Sentencia de Tutela nº 185/95 de Corte Constitucional, 26 de Abril de 1995
| Ponente | Hernando Herrera Vergara |
| Fecha de Resolución | 26 de Abril de 1995 |
| Emisor | Corte Constitucional |
| Expediente | 55945 |
| Decision | Negada |
Sentencia No. T-185/95
PERSONA JURIDICA PUBLICA-Titularidad/DEBIDO PROCESO
No cabe duda acerca de que la titularidad del derecho que el artículo 29 de la Constitución Política contempla, corresponde a todas las personas naturales o jurídicas y en este último evento, privadas o públicas que, conforme a lo dispuesto por el ordenamiento, tengan capacidad para ser parte dentro de un proceso. Así pues, fuerza concluir que la titularidad del derecho fundamental al debido proceso deriva de la capacidad que tienen las personas jurídicas de derecho público para ser parte en los procesos judiciales máxime si los intereses en juego en ocasiones se hallan garantizados constitucionalmente, como acontece con las Universidades que gozan de la autonomía que la Carta les reconoce.
ACCION DE TUTELA CONTRA AUTO QUE IMPUSO MULTA-Improcedencia
No atañe a esta S., en ejercicio de sus competencias, entrar a rebatir estas razones; simplemente se limita a destacar que la actuación surtida no se revela contraria a derecho, convicción que se ve reforzada si se tiene en cuenta que en contra de la decisión inicial, la parte afectada interpuso los recursos de reposición y apelación logrando por ese medio la exclusión de la sanción impuesta a la apoderada judicial por entender que su presencia "no era forzosa".
REF: EXPEDIENTE No. T- 55.945
PETICIONARIO: Universidad Distrital F.J. de Caldas contra el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá.
PROCEDENCIA: Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
TEMA: Titularidad para el ejercicio de la acción de tutela por personas jurídicas.
MAGISTRADO PONENTE:
Dr. H.H.V..
S. de Bogotá, D.C., abril 26 de mil novecientos noventa y cinco (1995).
Procede la S. Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados H.H.V., A.M.C. y F.M.D., a revisar los fallos proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, el 25 de octubre de 1994, y por el Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, el once (11) de noviembre del mismo año.
El negocio llegó al conocimiento de esta S. de Revisión de la Corte Constitucional, por vía ordinaria de la remisión que hizo el Consejo de Estado, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la S. de Selección número Uno de la Corte escogió para efectos de revisión la presente acción de tutela.
I.I. PRELIMINAR.
L.R.L., Rector y R.L. de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, mediante poder legalmente conferido a la Abogada LUZ S.C.S., instauró acción de tutela en representación de la Universidad, contra el Juzgado 23 Civil del Circuito de S. de Bogotá, y el Tribunal Superior, S.C., de esta misma ciudad, por violación de sus derechos fundamentales al "(...) debido proceso y al derecho sustantivo, artículos 29 y 228 de la Constitución Nacional (...)".
La apoderada de la Universidad Distrital F.J. de Caldas, fundamenta su demanda en los siguientes
HECHOS:
-
"En el Juzgado 23 Civil del Circuito de S. de Bogotá, se adelanta proceso ejecutivo instaurado por M.L.R., contra la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS. Se notificó en legal forma y se procedió a formular las excepciones de rigor".
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El Juzgado 23 Civil del Circuito de S. de Bogotá, citó a la parte demandada para que el día 3 de febrero de 1994 a las 10:00 A.M. concurriera a la celebración de la audiencia de conciliación y ese mismo día, los estudiantes citaron al Rector a una reunión para debatir el Estatuto de la Universidad, reunión que en sentir del accionante "(...) terminó en vías de hecho prolongándose en el tiempo, impidiendo fisicamente (sic) los estudiantes la salida de los asistentes y desde luego del Rector. Este hecho ajeno a la voluntad del Rector le impidió asistir a la Audiencia en la hora señalada".
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"Dentro del término legal, le presento (sic) excusa al Señor J., con base en los hechos ocurridos. La cual fue certificada por el S. General de la UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS, a quien le constaba lo sucedido (...)"
La excusa no fue aceptada por el J. y como consecuencia de lo ocurrido sancionó a la parte demandada y a la apoderada.
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Contra el auto que impuso las sanciones se interpusieron los recursos de reposición y apelación; al resolver el J. la reposición, revocó parcialmente la decisión, exonerando a la apoderada y disminuyendo la sanción del Rector.
