Sentencia de Tutela nº 593/92 de Corte Constitucional, 9 de Diciembre de 1992

Competencia

Esta Sala de la Corte goza de competencia para revisar las sentencias aludidas, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y según las previsiones contenidas en el Decreto 2591 de 1991.

Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela. Su integración al ordenamiento jurídico

Según dispone el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la defensa judicial de su derecho, a menos que intente la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

El sentido de la disposición, como lo ha subrayado esta Corte en varias ocasionesCfr. Corte Constitucional. S.P.. Sentencia No. C-543 de octubre 1 de 1992.

Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia No. 1 abril 3 de 1992., es el de subrayar el carácter supletorio del mecanismo, preservando así la integridad del ordenamiento jurídico como un todo armónico estructurado sobre la base, querida por el Constituyente, de brindar a todas las personas medios eficientes de acceso a la administración de justicia para la cierta defensa de los derechos que les corresponden, amparados por la propia Carta y por las leyes de la República.

Al compás de la experiencia colectiva, el sistema jurídico va moldeando instituciones que se conciben y perfeccionan dentro del propósito de dar solución idónea a la más diversa gama de conflictos cuya presencia, multiplicidad y complejidad son inevitables habida cuenta de la naturaleza misma de la vida en sociedad. El desarrollo de esas instituciones es inherente al Derecho, como instrumento civilizado que sustituye a las vías de hecho en la prevención y remedio de disputas y controversias. El conjunto institucional del que dispone la sociedad en un punto determinado de su historia no surge de manera sorpresiva sino que se forja y se decanta con el transcurso del tiempo; es el resultado de la evolución que hasta entonces ha experimentado el pensamiento jurídico; es simultáneamente fruto de su razonado desenvolvimiento y -en cuanto respuesta a necesidades ciertas de la comunidad- es justificación del Derecho como parte esencial de toda organización humana.

En ese orden de ideas, el instrumento jurídico en que consiste la acción de tutela no fue creado en sustitución o reemplazo de las instituciones, procedimientos y competencias existentes al entrar en vigencia la Constitución de 1991, sino que se originó en el designio expresado por ella en su artículo 1º, que inspira todo el ordenamiento jurídico toda vez que constituye uno de los fines del Estado: "...garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución...".

Así, pues, debe ser entendida esta acción como integrada al sistema armónico y organizado del ordenamiento jurídico, de manera que su aplicación tan solo tiene cabida cuando dentro de la gama de medios que aquel ofrece para la realización de los derechos no exista alguno que resulte idóneo para proteger inmediata y objetivamente el que aparece conculcado o es objeto de amenaza y por virtud de la conducta -positiva u omisiva- de una autoridad pública o de particulares en los casos contemplados por la ley.

La efectividad del medio alternativo como condición indispensable para la improcedencia de la acción

Dícese, según lo expuesto, que la acción de tutela "sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable" (artículo 86 de la Constitución), entendido éste último concepto en los términos que consagra la norma legal vigente: "...el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización" (artículo 6º, numeral 1, Decreto 2591 de 1991).

No obstante, como con acierto lo recuerda el Tribunal del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá en la sentencia que se revisa, la disponibilidad del otro medio judicial que pudiera ser usado para la defensa del derecho afectado ha de ser apreciada en concreto, teniendo en cuenta las condiciones del caso puesto a consideración del juez y las circunstancias específicas en que se halla el peticionario. Así lo ordena el artículo 6º, numeral 1º, del Decreto en cita, enfatizando el concepto de eficacia del instrumento correspondiente para la certidumbre del derecho invocado.

Esta calificación de idoneidad, atribuíble al medio de defensa judicial alternativo, es una condición indispensable para que el juez pueda estructurar sobre la base de su existencia la improcedencia de la acción. Recuérdese que la pretensión del Constituyente y, por tanto, la finalidad que debe perseguir la autoridad judicial al administrar justicia en sede de tutela es la certeza en la realización de los derechos cuya efectividad concreta se ve comprometida en el caso bajo examen, por encima de consideraciones de índole formal capaces de sacrificar el contenido material de aquellos.

Es preciso, entonces, que la Corte ratifique su doctrina sobre el tema:

"A este respecto debe expresar la Corte, como criterio indispensable para el análisis, que únicamente son aceptables como medios de defensa judicial, para los fines de excluir la acción de tutela, aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el derecho, es decir, que no tienen tal carácter los mecanismos que carezcan de conducencia y eficacia jurídica para la real garantía del derecho conculcado.

