Sentencia de Constitucionalidad nº 372/11 de Corte Constitucional, 12 de Mayo de 2011

2.

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano J.L.P.A. demandó el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.”.

Mediante auto del primero (1°) de octubre de dos mil diez (2010), el Despacho del Magistrado Sustanciador Dr. J.I.P.C., admitió la demanda presentada.

1.1. NORMA DEMANDADA

A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada:

“LEY 1395 DE 2010

(julio 12 de 2010)

Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

(…)

ARTICULO 48. Modifíquese el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual quedará así:

Artículo 86. Sentencias susceptibles del recurso. A partir de la vigencia de la presente ley y sin perjuicio de los recursos ya interpuestos en ese momento, sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de doscientos veinte (220) veces el salario mínimo legal mensual vigente.”

1.2 DEMANDA

Solicita la demandante la declaración de inconstitucionalidad del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, por considerarlo violatorio de los artículos 2°, 13, 25, 53 y 229 de la Constitución Política, con base en los siguientes argumentos.

1.2.1 Afirma que el artículo 48 de la ley 1395 de 2010 desconoce el principio de igualdad, pues establece como requisito para acceder al recurso extraordinario de casación en materia laboral que la cuantía ascienda a los 220 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cuál, en palabras del actor “no establece distinción alguna entre personas, pues rige de manera idéntica para todas, sean patronos o trabajadores, poderosos o débiles, dependan o no de un salario para subsistir y tener vida digna, estén protegidos de manera especial o no por la Constitución; es decir no hace distinciones donde ética y jurídicamente se justifican, lo cual es la base esencial del principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política y, por ende, quebranta este artículo constitucional y, de contera al citado artículo 25 de la Carta Política que ordena perentoriamente al legislador proteger especialmente al trabajo y a los trabajadores (…)”.

1.2.2

Para fundamentar su posición, trae a colación jurisprudencia de la Corte Constitucional referente a la aplicación del principio de igualdad y señala que en la Sentencia C-606 de 1992, la Corte indicó que “la garantía del principio de igualdad se traduce en el hecho de que al poder público le está vedado, sin justificación razonable acorde al sistema constitucional vigente, establecer condiciones desiguales para circunstancias iguales y viceversa”.

1.2.2. Agrega que la disposición atacada, en tanto restringe el acceso al recurso extraordinario de casación al fijar como requisito para acceder a éste, que la cuantía de los procesos exceda los 220 SMLMV, vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia de los trabajadores (artículo 229 de la Constitución) y la prohibición de menoscabo de la libertad, dignidad humana y los demás derechos de los trabajadores (artículo 53 ibídem).

1.2.3 El actor sostiene que la norma desconoce la igualdad material como nuevo presupuesto del Estado Social de Derecho (art 13), en razón a que no toma en consideración la situación real de la mayoría de los trabajadores, y por el contrario, establece requisitos que limitan en forma desproporcionada el acceso al recurso extraordinario de casación. Sobre el particular señala que “la igualdad es uno de los elementos conformantes del orden justo y supone reconocer las diferencias entre las personas para tomar medidas razonables y adecuadas que los equiparen”

1.2.4 Aduce que la Constitución Política ha reconocido, en el artículo 53, que los trabajadores son la parte débil en la relación del trabajo, y por tanto, los mecanismos para acceder a la administración de justicia deben estar acorde con tal postulado constitucional. Ello supone el “de alcanzar razonable y proporcionalmente la protección del recurso extraordinario de casación laboral no obstante su condición de subordinado, de fragilidad económica y en la relación laboral. Los trabajadores también tienen el derecho fundamental y humano de acceder a la justicia pese a su condición de débil, pues el beneficio de la igualdad supone elevarle protectivamente hasta el acceso a la justicia y al no menoscabamiento de sus derechos”

1.2.5 Para el actor, el acceso a la administración de justicia tiene una especial connotación en el caso de los trabajadores, en razón a la especial protección otorgada por el Constituyente al trabajo en todas sus modalidades. En estos términos, dicho acceso es un “medio importantísimo y destacado para que los trabajadores (por regla general parte débil en la relación de trabajo y en lo económico procesal) obtengan declaratoria y amparo de sus derechos laborales (que son base de la subsistencia misma y de sus posibilidades de VIDA DIGNA)”

1.2.3 Sostiene que el aumento desproporcionado de la cuantía para recurrir en casación constituye una medida regresiva en cuanto a la protección de los derechos de los trabajadores y desconoce la realidad social de la mayoría de ellos, pues devengan salarios bajos y que por ello muy difícilmente en sus procesos laborales alcanzaran el tope mínimo de los 220 SMLMV. Sobre el particular considera que la Ley 1395 de 2010 limita en forma excesiva las posibilidades de acceder a este recurso extraordinario, pese a que “los derechos constitucionales de los trabajadores no pueden ser reducidos o suprimidos”.

1.2.3 INTERVENCIONES

1.2.4 Intervención del Ministerio de la Protección Social

La representante del Ministerio de la Protección Social, M.R.T., solicita a esta Corporación la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada, con los siguientes argumentos:

1.2.4.1 La interviniente hace referencia al informe de ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes del proyecto de ley N°255 de 2009, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial, y trae a colación el informe de ponencia para segundo debate en Cámara del mismo proyecto. Con fundamento en los informes de ponencia antes señalados, el Ministerio de la Protección Social concluye que el establecimiento de la cuantía como requisito de procedencia del recurso extraordinario de casación se justifica, por una parte, en la libertad de configuración con la que por mandato constitucional cuenta el legislador, y por otra, en la necesidad de racionalizar la administración de justicia y adoptar medidas para sea eficaz, eficiente, pronta y cumplida, propósitos que justamente fueron perseguidos por el legislador al momento de expedir la norma acusada.

1.2.4.2 Sostiene que la jurisprudencia constitucional, especialmente la Sentencia C- 426 de 2002, consideró que por razón de su vinculación directa con el debido proceso y con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad, el acceso a la administración de justicia se define también como un derecho medular, de contenido múltiple o complejo, que comprende: (i) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso; y (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales-acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos, entre otros. El Ministerio considera que la disposición acusada garantiza tales elementos y, por tanto, no podría hablarse de una decisión desproporcionada del legislador.

1.2.5 Intervención del Instituto Colombiano de Derecho Procesal

El Instituto solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad de la reforma del artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por las siguientes razones:

1.3.2.1. Señala que el artículo 25 de la Constitución impone a los funcionarios de la rama judicial y a los demás funcionarios del Estado, la obligación de defender el trabajo y todos los demás derechos que surjan de él. En consecuencia, todo aspecto procesal debe interpretarse conforme a este mandato constitucional.

1.3.2.2. Asegura que la norma atacada desconoce tal mandato constitucional al aumentar desproporcionadamente la cuantía para poder interponer el recurso extraordinario de casación, lo que impide que muchos casos de interés general puedan llegar al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.

1.3.2.3. Agrega que en el mismo precepto constitucional se reconoce que no existe igualdad entre empleadores y trabajadores, de donde se colige que debe brindarse protección jurídica a estos últimos, por ejemplo, a través del principio de favorabilidad en materia laboral. En cuanto al artículo 53 de la Carta Política, considera que la norma acusada menoscaba los derechos en él consagrados, en la medida en que al aumentar en forma desproporcionada la cuantía para interponer el recurso, se afecta la parte más débil de la relación laboral.

1.3.2.4. Finalmente, aduce que en virtud del artículo 229 de la Constitución, los trabajadores tienen derecho a acceder a la justicia no solo a nivel de juzgados y tribunales, sino también ante la Corte Suprema. Con la cuantía excesiva para la procedencia del recurso en mención, indica que se está convirtiendo la jurisdicción laboral en “elitista”, pues se establece una discriminación odiosa por el factor económico.

1.3.3. Intervención de la Universidad Nacional de Colombia

1.3.3.1. El Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia inicia se intervención aclarando que a pesar de que la actor se refiere a la violación de los artículos 2, 13, 25, 53 y 229 de la Constitución, el examen debe dirigirse hacia el análisis de la proporcionalidad de la medida adoptada, es decir, al aumento de la cuantía para recurrir en casación en materia laboral, por lo que procede a realizar un examen de constitucionalidad según el test de proporcionalidad.

1.3.3.2. Así las cosas, el interviniente destaca que la finalidad del derecho laboral consiste en alcanzar la justicia en la relación trabajador-empleador. Afirma que ello conlleva una necesaria “coordinación económica y equilibrio social” en palabras del artículo 1° del CST; y, por tanto, sostiene que el modelo de derecho laboral adoptado en Colombia entiende que la parte más débil de la relación laboral es el trabajador y, por ello, se consagran normas que lo igualan materialmente con los empleadores.

1.3.3.3. La finalidad de la modificación de la norma es la de descongestionar la justicia para hacerla mucho más expedita, de ello da cuenta la ponencia para primer debate en el Senado de la República del proyecto de Ley 197 de 2008, por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial. Sin embargo, considera que resulta contradictorio pretender el aumento en la cobertura y mejora de la administración de justicia y al mismo tiempo incrementar el interés para acudir en casación hasta 220 salarios mínimos, pues esa cifra niega el acceso a la inmensa mayoría de los trabajadores y por tanto, sus intereses nunca serán debatidos por el máximo tribunal de la justicia ordinaria laboral, la Corte Suprema de Justicia.

1.3.3.4. Pero es más grave que se pierda de vista uno de los fines fundamentales de la institución del recurso de casación: la unificación de jurisprudencia. Señala que como consecuencia de la norma acusada, esta labor se trasladaría a los tribunales de distrito, quienes fijarían la interpretación de las normas laborales.

1.3.3.5. Por otra parte, expresa que el DANE, en su informe estadístico febrero-abril de 2010, afirma que el promedio de los salarios en las 13 principales ciudades del país es de menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que el 58% de los trabajadores en el país viven en la informalidad. De las estadísticas anteriores, afirma que puede evidenciarse fácilmente que una cuantía como la consagrada en la norma acusada hace impensable el acceso a la Corte Suprema de por lo menos el 90% de los trabajadores.

1.3.3.6. Así las cosas, sostiene que por cuenta de la flexibilización laboral, de la temporalidad en el modelo de contratación laboral que hoy impera y del aumento de la cuantía para recurrir en casación, jamás llegarán los problemas de los trabajadores a la Corte Suprema. En consecuencia, la discusión de los pleitos laborales de la inmensa mayoría de los trabajadores quedará supeditada al agotamiento de las instancias ordinarias.

1.3.3.7. Concluye que la reforma no desarrolla uno de los principios esenciales al Estado Social de Derecho, cual es el de proteger al trabajo como un principio fundamental, dado que propone un trato diferenciado y excluyente en el acceso a la administración de justicia en la modalidad del recurso de casación en materia laboral, desprotegiendo a los trabajadores colombianos.

1.3.4. Intervención de las ciudadanas C.M.F. y V.H.M.

Las ciudadanas coadyuvan la demanda y solicitan la inexequibilidad de la norma demandada por ser violatoria del artículo 13 de la Constitución. Sus argumentos se resumen a continuación:

1.3.4.1. La norma demandada es violatoria del derecho a la igualdad, debido a que al emplear niveles de ingreso como referentes para acceder al recurso extraordinario de casación, se pone fin al derecho de los demandantes -que en los proceso laborales suelen ser los empleados- de recurrir las decisiones de los jueces de instancia ante la Corte Suprema de Justicia, mediante el recurso extraordinario de casación.

1.3.4.2 Las intervinientes hacen alusión a la importancia que tiene el trabajo y las relaciones laborales justas en un Estado Social de Derecho, el cual, debe propender por “la eliminación de factores de desequilibrio, que aseguren la vigencia, la efectividad del principio de igualdad y la consagración de un sistema contentivo el cual integra una protección jurídica concreta del trabajo, el cual debe ser desarrollado eficazmente por el legislador, basándose en los principios mínimos fundamentales que se encuentran consagrados en nuestra Constitución en su artículo 53”.

1.3.5 Intervención de la ciudadana L.J.F.

La ciudadana apoya la petición presentada por el demandante, por las siguientes razones:

1.3.5.1 Manifiesta que el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 es violatorio del artículo 13 Constitucional, debido a que es evidente la desigualdad existente entre empleador y empleado, pues éste goza de una condición de inferioridad que se vislumbra en la necesidad de percibir un salario, que en la mayoría de los casos no es suficiente para llevar una vida en condiciones dignas. Por tanto, el hecho de que la mayoría de la población acceda a salarios bajos, lleva a que sus reclamaciones laborales también lo sean, y por ello, la cuantía establecida en el artículo censurado para acceder al recurso de casación, supondría una restricción discriminatoria, que torna al recurso en “extraordinariamente elitista” en aras de una descongestión judicial.

1.3.5.2 Al respecto, la interviniente cita la Sentencia C-345 de 1993, en la que la Corte Constitucional estableció que “lo que es contrario a la Carta es deducir consecuencias jurídicas de los bajos niveles de ingreso para efectos de sancionarlos con la privación de ciertas garantías procesales. En otras palabras, es claramente contrario a la Constitución premiar a los altos ingresos mediante la concesión de beneficios procesales (…)”.

1.3.6 Intervención de la ciudadana N.O.O.

La ciudadana interviene con el fin de solicitar la declaración de exequibilidad de la norma acusada por ajustarse a los preceptos superiores. Sus argumentos son los siguientes:

1.3.6.1 El recurso de casación no es una tercera instancia, ni un recurso que pueda asimilarse a los recursos ordinarios, sino que se trata de un recurso extraordinario, lo que implica que sólo pueda utilizarse con el fin de impugnar determinadas sentencias judiciales, cuando sean violadas las normas sustanciales o las procedimentales. Este recurso tiene como propósito “el enjuiciamiento de la sentencia y no el estudio del caso que le dio origen”. Por tanto, el derecho al trabajo se protege a través de la consagración y uso de las dos instancias reconocidas en los procesos laborales. En su opinión, ello se encuentra respaldado en la Sentencia C- 596 de 2000, en la cual la Corporación estableció que: “la protección del derecho al trabajo se logra esencialmente durante las instancias procesales que ha diseñado para tal efecto el legislador, donde los trabajadores pueden acudir en defensa de sus derechos e intereses. En dichas instancias pueden hacer valer los recursos ordinarios”.

1.3.6.2 El legislador, por mandato del artículo 150 numeral 2, tiene libertad de configuración para crear y modificar los procesos, las actuaciones judiciales y las reglas formales del debido proceso, condicionado al respeto de los derechos, garantías, principios y valores contemplados en la Carta. Como sustento de este planteamiento, cita la sentencia antes mencionada, en la cual se establece que el legislador tiene competencia para establecer los medios de impugnación ordinarios -en desarrollo del principio de las dos instancias- y los extraordinarios. En consecuencia, el Congreso puede señalar qué recursos proceden contra las decisiones judiciales, así como los requisitos necesarios para que los sujetos procesales puedan hacer uso de ellos, las condiciones de admisibilidad o de rechazo y la manera en que ellos deben ser decididos. Por tanto, no considera que la norma demandada sea violatoria del derecho a la igualdad ni al derecho al acceso a la administración de justicia.

1.3.7 Intervención de la ciudadana S.V.E.

La ciudadana solicita que la Corte Constitucional declare la exequibilidad del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, aduciendo lo siguiente:

1.3.7.1 El recurso de casación no es una tercera instancia judicial y, por tanto, no es válido afirmar que imponer determinados requisitos a dicho recurso supone una violación al derecho al acceso a la justicia, pues dichas medidas no implican detrimento del derecho de los ciudadanos a iniciar procesos judiciales y obtener una sentencia justa y acorde a derecho, y en caso de no considerarla como tal, a acceder a una segunda instancia ante un juez superior.

1.3.7.2 La rama legislativa goza de plena competencia para dictar normas sustanciales y procesales en materia laboral, incluso si ellas suponen limitaciones a los medios de acceso a la justicia. Por tanto, el hecho de que la Ley 1395 de 2010 haya reglamentado disposiciones laborales referentes a los mecanismos judiciales, no implica una extralimitación en las funciones del legislativo, pues dicha normativa fue expedida en ejercicio de las potestades que le fueron conferidas por la Carta Política.