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Posteriormente, el auto fue enviado en apelación al Tribunal Superior de S. de Bogotá, el cual resolvió agravar la sanción al rector "(...) de 1 salario mínimo a 5 salarios, por la no asistencia a la Audiencia. Quebrantando el principio de la reformatio impejus (sic), al hacer más gravosa la situación del único apelante".
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"Al no aceptarse la excusa y fijar nueva fecha para la Audiencia, se da por no contestada la demanda y los hechos de la parte demandante como ciertos, ocasionándose un perjuicio a la Universidad Distrital".
PRETENSIONES
El apoderado de la accionante solicitó que se "(...) garantice la imparcialidad del proceso establecido en la Carta Constitucional, ya que de lo detallado en los hechos se evidencia la amenaza de que fue objeto la Administración Pública, ya que se vulneró un derecho fundamental, como el debido proceso en el momento en que el J., desconoció la excusa presentada en el término legal y mediante plena prueba(...)".
-
Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia del 25 de octubre de 1994, rechazó la tutela, con fundamento en las consideraciones que a continuación se resumen:
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) " Las decisiones que la accionante busca controvertir a través de esta acción están contenidas en dos autos dictados por el Juzgado 23 Civil del Circuito de S. de Bogotá y la S.C. del Tribunal Superior. ".
-
) "(...) la acción de tutela no puede ser ejercida contra providencias y demás Sentencias judiciales definitivas, es decir que ponen fin a la actuación en los procesos judiciales", toda vez que, mediante Sentencia No. C-543 de 1992 La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Pese a que la Corte Constitucional ha sentado "nuevas bases para la acción de tutela respecto de actuaciones judiciales", en Sentencias referentes a la denominada "vía de hecho", algunas de las cuales transcribe parcialmente; consideró el despacho judicial que "ninguna de las situaciones descritas.....tuvo lugar en el caso que se analiza".
-
) "De las pruebas aportadas al expediente surge con claridad que aquel procedimiento que debe cumplirse ante el Juzgado y el Tribunal para resolver lo relativo a la sanción y negativa de la Audiencia de Conciliación tuvo su curso normal en ambos despachos". Estimó, además que "si bien la sanción impuesta a la accionante fue incrementada por el superior jerárquico del J., su monto se mantiene en general, dentro de los lineamientos que permite el Decreto No. 2651 de 1991, es decir que puede ser hasta de diez salarios mínimos".
-
) "En consecuencia, la tutela resulta improcedente respecto del derecho al debido proceso y el derecho a la prevalencia del derecho sustancial, alegados por el peticionario, ya que la aplicación de este último no puede llevar al desconocimiento de la Ley".
En sentir de la apoderada del accionante, la tutela se dirige en contra del auto que negó la excusa presentada por la Universidad, porque la prueba fue presentada en tiempo; la certificación de inasistencia a la audiencia la expidió el S. General de la Universidad, dado el carácter que ostenta como funcionario de un ente público que da fe de los actos de la entidad, según funciones establecidas en la Ley. Además de lo anterior expresa que la causa de lanasistencia fue la fuerza mayor o caso fortuito.
La tutela busca que se restablezca el debido proceso y a que se le dé el reconocimiento de plena prueba a la excusa por no asistir a la audiencia.
El Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, mediante providencia del once (11) de noviembre de 1994, resolvió confirmar la Sentencia, por los siguientes motivos:
"La S. comparte la decisión del Tribunal a-quo al considera improcedente la acción de tutela impetrada, además de los argumentos expuestos por las siguientes consideraciones:
En múltiples oportunidades al resolver acciones de tutela incoadas por personas jurídicas ha señalado la S. doctrina que aprecia que las personas jurídicas en razón de su existencia no natural y relativa no son titulares de derechos fundamentales (...)".
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 2o. del artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, remitió el expediente a esta Corporación para efectos de su eventual revisión. Después de haber sido seleccionada y repartida, entra la S. Sexta de Revisión a quien correspondió, a estudiar y fallar el asunto de la referencia.
Primera. La competencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, esta S. es competente para revisar el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, y por el Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Segundo. La materia.
El primer aspecto en el que, una vez más, debe insistir la S. a propósito del caso que en esta oportunidad ocupa su atención, tiene que ver con la titularidad para el ejercicio de la acción de tutela que también se reconoce a las personas jurídicas. Es amplio el desarrollo jurisprudencial que la Corporación ha producido acerca de este tópico; al respecto, cabe puntualizar los siguientes lineamientos:
-El derecho colombiano distingue dos tipos de personas, las naturales y las jurídicas, de modo que cuando el artículo 86 de la Carta se refiere a "toda persona" como titular de la acción, no establece diferencias de ninguna índole y, por ende, no hay razón valedera para excluir a las personas jurídicas de la posibilidad de impetrar la tutela.
