron varias inquietudes de los asistentes. En el numeral 2.2 del acta de la audiencia a que estamos haciendo referencia, consta la inquietud formulada por el señor F.D. respecto del perímetro urbano. Manifestó el señor D.:

   2.2. Inquietud: Solicita especificar el fin del perímetro urbano.

   Respuesta: La vía tiene una longitud aproximada de 11.2 Kilómetros y culmina en la carretera del restaurante El Buda. Sin embargo, será labor del consultor, la investigación e identificación del corredor vial y su límite, de acuerdo a la reglamentación dada por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital .

   Salta a la vista una conclusión frente a esta respuesta, como es la de que el funcionario que responde en nombre del instituto en realidad no contesta lo preguntado, porque mientras que la inquietud requiere del instituto la especificación del límite del perímetro urbano, la respuesta en primer lugar, se refiere a la longitud de la vía, que no tiene relación alguna con el perímetro urbano porque la vía puede proyectarse tanto para terminar dentro del perímetro urbano como más allá del mismo, y a continuación concluye la respuesta dejando pendiente la inquietud al afirmar que el establecimiento de dicho límite es precisamente parte de la labor del consultor, que deberá identificarlo de conformidad con la reglamentación del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.

   Esa evasiva del funcionario que pretende absolver la inquietud planteada precisamente en la audiencia de aclaraciones lleva consigo el contrasentido de que el punto más determinante del alcance del contrato, como es la extensión de los estudios contratados, tan determinante que el mismo título del concurso y del contrato lo menciona, resulta aparentemente, según la respuesta supuestamente aclaratoria dejado al criterio de una de las partes contratantes, como parte de su labor contractual, lo que es a todas luces un absurdo. No considera entonces el tribunal aceptable sostener que con esta aparente respuesta aclaratoria quedó resuelta la inquietud ni definido el punto, ni puede tampoco aceptar el tribunal que la aparente respuesta pueda tener el efecto de modificar la clara disposición contractual sobre el alcance del objeto del contrato.

   Al respecto, dispone el estatuto de contratación estatal que, como resultado de lo debatido en la audiencia de aclaraciones y cuando resulte conveniente , (art. 30, ord. 4º), el jefe o representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a los pliegos de condiciones o términos de referencia, y se acepta de modo general que, tal como lo estipularon los términos de referencia en el caso que aquí se ventila, si como consecuencia de una aclaración, deben modificarse las condiciones del pliego, la modificación debe hacerse mediante adendos o adendas que se remitirán a todos aquellos que retiraron pliegos.

   En su alegato de conclusión, concordante con lo dicho al sustentar la excepción denominada cobro de lo no debido en su contestación de la demanda, la señora apoderada del Instituto de Desarrollo Urbano explica que la entidad convocada no consideró necesaria la expedición de un adendo en razón de que las disposiciones legales exigen a las entidades públicas tanto permitir a los interesados expresar sus observaciones como celebrar una audiencia donde se precise el contenido y alcance de los términos de referencia y se oiga a los proponentes y que, habiéndose surtido todas aquellas etapas legalmente necesarias, en las cuales los oferentes tuvieron oportunidad de aclarar sus inquietudes , no se presentó objeción al contenido de la aclaración.

   De allí se seguiría que, cualquiera que fuera la magnitud del cambio que la aclaración en cuestión hubiera introducido al objeto contractual previsto en los términos de referencia, ese cambio se habría perfeccionado por la mera aquiescencia tácita del proponente que fue luego seleccionado como contratista.

   No puede el tribunal compartir esa ni otras apreciaciones de la señora apoderada orientadas en el sentido de que se admita el consentimiento de las partes, manifestado de una u otra manera, en reemplazo de la modificación formal de los términos de referencia; porque ello haría prevalecer las modificaciones meramente consensuales del objeto contractual sobre su forma literal preestablecida en los términos de referencia, lo cual redundaría en menoscabo de la transparencia y la publicidad que exige el interés general a la contratación estatal, si en gracia de discusión se concluyera que la respuesta del funcionario fue realmente una manifestación de la modificación o aclaración lo cual, como hemos visto, tampoco resulta aceptable no solo porque la supuesta aclaración evadió el pronunciamiento requerido por quien manifestó la inquietud, sino porque la mera aclaración, si lo fuera, no tendría por sí sola el carácter ni los efectos de una modificación.

   Cuando la ley reserva al jefe de la entidad la apreciación de la conveniencia y la pertinencia de las modificaciones y su expedición, protege la seguridad o certidumbre jurídica, la cual importa también al interés general y deriva en un derecho de los proponentes a confiar en que el significado de lo dicho en los términos de referencia permanezca incólume mientras no sea debidamente modificado por el jefe de la entidad. Es claro también aquí que pretender que la respuesta del funcionario en la audiencia de aclaraciones llegase a implicar modificación a los términos de referencia es por esta otra razón también inaceptable, porque dicho funcionario no tenía la condición de jefe de la entidad con facultades para modificar dichos términos.

   Adicionalmente a lo anterior, al reservar al jefe o representante de la entidad la expedición de las modificaciones pertinentes a los documentos contractuales, según su apreciación de la conveniencia, la disposición en mención tiende a evitar el riesgo de que otros funcionarios de la entidad contratante la comprometan mediante aclaraciones y/u otras actuaciones que pudiesen tener el efecto de alterar de modo sustancial los términos de referencia en la práctica, no solo en contra de la literalidad documental sino sin conocimiento de su jefe y aún en contra de su voluntad.

   Por tanto, en ausencia de las modificaciones pertinentes a los términos de referencia, se hace necesario concluir que el objeto del contrato, tal como aparece en los términos de referencia y demás documentos contractuales, no fue modificado, y esa falta de modificación obliga al tribunal a atenerse a su texto en el cual se indicó, con la expresión hasta fin del perímetro urbano , el límite que tendría hacia el norte la cobertura de los estudios a contratar.

   C., por lo demás, la ausencia de modificaciones a los términos de referencia, el oficio STCO-6300-271 de fecha julio 14 de 1999, remitido por el director técnico legal del Instituto de Desarrollo Urbano al interventor del contrato, donde afirma que en ningún momento la aclaración del alcance del objeto obedece a cambios posteriores sino a problemas de interpretación .

   El contenido de la supuesta aclaración en cuestión hace presumir que los problemas de interpretación aludidos por el director técnico legal del Instituto de Desarrollo Urbano en su oficio convergen en la necesidad de dilucidar si el punto geográfico culminante de los estudios y diseños, enunciado como hasta fin del perímetro urbano , coincide o no con los puntos designados posteriormente por el Instituto de Desarrollo Urbano como: hasta la carretera del restaurante El Buda , indicado en el oficio citado, y hasta el fin del perímetro del distrito por el norte , utilizado en el acta 6 de seguimiento al contrato de consultoría, de fecha junio 3 de 1999.

   La prueba pericial desvirtúa una presunta coincidencia entre tales puntos geográficos, por cuanto hace manifiesta la discrepancia existente al decir: el perímetro urbano por el norte de Bogotá, calle 193, no coincide con la carretera de la Distribuidora Daewo, antes restaurante El Buda, que corresponde al perímetro norte del Distrito, colindando con el municipio de Chía. Entre los dos perímetros, existe una distancia de 5.574 metros, medidos sobre el eje de la zona del ferrocarril .