1.3.7.3 En cuanto a la cuantía impuesta por la Ley 1395, aclara la interviniente que no representa la suma de dinero que debe tener ni mucho menos pagar el demandante para poder hacer uso del recurso, sino la suma a la cual debe ascender la cuantía debatida en el litigio. En este sentido, es una falacia afirmar que la medida es injusta porque requiere medios económicos para acceder a ella, pues el hecho de que un trabajador devengue poco salario, no implica que no pueda iniciar o ser parte de un litigio que verse sobre una cuantía igual o mayor a la requerida por la disposición acusada.

1.3.7.4 Sobre la supuesta violación al derecho a la igualdad, expone que el hecho de que el poder legislativo, en uso legítimo de sus potestades, reglamente ciertos mecanismos excepcionales, no implica que las personas dejen de ser libres e iguales ante la ley, pues en ningún momento supone una discriminación por motivos de raza, género, sexo, etc.

1.3.7.5 Respecto al derecho al trabajo, considera que la disposición demandada no está eliminando las condiciones dignas y justas, así como tampoco la especial protección de la que goza el trabajador.

1.3.8 Intervención de la ciudadana M.P.O.B.

La ciudadana presentó escrito de intervención en aras de coadyuvar al demandante, para lo cual se basó en los siguientes argumentos:

1.3.8.1 Sostiene que Colombia como Estado Social de Derecho se funda en la prevalencia del interés común, por tanto, no es adecuado restringir el acceso a los recursos en ciertos procesos por una causa tan insuficiente como lo es la cuantía de dichos procesos.

De igual manera, expone que la medida desconoce el principio constitucional a la igualdad, pues no toma en consideración la situación actual de la sociedad colombiana, la cual corresponde a un elevado índice de pobreza, según reportes del diario Portafolio a los que se refiere en su escrito.

1.3.8.2 Lo anterior, se traduce en una medida regresiva que produce un grave impacto en el derecho de acceder a la administración de justicia por parte de los trabajadores. En efecto, la mayoría de colombianos no tendrían acceso a participar en procesos de una cuantía igual o superior a los 220 SMLMV, y que en definitiva, daría origen a que solo unos pocos se verían beneficiados con el acceso al recurso de casación. En palabras de la interviniente, “la condición de poder contar con mayor liquidez significa ser más apto para que la ley reconozca que se es susceptible de gozar de un derecho procesal”, lo cual a la luz de la Constitución de 1991 es violatoria de los mandatos constitucionales.

1.3.8.3 Por último, considera que la Constitución es enfática en otorgarle al legislador plena competencia para que organice la administración de justicia, y para ello, nada resulta más neutral que el establecimiento de una cuantía que responda a factores objetivos de determinación. No obstante, como el recurso de casación es un medio extraordinario que permite la corrección de errores judiciales, resulta inconstitucional que el legislador la impida en procesos laborales inferiores a 220 SMLMV, aún cuando se encuentre demostrada la causal.

1.3.9 Intervención del ciudadano J.F.P.M.

El ciudadano solicita la declaración de inconstitucionalidad de la norma demandada por las siguientes razones:

1.3.9.1 La Corte Constitucional en la Sentencia C-596 del 2000 expresó que “con la regulación de la casación, no se trata sólo de preservar el interés privado que cada una de las partes procesales, demanda de la administración de justicia, sino, además, el interés supremo colectivo que tiene el Estado y la comunidad en la conservación, respeto y garantía de la norma jurídica, con el fin de asegurar, conforme al preámbulo de la Constitución un marco de justicia material, efectiva, concreta y comprometida con el anhelo de orden y paz, que le asiste como derecho, a todas las personas”. Por tanto, la exequibilidad del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 contraría lo expuesto por la Corte, ya que viola el interés privado de las personas y a su vez el interés supremo y colectivo que tiene el Estado y la comunidad de acceder a una justicia material efectiva.

1.3.9.2 El aumento desproporcionado de la cuantía para acceder al recurso de casación carece de una razón objetiva. Para el anterior aserto se basa en las estadísticas y reportes dados por los diarios nacionales, entre ellos El Colombiano, en el cual se revela que en Colombia hay 20 millones de colombianos que viven en la pobreza y 8 en la indigencia; es decir, que más de la mitad de la población vive con menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Así las cosas, tal disposición creó una barrera mediante la cual se desprotege a un gran número de trabajadores, lo que se convierte en una limitación al derecho a la acceso a la administración de justicia.

1.3.10 Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia

El representante del Ministerio del Interior y de Justicia defiende la norma demandada en el proceso de la referencia así:

1.3.10.1 La Corte Constitucional, en Sentencia C- 596 de 2000, declaró exequible el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo, modificado en su momento por el Decreto-Ley 719 de 1989 en el sentido de aumentar a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cuantía para recurrir en casación, la cual estaba regulada en la Ley 11 de 1984, art. 26 y ascendía a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Por tanto, tratándose de la misma disposición (art. 86 del Código procesal del Trabajo) y del mismo contenido normativo (aumento considerable de la cuantía para recurrir en Casación laboral), aplican para el caso objeto de examen, las mismas razones expuestas por la Corte en la precitada sentencia.

En la mencionada sentencia la Corte estableció: “en cuanto al recurso de casación la Constitución, como se advirtió antes, aunque sólo se limita a establecer de modo general la competencia funcional de la Corte Suprema como tribunal de casación, lo erige como un recurso de rango constitucional, como lo reconoció la Corte Constitucional. Por lo tanto, no ofrece duda que su regulación en lo que concierne a: la procedencia del recurso, la cuantía del interés para recurrir, la naturaleza de las sentencias que pueden ser objeto de éste; las formas y los términos para su interposición, su sustentación y condiciones de admisibilidad, los trámites del recurso y el contenido de la decisión, son cuestiones que compete regular al legislador autónomamente, aunque respetando los límites antes señalados”.

1.3.10.2 Por otra parte, considera que la protección del derecho al trabajo se logra esencialmente durante las instancias ordinarias procesales que ha diseñado el legislador, donde los trabajadores pueden acudir en defensa de sus derechos e intereses.

La casación no necesariamente es el mecanismo procesal por medio del cual se defienden y protegen los derechos e intereses de los trabajadores, pues ésta muchas veces se constituye en un obstáculo para que el trabajador pueda en forma pronta y oportuna satisfacer sus derechos.

1.3.10.3 No hay violación al principio a la igualdad, en razón s que los 220 SMLMV operan para las dos partes procesales, es decir, para el trabajador y empleador.

De la misma manera, aduce que no se desconoce el acceso a la justicia, pues este derecho se encuentra garantizado en el hecho de poder acceder a las instancias ordinarias del proceso, por lo tanto, bien puede restringirse la posibilidad de acceder a la casación, pues éste es un recurso excepcional, extraordinario y limitado.

1.3.10.4 En Sentencia C-103 de 2005, la Corte Constitucional estableció que no resulta contrario a la Constitución el hecho de que el legislador consagre diferencias procesales a partir del factor cuantía, cuando, entre otras finalidades, se busca con ello racionalizar el aparato judicial haciendo menos complejo el proceso judicial y garantizando mayor prontitud y eficiencia en la administración de justicia.

Por otro lado, el factor cuantía como elemento para determinar la competencia de los jueces, ha sido avalado como legítimo por esta Corporación y declarado constitucional, cuando se fundamenta en un criterio general, impersonal y abstracto, pues como se dejó consignado en las sentencias antes transcritas: “(…) la racionalización en la administración de justicia, obliga a la adopción de técnicas que aseguren prontitud y eficiencia y no sólo justicia en su dispensación. Para ello, es razonable introducir el factor cuantía como elemento determinante de la competencia, pero la cuantía referida a un quantum objetivo que no se fundamente en los ingresos subjetivos de las personas”.

1.3.10.5 Sobre la finalidad de la norma demandada, hace referencia a la ponencia presentada ante la Comisión Primera de Senado, radicada por ese Ministerio, donde se justificó la reforma de que trata la disposición acusada en la descongestión judicial, así: “con la intensión de racionalizar el acceso a la jurisdicción laboral, de tal manera que se coadyuve a la descongestión de la jurisdicción del trabajo, se propone modificar los artículos (…) 86, (…) del Código Procesal del Trabajo (…). Se sugiere aumentar el interés parar recurrir en Casación, contemplado en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo, de tal manera que se permita a la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia poder resolver una carga más racional de asuntos en materia del recurso extraordinario de Casación, ya que en la actualidad, en razón de las medidas de descongestión tomadas respecto de juzgados y tribunales superiores de distrito, se ha producido un incremento desmesurado de los asuntos a cargo de la S., pues ésta debe conocer no solo del recurso de Casación sino también del recurso de revisión, del de anulación, además de tutelas, tanto en primera como segunda instancia, recursos de queja, conflictos de competencia, calificación de ceses de trabajo, entre otros”.

1.3.11 Intervención de la ciudadana L.M.J.L.C.

La ciudadana solicita que se declare la constitucionalidad de la norma acusada. Los fundamentos que justifican su solicitud son los siguientes:

1.3.11.1 En cuanto a la procedencia de la casación, observa que las normas que determinan cuales sentencias judiciales pueden ser objeto del recurso, se presumen en principio ajustadas a la Constitución, en virtud del respeto del juicio valorativo que ha efectuado el legislador, fundado en las razones que consultan la realidad social; por tanto, las apreciaciones del legislador, en cuanto contribuyen a la racionalización, eficiencia y eficacia de la administración de justicia, son intangibles y no pueden ser desconocidas por el juez constitucional. Así las cosas, al ser la casación un recurso excepcional, el legislador tiene la potestad de reglamentarlo, de tal manera que se generen limitaciones para su procedencia y el modo de ejercitarlo, por lo que no puede ser equiparable a los recursos ordinarios, y tampoco se puede pretender que el recurso de casación sea aplicable a todos los procesos.

1.3.11.2 La Constitución, en su artículo 150, ha establecido la cláusula de competencia general en cabeza del Congreso para expedir leyes. Sobre este punto la Corte Constitucional ha expresado que “el legislador tiene la libertad de configuración para crear y modificar los procesos y actuaciones judiciales, condicionada al respeto de los derechos, garantías, principios y valores contemplados en la misma Constitución, conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”. Por consiguiente, se infiere que es competencia del Congreso establecer los medios de impugnación ordinarios, en desarrollo del principio de las dos instancias, y los extraordinarios. Puede en consecuencia el legislador señalar qué recursos proceden contra las decisiones judiciales, así como los requisitos necesarios para hacer uso de ellos y las condiciones de rechazo o de admisibilidad de ellos.

1.3.11.3 En cuanto al derecho a la igualdad, considera que lo constitucionalmente vetado es otorgar trato diferenciado a situaciones idénticas, lo que no se materializa en el mandato de la norma demandada; pues ésta establece para las dos partes procesales, es decir tanto para trabajador como para empleador las mismas condiciones de acceso al recurso de casación. En palabras de la interviniente, “en caso tal de retirar el requisito de la cuantía para el recurso de casación laboral implicaría hacerle decir al artículo algo que no dice, esto es, que el recurso de casación procede contra toda sentencia de segunda instancia, y tal garantía no ha sido consagrada por la carta. El recurso de casación laboral no es un derecho, por lo cual no se puede pretender el acceso al mismo por cualquier parte procesal en todo tipo y a todo momento del proceso. El legislador ha previsto diferentes recursos a los cuales pueden acceder las partes procesales, los cuales no son aplicables a todos los procesos, momentos y providencias dentro del proceso en particular.”

1.3.12 Intervención ciudadana de las estudiantes de derecho de la Universidad de los Andes, L.G., P.G. y D.B.

Las intervinientes solicitan a esta Corporación la declaración de exequibilidad de la norma demandada según los siguientes argumentos:

1.3.12.1 Como petición previa solicitan la declaratoria de inhibición de la Corte Constitucional en este asunto, debido a que el concepto de violación utilizado por el actor no ha sido lo suficientemente fuerte, lo cual no permite la realización de un análisis concienzudo para fallar de fondo. La Corte ha señalado que las razones de inconstitucionalidad deben ser claras, ciertas, especificas, pertinentes y suficientes, como carga mínima de argumentación que el actor debe exponer para evitar una decisión inhibitoria.

Debido a la debilidad de los argumentos, las intervinientes sospechan que se ha utilizado el mecanismo para concretar un análisis de conveniencia, por lo cual citan lo que ha dicho la Corte en este sentido: “tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia, calificándola de inocua, innecesaria, o reiterativa a partir de una valoración parcial de sus efectos”[1]. De igual manera, el demandante incurre en una falacia de generalización apresurada, pues “considera que todos los trabajadores, según la realidad colombiana, no podrán devengar más de 220 salarios, por lo que la norma no los está teniendo en cuenta, y por ende, al haber una contradicción con el derecho a la igualdad, es inconstitucional. Lo que el demandante no está teniendo en cuenta es que, aunque sí se parte de la base de que el trabajador es la parte débil de la relación laboral, no es una realidad imperativa en la cual no se encuentren casos de trabajadores que así lo hagan. Ahora bien, aún en el caso de que esto no fuera cierto, el titular de la demanda no está teniendo en cuenta que, como mecanismo extraordinario, se está partiendo de la base de que sólo un número reducido de casos y personas podrán llegar hasta éste.”

1.3.12.2 Superado el tema de la inhibición de la Corte en este asunto, consideran las intervinientes que lo pertinente es la declaratoria de constitucionalidad de la norma demandada. Lo anterior por cuanto los sujetos procesales gozan de diversos mecanismos para impugnar la decisión del juez o los jueces de instancia, y su elección debe ajustarse a los requisitos señalados por el legislador, quien actuando de acuerdo a su ámbito de configuración normativa, ha especificado los puntos y requisitos para acceder a la jurisdicción. Sin embargo, expresan que el legislador no goza de una facultad absoluta de configuración normativa, pues tal como lo ha expresado la Corte “debe observar principio de igualdad, que no permite conferir un tratamiento desigual cuando no sea razonable o justo”[2].

1.3.12.3 En cuanto al recurso de casación, la Constitución sólo establece a la Corte Suprema como órgano competente para conocerlo, pero no señala la manera en que debe regularse. Por lo tanto, es el legislador quien tiene autonomía para definir su procedencia, la cuantía, la naturaleza de las sentencias que puedan ser objeto de éste, los términos, las condiciones de admisibilidad y el contenido de la decisión. Por tanto, como al legislador le corresponde dictar las normas procesales y regular el trámite de los procesos, la Corte ha dejado claro que: “para concluir que una norma procesal es inconstitucional hay que demostrar por qué quebranta un mandato de la Constitución. No basta, por ejemplo, hacer afirmaciones sobre la igualdad en sentido abstracto, porque esta clase de razonamientos llevaría a sostener tesis ostensiblemente absurdas, como la que todos los asuntos se someterían al mismo trámite”[3].

1.3.12.4 La norma acusada no debe interpretarse aisladamente, sino de manera integral con las demás disposiciones y con los principios del ordenamiento jurídico. Entonces debe ser interpretada con la finalidad que pretende toda la Ley 1395 de 2010, que es la consecución de celeridad y eficacia a todos los procesos, y así, descongestionar la rama judicial para que sólo lleguen como última instancia los procesos que verdaderamente “tengan un fundamento jurídico de por qué se les ha quebrantado su derecho”. Finalmente, la norma impugnada pretende garantizar que efectivamente se hagan exigibles los derechos que en los casos establecidos por la ley se consideran violados. En consecuencia, sus disposiciones son constitucionales.

1.3.13 Intervención de la ciudadana M.A.P.

La ciudadana solicita la declaración de inexequibilidad del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, por los siguientes argumentos:

1.3.13.1 El recurso de casación tiene la naturaleza de extraordinario, pues no es un recurso que se pueda interponer por el sólo querer de los sujetos. En efecto, éste es excepcional y sólo puede ser interpuesto cuando se configuran las causales taxativas consagradas en la ley. Es por ello que resulta razonable, en principio, que el legislador con base en las facultades del artículo 150 de la Constitución establezca ciertos requisitos para poder acceder a él.