-Resulta obvio que, si la acción de tutela se dirige a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que están siendo vulnerados o amenzados por una autoridad pública o por un particular en los supuestos que la ley prevé; al admitir, en concordancia con el planteamiento anterior, su ejercicio por personas jurídicas, se reconoce que estas son titulares de los derechos constitucionales fundamentales.
-Debe puntualizarse, sin embargo, que, en razón de la naturaleza específica de las personas jurídicas, existen algunos derechos que no son predicables de ellas sino exclusivamente de las personas físicas o naturales, lo cual no se opone a que busquen la protección de los derechos cuya titularidad les atañe mediante el ejercicio de los mecanismos que el ordenamiento jurídico dispone para tal fín.
En la presente causa, la Universidad Distrital F.J. de Caldas acude al instrumento tutelar aduciendo la vulneración del debido proceso y el desconocimiento de la prevalencia del derecho sustancial porque, a juicio del accionante, ni el Juzgado 23 Civil del Circuito de S. de Bogotá, ni el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta misma ciudad, aceptaron la excusa presentada para justificar la inasistencia del Rector y R.L. a una audiencia de conciliación previamente programada dentro de un proceso ejecutivo seguido en contra de la entidad, situación que acarreó la imposición de las sanciones legalmente previstas y que además, según la apoderada, irroga perjuicio a la institución universitaria toda vez que "al no aceptarse la excusa y fijar nueva fecha para la audiencia, se da por no contestada la demanda y los hechos de la parte demandante como ciertos".
Ante todo, resulta ineludible destacar la naturaleza pública de la persona que promueve la acción de tutela. Sobre el particular, la Corte ha indicado que "las personas jurídicas -incluso de derecho público- son titulares de algunos derechos fundamentales, entre ellos -por vía de simple ilustración- los derechos de defensa y debido proceso, consagrados en el artículo 29 de la Constitución" (Sentencia T- 081 de 1993. M.P.D.E.C.M.).
La S. prohija estos criterios. No cabe duda acerca de que la titularidad del derecho que el artículo 29 de la Constitución Política contempla, corresponde a todas las personas naturales o jurídicas y en este último evento, privadas o públicas que, conforme a lo dispuesto por el ordenamiento, tengan capacidad para ser parte dentro de un proceso. Así pues, fuerza concluir que la titularidad del derecho fundamental al debido proceso deriva de la capacidad que tienen las personas jurídicas de derecho público para ser parte en los procesos judiciales máxime si los intereses en juego en ocasiones se hallan garantizados constitucionalmente, como acontece con las Universidades que gozan de la autonomía que la Carta les reconoce ( Artículo 69 C.P.).
En el caso sub exámine la Univerdidad Distrital F.J. de Caldas, vinculada a un proceso ejecutivo, en calidad de parte demandada, aboga por la protección del derecho consagrado en el artículo 29 que en opinión de su R.L. le fue violado. La S. no advierte en ello motivos que ab initio tornen improcedente la acción de tutela, porque ubicándose el debido proceso en la categoría de los derechos constitucionales fundamentales, no resulta coherente ni jurídico sostener que una de las partes se encuentra privada de la posibilidad de ejercer las prerrogativas que el mencionado derecho ofrece porque su específica naturaleza le impide ser titular del mismo.
Semejante predicado conduce, sin mayor obstáculo, a la equivocada conclusión de que en un proceso en el que se ventile un litigio que enfrente a una persona natural y a una persona jurídica, la primera gozaría de todas las garantías propias del debido proceso, en tanto que la segunda se vería privada de esas garantías puesto que "las personas jurídicas en razón de su existencia no natural y relativa no son titulares de derechos fundamentales", o más aún, fácilmente podría llegar a sostenerse que en un proceso en el que ambas partes fueran personas jurídicas no habría lugar para la observancia y el cumplimiento del debido proceso porque ninguna de las partes estaría cobijada por sus contenidos, ya que, las personas jurídicas, "no son titulares de derechos fundamentales" y el debido proceso es uno de ellos. Esta S. de Revisión de la Corte Constitucional no puede acoger una interpretación que no se compadece con los principios constitucionales referentes a los sujetos de la acción de tutela.