   No obstante, toda vez que el dictamen se refiere al perímetro urbano pero no al fin de este, conviene indagar cuál es el significado de la palabra fin dentro de la expresión fin del perímetro urbano , con el propósito de determinar si eventualmente aquel pudiese conducir a una conclusión diferente de la alcanzada por los peritos.

   Sirve como punto de partida a este examen el acuerdo 6 de 1990, por el cual el Concejo de Bogotá expidió el estatuto para el ordenamiento físico del Distrito Especial de Bogotá, cuyo artículo 162 define los perímetros como las líneas que delimitan las áreas urbanas, suburbanas, rurales y zonas de reserva agrícolas y que denomina perímetros urbanos a los perímetros o líneas cartográficas que delimitan las áreas urbanas, distinguiéndolas de las áreas suburbanas.

   Según el significado general del vocablo, al cual remite el artículo 28 del Código Civil, un perímetro es el contorno de una superficie o el contorno de una figura geométrica (DRAE 1970); por lo cual, si el perímetro urbano en particular se encuentra definido como una línea que alindera las áreas urbanas, diferenciándolas de la suburbanas, se colige que el perímetro urbano es el contorno del área urbana correspondiente y, como contorno, ha de ser una línea continua, envolvente, que se extienda alrededor del área urbana respectiva para cumplir su propósito de delimitación.

   Si, por tanto, el perímetro urbano es entonces un contorno o línea continua que enmarca el área urbana, el sentido común indica que no resulta posible establecer cuál es el punto determinable como su fin , porque no finaliza propiamente en ningún punto, sino que continúa de manera constante su proyección o desarrollo giratorio para envolver o enmarcar el área urbana.

   Por otra parte, se desprende del dictamen pericial que, en su zona de confluencia con la Avenida Norte Quito Sur (NQS), el perímetro urbano corre de oriente a occidente, mientras que la vía proyectada se encamina de sur a norte. Sobre el particular, anota el peritazgo que los artículos 163 y 164 del acuerdo 6 de 1990 adoptan sistemas cartográficos en los que figuran, enmarcadas dentro de los respectivos perímetros, las principales áreas urbanas, suburbanas y rurales del entonces Distrito Especial de Bogotá, y luego señala que:

   La plancha 4, correspondiente al plano de zonificación y tratamientos del acuerdo 6, del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, establece el perímetro urbano norte de la ciudad, entre la Autopista Norte y la Carretera Central del Norte, a la altura de la Avenida L.G. (actual NQS), en la calle 193 .

   Y agrega el dictamen más adelante que el plan de ordenamiento territorial:

   ... mantiene el perímetro urbano en la calle 193 entre la Avenida L.G., o Norte Quito Sur, y la Carretera Central del Norte, y lo retrocede a la calle 191 entre la Avenida L.G., o Norte Quito Sur, y la Autopista Norte .

   De tal manera, si se tiene en cuenta que, en torno al segmento que comprende el extremo norte del área urbana, el perímetro se extiende de occidente a oriente, según los puntos de referencia que indica el dictamen, mientras que la proyección de la vía Norte Quito Sur se dirige de sur a norte, se hace evidente que el perímetro urbano no corre parejo ni paralelo a la proyección de esa vía sino que tiende a ser perpendicular a esta y la corta o la cruza en la calle 193.

   Esa falta de paralelismo entre la Avenida Norte Quito Sur y el perímetro urbano impediría desde luego que un hipotético fin de este pudiera servir como referencia para señalar el extremo final de los diseños de la avenida, que es una vía proyectada en dirección transversal sur-norte, esto es, en la dirección destinada a conducirla desde el interior del área urbana, en la calle 147, hacia afuera de ella.

   Tal dificultad o, mejor, imposibilidad de establecer el referido fin del perímetro urbano hace comprensible que los señores peritos hubiesen omitido aludir específicamente al fin del perímetro urbano y que hubieran preferido referirse en cambio al perímetro urbano como tal. Además, se infiere de lo expuesto que lo significado, en los términos de referencia, con la expresión fin del perímetro urbano , fue el punto de corte o intersección entre el perímetro urbano y la proyectada prolongación hacia el norte de la avenida Norte Quito Sur.

   Ese significado, cuyo esclarecimiento no se justificaría en otras circunstancias por equivaler a una explicación de lo obvio, es por lo demás el único atribuible a la referencia geográfica expresada como fin del perímetro urbano que, precedida de la preposición hasta , el Instituto de Desarrollo Urbano escogió para designar el extremo septentrional de la extensión longitudinal de los estudios y diseños objeto de contratación y, por consiguiente, con ella dio a entender que los estudios y diseños se extenderían desde su punto de origen, en la calle 147, hasta el punto de intersección de la proyectada avenida Norte Quito Sur con el perímetro urbano, que se traduce en la nomenclatura urbana como la calle 193, es decir, que los estudios y diseños objeto de contratación se previeron en los términos de referencia y las definiciones contractuales como ocurrentes todos dentro del área urbana que obviamente termina al llegar al perímetro urbano, por hallarse delimitada por este, según lo definido por el artículo 162 del acuerdo 6 de 1990.

   No encuentra el tribunal ninguna otra interpretación o lectura plausible de la expresión en mención ni halla explicación para que una entidad pública, dotada con la capacidad técnica de que dispone la convocada, insista en confundir el perímetro urbano propiamente dicho con el límite territorial entre el Distrito Capital y el municipio de Chía.

   En cuanto a la supuesta aceptación por parte del ingeniero J.B.D. del límite del proyecto, se pone de presente que si bien es cierto, como lo afirma la apoderada de la entidad demandada y consta en el expediente, que en varias comunicaciones el ingeniero B. manifiesta estar de acuerdo con el alcance del proyecto, no es menos cierto que la aquiescencia tampoco modificó los términos de referencia ni las cláusulas contractuales ni implicaba la renuncia a cobrar el costo de tales estudios adicionales. A más de lo anterior, como consta en el expediente, folio 42 del cuaderno de pruebas 1, en el acta 6 de seguimiento del contrato de consultoría se pretendió aclarar el alcance del objeto del contrato. En efecto, en la mencionada acta se manifestó:

1. Decisiones tomadas

   El coordinador del Instituto de Desarrollo Urbano informa que de común acuerdo entre el representante legal de la Unión Temporal Beta UB, doctor J.B.D., y el subdirector técnico de estudios y diseños del Instituto de Desarrollo Urbano ingeniero J.C.S.B., se aclara que el alcance del objeto del contrato IDU-229-99 es estudios y diseños de la avenida Norte Quito Sur (N.Q.S.) tramo 147 hasta el fin del perímetro del distrito por el norte .

   Como se desprende del texto de la mencionada acta, lo que en ella se intentó no fue una aclaración sino una modificación a los términos del contrato, modificación que no tiene ningún efecto entre otras razones porque el funcionario del Instituto de Desarrollo Urbano que suscribió el acta no tenía competencia para modificar el contrato, pues no era él el representante legal de la entidad.