En su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha afirmado que el legislador goza de un amplio margen de discrecionalidad para expedir, modificar y derogar reglas de carácter procedimental; discrecionalidad que se ve menguada cuando sus decisiones afectan los derechos y garantías reconocidos y protegidos por la Carta Fundamental, puesto que, según la Sentencia C- 269 de 1996, “las excepciones y restricciones que pueda llegar a imponer el legislador, en cumplimiento de ésta función, deben responder a criterios objetivos y razonables, acordes con los principios y valores esenciales en que se funda el Estado colombiano”.

1.3.13.2 Para que la norma objeto de análisis constitucional pueda ser declara exequible, requiere de un estudio que sobrepase el sólo hecho de que el legislador cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para regular estos temas, y se encuadre en otros aspectos igualmente importantes, como lo es el desconocimiento o no de los derechos fundamentales de los ciudadanos a acceder a la justicia en condiciones justas e iguales.

El cambio de cuantía para acceder al recurso de casación aparenta desconocer de manera injustificada el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los habitantes del territorio nacional; debido a que la cuantía exigida a los trabajadores para acceder a tal recurso es muy alta, lo que termina afectando a la mayoría de estos.

A pesar de lo expuesto anteriormente, aclara la interviniente que no toda afectación al derecho a la igualdad es inconstitucional per se, pues los principios, valores y derechos dentro de un Estado Social de Derecho no son nunca absolutos. Por lo tanto, si en un caso particular, se ven afectados varios derechos, se debe surtir un proceso de ponderación, para determinar cual debe primar sobre los demás. En el caso concreto, se debe analizar si el aumento del monto pecuniario a 220 SMLMV para acceder al recurso de casación resulta contraria o no a las garantías, derecho, principios y valores constitucionales.

1.3.13.3 La interviniente aplica el test estricto de razonabilidad al caso concreto, con el fin de determinar si la norma demandada cumple con todos los requisitos para declararse constitucional. Dicho análisis lo inicia con el estudio del fin de la medida, para lo cual establece que el fin propuesto por la Ley 1395 es “descongestionar la justicia”, lo cual es concordante con la medida establecida en el artículo 48 de dicha ley, en donde se establece el aumento de la cuantía para el recurso extraordinario de casación para disminuir la cantidad de procesos que llegan por esta vía a la Corte Suprema de Justicia.

En cuanto al análisis de medio, la interviniente dice que si bien descongestionar la justicia es un fin legítimo, el medio utilizado para alcanzarlo no es idóneo ni conducente, pues los grandes índices de congestión judicial no se presentan en la casación, pues éste es un recurso al que ya de por si es muy difícil acceder dada la complejidad de los requisitos formales, y en segundo lugar, las causas de la congestión laboral responden a fallas estructurales dentro del sistema.

En lo concerniente al análisis de medio a fin, establece la interviniente que no es necesaria la medida adoptada, pues con una buena política orientada a la solución de la congestión se pueden lograr procesos más eficientes sin necesidad de afecte las garantías y derechos fundamentales.

Con relación al análisis de proporcionalidad estricto, concluye que la afectación a la igualdad de los ciudadanos y al acceso a la administración de justicia son sacrificios ilegítimos, puesto que al aumentarse la cuantía para acceder al recurso de casación no se asegura que se vaya a descongestionar la justicia.

1.3.14 Intervención del ciudadano Santiago Peña Gómez

Santiago Peña Gómez solicita la declaración de constitucionalidad de la norma acusada por sujetarse a los preceptos superiores, a las disposiciones procesales vigentes y a los mandatos y principios que gobiernan el derecho procesal, constitucional y laboral. Los argumentos en los que sustenta su defensa son los siguientes:

1.3.14.1 La norma demandada resulta novedosa, y promueve un cambio en el sistema de administración de justicia, y en particular, de la posibilidad de procedencia del recurso extraordinario de casación, teniendo como criterio la cuantía del proceso.

En cuanto al derecho a la igualdad, afirma la interviniente que la ley demandada no hace una distinción entre personas, cualquiera que sea su condición laboral, económica o social; de hecho, no existe discriminación de ningún naturaleza, pues da el mismo trato a situaciones diversas, es decir que, las sentencias con monto inferior a 220 SMLMV son susceptibles del recurso de casación para las dos partes en litigio y del mismo modo las poseen ambas partes al sobrepasarse esta suma.

1.3.14.2 En cuanto al acceso real a la justicia, no tiene cabida suponer que la norma demandada viola el artículo 25 constitucional; pues el recurso extraordinario de casación es la consecuencia de un proceso que ha sido controvertido en sus correspondientes instancias y en el cual se consumaron todas las gestiones procesales.

1.3.14.3 En lo referente al derecho al trabajo, afirma que dicha protección se logra esencialmente durante las instancias procesales, en donde los trabajadores pueden acudir en defensa de sus intereses y derechos. Agrega que el recurso extraordinario de casación no es de por sí el escenario ideal para la consecución de la protección especial del trabajador, toda vez que también podrá ser el empleador quien recurriese a la interposición de este recurso.

Por lo expuesto, considera que el legislador no excedió ni desconoció los principios constitucionales, pues al final se otorgan las garantías constitucionales para que las partes ejerzan plenamente sus derechos, ya sea por la vía del recurso extraordinario de casación si éste fuera procedente, o a través de las etapas procesales y los recursos ordinarios.

1.3.15 Intervención del ciudadano Luis Carlos Roncancio Martínez

Este ciudadano solicita que se declare la inconstitucionalidad de la norma demandada, con base en las siguientes razones:

1.3.15.1 El recurso de casación es extraordinario y, por lo tanto, excepcional, lo que implica que sólo puede ser utilizado para impugnar determinadas sentencias judiciales cuando se han violado normas de carácter sustancial, o porque se han quebrantado normas que consagran requisitos esenciales de procedimiento, y como resultado de ello, se han vulnerado aquellas. Entonces, este recurso tiene como finalidad revisar las sentencias del juzgador de segunda instancia, salvo en los casos en que se admite la casación per saltum, lo que lo convierte en un juicio de legalidad contra la sentencia, en razón de los errores en que se incurra por el sentenciador en la aplicación de la norma de derecho sustancial o de las reglas de procedimiento.

La percepción que se obtiene de lo anteriormente transcrito es que el recurso de casación no sólo busca la defensa del interés privado, sino también los valores de mayor jerarquía, tales como la seguridad y estabilidad jurídica y el interés general en la óptima administración de justicia.

1.3.15.2 La Corte Constitucional ha expresado en sentencias como la C-596 de 2000 que “no se rompe el principio de igualdad, porque la cuantía para recurrir opera para ambas partes dentro del proceso; es decir, cuando el recurrente es el empleador o trabajador”. Pero es también claro que lo que busca la Constitución de 1991 es que el Estado promueva las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, de donde se colige que la igualdad pretendida no es sólo de carácter formal sino material. En consecuencia, la norma debe ser declarada inexequible, pues transgrede de manera flagrante la igualdad material prevista por el constituyente de 1991, y de manera concreta vulnera los preceptos de los artículos 25 y 53 del Estatuto Superior.

1.3.15.3 En lo relacionado con la libertad legislativa, la Corte ha señalado que “los recursos son de creación legal, y por ende es una materia donde el legislador tiene una amplia libertad, puesto que salvo ciertas referencias explicitas de la Carta- como la posibilidad de impugnar los fallos de tutela y las sentencias penales condenatorias- corresponde al legislador instituir los recursos contra las providencias judiciales y administrativas, señalar la oportunidad en que proceden y sus efectos”. Pero en materia laboral la restricción a dicha autonomía legislativa, se debe ver limitada en virtud de los preceptos constitucionales que expresan la especial protección que detenta el trabajador.

1.3.16 Intervención de la ciudadana S.Y.C.

La ciudadana solicita la declaración de exequibilidad del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 conforme a los siguientes argumentos:

1.3.16.1 El demandante incurre en un error al darle al recurso de casación el mismo trato que a los recursos ordinarios e incluso que a las instancias procesales, ya que su finalidad y naturaleza son distintas. Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-596 de 2000 estableció que “la protección del derecho al trabajo se logra esencialmente durante las instancias procesales que ha diseñado para tal efecto el legislador, donde los trabajadores pueden acudir en defensa de sus derechos e intereses. En dichas instancias pueden hacer valer los correspondientes recursos ordinarios. Igualmente, pueden hacer uso del recurso de Casación cuando para ello se reúnan los requisitos de procedibilidad (…). No se viola por consiguiente, el acceso a la justicia, porque éste se encuentra debidamente garantizado en las instancias ordinarias del proceso; por lo tanto, bien puede restringirse, la posibilidad de acudir a la Casación, la cual, como se indicó anteriormente, es un recurso excepcional, extraordinario y, por consiguiente, limitado”.

1.3.16.2 Por tanto, no puede afirmarse que el aumento de la cuantía para acceder al recurso de casación implica necesariamente la violación al acceso a la justicia, ya que las partes tienen unas instancias determinadas, según la naturaleza del proceso, al igual que recursos que procederán según sea el caso en concreto.

1.3.16.3 Por otra parte, cuando el proceso haya pasado por las instancias que la ley estableció para el caso en concreto, cuando la providencia con la que culmina atenta contra los derechos fundamentales de los trabajadores y que por motivo de cuantía no se puede hacer uso del recurso de casación, puede proceder el interesado a la acción de tutela contra sentencia; teniendo en cuenta que las causales de procedibilidad de dicha acción

Así las cosas, y teniendo en cuenta la presente herramienta constitucional con la que cuentan los trabajadores, no debe desdibujarse la figura del recurso de casación, so pena de que éste pierda su naturaleza y se convertirse en una tercera instancia, lo cual no tendría ningún sentido.

1.3.17 Intervención de la ciudadana M.C.H.C.

1.3.17.1 En primer lugar, observa que la Corte Constitucional debe declararse inhibida para proferir sentencia por ausencia de cargos de constitucionalidad. Los cargos alegados por el demandante sobre la inconstitucionalidad de la norma no son suficientes, ya que carecen de una argumentación sólida, juiciosa y coherente con la técnica jurídica utilizada por la Corte Constitucional en sus providencias.

1.3.17.2 De no inhibirse la Corte Constitucional, la ciudadana propone que la Corte analice la razonabilidad de la medida en los siguientes términos “corresponde al legislador determinar cuales son las formas procedimentales que deben regir la tramitación de los respectivos procesos, ante las distintas jurisdicciones. La Corte reiteradamente ha reconocido cierta autonomía y libertad del legislador para regular las formas y formalidades del debido proceso, que sólo encuentra su límite en los mandatos constitucionales que consagran los derechos, deberes y garantías, en los que constituyen principios y valores esenciales del orden constitucional, y en el respeto por la racionalidad y razonabilidad de las normas en cuanto ellas se encaminen a alcanzar fines constitucionales legítimos”. Por consiguiente, el control de constitucionalidad debe dirigirse a establecer si en relación con las normas procesales que se acusan el legislador ha actuado o no con sujeción a los referidos límites.

1.3.17.3 En cuanto al señalamiento de que la norma demandada vulnera el derecho a la igualdad, la accionante considera que la Corte Constitucional debe desarrollar un test de igualdad, pues en el caso en concreto existe tensión entre el derecho a la igualdad y el acceso al servicio público de administración de justicia, entre otros.

Además de lo anterior, el problema jurídico que se le presenta a la Corte con la reforma de la Ley 1395 de 2010, es si el incremento de la cuantía de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente a doscientos (200), es proporcional y razonable; por tanto, solicita a la Corte que haga una evaluación del presente caso de acuerdo con el buen criterio y juicio del test de igualdad que ha utilizado en otras providencias judiciales en que dos derechos fundamentales se enfrenta.

1.3.18 Intervención de las ciudadanas S.V.H.P. y A.M.G.T.

Las ciudadanas coadyuvan la petición de declaración de inexequibilidad de la disposición acusada debido a que:

1.3.18.1 Tratándose del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, se transgrede el artículo 13 de la Constitución Política, ya que crea un criterio de diferenciación irrazonable y poco objetivo, esto es, la capacidad económica del trabajador. En tal sentido, el trato diferenciado para acceder al recurso extraordinario de casación parece poco razonable.

La cuantía, más que un elemento que permita un trato desigual, limita el acceso a la justicia de aquellos cuyo salario tan solo asciende a un salario mínimo, ya que sus reclamaciones muy seguramente no alcanzarían el límite legal establecido por el artículo acusado, y así, no podrían acceder al recurso extraordinario de casación, en virtud al monto de sus reclamaciones, restringiéndoseles la posibilidad de acceder a la administración de justicia.

1.3.18.2 Esta Corporación en la Sentencia C-1195 de 2001 estableció que el derecho a acceder a la justicia tiene significados múltiples, dentro de los cuales encontramos: “que se prevean mecanismos para facilitar el acceso a la justicia por parte de los pobres”; lo cual, en materia laboral, no puede ser ignorado a través del establecimiento de cuantías que terminen por impedir su acceso a los recursos extraordinarios.

1.3.18.3 Para el interviniente también debe tenerse en cuenta que “con el recurso extraordinario de casación, se puede revocar un fallo en el que el tribunal incurrió en un error, donde la dimensión de la equivocación del fallador es manifiesto, es decir, debe aparecer el error de manera evidente e incontrovertible, apreciable a primera vista y acreditable sin mayor esfuerzo. Es así como sin importar la cuantía del proceso, el juez puede incurrir en tal error, y al momento de restringir por la ley el acceso a este recurso, se viola el derecho a la igualdad de los ciudadanos.”

1.3 CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2°, y 278, numeral 5°, de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación rinde concepto sobre la demanda instaurada en contra del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 y solicita que sea declarada exequible. Sus argumentos se resumen a continuación:

1.4.1 En primer lugar, aduce que debido a la cláusula general de competencia consagrada en el numeral 2° del artículo 150 de la Constitución, el legislador está revestido de facultades para regular procedimientos, términos, efectos y demás aspectos procesales para delimitar las formas propias de cada juicio. En ejercicio de esta facultad, el legislador no puede desconocer los principios y valores constitucionales, la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y los principios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del derecho sustancial sobre lo adjetivo, que se constituyen límites al ejercicio de tales competencias.

1.4.2 Asegura que el cargo según el cual la cuantía establecida en el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 restringe el libre acceso a la administración de justicia, no tiene en cuenta la finalidad y la naturaleza del recurso de casación, pues no es una tercera instancia o un recurso ordinario, ni se funda en el mero interés de una de las partes; su finalidad “es más de orden sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo” (Sentencia C-1065 de 2000). El hecho de que la casación sea un recurso extraordinario y excepcional supone que sólo puede ser utilizado para impugnar determinadas sentencias, cuando se vulneren normas sustanciales o cuando se quebranten normas que establezcan requisitos esenciales de procedimiento y, como resultado de ello, se vulneran normas sustanciales.

1.4.3 Conforme a lo expuesto, considera que la decisión del legislador obedece al principio de libre configuración normativa, el cual, a su vez, está de acuerdo con el principio de razonabilidad y proporcionalidad, ya que en nada desconoce los derechos de los trabajadores.

2.1. COMPETENCIA

Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de un texto normativo que hace parte de una ley.

2.2.1 CUESTIÓN PREVIA: EXAMEN DE LA APTITUD DE LA DEMANDA

Las ciudadanas L.G., P.G., D.B. y M.C.H.C. solicitan a al Corte que se inhiba en el presente caso, ya que consideran que (i) el concepto de violación desarrollado por el actor no es “suficientemente fuerte”, lo cual no permite la realización de un análisis de constitucionalidad, y (ii) la demanda se basa en razones de conveniencia. La S., por el contrario, considera que la demanda reúne los requisitos exigidos por la normativa vigente y la jurisprudencia de esta Corporación, por las siguientes razones:

2.2.1.1 El artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de inconstitucionalidad[4]. Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto.

Es decir, para que realmente exista en la demanda, una imputación o un cargo de inconstitucionalidad, es indispensable que los cargos permitan efectuar a la Corte Constitucional una verdadera confrontación entre la norma acusada, los argumentos expuestos por el demandante y la disposición constitucional supuestamente vulnerada.

