Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº de 25 de Septiembre de 2013
| Número de expediente | 40545 |
| Fecha | 25 Septiembre 2013 |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Materia | Derecho Penal |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrada Ponente:
M.D.R.G.M.
Aprobado Acta No. 317
Bogotá D.C., septiembre veinticinco (25) de dos mil trece (2013).
Una vez realizada la diligencia de audiencia de sustentación del recurso de casación, resuelve la Sala la impugnación interpuesta por la Fiscalía contra el fallo de segundo grado proferido por el Tribunal Superior de Pereira el 2 de octubre de 2012, confirmatorio en lo sustancial del dictado en primera instancia por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, a través del cual condenó a la procesada M.L.S.M. como coautora penalmente responsable del concurso de delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y captación masiva y habitual de dineros, pero la absolvió como autora del punible de concierto para delinquir.
En septiembre de 2005 C.A.S. inscribió en la Cámara de Comercio de Pasto el establecimiento Proyecciones D.R.F.E. dedicado a la renta de capital, captación de dinero e inversiones, que en verdad correspondía a un conocido esquema delictivo de pirámides. En noviembre de 2007 creó la Comercializadora D.R.F.E. dispuesta para la venta de electrodomésticos, vehículos, pasajes aéreos, servicios médicos, etc.
En abril de 2008, en los municipios de P. y Dosquebradas, comenzaron a funcionar agencias de la empresa Proyecciones D.R.F.E. administradas por M.L.S.M. y M.T.V., quienes también estaban a cargo de las oficinas de Armenia, Consacá, Guaitarillas y Barrio Obrero.
Estableció la Policía Judicial que en las sucursales de los citados municipios se captaron cuarenta y cuatro mil millones de pesos ($44.000.000.000) de aproximadamente 5000 inversionistas y el patrimonio de M.S. se incrementó en quinientos millones de pesos ($500.000.000) en la citada anualidad.
Las entidades de control y vigilancia intervinieron la mencionada empresa y posteriormente dispusieron el cese de actividades.ACTUACIÓN PROCESAL
Con base en las denuncias formuladas por las víctimas de la empresa Proyecciones D.R.F.E., la Fiscalía solicitó se librara orden de captura, entre otras personas, contra M.L.S.M., la cual se materializó.
El 15 de diciembre de 2009, en audiencia realizada en el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de P. se impartió legalidad a la captura y la Fiscalía le imputó la comisión del concurso de delitos de concierto para delinquir, lavado de activos agravado, captación masiva y habitual de dineros y enriquecimiento ilícito de particular, la cual no aceptó. En la misma oportunidad, a instancia del ente acusador le fue impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por domiciliaria.
Presentado el escrito de acusación, el 19 y 24 de febrero de 2010 se realizó la correspondiente audiencia, en la cual la Fiscalía la acusó como coautora material impropia de los delitos de captación masiva y habitual de dinero (artículo 316 Ley 599 de 2000), lavado de activos agravado (artículos 323 y 324 ídem), enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 327 ejusdem) y concierto para delinquir (artículo 340 del Estatuto Punitivo), con circunstancias genéricas de mayor punibilidad (numerales 1º, 6º y 7º del artículo 58 del Código Penal).
Surtida la fase del juicio, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de P. profirió fallo el 5 de julio de 2011, por cuyo medio condenó a M.L.S. a la pena principal de diez (10) años y seis (6) meses de prisión y multa por mil cien (1100) salarios mínimos legales mensuales, y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de libertad, como coautora penalmente responsable del concurso de delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particular y captación masiva y habitual de dinero. En la misma providencia la absolvió por el delito de concierto para delinquir y le concedió la prisión domiciliaria sustitutiva de la intramural, por ser madre cabeza de familia.
Impugnada la sentencia por la Fiscalía y la defensa, el Tribunal Superior de P. revocó la prisión domiciliaria para disponer el traslado de la procesada a un establecimiento carcelario y confirmó en lo demás la decisión atacada mediante proveído del 2 de octubre de 2012.
Contra la decisión del ad quem, el Fiscal Treinta y Dos de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y el Lavado de Activos interpuso recurso extraordinario de casación y allegó la correspondiente demanda, la cual fue admitida mediante auto del 8 de mayo de 2013.
La audiencia de sustentación del recurso de casación se llevó a cabo el pasado 6 de agosto.
EL LIBELO
Luego de hacer un extenso relato de los hechos, la actuación procesal y las sentencias de primera y segunda instancia, el F. demandante invoca la causal tercera establecida en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, es decir, la violación indirecta de la ley sustancial derivada de falsos juicios de existencia por omisión de pruebas que condujeron a la absolución de la acusada por el delito de concierto para delinquir.