(...)

Considera esta Corporación que, cuando el inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política se refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial..." como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho. De no ser así, mal puede hablarse de medio de defensa y, en consecuencia, aún lográndose por otras vías judiciales efectos de carácter puramente formal, sin concreción objetiva, cabe la acción de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una utopía"Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Fallo No. 3 del 11 de mayo de 1992..

El medio judicial de defensa en cuanto apenas sea un recurso formal, inasible y teórico, insuficiente o inadecuado para la realización verdadera del derecho fundamental, cede el paso a la acción de tutela como mecanismo de aplicación inmediata que restablece en el caso considerado y en relación con las circunstancias reales de personas concretas la vigencia de los preceptos constitucionales.

En este caso estima la Corte Constitucional que, vistas las circunstancias en medio de las cuales se desenvuelven las relaciones entre la peticionaria y la empresa para la cual trabaja, particularmente su situación de indefensión respecto de ésta y la existencia de un perentorio proveído judicial no cumplido integralmente por la compañía condenada, los medios judiciales señalados por la juez de primera instancia como aptos para excluir la acción de tutela no lo son en realidad pues su utilización no aliviaría -al menos no con la oportunidad y la eficacia requeridas- la difícil coyuntura familiar en que ha sido puesta la demandante por la indolencia de su patrono y por la real inejecución de la orden judicial ya impartida.

A juicio de esta Corte, cabe la tutela en guarda de la efectividad de los derechos afectados (artículo 2º C.N.), habida cuenta de la naturaleza del asunto planteado, para obtener sin mayores dilaciones el efectivo obedecimiento a lo ordenado por un juez de la República como culminación de un proceso laboral que, en los términos del artículo 86 de la Constitución, fue en su momento medio de defensa judicial debidamente usado por la interesada pero inoficioso dado su incumplimiento en lo que concierne a la efectividad del derecho, lo cual excluye la improcedencia de la acción por las razones anotadas.

Responsabilidad del juez en la apreciación y evaluación de los hechos

La apreciación en torno a esa idoneidad del medio de defensa compete al juez, cuya evaluación debe recaer sobre los hechos que le son conocidos de manera directa dentro del proceso correspondiente, bien porque resultan de las pruebas aportadas por el solicitante, ya porque se concluyen o derivan de las que de oficio considere pertinente practicar habida cuenta de las características que ofrece la situación planteada.

Allí reside cabalmente uno de los elementos esenciales que configuran la delicada tarea encomendada por la Carta Política a quienes componen la Rama Judicial del Poder Público, de cuya aptitud y adecuado criterio jurídico se desprende grave responsabilidad en la administración del mecanismo que nos ocupa, bien por conceder la tutela sin que fuere procedente cuando existen otros medios adecuados a la defensa del derecho, ora por negarla con un criterio ajeno a la realidad cuando las circunstancias del caso requerían de su diligente acción para garantizar el imperio de la Carta y la realización de su contenido material encarnado en el derecho concreto que ha sido objeto de vulneración o amenaza.

De lo dicho resulta que el juez de tutela está obligado al conocimiento integral de la Constitución y a la aplicación de su preceptiva en todos aquellos casos librados a su definición, sin dejar de lado su comprensión universal, coherente y armónica del ordenamiento jurídico, a fin de establecer con criterio ponderado si el asunto de que se trata cae dentro de los límites fijados por el artículo 86 de la Carta o escapa a sus disposiciones.

Desde luego, esa ubicación teórico-jurídica sería completamente inútil si la resolución judicial se produce de espaldas a los hechos respecto de los cuales se ha pedido. Como ocurre en todo proceso -con mayor razón en los de esta clase- el juez de tutela tiene la misión de conocer de manera completa los acontecimientos que configuran la situación sobre la cual recaerá su fallo, los factores actuales que en ella influyen, así como los antecedentes que mejor la ilustran, para todo lo cual se hace indispensable su inmediación, su presencia próxima a ese campo fáctico y, por ende, la práctica de las pruebas indispensables para acceder a la convicción personal que habrá de anteceder a su sentencia.

El carácter inmediato, preferente y sumario de esta acción impide un período probatorio largo y complicado por cuanto ello pondría en peligro precisamente la efectividad y oportunidad de la actuación judicial, por lo cual queda al criterio del juzgador la definición acerca de la pertinencia de las pruebas que interese y sea razonable decretar.