2.2.1.2En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha señalado, en numerosas ocasiones, que no cualquier tipo de argumentación sirve de sustento al análisis que debe realizar el juez de constitucionalidad; es necesario que los razonamientos del actor contengan unos parámetros mínimos que permitan a la Corporación hacer un pronunciamiento de fondo respecto del asunto planteado.

En este contexto, en Sentencia C-1052 de 2001[5], esta Corporación señaló que las razones presentadas por los accionantes deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[6], pues de no ser así, la decisión que adopte la Corte necesariamente debe ser inhibitoria[7].

En otras palabras, la falta de formulación de una demanda en debida forma, es decir, sin cumplir estos requisitos de calidad argumentativa, impide que esta Corporación pueda confrontar la disposición acusada con el Texto Superior, ya que la Corte carece de facultad oficiosa de revisión del ordenamiento jurídico, salvo en los casos expresamente mencionados en la Carta.

Esto implica que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional y no legales, puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no sólo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.

2.2.1.3 La jurisprudencia también ha precisado que en aplicación del principio pro actione, y en consideración del carácter ciudadano de la acción de inconstitucionalidad –un derecho político, le corresponde a la Corte indagar en qué consiste la pretensión del accionante para así evitar en lo posible un fallo inhibitorio. Al respecto la Corte ha dicho:

“(…) con base en la jurisprudencia constitucional se ha considerado que “la apreciación del cumplimiento de tales requerimientos ha de hacerse en aplicación del principio pro actione de tal manera que se garantice la eficacia de este procedimiento vital dentro del contexto de una democracia participativa como la que anima la Constitución del 91. Esto quiere decir que el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido al actor y que la duda habrá de interpretarse a favor del demandante, es decir, admitiendo la demanda y fallando de fondo.[8]”

2.2.1.4 Considera la S. que en el escrito de demanda presentado por el ciudadano J.L.P.A. pueden identificarse varios cargos con razones específicas claras, ciertas, pertinentes y suficientes.

2.2.1.4.1 En primer lugar, considera el demandante que el aumento de 120 a 220 salarios mínimos en la cuantía para acceder al recurso extraordinario de casación, prevista en el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, desconoce el derecho a la igualdad (artículo 13 C.P), desde le punto de vista no solo formal sino principalmente material, en razón a que la gran mayoría de los trabajadores colombianos nunca podrán acudir a la Corte Suprema de Justicia para la definición de sus derechos laborales.

Además, en criterio del demandante, la disposición desconoce que el Constituyente de 1991 propugnó por una igualdad material y estableció el trabajo como un pilar básico del ordenamiento superior. Por ello, el legislador, al regular los recursos mediante los cuales se definen las garantías laborales, no puede limitar su acceso en forma desproporcionada, en especial frente a sujetos especialmente protegidos por la Constitución como es el caso de los trabajadores.

2.2.1.4.2 En segundo lugar, en términos del actor, la norma impone barreras desproporcionadas para los trabajadores de menores ingresos a pesar que “la garantía del principio de igualdad se traduce en el hecho de que al poder público le está vedado, sin justificación razonable acorde al sistema constitucional vigente, establecer condiciones desiguales para circunstancias iguales y viceversa”.

2.2.1.4.3 En tercer lugar, señala el actor que el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 restringe el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229), específicamente la posibilidad de acudir al recurso extraordinario de casación laboral, a pesar de la importante función que cumple la Corte Suprema de Justicia en la determinación de los derechos de los trabajadores. Particularmente, estima que la justicia laboral tiene un importante papel en la vigencia de un orden justo, en la vigencia de la dignidad humana y en los demás derechos de los trabajadores contenidos en el artículo 53. En estos términos, dicho acceso es un “medio importantísimo y destacado para que los trabajadores (por regla general parte débil en la relación de trabajo y en lo económico procesal) obtengan declaratoria y amparo de sus derechos laborales (que son base de la subsistencia misma y de sus posibilidades de VIDA DIGNA)”

2.2.1.4.4 Finalmente, como cuarto cargo, el actor alega que la medida adoptada por el legislador, consistente en el aumento a 220 salarios mínimos de la cuantía para acceder al recurso extraordinario en materia laboral, se traduce en una medida regresiva en materia de protección de los derechos de los trabajadores. A juicio del demandante, la disposición anula la posibilidad a la inmensa mayoría de procesos laborales de que sean conocidos por el máximo tribunal laboral, a pesar de que allí se definen importantes materias y se unifica la jurisprudencia laboral dentro de un Estado Social de Derecho.

2.2.1.5Se observa entonces que efectivamente existe un debate constitucional de fondo que debe ser resuelto por esta Corporación. Esta discusión se refleja, además, en las 16 intervenciones presentadas en el curso de esta acción, que dan cuanta de argumentos a favor y contra de la constitucionalidad de la disposición.

2.2.2 PROBLEMA JURÍDICO

2.2.2.1 Los Ministerios de la Protección Social y del Interior y de Justicia y algunos intervinientes consideran que el establecimiento de la cuantía demandada como requisito de procedencia del recurso extraordinario de casación se justifica, por una parte, en la libertad de configuración con la que por mandato constitucional cuenta el legislador y, por otra, en la necesidad de racionalizar la administración de justicia. Agregan que la jurisprudencia constitucional ha dado un gran margen de libertad al Congreso para determinar los requisitos de acceso a los procesos judiciales. De otra parte, defienden la constitucionalidad de la reforma en la naturaleza extraordinaria de la institución jurídica y en el hecho que los trabajadores cuentan con dos instancias para hacer valer sus derechos.

2.2.2.2Por el contrario, varios intervinientes consideran que a pesar de tratarse de un recurso extraordinario, la casación laboral cumple un papel trascendental en la protección de los derechos de los trabajadores y en la unificación de la jurisprudencia nacional. Por ello, el legislador se encuentra limitado por los principios de razonabilidad y proporcionalidad y, especialmente, por la protección de los derechos mínimos de los trabajadores. Sostienen, además, que el establecimiento de un interés tan elevado limita gravemente el derecho de acceder a la administración de justicia de la gran mayoría de trabajadores cuyo ingreso no alcanza si quiera un salario mínimo.

2.2.2.3Finalmente, el Ministerio Público solicita la declaración de exequibilidad de la disposición aduciendo que en razón de la naturaleza de la casación, el legislador puede establecer los términos y el interés para acudir a ella, pues desnaturalizaría el recurso si todas las sentencias fuesen objeto del mismo.

2.2.2.4. En este orden de ideas, corresponde determinar a la S. si la decisión de legislador de hacer un aumento en la cuantía para acceder al recurso de casación laboral, desconoce el derecho al trabajo, al libre acceso a la administración de justicia y si se constituye en una medida regresiva en materia de mecanismos de protección de los derechos de los trabajadores.

2.2.3 LOS DERECHOS FUNDAMENTALES OBLIGAN AL LEGISLADOR A PREVER MECANISMOS JUDICIALES PARA SU PROTECCIÓN

2.2.3.1 Como se indicó en la Sentencia T-760 de 2008[9], no existe en la jurisprudencia constitucional ni en la doctrina una definición unívoca de derecho fundamental. La S. no pretende zanjar tales debates en el presente proceso. Sin embargo, pese a la falta de definición, la S. reconoce que la jurisprudencia constitucional sí ha concordado en que ciertos elementos hacen parte del contenido de los derechos fundamentales, uno de ellos, la obligación de prever mecanismos de protección judicial que permitan la justiciabilidad de los derechos.

2.2.3.2En efecto, las sentencias T-227 de 2003[10] y T-859 de 2003[11] -reiteradas por un gran número de providencias de esta Corporación[12]- señalan que un derecho fundamental es aquél “(…) que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo (…)”. Tampoco existe una definición única de derecho subjetivo.[13] Sin embargo, la Corte ha considerado que todas las definiciones coinciden en que (i) debe existir una norma jurídica que reconozca el derecho o del que se pueda interpretar, (ii) el concepto de derecho involucra una obligación jurídica, (iii) así como un poder del titular del derecho para exigir el cumplimiento de dicha obligación del obligado.[14]

2.2.3.3La doctrina debate sobre si el poder de exigir el cumplimiento de la obligación requiere necesariamente la existencia de mecanismos judiciales de exigibilidad. En otras palabras, hay un debate doctrinario sobre si las garantías judiciales son un elemento de la estructura de los derechos subjetivos. Por una parte, K. afirma que la facultad de demandar es una característica constitutiva del concepto de derecho subjetivo.[15] Otro doctrinantes sostienen, por el contrario, que la exigibilidad judicial es consecuencia de tener un derecho.[16] La Corte no pretende zanjar tampoco esta discusión; no obstante, reconoce que la creación de mecanismos judiciales de protección es una obligación para el legislador que se desprende de la consagración constitucional de un derecho fundamental y hace parte de su dimensión objetiva.

Ciertamente, un derecho fundamental debe gozar de mecanismos de justiciabilidad ordinarios y preferiblemente también reforzados -como en el caso colombiano la acción de tutela. Sin embargo, el que un derecho no goce de tales mecanismos no significa que no sea fundamental, sino que su consagración normativa es defectuosa o incompleta.[17]

2.2.3.4En el caso colombiano, la Constitución directamente prevé varios mecanismos de protección de derechos fundamentales. Por ejemplo, el artículo 86 superior introduce en el ordenamiento constitucional la acción de tutela, un mecanismo subsidiario de protección de derechos fundamentales que debe tramitarse de manera preferencial por los despachos judiciales y en un término reducido. De otro lado, el artículo 88 prevé la acción popular, un mecanismo reforzado de protección de derechos colectivos con finalidades cautelares y reparatorias de trámite abreviado. Otros mecanismos de creación constitucional son la acción de cumplimiento, artículo 87, y la acción de clase o grupo, artículo 88.

Adicionalmente, el artículo 150 superior atribuye al legislador la facultad de establecer otros recursos, acciones y procedimientos que propugnen por la integridad del orden jurídico y por la protección de los derechos. En ejercicio de esta competencia, el legislador ha establecido mecanismos ordinarios y extraordinarios para la defensa del orden jurídico y de los derechos. Los mecanismos ordinarios son aquellos que se tramitan ante las jurisdicciones ordinarias mediante el ejercicio del derecho de acción y cuya finalidad inmediata es resolver las controversias que se suscitan entre los ciudadanos o los ciudadanos y las autoridades públicas y, en este orden, buscan hacer efectivos los mandatos legales y los derechos reconocidos a las personas. Por otra parte, los mecanismos extraordinarios son herramientas de control de validez de las decisiones judiciales y, por tanto, sirven para unificar las decisiones y evitar providencias manifiestamente contrarias al orden constitucional y legal, lo que incluye la verificación del respeto de los derechos fundamentales. A este grupo pertenecen el recurso de revisión y el recurso extraordinario de casación, entre otros.

2.3 EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN DENTRO DEL SISTEMA CONSTITUCIONAL ES UN MECANISMO JUDICIAL INTRÍNSECAMENTE RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

2.3.1 Origen y funciones del recurso extraordinario de casación

2.3.1.1 El artículo 235 de la Constitución Política de 1991 recogió la existencia del instituto procesal de la casación, otorgando al máximo tribunal de la justicia ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, la competencia para tramitarlo, al señalarla expresamente como "tribunal de casación". Es decir, este mecanismo procesal tiene su origen directamente en el texto superior.

Desde sus primeras sentencias, la Corte ha explicado que la casación no involucra un concepto vacío o neutro, sino que se trata de un instituto cuya naturaleza no puede ser alterada de manera antojadiza por el legislador. Al respecto ha señalado:

“El rango constitucional de la casación implica igualmente que el legislador no tiene plena libertad para organizar el alcance de este recurso. La casación no es un concepto vacío sino que tiene un contenido esencial, que goza de protección constitucional, por lo cual el legislador no puede regular de cualquier manera las funciones de la Corte Suprema como tribunal de casación”.[18]

2.3.1.2 Los orígenes remotos de la casación se hallan en el derecho romano, donde “se encuentra el fenómeno que constituye la base de todo el instituto de la casación y constituye el germen de ella, que es la extensión del concepto de nulidad a los casos más graves de iniustitia proveniente de errores de derecho particularmente graves”[19]. No obstante, el verdadero origen de la casación como instituto jurídico procesal “debe buscarse en Francia, y concretamente en la obra legislativa de la revolución, que asignó nuevos cometidos y dio nuevos alientos de expansión vital a un instituto que ya existía bajo l’ancien régime”[20]. Allí se consagró como un mecanismo extraordinario de revisión de la estructura lógica interna de la decisión judicial vertida en una sentencia, que tiene como fines primordiales unificar la jurisprudencia nacional, promover la realización del derecho objetivo y la reparación de los agravios inferidos a las partes por la decisión.[21]

2.3.1.3 En virtud de estas funciones, la jurisprudencia constitucional ha reseñado la importancia de la figura de la casación en el surgimiento del Estado moderno y en la formación del Estado de Derecho como una manifestación de los postulados de la igualdad ante la Ley y de sometimiento de los poderes públicos al orden jurídico. Sobre la particular sostuvo:

“Desde sus orígenes, que, no obstante algunas instituciones precedentes en el antiguo régimen, se remontan a la Revolución Francesa, la casación se concibió como un ámbito de defensa de la legalidad en virtud del cual se superan las violaciones de la ley contenidas en las sentencias de mérito. En razón de ello, el recurso de casación se asumió como una institución emblemática de la modernidad política y, además, adquirió una impronta garantista. Dos situaciones explican el carácter con el que surgió el recurso extraordinario de casación. Por una parte, el giro que se presentó en la formulación del derecho positivo, pues por tal dejó de considerarse la manifestación de la sola voluntad del soberano y en su lugar se tomó, de la mano del contractualismo clásico y fundamentalmente de R., como la expresión de la voluntad general del pueblo. Y, por otra parte, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que, de proclama revolucionaria, pasó luego a convertirse en un derecho expresamente reconocido en la Declaración de 1789.[22] En este contexto, cuando a través de la casación se controlaba que las sentencias proferidas por los jueces fuesen respetuosas de la ley, lo que se hacía era estructurar y dinamizar un instrumento normativo que permitía reforzar esa concepción de la ley y su aplicación igualitaria. En efecto, aún hoy, cuando se casa una sentencia judicial se hace primar la voluntad general expresada en la ley sobre la voluntad individual del juez y se le asegura al ciudadano que esa ley se aplica a todos con sentido igualitario.

Desde entonces se ha apostado por la casación como un mecanismo por medio del cual se asegura la sujeción de los jueces a la ley y, por esa vía, se mantiene el efecto vinculante del derecho positivo. De allí que la Corte de Casación se haya consolidado como un órgano de disciplina que asegura la observancia de la ley en la administración de justicia y, por esa vía, como un realizador del principio de igualdad en su aplicación, pues al unificar su interpretación evita decisiones judiciales desarmónicas o incluso contradictorias. (Subrayado y negrilla fuera del texto)[23]

2.3.1.4 Sobre las funciones del recurso en Colombia, la jurisprudencia constitucional ha señalado que éste tiene el fin primordial de unificar la jurisprudencia nacional, promover la realización del derecho objetivo en los respectivos procesos, reparar los agravios inferidos a las partes por la sentencia recurrida y, adicionalmente, en el Estado Social de Derecho, velar por la realización del ordenamiento constitucional –no solamente legal- y, en consecuencia, por la realización de los derechos fundamentales de los asociados.

2.3.1.5 Sobre la función de control de validez de las decisiones judiciales proferidas en las instancias, la Sentencia C-215 de 1994 señaló:

“La relación originada en el propio texto de la Carta entre la Honorable Corte Suprema de Justicia y la casación, convierte a aquella en una institución encargada de una función pública del mayor rango, al disponer, de manera implícita, que a través del recurso, se pongan correctivos a la diversidad de las interpretaciones del derecho por los distintos jueces de la República, y a las transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación. Ejercicio jurisprudente de interpretación y control de la legalidad que consulta la fundamental característica unitaria del Estado colombiano, conforme lo dispone la Constitución desde su artículo 1o. Se define así, ese máximo tribunal, con una especialísima función político-jurídica que, además de amparo de la legalidad, traduce, el sapiente y bien probado mecanismo judicial, como medio para construir la certeza jurídica en el plano de las decisiones judiciales.”[24]

En este fallo se indicó que al tratarse de un recurso extraordinario, la casación no puede considerarse como una tercera instancia, sino que la labor de la Corte Suprema se limita a verificar si los enunciados normativos contenidos en la regla jurídica han sido interpretados o aplicados correctamente por el juez de instancia y si jueces funcionalmente inferiores no han incurrido en violación de la ley sustancial. En razón de ello, el legislador ha señalado un régimen preciso de causales que atienden de modo prevalente al examen de las argumentaciones internas de la providencia atacada en lo que hace a la formulación lógica frente a los supuestos de la ley sustancial que le sirve de fundamento.