Los medios de convicción cuya omisión deplora el casacionista son los siguientes:
(i) Estipulación probatoria uno, que trata de la denuncia formulada por el Secretario de Gobierno de Pereira, en la cual informó que en la calle 12 No. 12 B – 06 de la citada ciudad funcionaba una empresa comercial dedicada al esquema de pirámide en la captación de fondos, amén de que se observaban largas filas de usuarios, cuyo representante legal era C.A.S., prueba de la cual se deduce que el poder de la organización implicaba la participación de otras personas en su estructura logística, máxime si se extendió a otras sedes, de manera que se trataba de un acuerdo de voluntades para realizar un gran engranaje articulado.
(ii) La estipulación dos, consistente en un informe de policía que da cuenta de la captura de M.M.T.V., quien pretendía huir de una de las sedes de la empresa con $4.130.000.000.oo, además de la evidencia No. 9 de la Fiscalía, que da cuenta de vínculos entre la mencionada ciudadana y MIRIAM LUCÍA SOLARTE en la administración de nómina a través de Aservinal del personal empleado en Proyecciones D.R.F.E., con lo cual se acredita que entre la acusada y el cerebro de la organización mediaba un acuerdo de voluntades propio del concierto para delinquir.
(iii) Evidencia No. 1 de la Fiscalía que da cuenta de 5.294 denuncias de víctimas, presentadas hasta el 26 de noviembre de 2008, quince días después de la intervención estatal de la actividad de Proyecciones D.R.F.E., con las cuales se demuestra que no era C.A.S. el único que ejecutaba los delitos, pues se valía también de M.S. y otras personas en su empresa criminal.
(iv) Evidencia No. 5 de la Fiscalía que trata del Informe de un Investigador, en el cual alude a los cobros que M.L.S. realizaba a Proyecciones D.R.F.E. mediante cuentas, con base en ello puede acreditarse que la actividad de aquella era de suma utilidad en la captación masiva y habitual de dinero.
(v) Evidencia No. 8 de la Fiscalía que corresponde a un escrito dirigido por el Alcalde del Municipio de Buesaco a la Investigadora, en la cual certifica que C.A.S. otorgó poder a M.L.S. para que obtuviera la licencia de funcionamiento para Proyecciones D.R.F.E. en forma indefinida, de manera que puede probarse la voluntad de permanencia de la acusada en la empresa delictiva planeada por aquél.
(vi) Evidencia No. 12 de la Fiscalía relativa a un documento del 2 de octubre de 2009 suscrito por G.G., agente interventor del comerciante C.A.S. y Proyecciones D.R.F.E., donde señala el impacto de las actividades adelantadas por tal empresa en 345.018 personas, de la cual hacía parte MIRIAM SOLARTE.
(vii) Evidencia No. 16 de la Fiscalía con la cual se acredita que mes y medio antes de la intervención de la empresa por parte del Estado, C.A.S. otorgó poderes a abogados ante una inminente acción estatal, y la misma M.L.S. adicionó uno de tales contratos, de manera que se pretendía contratar a un profesional que asumiera la defensa de todos los administradores de Proyecciones D.R.F.E.
(viii) Evidencia No. 19 de la Fiscalía que trata del interrogatorio absuelto por la indiciada M.M.T., debidamente ingresado al juicio, en el cual relata cómo la acusada SOLARTE MUÑOZ manejaba las oficinas de varios municipios, y que la iniciativa de abrir una sede se sometía a la aprobación de C.A.S. y un grupo de asesores, mediante una franquicia, que podía ser por sueldo o por ganancia.
Concluye el recurrente que si los falladores no hubieran omitido las mencionadas pruebas, seguramente habrían concluido que M.L.S.M. tenía la condición de coautora del delito de concierto para delinquir, sin que procediera su absolución, con mayor razón si se trata de un punible autónomo que no requiere de un resultado específico para su consumación.
Con base en lo expuesto, el F. demandante solicita a la Sala casar parcialmente el fallo atacado, en cuanto se refiere a la absolución proferida en las instancias por el delito de concierto para delinquir, para en su lugar condenar a M.L.S. por dicho comportamiento.
AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN 1. Intervención de la Fiscalía demandante
La Fiscal Cuarta Delegada ante esta Corporación rememora que en los años 2008 y 2009 tuvo lugar un gran descalabro económico para el país por cuenta del esquema de las pirámides.
Señala que si bien en este asunto se condenó a la acusada como coautora de tres delitos, fue absuelta por el punible de concierto para delinquir, dado que los falladores no tuvieron en cuenta una serie de pruebas debidamente aportadas por la Fiscalía y mencionadas en el libelo casacional, con las cuales se acredita que las actividades de Proyecciones D.R.F.E. no eran exclusivamente adelantadas por su representante legal, pues contaba con el concurso permanente de varias personas, entre ellas MIRIAM LUCÍA SOLARTE, amén de...
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