   Otro tanto cabe decir de la manifestación del ingeniero J.B.D., en su calidad de representante de la Unión Temporal Beta, de la cual quedó constancia en el acta 33 de seguimiento al contrato de consultoría, y a cuyo tenor:

   El ingeniero J.B.D., representante legal de la Unión Temporal JML

   BIL Ingeniería (Unión Temporal Beta UB.), manifiesta que no autorizó en nombre propio ni de la Unión Temporal, presentar demanda ni solicitud de Tribunal de Arbitramento contra el Instituto de Desarrollo Urbano, por efectos del límite del proyecto, el cual quedó plenamente establecido dentro del desarrollo del trabajo, en los diferentes comités de seguimiento de los estudios, y en los oficios IDU pertinentes .

   Considera el tribunal que la manifestación transcrita no tiene efecto liberatorio alguno a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, porque es tan solo una constancia del ingeniero B. que no afecta ni los derechos ni la posibilidad de instaurar la correspondiente demanda que tiene el ingeniero J.M.L. a título personal en su calidad de miembro de la Unión Temporal Beta. Debe además precisarse que la citada acta fue suscrita el 23 de febrero de 2000 esto es, posteriormente a la fecha en que el ingeniero L. presentó la demanda que ahora nos ocupa.

   No sobra en este punto recordar los términos en que el instituto, en su ya mencionada comunicación de julio 14 de 1999 proveniente de la dirección técnico-legal, eliminó para todos los efectos prácticos la posibilidad para el contratista de disentir de la orden tajante del instituto sobre los trabajos que exigía, pues la categórica determinación de que, para que los estudios y diseños fuesen aceptados, deberían cubrir todo el tramo hasta el restaurante El Buda, implica una amenaza de tener por incumplido al contratista si no se ciñe a su interpretación de los términos contractuales, lo que no está acorde con las obligaciones correlativas del contrato ni tiene en cuenta las exigencias legales sobre formalidad y facultades para efectuar la modificación. Resulta claro al tribunal, entonces, que los trabajos exigidos en exceso de lo contratado van más allá de la oferta del contratista y de las obligaciones por este contraídas y, habiendo efectuado realmente el contratista trabajos adicionales ordenados por la entidad contratante, según la propia declaración de la representante del Instituto de Desarrollo Urbano quien manifestó: El contrato se ejecutó hasta la calle 234 aproximadamente o carretera del antiguo Restaurante El Buda y de conformidad con el dictamen pericial (fl. 3), y que los mismos no han sido reconocidos ni por ende pagados al consultor, considera el tribunal que en virtud de los principios de buena fe y de equidad, y teniendo en cuenta la normatividad vigente (L. 80, art. 27) y la jurisprudencia nacional, debe reconocerlas.

   Por coincidir en numerosos aspectos con los elementos de juicio que tiene ante sí este tribunal en el caso para su consideración, es pertinente transcribir partes esenciales de la sentencia proferida por el honorable Consejo de Estado Sección Tercera el 19 de abril de 1999 magistrado ponente doctor D.S.H. en la cual se manifestó:

   Frente a la figura del restablecimiento del equilibrio financiero del contrato estatal o principio de la ecuación financiera del contrato, la Sala considera:

   El Estado con el fin de cumplir los fines esenciales consagrados en la constitución y la ley, acude a la contratación con los particulares, ante la imposibilidad de asumir por sí mismo la ejecución de las tareas necesarias para lograr su cometido. El particular se compromete con la consecución de tales fines, movido por el ánimo no solo de colaboración sino especialmente para reportar un provecho económico en su favor. Este tema indudablemente tiene incidencia en la política de modernización del estado o de apertura económica porque, sin lugar a dudas, todas las normas que prevén actualmente el manejo económico del contrato estatal, bien pueden hacer más llamativa la vocación a contratar con las entidades de derecho público colombiano.

   Desde la propia génesis del contrato, las partes aceptan conocer cuál es el beneficio que derivarán del mismo. Para la administración, el logro de los fines esenciales del Estado, y para el contratista, la obtención de un provecho económico en su favor. Es en este momento histórico cuando surge la regulación económica del convenio al cual debe ser referida la ecuación financiera del contrato . Será entonces dicho momento el que marca el punto de partida de la regulación financiera del negocio, directriz que habrá de guiarlo durante toda su existencia.

   Resulta de vital importancia determinar que dicha ecuación financiera clama aplicación en los llamados contratos conmutativos y, con mayor razón en aquellos que deben ser ejecutados en plazos más o menos largos, dado que cualquier variación en la economía de estos, durante su vigencia, rompe el equilibrio convenido.

   Dicho equilibrio económico puede verse alterado, durante la ejecución del contrato, por las siguientes causas: 1. Por actos o hechos de la administración contratante, 2. Por actos de la administración como estado; y, 3. Por factores exógenos a las partes del negocio.

   En la primera causa, aquellas que se originan en la sola actuación de la administración como contratante, esto es: por incumplimiento de la administración, puede revestir diferentes modalidades, cuya ocurrencia puede traer como consecuencia la alteración de la ecuación financiera del contrato.

   Del estudio de las pruebas obrantes en el proceso, y de las consideraciones arriba expuestas se puede inferir que el equilibrio financiero del contrato 021 de 1988 se menoscabó en detrimento de los intereses legítimos del contratista por causa del comportamiento contractual de la entidad demandada.

   Conductas tales como las siguientes: no pagar oportunamente las cuentas de cobro, no aprobar oportunamente los diseños o planos, no entregar la documentación correspondiente para el desarrollo de los trámites preliminares y ordenar en forma extemporánea la adición, supresión y cambios de las obras, etc. constituyen modalidades de incumplimiento en la administración con claras incidencias para la economía del negocio jurídico (resalta el tribunal).

   En el presente caso, como se indicará en detalle en capítulos posteriores, se presentó un desequilibrio financiero del contrato de obra pública celebrado entre las partes, originado en el comportamiento de la administración, que al actuar como contratante, incurrió en acciones y omisiones que rompieron la correspondiente ecuación económica del contrato.

   Se traducen estos comportamientos, básicamente en lo siguiente:

   1. Incumplimiento de los términos contractuales establecidos para aprobar los diseños arquitectónicos elaborados por el contratista.

   2. Aprobación de mayores cantidades de obra a través de solicitudes extemporáneas.

   3. No reconocimiento y pago de las mayores cantidades de obra aprobadas.

   4. Demoras en el pago de las facturas correspondientes presentadas por el contratista.

   5. Proceder en forma descoordinada para con las entidades responsables de la interventoría, que originaron dos prórrogas y una suspensión del contrato por el término de ocho meses.

      Como consecuencia, y en desarrollo de la política de apertura del Estado colombiano, se expidió la Ley 80 de 1993 para buscar que el contratista como colaborador de la administración, no fuese en un momento dado a perder por la alteración del equilibrio financiero del contrato. Quiso el legislador, que el Estado pudiera cumplir con sus fines y que el contratista particular, en la mayoría de los casos comerciante, quien por mandato legal no trabaja a pérdida, pudiera obtener el lucro que implícitamente lleva su actividad.