La subordinación como fundamento de la tutela contra particulares

La regla general consagrada en el artículo 86 de la Constitución consiste en la procedencia de la tutela como medio judicial de defensa ante agresiones o amenazas a los derechos fundamentales por parte de autoridades públicas.

En principio, pues, no cabe contra particulares, salvo lo dispuesto en el inciso final de la misma disposición constitucional, a cuyo tenor "la ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión".

De lo establecido por el Constituyente en los transcritos términos resulta que son tres las razones que fundamentan la procedencia de la acción contra particulares:

1. Que esos particulares estén encargados de la prestación de un servicio público, lo cual es perfectamente posible a la luz de varios preceptos constitucionales, en especial el artículo 365, que en todo caso supedita la actividad de esas personas privadas a la regulación, control y vigilancia por parte del Estado;

2. Que la conducta del particular de que se trata afecte grave y directamente el interés colectivo;

3. Que el solicitante de la tutela se encuentre frente al particular en estado de subordinación o indefensión.

Dada cualquiera de estas circunstancias, habrá que entrar a definir si el caso específico encaja dentro de las previsiones contenidas en la ley en desarrollo de la autorización constitucional.

Por cuanto atañe al proceso sub-examine, importa la referencia al tercero de los señalados motivos, que se justifica en cuanto la persona carece de toda posibilidad de valerse por sí misma ante la agresión de que es objeto, de donde surge la plena competencia del Estado para intervenir. Este, en guarda de la efectividad de los principios, derechos y deberes plasmados en la Constitución (artículo 2º) y con el objeto de realizar el valor de la justicia (Preámbulo), asume por conducto de sus jueces la defensa del afectado.

Es claro que el trabajador respecto de su patrono, particularmente en una situación como la que ahora es objeto de examen, se encuentra en innegable estado de subordinación.

Ahora bien, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 ha desarrollado el mandato constitucional enunciando los casos en que cabe la tutela contra acciones u omisiones de particulares. De esa enunciación se hace necesario destacar el numeral 9º que cobija el caso sometido a estudio, avalando la procedencia de la acción: "Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela".

El caso en revisión

De la consideración y análisis efectuados en relación con los hechos y antecedentes en referencia, de los cuales obran numerosas pruebas dentro del expediente conocido por la Corte Constitucional, resulta a las claras que P.P.E. ha sido victima, junto con sus hijos menores, de una injustificada intransigencia patronal que al momento de presentarse la demanda de tutela afectaba de manera grave y directa varios derechos fundamentales cuya protección fue en buena hora decretada por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá.

La peticionaria había sido injustamente despedida de su empleo en abierta transgresión a las disposiciones laborales y a la Convención Colectiva de Trabajo, tal como lo estableció en su momento el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá (sentencia del diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa) .Expresamente señaló el aludido fallo que el despido de la trabajadora no produjo ningún efecto, por lo cual se ordenó su reintegro al cargo que ocupaba al momento de producirse aquel.

No obstante, burlando el mandato judicial aunque ofreciendo la apariencia de su acatamiento, la Empresa reintegró a la empleada pero estableció que el lugar donde debía desempeñar en adelante sus labores sería un municipio lejano de la Capital de la República. Ello significó que la peticionaria se viera forzada a permanecer aislada de su familia, residente en Santa Fe de Bogotá, durante varios días a la semana, con el consiguiente perjuicio para el cuidado de sus hijos menores y, además, le ocasionó una real disminución de su salario en cuanto quedó a cargo suyo el pago de un canon de arrendamiento por la habitación que debía ocupar en la nueva sede laboral, sin contar los gastos inherentes a transporte y alimentación.

Las consecuencias inmediatas del desafortunado accidente sufrido por una de las niñas cuando intentaba manipular una estufa de gasolina no pudieron ser atendidas por la madre con la urgencia que el caso requería, ya que, como se narra en la demanda, "la menor se escondió por miedo y sólo apareció cuando la madre regresó de M.". Tampoco le ha sido posible brindar el necesario cuidado a la otra niña, de ocho (8) años, quien presenta, según dictamen médico, un estado de salud delicado que se manifiesta en soplo cardíaco, opresión toráxica, cefalea ocasional, disnea de grandes esfuerzos y otros síntomas (folio 188 del expediente).