En este mismo sentido, la Corporación ha precisado que la finalidad de la casación “es más de orden sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo”[25].

Así, la jurisprudencia ha distinguido entre la función realizada por los jueces de instancia y la labor del Tribunal de casación. En efecto, ha considerado que los jueces de primera y segunda instancia examinan la conducta de los particulares frente al derecho vigente, mientras que en la casación varía el objeto del control, pues el Tribunal o Corte de Casación realiza control jurídico sobre la sentencia que puso fin a la actuación de los juzgadores de instancia, para decidir luego si se ajusta o no a lo ordenado por la ley, lo que significa que en la casación se efectúa un control de legalidad sobre los actos del juez para decidir si en ellos se produjo un error in iudicando o un error in procedendo de tal naturaleza que no exista solución distinta a infirmar, destruir, casar, la sentencia impugnada[26]. Al respecto la Corte ha explicado lo siguiente:

“La sentencia, en cualquier proceso, es la decisión judicial más importante dictada por una autoridad del Estado, investida de jurisdicción, que no sólo debe cumplir los requisitos establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido, sino que constituye un juicio lógico y axiológico destinado a resolver una situación controversial, en armonía con la Constitución y la ley. Dicha providencia no es, entonces, un simple acto formal sino el producto del análisis conceptual, probatorio, sustantivo y procesal, de unos hechos sobre los cuales versa el proceso, y de las normas constitucionales y legales aplicables al caso concreto.

Tal acto, entonces, puede contener errores de juicio o de actividad, que los doctrinantes denominan errores in iudicando y errores in procedendo. Es decir, "que la voluntad concreta de la ley proclamada por el juez como existente en su sentencia, no coincida con la voluntad efectiva de la ley (sentencia injusta), porque, aún habiéndose desarrollado de un modo regular los actos exteriores que constituyen el proceso (inmune, así, de errores in procedendo), el juez haya incurrido en error durante el desarrollo de su actividad intelectual, de modo que el defecto inherente a una de las premisas lógicas haya repercutido necesariamente sobre la conclusión. En este caso, en el que la injusticia de la sentencia se deriva de un error ocurrido en el razonamiento que el juez lleva a cabo en la fase de decisión, los autores modernos hablan de un 'vicio de juicio' que la doctrina más antigua llamaba un 'error in iudicando'." [27]

Los errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea.

Los errores in procedendo, por el contrario, nacen de la "inejecución de la ley procesal, en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohibe (injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe: esta inejecución de la ley procesal, constituye en el proceso una irregularidad, que los autores modernos llaman un vicio de actividad o un defecto de construcción y que la doctrina del derecho común llama un error in procedendo." [28]

En este mismo sentido, sobre las funciones del recurso de casación, ha señalado también la Corte Suprema de Justicia:

“Por su raíz histórica y por su desarrollo constitucional y legislativo, la casación es un recurso extraordinario. Supone que el proceso ha concluido, y que ha concluido con una decisión acertada y ajustada a la ley. Y el carácter excepcional del recurso de casación se manifiesta por dos aspectos: el primero porque no cabe contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala; y el segundo porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio. Para atender a una realidad social específica la ley ha autorizado la proposición de este medio de impugnación cuando en la sentencia acusada se incurre en error de hecho o de derecho. El primero de esos yerros debe ser manifiesto, protuberante, y el recurrente asume la carga de romper las presunciones de legalidad y acierto que por fuerza del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las dos instancias amparan la decisión impugnada, de manera que está obligado a comprobar el desacierto, poniendo de presente que es ostensible y destruyendo de una manera razonada todos los soportes que sirvieron de fundamento a la decisión judicial, demostrando que ella surge de deficiencias del sentenciador por la errónea apreciación de las pruebas. El rigor del recurso, tratándose del error de hecho -ajeno a lo que fue la casación en sus orígenes-, fue acentuada por nuestro legislador de 1969 (Ley 16 del año citado, art. 7o.), que estimó que este yerro, en el recurso extraordinario laboral, sólo podía provenir de la falta de apreciación o de la apreciación errónea de un documento auténtico, de una confesión judicial o de una inspección ocular, con lo cual, en principio, excluyó las restantes pruebas”[29]

2.3.1.6 En la sentencia C-998 de 2004[30], la Corte explicó cómo la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema de Justicia han dejado en claro que “la casación no puede en manera alguna considerarse una tercera instancia[31]”, pues constituye un juicio de legalidad “en razón de los errores en que se incurra por el sentenciador en la aplicación de la norma de derecho sustancial o de las reglas de procedimiento”[32]. En la misma dirección, la sentencia C-668 de 2001[33], puntualizó:

“Sobre este particular cabe anotar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el recurso de casación es un juicio técnico jurídico, de puro derecho sobre la legalidad de la sentencia (errores in iudicando), sobre el proceso en su totalidad o en diversos sectores del mismo (errores in procedendo), y excepcionalmente sobre las bases probatorias que sirvieron de sustentación para dictar la sentencia acusada. De ahí que la casación, como un juicio sobre la sentencia que es, no pueda entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo[34]”.

2.3.1.7 En estos mismos términos, en la Sentencia C-590 de 2005[35], reseñó el alcance del juicio de legalidad en el recurso de casación, en los siguientes términos:

“Bien se sabe que los jueces se encuentran sometidos al principio de legalidad y que cada sentencia debe implicar la aplicación de las normas legales generales y abstractas a supuestos fácticos específicos. En este sentido, la sentencia debe ser la concreción de la ley al caso sometido a juzgamiento. No obstante, puede ocurrir que la sentencia, en lugar de constituir un supuesto de aplicación de la ley, resulte violatoria de ella. Frente a este tipo de eventos surge el recurso de casación como un remedio extraordinario contra las violaciones de la ley contenidas en las sentencias de mérito. De allí que el recurso de casación plantee un juicio de legalidad contra la sentencia proferida en un proceso penal.

En ese sentido, el recurso de casación constituye un mecanismo extraordinario e interno de control jurisdiccional de la legalidad de los fallos. Se trata de un mecanismo de control, por cuanto a través de él se asegura la sujeción de los fallos judiciales a la ley que los gobierna. Es extraordinario, por cuanto se surte por fuera de las instancias en tanto no plantea una nueva consideración de lo que fue objeto de debate en ellas, sino un juicio de valor contra la sentencia que puso fin al proceso por haberse proferido con violación de la ley. Es interno, por cuanto se surte al interior de cada jurisdicción, siendo el competente para tramitarlo y resolverlo el Tribunal de Casación. Finalmente, implica un juicio de valor que exige la confrontación de la sentencia con la ley”. (Resaltado fuera de texto).

2.3.1.8 Pese a que la jurisprudencia ha admitido que el recurso extraordinario de casación no se constituye en una tercera instancia, éste cumple un papel fundamental en la protección de los derechos de los asociados, y además, resulta una pieza clave en la jurisdicción civil. Lo anterior, por cuanto, (i) asegura que exista un órgano de cierre que determine si la sentencia se ajusta o no a lo ordenado por la Ley, es decir, si en los actos del juez se produjo un error in iudicando o un error in procedendo de tal naturaleza que no exista solución distinta a infirmar, destruir, casar, la sentencia impugnada”[36] y (iii) habrá un órgano unificador de jurisprudencia que asegure la aplicación igualitaria de la Ley

2.3.1.9. En efecto, la Corte Constitucional ha explicado que la casación, como medio de impugnación extraordinario, es una institución jurídica destinada a también a hacer efectivo el derecho material, particularmente la Constitución, así como las garantías fundamentales de las personas que intervienen en un proceso[37]. La misma Corte Suprema de Justicia también ha señalado que la adopción de la Constitución de 1991 produjo un cambio en la percepción del derecho y particularmente del sentido de la expresión “ley”, pues la Constitución se convierte en una verdadera norma jurídica que debe servir como parámetro de control de validez de las decisiones judiciales y como guía de interpretación de las normas de inferior jerarquía; ello ha exigido replantear el alcance de la casación y el papel de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación. En este sentido, señaló la Corte Suprema de Justicia, S. Penal:

“Desde 1991, por fuerza de la normativización de la Constitución que antes se consideraba como un tema esencialmente político, la interpretación del derecho dejó de ser un problema de mera hermenéutica o de lógica de buena voluntad, razón por la cual hoy en día la ley sólo puede tener sentido en la medida en que sus fórmulas realicen los valores y principios del texto Superior y los tratados internacionales sobre derechos humanos que conforman el bloque de constitucionalidad.

(…)

En ese orden, el recurso de casación debe ser consecuente con esa axiología.

(…)

Por todo lo anterior, el recurso extraordinario de casación no puede ser interpretado sólo desde, por y para las causales, sino también desde sus fines, con lo cual adquiere una axiología mayor vinculada con los propósitos del proceso penal y con el modelo de estado en el que él se inscribe”[38].(Subrayado fuera del texto)

Ciertamente, en el Estado Social de Derecho, la casación no sólo preserva el orden jurídico objetivo, sino que también garantiza que el particular afectado con una decisión contraria a la ley sea restablecido. Es decir, este recurso se constituye como un mecanismo de defensa judicial de derechos subjetivos, con importantes implicaciones para la validez del orden jurídico.

Sobre el particular, en la Sentencia C-1065 de 2000[39], al estudiar la constitucionalidad de las causales para recurrir en casación en materia penal, la Corporación señaló que el “recurso extraordinario pone el interés que tiene el particular en que se corrija el agravio en su contra al servicio de la protección de la coherencia sistémica del ordenamiento. Así, el individuo tiene interés en atacar una sentencia ilegal o contraria a la jurisprudencia, a fin de evitar una decisión que le es desfavorable, y de esa manera, su actuación permite que el tribunal de casación anule la decisión contraria al derecho objetivo, y asegure así el respeto al ordenamiento.”

En esta misma línea, en la Sentencia C-252 de 2001[40], la Corte reiteró que el recurso tiene importantes implicaciones en la realización de los derechos fundamentales, como consecuencia inmediata de la función de corrección llevada a cabo por la Corte Suprema de Justicia. Al respecto dijo que uno de los objetivos de la casación es:

“(…) remover condenas injustas y, por consiguiente, convergen a fines idénticos, que no son otros que los de corregir las desviaciones legales del juicio, bajo el valor primordial de alcanzar la protección de los derechos fundamentales de los sujetos pasivos del ius puniendi y la búsqueda de uniformidad jurisprudencial”

En la Sentencia C-713 de 2008[41], mediante el cual se analizó la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se realzó el papel de la casación en el nuevo orden jurídico de la Constitución de 1991. Sobre el particular se dijo que la casación juega un importante papel en la vigencia del orden jurídico, especialmente en lo relacionado con: “(i) la unificación de la jurisprudencia, (ii) la garantía del principio de legalidad en una dimensión amplia, (iii) acompañada de la protección efectiva de los derechos constitucionales bajo el principio de la prevalencia del derecho sustancial.”

Esa función tripartita de la casación ha sido explicada por la jurisprudencia constitucional en varias oportunidades.

En primer lugar, la función de la Corte Suprema de Justicia como tribunal de casación consiste en ejercer el control de legalidad de las sentencias judiciales, “para decidir luego si se ajusta o no a lo ordenado por la ley, lo que significa que en la casación se efectúa un control de legalidad sobre los actos del juez para decidir si en ellos se produjo un error in iudicando o un error in procedendo de tal naturaleza que no exista solución distinta a infirmar, destruir, casar, la sentencia impugnada”[42]

En segundo lugar, la casación, al unificar la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho, asegura también la realización del principio de igualdad en la aplicación del derecho. Al respecto la Corte ha sostenido:

“Un análisis histórico y normativo muestra que el tribunal de casación no surgió para corregir todos los eventuales errores judiciales sino que su función es, si se quiere, más de orden sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo, por lo cual ha sido denominada por algunos sectores de la doctrina y la jurisprudencia como “nomofilaquia”[43]. ¿Qué significa eso? Que para la definición de las controversias judiciales concretas el ordenamiento prevé las instancias, mientras que el papel de la Corte Suprema, como tribunal de casación, es primariamente asegurar la coherencia del ordenamiento legal, gracias a la unificación de los criterios de interpretación de la ley, para de esa manera, lograr la realización del derecho objetivo y asegurar el respeto a los principios de legalidad y de igualdad”[44].

Finalmente, la casación se concibe con el propósito de garantizar la justicia material y con ello hacer efectivo el principio de prevalencia del derecho sustancial, artículo 228 Superior. Desde esta perspectiva, la casación “es una institución jurídica destinada a hacer efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las personas que intervienen en un proceso”[45]. Esta característica ha sido definida por la Corte en los siguientes términos:

“En síntesis, con la regulación de la casación, no se trata sólo de preservar el interés privado que cada una de las partes procesales, demanda de la administración de justicia, sino, además, el interés supremo colectivo que tiene el Estado y la comunidad en la conservación, respeto y garantía de la norma jurídica, con el fin de asegurar, conforme al preámbulo de la Constitución un marco de justicia material, efectiva, concreta y comprometida con el anhelo de orden y paz, que le asiste como derecho, a todas las personas”[46].

2.3.1.10Se concluye, entonces, que en el Estado Social de Derecho, el recurso extraordinario de casación, no es sólo un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en un elemento esencial en la aplicación igualitaria de la ley, en la defensa de la legalidad y en la garantía de la vigencia de la Constitución, incluidos los derechos fundamentales.

2.3.1.11Por otro lado, la adopción de esta modelo de Estado genera importantes repercusiones en lo que concierne a la función de administración de justicia y específicamente en la visión del recurso extraordinario de casación. En efecto, se sustituye la concepción formalista de la administración de justicia vinculada al simple propósito del respeto a la legalidad, por una concepción más amplia y garantista, en la cual la justicia propende por el efectivo amparo de los derechos de los asociados.

En estos términos, pese a que el recurso extraordinario de casación sea una antigua institución jurídica, ésta ha evolucionado notablemente para enfrentar los nuevos retos y realidades que impone esta nueva percepción del derecho, y particularmente del sentido de la ley ante el reconocimiento de la Constitución como verdadera norma jurídica.

2.3.1.12 Por ello el control de legalidad de las sentencias a cargo de la Corte Suprema de Justicia debe concebirse en una dimensión amplia, de modo que involucre la integración de preceptos de orden Superior y, por lo tanto, la protección de los derechos constitucionales que de él se derivan.

Esta nueva concepción del recurso extraordinario de casación ha sido expresamente acogida en la reforma al procedimiento penal establecida en la Ley 906 de 2004. Allí, el artículo 181 estableció el recurso extraordinario de casación como un mecanismo de “control constitucional y legal que procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales (Artículo 181).

Además de lo expuesto, el recurso de casación procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos. En este punto, se prescindió de presupuestos formales que limitaban la procedencia del recurso, regla que marca una gran distancia con regímenes anteriores en los que esa procedencia estaba supeditada al cumplimiento de exigencias generalmente relacionadas con la competencia del juez de segunda instancia que profirió el fallo y con la pena imponible al delito. A diferencia de tal régimen, en el actual ese tipo de condicionamientos procesales del instituto desaparecieron.