      Esta sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre el equilibrio financiero del contrato estatal. Así aconteció en la sentencia de fecha mayo nueve (9) de 1996, expediente 10.151, actor: Societe Auxiliaire D entreprises

      Sae, proferida con ponencia de quien ahora dirige esta, en la cual se concluyó:

      En las condiciones anteriormente relacionadas, puede la Sala concluir que efectivamente en el caso examinado se presentaron hechos y circunstancias ajenos a la empresa contratista, absolutamente extraños a ella, los cuales originaron una serie de obstáculos, modificaciones y medidas de distintos órdenes, que necesariamente se proyectaron negativamente en la ejecución de la obra, que la dificultaron, la complicaron, le impusieron a la contratista cargas y obligaciones en momento alguno contempladas o programadas al celebrar el contrato, pero que de todas formas fueron de incidencia trascendental en la mayor permanencia de la firma contratista en la ejecución del oleoducto referido y, desde luego, en el mayor valor económico que dicha prolongación significó para la economía de la empresa demandante, todo lo cual se traduce en pérdidas por causa de las inversiones contractualmente no presupuestadas y consecuencialmente en pérdidas por ausencia de beneficios pecuniarios, valga decir, por el fracaso de la pretensión financiera del contratista de percibir la ganancia calculada, configurándose así, en tales circunstancias, la pérdida del equilibrio financiero del contrato, situación que implica, en principio, para la entidad contratante, una obligación legal, contractual y jurídica de tomar las medidas necesarias para recuperarlo .

      Las pretensiones del contratista.

      La Sala evaluará por separado cada una de las peticiones del contratista, para establecer, con fundamento en el material probatorio del proceso su viabilidad.

      1. La mayor cantidad de obra.

      Pretende el actor que el Instituto de Desarrollo Urbano le reconozca y pague la mayor cantidad de obra que tuvo que ejecutar como consecuencia de los cambios y variaciones sufridos en el proyecto propuesto, que surgió por la intervención de la Secretaría de Salud del Distrito, propietaria legal del proyecto.

      (...).

      Al estudiar las pruebas antes referidas, la Sala encuentra que el Instituto de Desarrollo Urbano ordenó las mayores cantidades de obra durante el desarrollo del contrato, y las recibió de conformidad, como consta en el acta 6 de recibo final de obra y en el acta de liquidación del contrato.

      Del contrato de obra pública suscrito entre las partes se derivan obligaciones recíprocas es un contrato, al decir de algunos doctrinantes sinalagmático perfecto en los cuales las partes se sujetan al cumplimiento de obligaciones recíprocas que constituyen, respecto a cada una de ellas, el equivalente de la prestación recibida.

      El contrato de obra pública esta cobijado por el principio de la ecuación financiera, definida por el autor argentino O.M.B. como una relación establecida por las partes contratantes en el momento de celebrar el contrato sobre un conjunto de obligaciones de este, considerados equivalentes . Afirma el mismo autor que este razonamiento encuentra su apoyo en el carácter conmutativo del contrato de obra pública, en el que las obligaciones que se asumen las partes son ciertas y apreciables en su significación económico social, en el acto mismo en el que se perfecciona el contrato o, como lo afirma la doctrina francesa El contrato es conmutativo cuando la ventaja que cada una de las partes obtiene del contrato es susceptible de ser evaluada por ellas en el momento de la conclusión del acto ;

      Es por esta característica propia del contrato de obra pública, que la Sala encuentra al Instituto de Desarrollo Urbano obligado a reconocer y pagar la mayor cantidad de obra recibida, pues consciente como era de que cada metro cuadrado de obra tenía un valor pactado deducible del valor global acordado, no es de recibo considerar que el Instituto de Desarrollo Urbano creyó que las mayores cantidades eran una donación o un regalo del contratista. No es dable suponer que, en presencia de un contrato oneroso y conmutativo, un contratante reciba a entera satisfacción más de lo acordado inicialmente, y pretenda no reconocer y pagar el exceso. Esto escapa al principio de la buena fe que debe gobernar las relaciones negociables y la equidad como regla general de derecho que gobierna todos los actos y negocios jurídicos, especialmente los estatales.

      Y al ordenar y recibir estas mayores cantidades de obra, el Instituto de Desarrollo Urbano se obligó a pagarlas, así no lo haya reconocido expresamente en el acta 06 de recibo final, porque el contrato en estudio, se reitera, es un contrato conmutativo toda vez que la cuantía de las obligaciones de las partes es inmediatamente cierta, pudiendo cada una de ellas apreciar de momento el provecho económico o la pérdida que el contrato le ha de reportar .

      No es dable tampoco considerar que por tratarse de un contrato de obra pública a precio global el contratista estaba impedido para reclamar y obtener el reconocimiento y pago de las mayores cantidades de obra que ejecutó en cumplimiento de lo ordenado por la entidad contratante.

      La tendencia doctrinal y jurisprudencial contemporánea considera al contratista como un colaborador de la administración, no sometido de manera exclusiva a los riesgos del alea de pérdida o ganancia en desarrollo del contrato estatal. Ni siquiera en los contratos pactados a precio global , que fueron definidos por el artículo 88 del Decreto 222 de 1983, así:

      Los contratos a precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio de las prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneración una suma global fija, en la cual están incluidos sus honorarios, y es el único responsable de la vinculación de personal, de la elaboración de los subcontratos, y de la obtención de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el dueño de la obra adquiera responsabilidad alguna por dichos actos .

      En aplicación del principio general de la equidad, no puede atribuirse de manera exclusiva al contratista los efectos que produce la presencia de áleas en un contrato estatal, entendidas estas como los riesgos que pueden alterar la economía original de los contratos. El derecho moderno reconoce y protege los intereses legales y justos que movieron al particular a suscribir el contrato con la administración. Por otra parte, cabe afirmar que la modalidad de precio global lo que pone de presente son los elementos o aspectos que él envuelve o comprende, pero nunca podrá entenderse como la rigidez inmutable que impida llevar a cabo los desajustes de contenido económico, originados en causas sobrevinientes, eso sí, no imputables al contratista.

      (...).

      El contrato 021 se celebró con el objeto de que el contratista realizara el diseño de la obra y la ejecutara a precio global . Pero en el mismo también se previó la posibilidad de adicionar las cantidades de obra, de modificar los plazos contractuales y de realizar ajuste y revisión de precios.

      A pesar de que en la cláusula primera del contrato se estipuló que el contratista estaba obligado a elaborar y ejecutar a precio global los diseños arquitectónicos, estructurales, hidráulicos ... , cláusulas posteriores y especiales del mismo lo traducen en un contrato bien distinto, sujeto a la construcción de mayores cantidades de obra que deben ser reconocidas al contratista previo el ajuste y la revisión de los precios inicialmente acordados.

      (...).

      Incluso, de aceptarse que el contrato es típicamente a precio global , tal circunstancia no permitiría el desconocimiento del derecho que le asiste al contratista de reclamar el pago de las mayores cantidades de obra que tuvo que construir, porque fueron ordenadas expresamente por la entidad contratante cuando ya se había iniciado la ejecución del contrato, toda vez que el principio del equilibrio financiero del contrato estatal, acogido por nuestra legislación y jurisprudencia, no tiene por excepción a los contratos de obra pública celebrados bajo la modalidad remuneratoria a precio global .