Obra en el expediente prueba suficiente en el sentido de que, si bien el padre de los niños vive en la misma casa y percibe por su cuenta algunos ingresos, son bien precarios sus aportes para el sostenimiento, crianza y educación de los menores y que en la práctica, dado su carácter y el maltrato de que los hace objeto (Cfr. Folios 268 a 272 del Expediente), la madre es quien ha asumido la responsabilidad de brindarles el apoyo espiritual y material que requieren.

Ninguno de los hechos en mención es desconocido por el patrono y desde hace tiempo PRESENTACION P. ECHEVERRIA viene suplicando en distintas instancias dentro de la estructura empresarial que se le conceda un traslado a Santa Fe de Bogotá con el solo fin de prodigar a sus hijos la atención a que tienen derecho. Desde el momento del reintegro la Empresa resolvió que se radicara en la región del S. alegando inexistencia de vacantes en otra ciudad y se negó rotundamente a trasladarla pese a que la empleada hizo varias peticiones verbales y escritas, directamente y por conducto del Sindicato, adjuntando certificados médicos sobre el estado de salud de su hija menor (Cfr. Folios 198 a 200, 235, 236, 273 a 275 del Expediente). Se le prometió trasladarla a las minas, al sur de Santa Fe de Bogotá y luego a C. en la misma ciudad, pero -dice la peticionaria- "... así me han tenido engañada hace más de un año".

El accidente sufrido por la niña S. tampoco fue capaz de conmover a las directivas de la Empresa. Expone la peticionaria en declaración juramentada que por toda respuesta a la reiteración de su solicitud después de acontecido el hecho, se le dijo que no se podía hacer traslado por ahora, "... hasta el año entrante que salía una señora pensionada" (Folio 200 del Expediente).

No cabe duda a la Corte sobre la injusticia de la actitud observada por la Empresa ni tampoco en torno al flagrante incumplimiento de la sentencia judicial que ordenó el reintegro de la interesada "al cargo que venía desempeñando" sobre la base de que el despido, frente a las disposiciones de la Convención Colectiva, "no surtió ningún efecto".

A juicio de la Corte, la compañía demandada no puede excusarse para persistir en su posición de inobservancia del fallo, en la circunstancia -cuya solución está en sus manos- de que no hay vacantes en Santa Fe de Bogotá. Tampoco que la peticionaria no haya hecho uso de acciones posteriores para obtener el cumplimiento íntegro de la determinación judicial, pues para la parte vencida en un proceso el fallo es vinculante por sí mismo sin necesidad de requerimiento alguno.

La Empresa, en criterio de esta Corporación, está obligada por el tenor del contrato de trabajo -que no sufrió solución de continuidad ni se extinguió en razón del despido ya que el juez competente dictaminó que éste carecía de todo efecto-, en cuya cláusula octava se dice: "El trabajador acepta desde ahora los traslados de lugar de trabajo y cambios de oficio que decida el patrono siempre y cuando que tales traslados o cambios no desmejoren sus condiciones laborales o de remuneración o impliquen perjuicios para el trabajador" (Subraya la Corte). Está probado que la remuneración de la peticionaria sufre notorio deterioro por el pago de arrendamientos en la sede del trabajo y los perjuicios para la trabajadora y para su familia son ostensibles.

Los derechos constitucionales de la familia y de los niños

Más allá de las consideraciones que anteceden, lo que reviste mayor trascendencia, ubicada esta Corte en la perspectiva de los derechos fundamentales, es el palmario desconocimiento de los principios y preceptos constitucionales por parte de la entidad demandada. En efecto, por mantener su terca negativa al cumplimiento cabal de una sentencia que la obliga, partiendo del supuesto equivocado de que el traslado en este caso es una dádiva suya y no un verdadero derecho de la peticionaria, la Empresa ha impedido que se brinde la debida atención a la salud de los hijos menores de su empleada; los ha privado de la protección y los cuidados que les corresponden habida cuenta de sus circunstancias particulares; ha contribuido a la desintegración del hogar y ha puesto en peligro la estabilidad laboral de la madre.

La Corte Constitucional estima necesario insistir en que uno de los fundamentos estructurales de la Carta Política en vigor es el reconocimiento expreso y reiterado de la dignidad de la persona y de la familia como bases insustituibles de la convivencia social (artículos 1, 2, 5, 42, 43 y 44 de la Constitución, entre otros), objetivos prioritarios del Derecho Positivo que nos rige y mandatos de ineludible observancia para las autoridades públicas y para los particulares. Estos últimos no son ajenos al imperio de la normativa superior y están obligados a la realización de los postulados y al cumplimiento de las normas que integran la Constitución bajo las responsabilidades y sanciones que el ordenamiento jurídico contempla (artículo 6º Ibidem).