Si bien es cierto, conforme a lo brevemente expuesto, que la Universidad Distrital F.J. de Caldas podía impetrar la tutela argumentando la vulneración del debido proceso, estima la S. que la acción no está llamada a prosperar puesto que, tal como lo entendió el despacho de primera instancia, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-543 de 1992, declaró inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, que contemplaba la posibilidad de instaurar la acción prevista en el artículo 86 de la Constitución Política en contra de providencias judiciales. Señaló la Corte en esa oportunidad:
"Vistas así las cosas, en nuestro sistema pugna con el concepto mismo de esta acción la idea de aplicarla a procesos en trámite o terminados, ya que unos y otros llevan implícitos mecanismos pensados cabalmente para la guarda de los derechos, es decir, constituyen por definición "otros medios de defensa judicial" que a la luz del artículo 86 de la Constitución, excluyen por regla general la acción de tutela".
Y más adelante, puntualizó que:
"(...) No está dentro de las atribuciones del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está exluida de plano en los conceptos de autonomía e idependencia funcionales ( artículos 228 y 230 de la Carta) a los cuales ya se ha hecho referencia.
" De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve sobre la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso, o en relación con el derecho que alli se controvierte.
"No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen diligencias judiciales ya ordenadas por el juez de conocimiento, ni modificar providencias por él dictadas , no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de justicia ( artículo 228 C.P.), sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio ( artículo 29 C.P.) ; quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del debido proceso. Lo anterior, sin tener en cuenta la ostensible falta de competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y diligencias producidos como consecuencia de la decisión con los consiguientes perjuicios para las partes, la indebida prolongación de los procesos y la congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos judiciales.
" De las razones anteriores concluye la Corte que no procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente". (Sentencia C-543 de 1992 M.P.D.J.G.H.G..
Además de lo expuesto, la Corte precisó en el pronunciamiento citado que "nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales desconozcan o amenacen derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión cause un perjuicio irrmediable (...)" Ninguna de estas hipótesis se configura en el caso sub lite.
El Juzgado 23 Civil del Circuito de S. de Bogotá estimó que la excusa no resultaba aceptable, "pues era previsible la reunión" y que la circunstancia de que proviniera de un funcionario de la propia dependencia es "intrascendente", ante la anotada previsibilidad; argumento que compartió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de S. de Bogotá con la advertencia adicional de no haber encontrado "probado en el proceso el hecho imprevisto" que se aduce. No atañe a esta S., en ejercicio de sus competencias, entrar a rebatir estas razones; simplemente se limita a destacar que la actuación surtida no se revela contraria a derecho, convicción que se ve reforzada si se tiene en cuenta que en contra de la decisión inicial, la parte afectada interpuso los recursos de reposición y apelación logrando por ese medio la exclusión de la sanción impuesta a la apoderada judicial por entender que su presencia "no era forzosa".
Aun cuando se mantuvo la multa a la parte demandada, habiéndola aumentado el superior de un salario mínimo mensual a cinco, la S. comparte el criterio del fallador de tutela de primera instancia en el sentido de considerar que "su monto se mantiene en general, dentro de los lineamientos que permite el decreto 2591 de 1991, es decir que puede ser hasta de diez salarios mínimos", criterio que la apoderada de la Universidad expuso al sustentar el recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado 23 Civil del Circuito, en los siguientes términos: "Para sorpresa en el auto que resuelve la reposición el señor J., toma la decisión de exonerarme y la disminución de la sanción al señor rector, no se puede explicar a la luz de la norma, tal decisión, ya que la norma establece en forma clara y precisa que la sanción se debe tasar a partir de cinco salarios mínimos hasta diez salarios mínimos no permite la interpretación, ya que es taxativa en señalar la máxima y la mínima sanción, por tanto es inexplicable la decisión del inferior , al legislar sobre la materia". En consecuencia, no se quebranta el principio de la no reformatio in pejus.
La Corte Constitucional reitera así su criterio en el sentido de afirmar que las personas jurídicas pueden ejercer la acción de tutela de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política y con el Decreto 2591 de 1991 por tratarse de titulares de derechos fundamentales, pero no tutelará los derechos del accionante por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
V.D..
En mérito de lo expuesto, la S. Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
PRIMERO. Confirmar pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia la Sentencia proferida por el Consejo de Estado, S. de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, el once (11) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que a su vez confirmó la Sentencia proferida por el por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, el veinticinco (25) de octubre de 1994.
SEGUNDO. Líbrense por Secretaría, las comunicaciones de que trata el artículo 36 del decreto 2591 de 1991.
N., cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase.
H.H.V.
Magistrado Ponente
A.M.C.
Magistrado
F.M.D.
Magistrado
MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General.
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