      En el caso concreto está plenamente demostrado, como quedó consignado atrás, que la mayor cantidad de obra responde a las solicitudes y órdenes de la entidad contratante; y, no son por tanto el resultado de una imprevisión del contratista, ni mucho menos, originadas en el capricho del mismo.

      A esta altura del fallo resulta altamente ilustrativo referir lo manifestado por esta S. en la Sentencia 9347 del 29 de agosto de 1996, actor Sociedad Hidroelectric de Colombia y otro. M.P.C.B.J., en la cual se condenó a misma entidad hoy contratante, a pagarle al contratista el valor de las obras adicionales ordenadas por la entidad en desarrollo del contrato de obra pública convenido a precio global . Se dijo entonces:

      El punto central del debate en el sub judice consiste en determinar si el contratista ejecutó mayores cantidades de obra de las convenidas y si la contratante debía pagárselas. La admisión de dicho punto por el tribunal constituye el fundamento para decretar la nulidad de la resolución de liquidación unilateral del contrato, toda vez que dicho acto desconoce la mayor cantidad de obra que, de acuerdo con el a quo se presentó en el contrato. A este punto se referirá la primera parte de la sentencia, en la cual se estudiará también la petición sobre el reajuste de las sumas correspondientes a las obras adicionales reclamado en el recurso interpuesto por la parte actora.

      ... .

      A juicio de la Sala, de las pruebas que obran en el expediente puede determinarse que el contratista, en efecto, llevó a cabo obras adicionales que deben serle pagadas por la entidad contratante; razón por la cual deberá confirmarse la declaratoria de nulidad de la resolución de liquidación decretada en la primera instancia.

      (...).

   5. Ahora bien, lo que quedaba por determinar entonces era si efectivamente el IDU había ordenado la realización de obras nuevas, y por lo tanto, si estaba en la obligación de celebrar un contrato adicional para cubrir los costos de dichas obras.

      (...).

      Para determinar, entonces, este punto debe acudirse a los parámetros indicados en el pliego de condiciones y a la propuesta presentada por la sociedad contratista en el proceso licitatorio. Determinada el área solicitada por la contratante y la ofrecida por el contratista en su propuesta, puede concluirse sobre qué área de construcción versó el contrato, para compararla con la realmente ejecutada y determinar si existió o no obra adicional.

      ... .

      Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará bien probada la construcción ordenada por el contratante de una mayor cantidad de obra a la contratada inicialmente, y condenará a la entidad contratante al pago correspondiente, de conformidad con la liquidación que se hará a continuación .

      Este tribunal hace suyas las consideraciones transcritas para afirmar, con base en ellas y en los hechos examinados antes que no es procedente la excepción denominada por la parte demandada cobro de lo no debido en la medida en que los estudios y diseños adicionales fueron ordenados por la demandada, ejecutados por el contratista y recibidos por la convocada.

      Ahora bien, para efectos de la valoración de dichos trabajos, el tribunal tiene en cuenta lo expuesto en el dictamen pericial rendido dentro del presente proceso así como sus aclaraciones y complementaciones y concretamente la respuesta a la cuarta pregunta la cual fue posteriormente corregida, y a cuyo tenor:

      Proporcionalmente al valor del contrato 229 de 1999, el cual se refirió expresamente a estudios y diseños entre la calle 193 y el perímetro urbano norte de Bogotá, digan los señores peritos cuál es el precio, en valores constantes, de los estudios y diseños realizados por la Unión Temporal Beta entre el perímetro urbano norte de Bogotá y la carretera del antiguo restaurante El Buda, después Distribuidora Daewo.

      Conviene aclarar que el límite inicial del contrato de diseño es la calle 147 y no la calle 193 como se afirma en la pregunta. Además, para una mayor claridad de la respuesta, debemos señalar que en este tipo de trabajos se establece, normalmente, una proporcionalidad directa entre el valor del contrato y la longitud de diseño.

      El contrato 229 de 1999 fue suscrito bajo la modalidad de precio global fijo, por un valor de $ 493.940.893 más IVA, con base en el cual la determinación del costo de los diseños entre la calle 193 y la carretera del antiguo restaurante El Buda, (5.574 m), se puede establecer proporcionalmente, de acuerdo con la alternativa para determinar el costo por metro lineal que acoja el tribunal, para lo cual planteamos las dos alternativas que resultan de la interpretación que cada una de las partes le ha dado al texto del contrato:

      (...).

      El contrato 229 de 1999 corresponde al trayecto entre la calle 147 y la calle 193 (4.920 metros), por lo cual el valor por metro lineal es de cien mil trescientos noventa y cuatro pesos, ($ 100.394), más IVA, resultante de dividir el valor del contrato, ($ 493.940.893), por la longitud total del mismo (4.920).

      Con esta interpretación, los diseños entre la calle 193 y la carretera del antiguo restaurante El Buda, costarían $ 559.598.890 más IVA .

      Ahora bien, a pesar de la claridad de la respuesta de los señores peritos, no desconoce el tribunal el hecho, que de conformidad con el mismo dictamen pericial, los peritos manifestaron que a su juicio el valor del metro lineal así calculado resulta elevado, si se compara con el promedio de precios que se pagaba por estos trabajos en la época del contrato (fl. 16 del escrito de aclaraciones y complementaciones).

      Sin embargo, considera el tribunal que esta parte del dictamen pericial, es decir, la crítica al precio así resultante, no es de recibo, en primer lugar porque el precio global por el cual contrataron las partes no ha sido motivo de controversia en el presente caso, y en segundo lugar porque por esta misma razón no fue la justicia del precio punto sometido al concepto pericial.

      La afirmación gratuita de los peritos, entonces, no corresponde a lo sometido a su experticio, sino a punto accesorio que surge de los términos de las aclaraciones solicitadas por la apoderada del instituto, y no estima el tribunal que sea suficiente para enervar la clara conclusión de aplicar la proporcionalidad entre los trabajos inicialmente contratados y el precio pactado, y no discutido, al trabajo adicional exigido por el instituto a la Unión Temporal contratista.

      La conclusión que se impone es, entonces, que para los 5.574 metros no comprendidos en el contrato original y sin embargo ejecutados por la contratista debe aplicarse un valor proporcionalmente igual al inicialmente contratado, resultando entonces un valor de los trabajos adicionales de $ 559.598.890 más IVA, suma que servirá de base para calcular el valor correspondiente al 50% reclamado por el convocante.

      Pasa el tribunal a examinar la segunda de las excepciones formulada por la parte convocada la cual denominó excepción de contrato no cumplido .

      En primer término considera el tribunal que la excepción bajo análisis no es procedente frente a la primera de las pretensiones formuladas en la demanda, pues la misma no enerva el derecho de la parte demandante a que le sea reconocida la existencia de trabajos adicionales y por ende que sea declarado el rompimiento del equilibrio económico del contrato.