Dicha reforma fue analizada por la Corporación en la Sentencia C-590 de 2005[47], en donde se dijo que esta nueva regulación adecuada la figura al nuevo esquema constitucional, en donde la casación cumple importante funciones en la defensa del orden constitucional y de derechos de los asociados. Sobre el particular sostuvo:

“De todas maneras, para la Corte es claro que la expresa configuración legal de la casación penal como “control constitucional y legal” evidencia el propósito de adecuar el instituto, de una manera mucho más directa, a referentes constitucionales. Es decir, al concebir el recurso extraordinario de casación como un control constitucional y legal, se está evidenciando que la legitimidad de la sentencia debe determinarse no sólo a partir de disposiciones legales sustanciales y procesales, sino también respecto de normas constitucionales en tanto parámetros de validez de aquellas. Y esto, en la estructura y dinámica de las democracias constitucionales, es comprensible pues de la misma manera como la legitimidad de la ley, incluida, desde luego, la ley penal, no se infiere de sí misma sino de su compatibilidad con el Texto Fundamental; así también, la legitimidad de las sentencias judiciales debe soportarse tanto en la ley como en el ámbito de validez de ésta.(Subrayado fuera del texto).

6. Además de lo expuesto, el recurso de casación procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos. En este punto, es evidente que se prescindió de presupuestos formales que limitan la procedencia del recurso, regla que marca una gran distancia con regímenes anteriores en los que esa procedencia estaba supeditada al cumplimiento de exigencias generalmente relacionadas con la competencia del juez de segunda instancia que profirió el fallo y con la pena imponible al delito. A diferencia de tal régimen, en el actual ese tipo de condicionamientos procesales del instituto desaparecieron.

Esta nueva regulación permite que todos los problemas planteados en sede de aplicación de la ley penal puedan debatirse en casación y ello independientemente de la punibilidad fijada para el tipo penal de que se trate o de la competencia establecida para su conocimiento. De esta manera, se facilita que la Corte Suprema de Justicia realice los fines del recurso extraordinario de casación, no sólo respecto de ámbitos delimitados por presupuestos estrictamente formales, sino en consideración a los problemas de fondo planteados en todo supuesto de aplicación de la ley penal contenido en una sentencia de segunda instancia.

7. De otro lado, el recurso extraordinario de casación procede cuando las sentencias penales de segunda instancia afectan derechos o garantías fundamentales. Esta contextualización es compatible con el sentido que se le imprimió al recurso pues, tratándose de un control constitucional y legal, es evidente que la legitimidad de la sentencia se supedita al respeto de los derechos y las garantías fundamentales -tanto sustanciales como procesales- que están en juego en el proceso penal. (Subrayado fuera del texto).

Es decir, si los derechos fundamentales, en tanto ámbitos de afirmación y realización de la dignidad del hombre y de la democracia participativa y pluralista, constituyen el fundamento y límite del poder público, incluido el poder punitivo del Estado; cae de su peso que el respeto de esos derechos constituye un parámetro de control de los actos de la jurisdicción y, particularmente, de las sentencias. Por lo tanto, si la casación penal es hoy un control de constitucionalidad y legalidad de los fallos penales, ese control pasa, de manera necesaria e ineludible, por la verificación del respeto de los derechos de esa índole que están en juego en el proceso penal.”

2.3.1.13Por otro lado, es tan importante el papel de la casación en materia de la vigencia de los derechos de los asociados, que la Corte Constitucional exige como un requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales que tanto los recursos ordinarios, como los extraordinarios, y por supuesto, dentro de ella, la casación hayan sido agotados En efecto, reiterada jurisprudencia de esta Corporación[48] ha dispuesto que no se pueda considerar el estudio de providencias judiciales, cuando el accionante no agotó el recurso extraordinario de casación, pues se debe hacer uso de éste cuando el proceso ordinario correspondiente así lo permita para controvertir las decisiones judiciales y el cual debe agotar previo a acudir a la acción de tutela. Sobre el particular ha dicho expresamente esta Corporación en Sentencia T-453 de 2010, que el proceso no se agota en las instancias sino que los derechos pueden hacerse efectivos también a través de los recursos extraordinarios.[49]

“Esto obedece a una especial consideración sobre el valor sustantivo de los recursos en el curso de los procedimientos ordinarios, ya que la importancia de éstos se debe a que el propio orden jurídico permite que el ejercicio dialéctico y sintético que busca el procedimiento no se agote en la primera instancia, sino que abra nuevos escenarios como el de la apelación o la casación, en donde sea posible un control efectivo de la legalidad, la racionalidad de las decisiones, bajo el control y la garantía del juez de apelaciones o el de casación. Todo lo anterior es lo que permite afirmar el valor constitucional de los recursos como instrumentos facilitadores de la legalidad y racionalidad de las decisiones, y permite también justificar, la exigencia del agotamiento efectivo de los recursos, como expresión de la subsidiariedad de la acción de tutela frente a los mecanismos ordinarios de defensa judicial.”

2.3.1.14Así las cosas, puede concluirse que la actividad legislativa en la regulación de la figura jurídica de la casación, se encuentra sujeta al nuevo diseño instituido por el propio Constituyente, en donde la defensa de la legalidad adquiere importantes implicaciones en la vigencia de un orden justo. Por lo tanto, a pesar de que, por tratarse de un recurso extraordinario, el legislador tiene una amplia facultad para determinar sus condiciones de acceso, no podría exigir cargas tan desproporcionadas que hagan nugatorio su ejercicio.

2.3.2 El recurso de casación laboral se redimensiona en el marco del Estado Social de Derecho

2.3.2.1 El particular papel que cumple el recurso extraordinario de casación en el Estado Social de Derecho cobra aún más fuerza cuando se trata de la casación laboral. En efecto, éste ya no sólo se convierte en un instrumento de control de las decisiones adoptadas por los jueces de instancia, sino que a través de este recurso extraordinario se define tanto la vigencia en concreto de las garantías laborales consagradas en el artículo 53 Constitucional, como el alcance de la legislación del trabajo, a través de la función de la unificación de jurisprudencia que recae sobre la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

2.3.2.2 Puede afirmarse, entonces, que para hacer un hacer un análisis de los fines de la casación laboral, resulta fundamental señalar que a través de la jurisdicción laboral, y especialmente mediante la labor de corrección de los fallos y de unificación de jurisprudencia por parte de la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se hacen efectivos importantes derechos constitucionales como el derecho fundamental al trabajo, el respeto por las garantías mínimas consagradas en el artículo 53 Superior, los derechos de asociación, los derechos sindicales, y por supuesto, la seguridad social, particularmente en pensiones.

2.3.2.3 En ese sentido, es de tal envergadura el papel que el Constituyente ha dado al trabajo que, desde el Preámbulo de la Constitución, se anuncia como uno de los propósitos que animaron la expedición de la nueva Carta Política bajo la concepción del Estado como Social de Derecho y el artículo 1 lo consagra como uno de los principios fundantes de ese nuevo modelo de Estado.

Por otra parte, el artículo 25 de la Constitución Política imprime al trabajo el carácter de derecho fundamental y obliga al Estado a establecer mecanismo de protección para que éste se desarrolle en condiciones dignas y justas.

La jurisprudencia constitucional también ha considerado el derecho al trabajo como “... un derecho fundamental que goza de especial protección del Estado y, es uno de los bienes que para todos pretende conseguir la organización social, según el preámbulo, y uno de los valores fundamentales de la República, conforme al artículo 1º. Ibídem.”[50].

Pero la Constitución consideró que el derecho al trabajo no está circunscrito a acceder a un empleo sino que, por el contrario, es más amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva para trabajar en condiciones dignas y para ejercer una labor conforme a los principios mínimos que rigen las relaciones laborales. Así, el artículo 53 señala que el legislador debe garantizar la igualdad de oportunidades para los trabajadores; la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; la estabilidad en el empleo; la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; la facultad para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; la garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

Sin embargo, ello sólo es posible a través de la existencia de mecanismos judiciales que hagan efectiva las garantías dentro de una relación de subordinación que de hecho es desigual, y dentro de esta importante función, resulta de trascendental importancia el papel de la Corte Suprema de Justicia, en su papel de órgano de cierre de la jurisdicción.

2.3.2.4. Lo mismo puede decirse en relación con la determinación de los contenidos de la seguridad social. En efecto, es a través de la jurisdicción laboral donde se hacen efectivos derechos de importante raigambre constitucional como el derecho a las pensiones.

La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”[51]. Es decir, existe un deber en cabeza del Estado de garantizar las prestaciones propias de la seguridad social, y por tanto, esto implica la existencia de mecanismos judiciales para hacerlo efectivo.

Esta obligación también deviene de las obligaciones internacionales contenidas en diversos instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social, y el papel que recae en el Estado para su prestación efectiva.[52]. El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona afirma que:

“Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe:

“Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.

Cabe señalar que tal es la importancia de las garantías propias de la seguridad social que pese a su carácter prestacional, ya no existe duda sobre su fundamentalidad. En efecto, reiterada jurisprudencia constitucional[53] se ha ocupado de definir los contornos que encuentra la seguridad social en nuestro ordenamiento constitucional y la ha considerado como uno de los instrumentos que garantiza la consecución de los fines a los cuales se compromete la organización estatal como consecuencia de la adopción de la cláusula del Estado Social de Derecho[54] (artículo 1° superior). Sobre su carácter fundamental, la Sentencia C-1148 de 2001 precisó:

“Así las cosas, el derecho a la seguridad social, en la medida en que "es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana”[55] es un verdadero derecho fundamental cuyo desarrollo, si bien ha sido confiado a entidades específicas que participan en el sistema general de seguridad social fundado por la Ley 100 de 1993, encuentra una configuración normativa preestablecida en el texto constitucional (artículo 49 superior) y en los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad; cuerpos normativos que dan cuenta de una categoría iusfundamental íntimamente arraigada al principio de dignidad humana, razón por la cual su especificación en el nivel legislativo se encuentra sometida a contenidos sustanciales preestablecidos[56] (Resaltado fuera del texto).”

2.3.2.5. No cabe duda entonces que el recurso extraordinario de casación en materia laboral no es simplemente un instrumento procesal extraordinario, sino que a través de aquél se hacen efectivos los derechos constitucionales de los trabajadores, y por tanto, el legislador no podría hacer nugatorio su ejercicio. En efecto, a pesar de que Congreso tiene un amplio margen de configuración en materia de establecimiento de procedimientos, en materia laboral se encuentra limitado por la obligación estatal de la protección del trabajo y por la realización efectiva de las garantías consagradas en el artículo 53 Superior.

2.3.2.6. En la legislación colombiana, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social regula el recurso de casación en los artículos 86 al 99. Por otro parte, la doctrina ha considerado que este recurso cumple dos fines primordiales: “(a) la defensa de la ley sustantiva mediante la invalidación de las decisiones de los jueces de primera (casación per saltum) o de segunda instancia, que sean violatorias de esa misma Ley, esto es, de la ley sustantiva, (…) (b) unificación de la jurisprudencia. (…) la no menos importante función de fijar límites exactos de aplicación de las leyes, las decisiones de la Corte tienen por finalidad trazar los derroteros para la interpretación de aquellas por los juzgadores de instancia, de manera que las providencias de estos encuentren en ellas un sustento y una guía que las haga más seguras, más confiables, y, sobre todo, más justas.”[57]

2.3.2.7. En relación con las sentencias susceptibles del recurso, el Código Procesal Laboral (Art. 86) señala que lo serán aquellas sentencias proferidas: (i) en procesos ordinarios laborales; (ii) en segunda instancia de las S.s Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o de primera instancia en el caso de la casación per saltum y (iii) a partir de la reforma del artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de doscientos veinte (220) veces el salario mínimo legal mensual vigente.

En relación con las causales o motivos del recurso, el artículo 87 del Código de Procedimiento Laboral establece:

“ARTICULO 87. CAUSALES O MOTIVOS DEL RECURSO. En materia laboral el recurso de casación procede por los siguientes motivos:

1. Ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.

Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o de falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido en error de derecho, o en error de hecho que aparezca de modo manifiesto en los autos. Sólo habrá lugar a error de derecho en la casación del trabajo, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo.

2. Contener la sentencia de decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la de primera instancia, o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta.

3. Haberse incurrido en alguna de las causales de que trata el artículo 448 del Código de Procedimiento Civil, siempre que la nulidad no haya sido saneada de conformidad con la ley.

El recurso de casación podrá interponerse de palabra en el acto de la notificación, o por escrito dentro de los cinco días siguientes. Interpuesto de palabra, en la audiencia, allí mismo se decidirá si se otorga o se deniega. Si se interpone por escrito se concederá o denegará dentro de los dos días siguientes. Al conceder el recurso, se ordenará la inmediata remisión de los autos al Tribunal Supremo (Art. 88).

2.3.2.8. En relación con la cuantía desde el año 1989 se observa un incremento progresivo de la misma. En efecto, la Ley 11 de 1984 señalaba en su artículo 26 que en materia laboral “sólo serán suceptibles del recurso de casación los negocios cuya cuantía sea equivalente al monto de cincuenta (50) veces el salario mínimo mensual más alto vigente.” Posteriormente, el Decreto 719 de 1989 aumenta el interés a 100 salarios mínimos. En la misma línea, la Ley 712 de 2001 la asciende a 120 salarios mínimos.[58]. La norma ahora estudiada hace un aumento de 120 a 220 salarios mínimos. (art 48 de Ley 1395 de 2010).

2.3.2.9. Procede entonces la S. a analizar si el legislador cuenta con una libertad absoluta en el establecimiento de las condiciones para acceder a un determinado recurso, o si por el contrario, se encuentra limitado en su ejercicio.

2.4 LA LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN DEL LEGISLADOR EN MATERIA DE ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS

2.4.1 Reiteradamente la jurisprudencia constitucional ha afirmado que en razón de la cláusula general de competencia a que se refieren los numerales 1° y 2° del artículo 150 de la Constitución, al legislador le corresponde regular los procedimientos judiciales y administrativos, especialmente todo lo relacionado con la competencia de los funcionarios, los recursos, los términos, el régimen probatorio, cuantías, entre otros. En estos términos, la Corte ha señalado que en virtud de su potestad legislativa en materia de procedimientos, el legislador puede “(…) regular y definir[59] entre los múltiples aspectos de su resorte legislativo, algunos de los siguientes elementos procesales: (i) el establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades, -esto es, los recursos de reposición, apelación, u otros -, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los mismos.[60](ii) Las etapas procesales y los términos y formalidades que se deben cumplir en cada uno de los procesos. (iii) La radicación de competencias en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta.[61] (iv) Los medios de prueba[62] y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún de los terceros intervinientes, sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite, o para proteger a las partes o intervinientes, o para prevenir daños o perjuicios en unos u otros procesos.[63]”.

2.4.2 Sin embargo, esta potestad no es absoluta, pues se encuentra limitada por las garantías constitucionales y debe ejercerse de acuerdo con la naturaleza de la acción o recurso respectivo[64], y los principios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso, entre otros. Específicamente, ha dicho la jurisprudencia que el legislador debe garantizar, en todos los procesos judiciales y administrativos, las garantías constitucionales. En este sentido ha expresado:

“El legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial[65]. Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º).

Estos límites están representados por la prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (Preámbulo art. 1º de la Constitución); en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (CP arts. 5, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art. 83).

En atención a referentes Superiores como los señalados, la Corte tiene establecido que la legitimidad de las normas procesales y el desarrollo del derecho al debido proceso están dados por su proporcionalidad y razonabilidad frente al fin para el cual fueron concebidas. Por ende, “la violación del debido proceso ocurriría no sólo bajo el presupuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización”[66].

Así, a pesar de que la jurisprudencia ha admitido un amplio margen de libertad legislativa en el establecimiento del régimen procesal, también ha señalado que tal potestad debe responder a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero además debe garantizarse plenamente las garantías procesales y la realización del derecho material que pretende hacerse efectivo.