A la luz del artículo 5º de la Carta, el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad, al paso que el 42 la señala como núcleo esencial de la misma, bien que se constituya por vínculos jurídicos o naturales, como en el caso que nos ocupa.

Consecuencia de esas declaraciones es la protección integral que el Estado y la sociedad, por mandato de la misma norma, están obligados a prestar a la célula familiar.

Es la familia institución primaria que demanda, mucho más allá de las teóricas y vacías palabras de los oradores, el decidido, cierto y efectivo respaldo de quienes tienen a su cargo la conducción del aparato estatal y las entidades privadas. no a título de mera filantropía sino como concreta expresión de las finalidades constitucionales señaladas de modo perentorio a los primeros (artículo 2º C.N.) y de la función social que deben cumplir los segundos para aspirar legítimamente a que se les reconozcan sus derechos (Preámbulo y artículos 1, 2, 5, 25, 42, 58 y 333 de la Carta Política, para citar tan solo algunos).

En cuanto a los niños se refiere, ha querido el Constituyente plasmar de modo expreso y en calidad de fundamentales, los siguientes derechos: "la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y libre expresión de su opinión" (artículo 44 de la Constitución. Ha subrayado la Corte).

La misma norma dispone que los niños "serán protegidos contra toda forma de abandono (subraya la Corte) y, añade que "la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos" (se subraya). Y, como si fuera poco lo dicho, el Constituyente legitima en causa a cualquier persona para exigir de la autoridad competente el cumplimiento de estos mandatos y la sanción de quienes los infrinjan, declarando que "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás".

En el caso sub-examine varios de los enunciados derechos, en cuanto toca con los hijos menores de P.P.E., están directamente comprometidos por la actitud de la Empresa para la cual labora su madre y, en consecuencia, deben ser judicialmente protegidos con la presteza que la situación amerita sin que se haga necesario, como lo exige la sentencia de primera instancia, que se acrediten pruebas sobre "acción u omisión directa" por parte de la compañía demandada en detrimento de la vida o la salud de los nombrados niños.

No cree la Corte, al contrario de lo expresado en dicho proveído, que exista una total independencia entre las amenazas reales que gravitan sobre los derechos de los menores y la reiterada negativa de la Empresa al traslado de la madre a Santa Fe de Bogotá, pues si bien es cierto que tal actitud no puede señalarse como causa eficiente de la enfermedad cardíaca que padece una de las niñas ni del accidente sufrido por la otra -es claro que la demanda no hace semejante imputación ni ella resulta tampoco del fallo de segunda instancia ni de la presente providencia- lo cierto es que la intransigencia de la sociedad demandada tiene un efecto práctico inocultable que consiste en la física imposibilidad de que la madre dispense a dichas menores los cuidados, la protección y el apoyo que, según la norma constitucional (artículo 44), hacen parte de sus derechos fundamentales, máxime cuando el alejamiento forzado de la señora P. no fue el resultado de su libre decisión al celebrar el contrato de trabajo sino el efecto inmediato de una reacción de la empresa ante el fallo judicial que ordenó su reintegro. Precisamente en eso consiste la tutela en este caso: en la orden de obligatorio e inmediato cumplimiento, impartida por el Tribunal de Santa Fe de Bogotá mediante providencia que se confirmará, para que alguien (aquí la Compañía "Central de Mezclas S.A."), cuya conducta envuelve la vulneración o amenaza de derechos fundamentales (en este proceso los de la familia P., en especial las hijas menores de la misma), actúe en el sentido de acatar integralmente la sentencia del juez laboral que había dispuesto el reintegro de la demandante en las mismas condiciones de trabajo en que se encontraba cuando fue despedida, una de ellas la de desempeñar su cargo en esta ciudad. Ello corresponde también al cumplimiento del contrato laboral, a cuyo tenor la trabajadora no puede ser trasladada si el traslado significa perjuicio para ella o desmejora sus condiciones salariales como acontece en el presente caso.

Son suficientes las consideraciones que anteceden para que la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, adopte su decisión en el asunto planteado.

Según lo dicho, la Sala