      Es pues frente a la segunda pretensión, esto es, a la del pago del valor de los trabajos adicionales, frente a la cual la excepción de contrato no cumplido tendría una indudable injerencia en la medida en que no podría el tribunal condenar al pago inmediato del valor de los trabajos adicionales si se encuentra probado que el contratista ha incumplido sus obligaciones contractuales y que aún no ha entregado la totalidad de las obras de conformidad con el contrato y los términos de referencia.

      Para el análisis de los presuntos incumplimientos del demandante y por ende de la posible prosperidad de la mencionada excepción, el tribunal se remite a las consideraciones que en relación con la demanda de reconvención y los presuntos incumplimientos de la parte demandada en reconvención se exponen a continuación.

      D.7. De las pretensiones de la demanda de reconvención y de las excepciones del demandado en reconvención

      Como quedó antes expuesto, la apoderada del Instituto de Desarrollo Urbano solicita en la demanda de reconvención que se declare que el señor J.M.L. incumplió las obligaciones que le correspondieron, derivadas del contrato 229 de 1999, que como consecuencia de lo anterior se ordene el pago de la cláusula penal pecuniaria pactada dentro del mencionado contrato equivalente al 10% del valor del contrato y, por último, solicitó al tribunal actualizar monetariamente tal monto.

      Como excepciones a las pretensiones de la demanda de reconvención, el ingeniero J.M.L.G., mediante apoderado propuso las que denominó cumplimiento de la obligación, exigencia de trabajos extras y adicionales por parte del Instituto de Desarrollo Urbano y contrato no cumplido.

      Estima pertinente el tribunal, en primer lugar, examinar los hechos considerados como incumplimientos por parte de la demandante en reconvención de conformidad con el texto de la correspondiente contrademanda.

      Del texto de la demanda de reconvención se infiere que los incumplimientos achacados por el Instituto de Desarrollo Urbano al demandado en reconvención se centran en la no entrega correcta y oportuna de los registros topográficos y en el incumplimiento de lo relativo a la gestión que correspondían al demandado en reconvención frente a las empresas de servicios públicos y a la Secretaría de Tránsito y Transporte, actividades ambas que, según el decir de la apoderada del Instituto de Desarrollo Urbano, correspondían al demandado.

      Con respecto al tema de los registros topográficos el tribunal considera:

      De conformidad con el documento de constitución de la Unión Temporal Beta, folios 11 y 12 del cuaderno principal de pruebas 1, correspondían a J.M.L.G. las labores relacionadas con la topografía. Dentro de los términos de referencia se estableció de un lado, en el capítulo VI, lo relativo al alcance de los estudios y diseños. Dentro de este capítulo y bajo el numeral 6.12 se consagró la elaboración de registros topográficos y, del otro lado, en el numeral 6.11 se establecieron las condiciones para la elaboración de tales registros, en el numeral 6.11.1 las condiciones para la elaboración de los planos de levantamiento topográfico de la línea de afectación y en el numeral 6.11.2 la obligación de presentación en medio magnético.

      Así pues, el contenido de los numerales antes citados enmarcan la forma en que los registros topográficos debían haber sido realizados por el consultor y contienen, de igual manera, los criterios que podían ser exigidos por el Instituto de Desarrollo Urbano para efectos del recibo a satisfacción del trabajo contratado. Cualquier otro requerimiento exigido excedería los términos del contrato y los de referencia, no siendo entonces obligatorio para el consultor.

      Es claro para el tribunal que el Instituto de Desarrollo Urbano debía abstenerse de exigir al contratista condiciones distintas a las contenidas en los términos de referencia, como lo son algunas de las contempladas en los instructivos elaborados por el Instituto de Desarrollo Urbano, por ende, si los trabajos entregados por ingeniero L.G. cumplían los requisitos contemplados en los términos de referencia, debía el Instituto de Desarrollo Urbano recibirlos a satisfacción.

      Debe entonces determinarse si los registros topográficos presentados por el demandado en reconvención cumplían con los requisitos determinados en los términos de referencia o si por el contrario aquellos no cumplían con tales requisitos, caso en el cual estaríamos ante un incumplimiento contractual. Para estos efectos, es pertinente el dictamen pericial rendido dentro del presente proceso y sus correspondientes aclaraciones y complementaciones. Así en el folio 5, del dictamen pericial y ante la pregunta formulada por el apoderado de la parte convocante a cuyo tenor comparen el trabajo realizado y entregado por el ingeniero L. sobre predios, con lo exigido en los términos de referencia del concurso IDU-CM-SCO-022-98 e indiquen si dicho trabajo cumple con lo exigido en estos términos de referencia , los peritos manifestaron:

      El 13 de enero de 2000, se radicó en el Instituto de Desarrollo Urbano el oficio JML-211-2000 (fl. 443), suscrito por el director de proyecto de la Unión Temporal Beta, con el cual se remite, para su revisión y aprobación ... cuatro (4) volúmenes A-Z correspondientes al estudio predial del proyecto ...

      Mediante oficio NQS-2000-042 de marzo 13 de 2000, dirigido a la Unión Temporal Beta, el director de interventoría se refiere a las observaciones hechas por la subdirección técnica de adquisición de predios del Instituto de Desarrollo Urbano, (STAP), haciendo las siguientes aclaraciones:

      El trabajo de topografía del proyecto como lo llama el ingeniero L., corresponde al volumen (sic) de estudios topográficos, el cual fue entregado por la interventoría al Instituto de Desarrollo Urbano sin que esto implique una aprobación definitiva .

      El diseñador con oficio JML-211-2000 y radicación IDU 02133 de enero 13 de 2000, entregó directamente al Instituto de Desarrollo Urbano para revisión solamente cuatro (4) volúmenes A-Z con la información predial del proyecto y no entregó la tira topográfica correspondiente .

      El formato en el cual el diseñador presentó los registros topográficos no coincide con el suministrado por la subdirección técnica de adquisición de predios para dicha labor .

      En cuanto al registro topográfico, este se debe entregar para la totalidad de los predios del proyecto .

      Del análisis de los anteriores comentarios y previa revisión del trabajo entregado al Instituto de Desarrollo Urbano con fecha 13 de enero de 2000, concluimos que los AZs remitidos corresponden a datos de campo de los predios y no cumplen lo exigido en los términos de referencia, en cuanto no se presentó el plano de todo el proyecto (tira topográfica) y no se utilizó el formato exigido por la subdirección técnica de adquisición de predios del Instituto de Desarrollo Urbano .

      De igual manera en el escrito de aclaraciones y complementaciones presentado por los peritos, respecto de la aclaración 5ª, los auxiliares de la justicia manifestaron:

      Aclaración.