2.4.3 De la misma manera, la Corte ha considerado que también la libertad de configuración del Congreso "(…) puede limitarse cuando éste, en su actividad legislativa, impide el desarrollo y desempeño cabales de una entidad de rango constitucional, a través de las limitaciones que le impone o de omisiones en su regulación. Pero, obviamente, esta causal solamente puede operar en casos excepcionales, cuando se trata de aspectos relacionados íntimamente con la tarea que le ha fijado la Carta a la institución. Si se aceptara lo contrario se estaría desvirtuando el principio de la libertad de configuración política del legislador."[67]

Lo anterior por cuanto si bien es cierto que el legislador cuenta con atribuciones para establecer los recursos ordinarios y extraordinarios que proceden contra las decisiones judiciales, ello no implica que pueda modificar las características esenciales de cada uno de ellos, por tanto, no podría modificar un recurso extraordinario haciéndole menos eficaz conforme a los fines que se le atribuyen. Como se indicó en la Sentencia T-323 de 1999[68], no se ajustan a la Constitución las disposiciones procesales “(…) que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción”. Esta afirmación también se aplica a las disposiciones que hagan nugatorio el ejercicio del recurso de casación.

2.4.4 Frente al establecimiento de las condiciones para acceder a un determinado recurso o instancia, la Corporación ha reconocido un amplio margen de libertad del legislador.[69] Específicamente, en relación con la posibilidad de la limitación de la cuantía en materia del recurso de casación laboral, la Sentencia C-596 de 2000[70] estudió la reforma al Código Procesal Laboral que aumentó la cuantía para recurrir a casación en 100 salarios mínimos. El demandante señalaba que esta medida desconocía el derecho a la igualdad en razón a que algunos trabajadores no podrían acceder a ella.

En dicha oportunidad, la Corporación reiteró la libertad de configuración del legislador en materia de determinación de cuantías para acceder a la casación por tratarse de un recurso extraordinario que no procede contra todas las sentencias. En ese sentido consideró que bien podía la ley establecer restricciones para su procedencia, sin que por ello desconociera la igualdad ni el derecho a acceder a la justicia (CP art. 13 y 229). Sobre el particular sostuvo:

“Según el actor las restricciones impuestas al recurso de casación en cuanto a la cuantía del interés para recurrir violan los derechos al trabajo, a la igualdad, y al acceso a la administración de justicia.

Considera la Corte que no le asiste razón al demandante, por las siguientes razones:

- La protección del derecho al trabajo se logra esencialmente durante las instancias procesales que ha diseñado para tal efecto el legislador, donde los trabajadores pueden acudir en defensa de sus derechos e intereses. En dichas instancias pueden hacer valer los correspondientes recursos ordinarios. Igualmente, pueden hacer uso del recurso de casación cuando para ello se reúnan los requisitos de procedibilidad.

No necesariamente la protección de dicho derecho, en consecuencia, se logra con la casación; ésta muchas veces se constituye en un obstáculo para que el trabajador pueda en forma pronta y oportuna satisfacer sus derechos. Por ejemplo, cuando el recurrente es el empleador.

No se rompe el principio de igualdad, porque la cuantía para recurrir opera para ambas partes dentro del proceso; es decir, cuando el recurrente es el trabajador o el empleador.

La necesidad de establecer mecanismos procesales a favor del trabajador, para facilitar la protección de sus derechos e intereses, con el fin de equilibrar su desigualdad económica frente al empleador, no necesariamente debe hacerse dentro del recurso de casación.

No se viola, por consiguiente, el acceso a la justicia, porque éste se encuentra debidamente garantizado en las instancias ordinarias del proceso; por lo tanto, bien puede restringirse, la posibilidad de acudir a la casación, la cual, como se indicó anteriormente, es un recurso excepcional, extraordinario y, por consiguiente, limitado.

2.4.5 A pesar que podría considerarse que la Sentencia C-596 de 2000, otorgó un importante margen de libertad al legislador en el establecimiento de la cuantía para acceder a la casación en materia laboral, en dicha oportunidad no se analizó si un aumento drástico en la misma podría desconocer el principio de progresividad en materia de mecanismos judiciales para hacer efectivo el derecho.

2.5 TODOS LOS DERECHOS FUNDAMENTALES TIENEN CONTENIDOS PRESTACIONALES CUYO DESARROLLO ESTÁ SUJETO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN

2.5.1 La Corte Constitucional ha entendido que todos los derechos fundamentales, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales, implican obligaciones de carácter negativo y positivo.[71] A diferencia de lo que solía afirmar parte de la doctrina, para la Corte no es cierto que solamente los derechos económicos, sociales y culturales tengan contenidos prestacionales; los derechos civiles y políticos también requieren de la adopción de medidas, la destinación de recursos y la creación de instituciones para hacerlos efectivos. Al respecto, en la sentencia T-133 de 2006[72], la Corporación afirmó:

“Es importante resaltar que todo derecho fundamental exhibe dos facetas. La primera, entendida como una faceta de abstención, la cual hace mención a la protección del contenido del derecho mismo, impidiendo que terceros los transgredan o vulneren con conductas que vayan en contravía de éstos. La segunda, concebida como una faceta de acción, que determina los mecanismos idóneos para garantizar su goce efectivo, así como también estipula sobre quien recae la responsabilidad una vez éstos sean quebrantados.[73]

En efecto, la jurisprudencia constitucional,[74] de manera reiterada, ha sostenido la dimensión prestacional no sólo de algunos derechos constitucionales específicos, como, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales, sino también de derechos relacionados con la libertad, derechos civiles y políticos fundamentales.”

Posteriormente, en la sentencia T-760 de 2008[75], la Corte sostuvo:

“3.3.4. No es cierto pues, que la categoría derechos de libertad coincida con la categoría ‘derechos no prestacionales’ o ‘derechos negativos’. Existen múltiples facetas de los derechos sociales, económicos y culturales, concretamente del derecho a la salud, que son de carácter negativo y su cumplimiento no supone la actuación del Estado o de los particulares sino su abstención.

3.3.5. La jurisprudencia constitucional considera entonces, que la condición de ‘prestacional’ no se predica de la categoría ‘derecho’, sino de la ‘faceta de un derecho’.[76] Es un error categorial hablar de ‘derechos prestacionales’, pues, como se dijo, todo derecho tiene facetas prestacionales y facetas no prestacionales.”[77]

Por tanto, el que un derecho tenga facetas prestacionales no excluye su naturaleza fundamental.[78] En este sentido en la sentencia T-016 de 2007[79], la Corte precisó: “(…) todos los derechos constitucionales fundamentales –con independencia de si son civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, de medio ambiente - poseen un matiz prestacional de modo que, si se adopta esta tesis, de ninguno de los derechos, ni siquiera del derecho a la vida, se podría predicar la fundamentalidad.”[80]

2.5.2. Adicionalmente, esta Corte ha reconocido que los derechos fundamentales tienen unos contenidos mínimos –negativos y positivos- de cumplimiento inmediato y otros de contenido abierto y sujetos a la configuración legislativa. Sin embargo, la libertad de configuración del legislador de dichos contenidos abiertos e indeterminados no es absoluta; el legislador está sujeto a los principios de no discriminación y progresividad y no regresividad –cuando se trata de contenidos prestacionales-, entre otros. En este sentido, la Corte explicó lo siguiente en la sentencia T-760 de 2008[81]:

“3.3.6. Algunas de las obligaciones que se derivan de un derecho fundamental y que tienen un carácter prestacional, son de cumplimiento inmediato, bien sea porque se trata de una acción simple del Estado, que no requiere mayores recursos (por ejemplo, la obligación de suministrar la información de cuáles son sus derechos a los pacientes, antes de ser sometidos a un tratamiento médico),[82] o porque a pesar de la movilización de recursos que la labor implica, la gravedad y urgencia del asunto demandan una acción estatal inmediata (por ejemplo, la obligación de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para garantizar la atención en salud de todo bebé durante su primer año de vida –art. 50, CP–). Otras de las obligaciones de carácter prestacional derivadas de un derecho fundamental son de cumplimiento progresivo, por la complejidad de las acciones y los recursos que se requieren para garantizar efectivamente el goce efectivo de estas facetas de protección de un derecho. Tanto la decisión democrática acerca del grado de protección que se brindará a un derecho fundamental en sus facetas prestacionales, como la adopción e implementación de las formas específicas de garantizar su efectivo respeto, protección y cumplimiento, suponen que el cumplimiento de este tipo de obligaciones se logre progresivamente. En tal sentido, el cumplimiento de este tipo de obligaciones no se satisface con la simple actuación estatal, ésta debe ser ajustada a la Constitución, por lo que debe estar encaminada a garantizar el goce efectivo de los derechos.”

2.5.3. El principio de no discriminación implica la prohibición de llevar a cabo diferenciaciones, exclusiones o restricciones injustificadas basadas directa o indirectamente en criterios irrazonables tales como la raza, el género, el origen étnico, la religión, la opinión política, el origen nacional o social, la propiedad u otra condición social, y que tienen la intención o el efecto de nulificar o vulnerar el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en un plano de igualdad, de los derechos fundamentales.

2.5.4. Por otra parte, el principio de progresividad y no regresión conlleva (i) la obligación del Estado ampliar la realización de todos los derechos fundamentales y (ii) la proscripción de reducir los niveles de satisfacción actuales mediante.[83] Por tanto, este principio constituye una limitación de la libertad de configuración del Legislador. En la Sentencia C-671 de 2002[84], la Corte definió este principio de la siguiente forma:

“[E]el mandato de progresividad implica que una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia libertad de configuración del legislador en materia de derechos sociales se ve menguada, al menos en un aspecto: todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado debe presumirse en principio inconstitucional, y por ello está sometido a un control judicial estricto[85]. Para que pueda ser constitucional, las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional.”

2.6 EL MANDATO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIVIDAD EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES

2.6.1 La adopción del modelo de Estado Social de Derecho, su nueva concepción del individuo –individuo libre pero con necesidades- y su preocupación por la desigualdad material, conlleva el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) como derechos fundamentales. La consagración a nivel constitucional de estos derechos ha estado además acompañada con la creación de mecanismos para su justiciabilidad, bajo la premisa de que la realización efectiva de los derechos –no solamente su reconocimiento legal- es un fin primordial del Estado Social de Derecho.[86]

2.6.2 En el caso colombiano, el reconocimiento de los DESC como derechos fundamentales ha implicado la reconceptualización de muchas de las instituciones políticas creadas o reconocidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Por ejemplo, bajo el nuevo paradigma constitucional, el Legislador ya no goza de una discrecionalidad absoluta para regular y desarrollan asuntos relacionados con la garantía de los DESC; la Constitución le impone no sólo un mandato de desarrollo legislativo en estas materias[87], sino también de progresividad y no regresión[88], y de respeto por sus contenidos, los que han sido fijados por la Constitución, el bloque de constitucionalidad y el juez constitucional con el paso de los años[89]. Estos deberes se traducen, entre otras, en la obligación de adoptar leyes que contengan lineamientos de política pública dirigidos a garantizarlos en todas sus dimensiones, por su puesto, con fundamento en información relevante de carácter técnico, dada la complejidad que implica su satisfacción, no sólo por la intervención de distintos actores institucionales y la disposición de recursos económicos y humanos, entre otros.[90]

2.6.3 En el plano del control constitucional, el compromiso del Estado Social de Derecho con la realización de los DESC, ha dado un nuevo significado al papel del juez de constitucional y al control de constitucionalidad de las leyes. La acción pública de constitucionalidad no es solamente un mecanismo de control de la función legislativa y del proceso legislativo, sino un mecanismo de protección y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.

Como lo ha demostrado la experiencia de la Corte Constitucional colombiana tanto en sede de revisión de tutela como de control de constitucionalidad de normas con rango legal, la actividad judicial ha tenido que adquirir nuevos matices cuando se trata de garantizar la realización de estos derechos, precisamente por la complejidad que en plano jurídico y fáctico implica la satisfacción de estos derechos. Por ejemplo, en sede de revisión de tutela, la complejidad y magnitud de ciertas violaciones (e.g. en relación con los DESC y otros derechos de la población en situación de desplazamiento) ha demostrado que no basta con una decisión única que declare la existencia de una amenaza o vulneración para lograr la tutela judicial efectiva[91] de estos derechos; la intervención del juez en el diseño de remedios colectivos y en la verificación del cumplimiento de sus decisiones, y su interacción con las autoridades para buscar alternativas que conduzcan a la garantía efectiva, ha sido primordial.

En este sentido, es preciso aclarar que aunque la posibilidad de intervención judicial para resolver casos que involucran DESC presenta limitaciones, lo cierto es que por su naturaleza fundamental, la realización de estos derechos no puede quedar librada exclusivamente a las mayorías políticas. El juez constitucional, como guardián de la supremacía constitucional, debe también ejercer control sobre las actividades de los demás órganos del Estado dirigidos a la satisfacción de los DESC. En otras palabras, la complejidad técnica y política que involucran el respeto, protección y satisfacción de los DESC no puede servir de excusa para que el juez constitucional abandone su función primordial de velar por la garantía de todos los derechos constitucionales fundamentales.

2.6.4 Específicamente, en lo relacionado con el principio de progresividad, éste ha sido reconocido en diversos tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad[92] y se traduce en la obligación del Estado de adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas, para lograr gradual, sucesiva, paulatina y crecientemente la plena efectividad de los DESC reconocidos por los Estados. Esa progresividad en la satisfacción de los derechos implica para el Estado tanto apropiar el máximo de sus recursos como adoptar las medidas legislativas y de otro tipo para lograr su efectivo disfrute.

El principio de progresividad y no regresividad fue reconocido en el contexto internacional inicialmente en materia de derechos económicos sociales y culturales. Así, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales –adoptado en 1966- dispone:

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.”

Este artículo ha sido interpretado por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas –Observación General No. 3, órgano encargado de hacer seguimiento al cumplimiento del pacto, en el sentido de que “(…) el concepto de realización progresiva constituye un reconocimiento del hecho de que la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales generalmente no podrá lograrse en un periodo corto de tiempo”, sin que ello signifique que los estados no deban comenzar a adoptar medidas de manera inmediata; como indica el Comité, este principio “(…) impone la obligación de moverse tan rápida y efectivamente como sea posible hacia la meta”, así como la adopción de medidas “(…) deliberadas, concretas y orientadas hacia el cumplimeinto de las obligaciones reconocidas en el Pacto”.

A nivel regional, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos –suscrita en 1969- dispone:

“Artículo 26. Desarrollo Progresivo

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.”

En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador- también se incluyó una cláusula de progresividad en el artículo 1, cuyo texto es muy similar al del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la nota aclaratoria del artículo 11 de la Convención para la confección de informes periódicos, aprobada por la Asamblea General de la OEA, se definen las medidas regresivas como “(…) todas aquellas disposiciones o políticas cuya aplicación signifique un retroceso en el nivel de goce o ejercicio de un derecho protegido.”