      5° A la respuesta sexta (6ª)

      Con fundamento en el oficio NQS-99-075 aportado con la contestación de la contrademanda del Instituto de Desarrollo Urbano y en el acta 2 de terminación del contrato de consultoría, con el acta 3 de recibo y aprobación de diseños, suscritas el 14 de enero y 14 de febrero del año 2000, documentos que certifican la entrega de la tira topográfica y cuatro archivadores AZ contentivos de los registros topográficos (ítem 15), según oficios UTB-1338-1580 del 10 de diciembre de 1999, (planos), o sea tira tipográfica; UTB-207-99 del 23 de diciembre de 1999 (planos y tres AZ); y JML-211-2000 radicación IDU 02133 de enero 13 de 2000 (cuatro AZ), sírvanse aclarar su respuesta a la pregunta sexta sobre entrega de la tira topográfica antes de 13 de enero del año 2000 y sobre utilización del formato exigido por el Instituto de Desarrollo Urbano

      En reunión sostenida el día miércoles 2 de mayo del corriente, con el funcionario J.R. del Instituto de Desarrollo Urbano, nos informó que el Instituto de Desarrollo Urbano no había recibido, a esa fecha, los registros, ni la tira topográfica debidamente corregidos, por lo cual, ratificamos nuestra respuesta a la sexta pregunta:

      No obstante lo anterior, no sobra destacar lo aclarado por la apoderada del Instituto de Desarrollo Urbano en el escrito por medio del cual descorrió el traslado del escrito de objeción por error grave presentado por la parte convocante en el cual manifestó que:

      ... sostienen en el dictamen rendido que en la fecha de rendir el dictamen recibieron de parte del consultor la última entrega; que posiblemente concuerda con la que fue radicada en la entidad y en razón al trámite que debe seguir en las diferentes oficinas solo llegó para revisión a la dirección técnica de predios, de donde es funcionario J.R., el 11 de mayo del presente año (memorando STED-3200-0510), del cual se anexa fotocopia.

      Según información dada por la última dependencia citada, con memorando 8000-1016 se comunica que el contratista ha entregado desde 1999 más de ocho veces el trabajo al Instituto de Desarrollo Urbano, siendo devuelto por no cumplir con las especificaciones técnicas requeridas e ignorando las correcciones hechas por el Instituto de Desarrollo Urbano. Respecto de la revisión de la última entrega sostiene esta dependencia que será enviado a la dirección técnica de construcciones a más tardar el 25 de mayo del presente año .

      Teniendo en cuenta lo anterior, resulta que por causas no imputables a los peritos, para la fecha de rendir el dictamen no tuvieron oportunidad de revisar la última entrega hecha por el contratista, en la medida en que si bien los documentos hablan sido radicados en el Instituto de Desarrollo Urbano ellos no estaban en poder de la dirección técnica de predios.

      Al respecto considera el tribunal:

      Frente a las normas legales que en nuestro derecho probatorio regulan la carga de la prueba, estableciendo como regla general que quien afirma un hecho corre con el deber de comprobarlo en debida forma al fallador, so pena de que sean desechadas las pretensiones que intentan derivar de tal hecho, el punto de partida fundamental es que quien afirma el hecho tenga por lo menos la apariencia de claridad mental y fáctica de que el hecho ocurrió y ofrezca el aporte de los elementos probatorios que sustenten su afirmación.

      En el presente caso, la demanda de reconvención y la contestación a la convocatoria son ambas posteriores a actuaciones a las que se refieren las partes. En efecto, la aclaración de los peritos antes transcrita hace mención de documentos de enero 14 y febrero 14 del año 2000, referentes a la entrega de la tira topográfica en cuestión y de los registros topográficos aludidos, mientras que la demanda de reconvención y la contestación a la demanda principal se presentaron el 29 de febrero de 2000. Sería entonces de lógica suponer que el instituto tiene conciencia clara del incumplimiento que afirma en sus actuaciones procesales mencionadas.

      Desconcierta entonces, por decir lo menos, que surja ahora con motivo del peritazgo la afirmación del señor J.R. a los peritos, el 2 de mayo de 2001, más de un año después, en el sentido de que el Instituto de Desarrollo Urbano no había recibido la documentación aludida coincidiendo con la afirmación inicial de la apoderada procesal y llevando al tribunal a la impresión de que los demandantes principales habían incumplido sus obligaciones, cuando a continuación la misma apoderada del Instituto de Desarrollo Urbano en el debate relativo al peritazgo admite que efectivamente es posible que, catorce meses después de radicados los documentos en el Instituto de Desarrollo Urbano, estos puedan todavía no ser conocidos por la dirección técnica a cargo del asunto, supuestamente por el trámite que debe seguir en las diferente oficinas . La sola afirmación de la apoderada demandante en reconvención, de no haber existido depronto el incumplimiento, debe tomarse como comprobación del desorden de una entidad en la cual los trámites internos hacen que un documento pueda tomar quince meses desde su radicación hasta su recepción por el funcionario a que se dirige, obligando al tribunal a desechar la afirmación de incumplimiento, no solamente por no aparecer probada sino porque la misma afirmación no es absoluta ni contundente sino, por el contrario vacilante y especulativa.

      Con respecto al segundo incumplimiento alegado por la demandante en reconvención, esto es, la no entrega de los oficios de radicación del proyecto a las empresas de servicios y a la STT, cabe mencionar que, como consta en el acta 2 de terminación de contrato , a la fecha de la misma, 14 de enero de 200l, solo quedaba pendiente la radicación del proyecto en dos empresas del servicios públicos, Gas Natural y Codensa S.A. e igualmente la radicación del estudio de tráfico y del diseño de señalización y demarcación del proyecto en la Secretaría de Tránsito y Transporte.

      En cuanto a la radicación y aprobación del proyecto en las empresas de servicios públicos mencionadas, Gas Natural y Codensa S.A., obra en el expediente prueba del cumplimiento de las obligaciones de la Unión Temporal Beta.

      En efecto, obra a folios 157 y158 del cuaderno principal 2 la respuesta dada por Codensa S.A. al oficio del tribunal en la que manifestó:

      ... El ingeniero diseñador presentó el 18 de julio los planos con las correcciones correspondientes a las observaciones de la última revisión, dándose aprobación al proyecto 6-0543. Se sellaron los planos con este número y se entregó un juego al diseñador, terminando con esto el trámite de aprobación del diseño de redes eléctricas del proyecto avenida Norte-Quito-Sur tramo de la calle 147 hasta el fin del perímetro urbano .

      Por su parte, la empresa Gas Natural (fl. 73 y ss. del cdno. ppal. 2), manifestó:

      En atención a su comunicación del 17 de octubre del año en curso, con el cual solicitan informar a ustedes la fecha en la cual la Unión Temporal Beta presentó a Gas Natural S.A. ESP., los estudios y diseños de la avenida Norte-Quito-Sur (NQS), tramo calle 147 hasta el fin del perímetro urbano, a continuación, relacionamos las comunicaciones recibidas por parte de dicha entidad y su correspondiente respuesta:

      " 21 de enero de 2000, Unión Temporal Beta radicó comunicación UTB-213-2000 (copia anexa) anexando doce planos con las redes existentes y proyectadas de Gas Natural S.A. ESP, para su correspondiente revisión y aprobación.

      " 07 de febrero de 2000, con la comunicación 1111-0055-00 Gas Natural S.A. ESP (copia anexa) dio respuesta a la comunicación UTB-213-2000 de Unión Temporal Beta, devolviendo los planos 1 de 12, 3 de 12 y 5 de 12 con correcciones por realizar; todos los demás se encontraban acordes con nuestros registros y fueron devueltos con su respectivo sello.

      " 24 de marzo de 2000, Unión Temporal Beta radicó comunicación UTB-237-2000 (copia anexa), anexando doce planos con las redes existentes y proyectadas de Gas Natural S.A. ESP, con las correcciones realizadas anteriormente y doce planos con las redes existentes y proyectadas, corregidos para su correspondiente revisión y aprobación.

      " 03 de abril de 2000, con la comunicación 1111-0211-99, Gas Natural S.A. ESP, dio respuesta (copia anexa) a la comunicación UTB-237-2000 y se devolvió el plano 3 de 12 con correcciones por realizar. Los demás planos no tenían ninguna observación.

      A la fecha no se ha recibido respuesta de la Unión Temporal Beta, referente a las correcciones realizadas al plano mencionado anteriormente .

      Del estudio de las certificaciones de las empresas a que hemos hecho referencia, se aprecia que de todos los incumplimientos imputados tan solo hay algún sustento probatorio con respecto a uno de los 24 planos presentados el 24 de marzo de 2000 por la Unión temporal Beta a la empresa Gas Natural. Presentó la Unión 12 planos con las redes existentes y proyectadas corregidos de conformidad con las exigencias de la empresa el 7 de febrero de 2000, pues habían sido ya previamente presentados desde el 21 de enero del mismo año, y 12 planos con las redes existentes y proyectadas, corregidos para su correspondiente revisión y aprobación. El 3 de abril de 2000 Gas Natural S.A. ESP, devolvió uno de los planos para correcciones sobre cuya justificación no hay prueba en el expediente pero se aprecia que se trata de un plano que ya había sido presentado, devuelto, y supuestamente corregido.

      Por la irrelevancia relativa de un solo plano eventualmente faltante frente al cumplimiento de todos los demás requisitos que, a pesar de constar en el acta de terminación como cumplidos, se afirman incumplidos en el proceso sin sustento alguno, y considerando además la ausencia de una prueba clara y determinante aún con relación a este plano en duda, considera el tribunal que, respecto a la obligación del ingeniero J.M.L. de diseñar las redes de servicios públicos y presentar los proyectos para la aprobación de las correspondientes empresas de servicios, no existió incumplimiento alguno de su parte. Por el contrario, como consta en el expediente, el proyecto fue radicado en las diferentes empresas y, respecto de la radicación en las empresas que de conformidad con el acta 2 antes transcrita, se encontraba pendiente, la misma fue realizada por el demandante y obtuvo de igual manera su aprobación. Más aún, según los términos de referencia citados en el aparte D.2.3.4.1 de este mismo laudo es inclusive dudoso si ante Gas Natural S.A., la obligación del contratista iba hasta la obtención de la aprobación respectiva, o quedaba cumplida con la sola presentación de la solicitud de incorporación de las redes de gas natural existentes y proyectadas al diseño geométrico del proyecto.

      Por último, y en cuanto a la radicación del estudio de tráfico y del diseño de la señalización y demarcación del proyecto en la Secretaría de Tránsito y Transporte, actividad que se echa de menos en la mencionada acta 2 y la cual es catalogada como incumplimiento por la demandante en reconvención, el tribunal debe poner de presente que a su juicio tal actividad no le correspondía, de conformidad con las funciones establecidas en el documento de conformación de la Unión Temporal, al ingeniero L., sino que, atendiendo a lo contemplado en el mencionado documento, esta era una obligación de B.I.L., que tenía a su cargo la realización de los estudios de tránsito y transporte, geotecnia vial, diseño de pavimentos, estructuras, ambiental, espacio público, especificaciones y presupuesto, pliegos de licitación (fl. 11 del cdno. ppal de pbas. 1).

      Así pues, para el tribunal este presunto incumplimiento, no le es imputable al demandado en reconvención, razón por la cual no puede el tribunal pronunciarse sobre él.

      Por todo lo anteriormente expuesto, considera el tribunal que no existieron los incumplimientos alegados por la parte demandante en reconvención y por ende, la totalidad de sus pretensiones deben ser despachadas desfavorablemente en la medida en que todas serían consecuencia de la prosperidad de la primera de ellas, esto es, de haberse declarado probado el incumplimiento del ingeniero J.M.L. como miembro de la Unión Temporal Beta.

      En este mismo orden de ideas, y por encontrar que el convocante no incumplió el contrato celebrado con el Instituto de Desarrollo Urbano, estima el tribunal que no debe prosperar la excepción de contrato no cumplido planteada por la apoderada del Instituto de Desarrollo Urbano a la demanda inicial.

      D.8. Costas

      Por haber prosperado plenamente las pretensiones de la demanda principal debe condenar el tribunal, de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, a la demanda principal y demandante en reconvención a pagar las costas causadas en el proceso, en los términos del Código de Procedimiento Civil. Encuentra el tribunal probadas las siguientes:

      1. Por concepto de lo fijado a la parte vencedora para el funcionamiento del tribunal de conformidad con el Auto 1 de agosto 29 de 2000, deberá pagar el Instituto de Desarrollo Urbano a J.M.L.G. la suma de diez millones de pesos moneda corriente ($ 10.000.000.00);

      2. Por concepto de los honorarios causados a cargo de la parte vencedora por el dictamen pericial por ella solicitado y que deberán ser asumidos por la parte vencida la suma de dos millones quinientos mil pesos moneda corriente ($ 2.500.000.00), y

      3. Por concepto de agencias en derecho teniendo en cuenta el valor de la condena la suma de veintisiete millones novecientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos moneda corriente ($ 27.979.944).

      Así las cosas, el tribunal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

      RESUELVE:

   1. Declarar que existió rompimiento del equilibrio económico del contrato 229 de 1999 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Unión Temporal Beta, derivado de la ejecución de estudios y diseños adicionales exigidos por la entidad contratante sin estar comprendidos en el objeto del contrato.

   2. Para restablecer el equilibrio económico del contrato 229 de 1999, condenar al Instituto de Desarrollo Urbano a pagar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del presente laudo, al señor J.M.L.G., como integrante de la Unión Temporal Beta, la suma de doscientos setenta y nueve millones setecientos noventa y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos moneda corriente ($ 279.799.445), equivalente al 50% del valor determinado pericialmente de los estudios y diseños adicionales.

   3. Declarar no probadas las excepciones propuestas por la apoderada del Instituto de Desarrollo Urbano IDU.

   4. En relación con la demanda de reconvención, declarar que no existieron los incumplimientos contractuales atribuidos al demandado, J.M.L.G..

   5. En consecuencia denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda de reconvención.

   6. Condenar en costas y agencias en derecho al Instituto de Desarrollo Urbano IDU en la suma de cuarenta millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro pesos moneda corriente ($ 40.479.944).

   7. E. copia auténtica del presente laudo a cada una de las partes.

   8. E. copia auténtica del laudo al agente del Ministerio Público, al director del Instituto de Desarrollo Urbano y al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

   9. Ejecutoriado el presente laudo, protocolícese el expediente en una notaría de la ciudad.

      Bogotá, abril 3 de 2002.

      Dando cumplimiento al laudo de esta misma fecha, se expide copia auténtica del laudo arbitral proferido dentro del proceso de J.M.L.G. contra el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, sesenta y siete (67) folios con destinatario al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de comercio de Bogotá.