La introducción del principio en el contexto de los derechos económicos sociales y culturales se debió a la creencia ya superada por la comunidad internacional de que a diferencia de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales implican grandes contenidos prestacionales que no pueden exigirse de manera inmediata a los estados parte sino de forma gradual. Sin embargo, como se analizó anteriormente, hoy es ampliamente aceptado que los derechos civiles y políticos también contienen dimensiones prestacionales, así como que los derechos económicos, sociales y culturales también cobijan facetas negativas o de abstención. En este orden de ideas, no hay razón para no extender el principio de progresividad y no regresión también a las facetas prestacionales de los derechos civiles y políticos[93]

2.6.5 El Principio 14 b) de los Principios de Maastricht señala, por ejemplo, que se produce una violación del Pacto con actuaciones tales como “la derogación o suspensión de la legislación necesaria para el goce continuo de un derecho económico, social y cultural del que ya se goza”. Otros eventos en los que se presenta una situación regresiva fueron descritos en la sentencia C-507 de 2008 de la siguiente manera:

“… la disminución del radio de protección de un derecho social. En otras, se ha referido a la violación de esta garantía constitucional, por la disminución de los recursos públicos invertidos en la satisfacción de un derecho social[94] o el aumento significativo del costo para la persona de escasos recursos que está en proceso de acceder al derecho[95]. En otro tipo de decisiones la Corte ha reiterado la aplicación del principio de progresividad y la prohibición de regresividad cuando se está frente a sectores especialmente vulnerables de la población[96].” (negrillas fuera del original)

2.6.6 Ahora bien, la ampliación progresiva de la realización de los derechos fundamentales comprende dos tipos de obligaciones, como ha precisado la doctrina.[97] De un lado, se halla la obligación del Estado de mejorar los resultados de las políticas públicas en términos de goce efectivo de los derechos. Por tanto, esta dimensión del principio de progresividad se enfoca en los resultados alcanzados por las políticas públicas –dimensión empírica.[98] De otro lado, desde el punto de vista normativo, el Estado debe introducir normas que extiendan la satisfacción de los derechos y debe abstenerse de modificar la normativa vigente para limitar, suprimir o restringir los derechos o garantías ya reconocidas.[99]

2.6.7 Estas dos dimensiones del principio se traducen en deberes concretos del Estado como los siguientes: En primer lugar, este principio obliga al Estado a adoptar un plan de acción o un programa para la ampliación de los contenidos prestacionales del derecho con miras a lograr su goce efectivo. Al respecto, la Corte señaló lo siguiente en la sentencia T-595 de 2002[100]: “(…) lo mínimo que debe hacer [la autoridad responsable] para proteger la prestación de carácter programático derivada de la dimensión positiva de [un derecho fundamental] en un Estado Social de Derecho y en una democracia participativa, es, precisamente, contar con un programa o con un plan encaminado a asegurar el goce efectivo de sus derechos”.[101] En segundo lugar, comprende la prohibición de disminuir o desviar sensiblemente los recursos públicos invertidos en la satisfacción de un derecho.[102] En tercer lugar, proscribe aumentar significativamente el costo para acceder a un servicio necesario para garantizar un derecho, especialmente para las personas de escasos recursos.[103] En cuanto lugar, el principio obliga al Estado a no incrementar los requisitos para la satisfacción del respectivo derecho.[104]

2.6.8 Por último, este principio no implica una prohibición absoluta de adoptar medidas regresivas; se trata de una prohibición prima facie, pues tales medidas pueden tener lugar al amparo de la Carta, siempre y cuando se encuentren debidamente justificadas en términos de realización de otros derechos fundamentales y después de un exhaustivo análisis de las otras opciones disponibles. En este sentido, en la sentencia C-1141 de 2008[105], la Corte precisó que la cláusula de no retroceso en definitiva supone que una vez logrados ciertos avances en la concreción de los derechos, “(…) las condiciones preestablecidas no pueden ser desmejoradas sin el cumplimiento de una rigurosa carga justificativa por las autoridades competentes.[106]” (negrilla fuera del texto)

En consecuencia, las medidas regresivas deben sujetarse a un escrutinio de constitucionalidad más estricto que otras decisiones legislativas, que además comprenda una comparación con los estándares de protección anteriores, es decir, el juicio de constitucionalidad de estas medidas incluye también un examen de evolución cronológica de las garantías asociadas al derecho correspondiente.[107] Así, como se indicó en la sentencia C-671 de 2002[108], para que una medida regresiva pueda considerarse ajustada a la Carta, “(…) las autoridades tienen que demostrar que existen imperiosas razones que hacen necesario ese paso regresivo en el desarrollo de un derecho social prestacional”. Además, con fundamento en la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en este mismo fallo la Corporación precisó que para justificar medidas regresivas “(…) el Estado tiene que demostrar que esas medidas eran necesarias y que ‘se han aplicado tras el examen exhaustivo de todas las alternativas posibles’”. Aunque estas afirmaciones parecieran restringirse a los derechos sociales, lo cierto es que, como se indicó previamente, deben extenderse a cualquier faceta de desarrollo progresivo de un derecho fundamental.[109]

2.7 EL DISEÑO DE MECANISMOS JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS TAMBIÉN ESTÁ SUJETA AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN

2.7.1 Como se indicó en apartes previos, la previsión de garantías judiciales para la exigibilidad de los derechos fundamentales es una obligación del Estado que se desprende de la dimensión objetiva de estos derechos. Igualmente, es una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva.

2.7.2 Ahora bien, la implementación de tales garantías es una actividad que requiere no solamente la expedición de normas que regulen la materia, sino también la creación de una institucionalidad que permita resolver de manera oportuna las controversias traídas ante la jurisdicción, y de la destinación de recursos para mantener y ampliar esa institucionalidad en la medida que las demandas de justicia crezcan. Por tanto, la previsión de garantías judiciales para hacer justiciables los derechos fundamentales es una faceta prestacional y de desarrollo progresivo.[110]

2.7.3 Ciertamente, como se indicó en la sentencia C-318 de 1998[111], la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales “(…) apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado”. En consecuencia, es una obligación de naturaleza prestacional que depende para su plena realización de que el Legislador defina los cauces que permitan su ejercicio y destine los recursos necesarios para el efecto.

2.7.4 En tanto la previsión de garantías judiciales para la realización de los derechos fundamentales comprende ciertos contenidos prestacionales, su desarrollo está sujeto al principio de progresividad y no regresión. Esto significa que una vez ampliado el ámbito de cobertura de tales garantías, cualquier retroceso debe someterse a un escrutinio estricto de constitucionalidad en el que el juez constitucional debe examinar minuciosamente la justificación en la que se basa la medida. La justificación que provea el Congreso deberá relacionarse con la garantía de otros derechos fundamentales, de modo que la medida regresiva no implique un sacrificio desproporcionado en términos de otros principios constitucionales y derechos fundamentales.

3 CASO CONCRETO

3.1. ESTA DECISIÓN ABORDA UN PROBLEMA JURÍDICO DISTINTO AL RESUELTO EN LA SENTENCIA C-596 DE 2000

3.1.1. Varios intervinientes aseguran que en la Sentencia C-596 de 2000, la Corte declaró ajustado a la Carta un aumento de la cuantía para poder interponer el recurso extraordinario de casación en materia laboral y que, por tanto, en esta ocasión la S. debe atenerse a lo resuelto en el 2000 y declarar exequible la disposición demandada.

3.1.2. En efecto, en la sentencia C-596 de 2000, la S. declaró exequible, entre otros, el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo, el cual elevó de 50 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes la cuantía para recurrir en casación en los procesos laborales. No obstante, la S. considera que en esta ocasión el problema jurídico bajo estudio es radicalmente distinto al analizado en el 2000 y por ello no se pueden seguir la misma argumentación empleada en la sentencia citada. A continuación se explican las razones de esta conclusión:

3.1.3. En la demanda que dio lugar a la sentencia C-596 de 2000, el demandante formuló dos cargos básicamente. De acuerdo con el resumen realizado en al sentencia, estos cargos eran:

“El legislador, de una parte, al fijar las cuantías para recurrir en casación a través de los artículos 86 y 92 del C.P.T, 221 del C.P.P., y 376 del C.P.C., hace de este mecanismo de impugnación, un recurso elitista, lleno de formalidades que impiden el acceso de la ciudadanía en general a la administración de justicia.

De otra parte, los artículos 87, 90 y 91 del C.P.T, 220 del C.P.P y 374 del C.P.C., mediante los cuales el legislador señaló los requisitos, causales y contenido que deben tener las demandas de casación en dichas materias, establecen una serie de formalidades mediante los cuales se diluye la posibilidad que tienen los sujetos procesales para interponer el recurso extraordinario de casación, en aquellos eventos en que ha existido una desviación en la aplicación y restablecimiento del derecho. En estas circunstancias, se viene desconociendo el principio constitucional que ordena a los jueces basar sus fallos en la prevalencia del derecho sustantivo sobre las formas.” (negrilla fuera del texto)

En particular, contra el artículo 86 el Código Procesal del Trabajo, el demandante sostuvo:

“Sin embargo, debe observarse que el legislador cuando fijó la cuantía para recurrir en casación laboral, al establecer un valor que debe exceder los cien salarios mínimos, impide que el gran grueso de la población trabajadora colombiana, pueda hacer uso de este mecanismo extraordinario, toda vez que menos del 5% de la población puede sobrepasar este límite. En estas circunstancias, resulta elemental entender que las controversias en las que se litigan sumas inferiores a las señaladas en la norma acusada, se encuentran excluidas del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, los temas que se refieren a la seguridad social y los que se derivan del ejercicio del derecho de asociación sindical escapan al conocimiento de la máxima autoridad judicial.

En resumen, el legislador al consagrar en el artículo que se acusa, la cuantía para recurrir en los procesos laborales creó una barrera mediante la cual se desprotege a un gran número de trabajadores, lo cual dicho en otras palabras, se convierte en una clara violación al derecho fundamental del libre acceso a la administración de justicia. De esta manera, también se conculca el artículo 13 constitucional al establecer un trato discriminatorio, toda vez que solamente pueden hacer uso del mecanismo extraordinario de la casación, aquellos trabajadores que tengan ingresos altos, es decir, gerentes o ejecutivos de empresas, en contraste con aquellos empleados que devengan salarios más bajos.”

Como se puede observar, en relación con el incremento de la cuantía del recurso, el demandante solamente alegó que tornaba el recurso “elitista” y restringía el acceso a la administración de justicia de la mayoría de los trabajadores, debido a la estructura salarial del país.

3.1.4. La Corte, en la Sentencia C-596 de 2000, desestimó los cargos del demandante y declaró exequible el artículo 86 de Código Procesal del Trabajo, por las siguientes razones:

En primer lugar, la Corte recordó que el legislador goza de libertad de configuración para determinar las formas propias de cada juicio y que, por ello, “(…) las normas que determinan cuales sentencias judiciales pueden ser objeto del recurso de casación se presumen, en principio, ajustadas a la Constitución, en razón del respeto del juicio valorativo que ha efectuado el legislador, fundado en razones que consultan la realidad social donde han de aplicarse. Por consiguiente, las apreciaciones del legislador relativas a la importancia y naturaleza del proceso, la magnitud de la pena impuesta en razón del daño causado al bien jurídico tutelado, etc., en cuanto contribuyen a la racionalización, eficiencia y eficacia de la administración de justicia, son intangibles y no pueden ser desconocidas por el juez constitucional.”

En segundo lugar, la Corte aseguró que “(…) la protección del derecho al trabajo se logra esencialmente durante las instancias procesales que ha diseñado para tal efecto el legislador, donde los trabajadores pueden acudir en defensa de sus derechos e intereses. En dichas instancias pueden hacer valer los correspondientes recursos ordinarios. Igualmente, pueden hacer uso del recurso de casación cuando para ello se reúnan los requisitos de procedibilidad.”

Finalmente, la S. Plena indicó que con la norma demandada “(…) no se rompe el principio de igualdad, porque la cuantía para recurrir opera para ambas partes dentro del proceso; es decir, cuando el recurrente es el trabajador o el empleador.”

3.1.5. Como se puede observar, la Corte no examinó en la Sentencia C-596 de 2000 ni la finalidad del aumento de la cuantía, ni su proporcionalidad en relación con el sacrificio de los derechos de los trabajadores, ni mucho menos su posible regresividad. La Corte se limitó a examinar si el Congreso tenía competencia para aumentar la cuantía del recurso y si, en términos formales, la norma censurada vulneraba el principio de igualdad.

3.1.6. En este caso los cargos formulados por el demandante son distintos y, además, se presentan en un contexto normativo diferente y contra una disposición con un contenido normativo diverso.

En primer lugar, la demanda se formula contra una disposición que prevé un aumento del 83% de la cuantía para recurrir en casación en la jurisdicción laboral, pero que fue expedida después de otros dos incrementos sustanciales, es decir, es una disposición que ha seguido otros dos aumentos significativos en la materia: el primero en 1989 - Decreto 719 de 1989- en el que la cuantía pasó de 50 a 100 salarios mínimos –aumento del 50%, y el segundo en el 2001 - Ley 712 de 2001- en el que la cuantía se elevó de 100 a 120 salarios mínimos -incremento adicional del 20%. En consecuencia, entre 1989 y 2001, los recurrentes en casación laboral ya habían tenido que afrontar un aumento del 60% del interés para emplear el recurso. Con la expedición de la Ley 1395, tuvieron que soportar un incremento adicional del 83%, para un total de incremento del 340% de 1989 a 2011. Este cambio porcentual de la cuantía del recurso, por otra parte, no ha ido de la mano con un aumento del promedio de ingresos de los trabajadores medidos en salarios mínimos, es decir, como en 1989, en el 2010 la mayoría de los trabajadores sigue percibiendo solamente un salario mínimo; en otras palabras, la situación económica de los trabajadores no ha mejorado de la mano con el aumento de las cuantías del recurso.

En segundo lugar, como se explica con más detalle más adelante, el demandante se concentra principalmente en la falta de proporcionalidad de la medida, teniendo en cuenta su finalidad, y en su regresividad a partir de las cuantías previstas en momentos históricos anteriores. Estos cargos no fueron analizados en el año 2000 por la Corte.

Por tanto, la S. estima que en esta oportunidad se propone a la Corporación un problema jurídico distinto, de modo que no necesariamente tiene que acogerse a la ratio decidendi de la Sentencia C-596 de 2000.

3.2. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA

3.2.1. El actor considera que la modificación introducida por el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, que eleva a 220 salarios mínimos la cuantía para recurrir en casación en materia laboral, constituye en un ejercicio desproporcionado de la libertad de configuración de la que goza el legislador, por cuanto implica un sacrificio muy alto e injustificado del los derechos a la igualdad, a la administración de justicia y de las garantías laborales consagradas en el artículo 53 Constitucional, con una finalidad no muy clara y aunque existían otras posible medidas menos lesivas que se podían adoptar para

3.2.2. Adicionalmente, el accionante alega que dicha modificación representa una medida regresiva, ya que aumenta en 100 salarios mínimos la cuantía para acceder al recurso de casación, lo que en la práctica deja por fuera del conocimiento de la Corte Suprema los casos de la gran mayoría de los trabajadores del país, quienes ni si quiera perciben un salario mínimo y cuyas controversias bajo la legislación anterior sí podían ser oídas por dicho tribunal.

3.2.3. Antes de entrar a abordar el problema jurídico que suscita la demanda, la S. recuerda que el legislador ordinario, como se desarrolló en la parte motiva de esta providencia, en ejercicio de su libertad de configuración, cuenta con una amplia gama de atribuciones, entre ellas la de regular los distintos procesos judiciales y establecer cada una de las actuaciones que en ellos han de surtirse, los términos procesales, los recursos ordinarios o extraordinarios, la oportunidad para interponerlos, los efectos en los que se conceden; en fin, el Legislador cuenta con libertad de configuración para establecer las distintas reglas y procedimientos que rigen el debido proceso o las denominadas formas propias del juicio, en todos los campos del derecho.

No obstante, esta competencia debe ser ejercida sin desconocer la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos y los principios y valores constitucionales, como los principios de razonabilidad y proporcionalidad, y el de progresividad y no regresión, entre otros; estos principios constituyen entonces límites al ejercicio de su competencia.

3.2.4. Igualmente, resalta esta S. que, tal y como se desarrolló en la parte motiva de esta providencia, el recurso extraordinario de casación asume especiales funciones a partir de la adopción del Estado Social de Derecho. En efecto: (i) se erige como un mecanismo de protección del orden objetivo mediante la función de corrección de fallos contrarios a la ley, entendiéndose por tal, también la N. Superior; (ii) permite la unificación de jurisprudencia en materia de derechos laborales y de seguridad social, por tanto, es una garantía de la aplicación igualitaria del ordenamiento jurídico; (iii) es una institución jurídica destinada a también a hacer efectivo el derecho material, particularmente la Constitución, así como las garantías fundamentales; y (iv) en materia laboral, el recurso extraordinario de casación también constituye un instrumento mediante el cual el Estado cumple su función de protección del trabajo y la seguridad social.

Por ello, al analizar las condiciones establecidas por el legislador para acceder al recurso, la Corte debe examinar si ellas hacen posible las finalidades de la institución, siempre teniendo en consideración que la casación, además de un mecanismo de control de validez, es una herramienta para hacer efectivas las garantías laborales y de la seguridad social.

3.3. LA NORMA ACUSADA CONTIENE UNA MEDIDA DESPROPORCIONADA

3.3.1. En el presente caso, para determinar si la medida censurada se encuentra dentro del ámbito de la libre configuración del legislador o si, por el contrario, desconoce los principios de razonabilidad y proporcionalidad y, por tanto, conlleva un sacrificio injustificado de derechos como la igualdad, el acceso a la administración de justicia y las garantías laborales, esta S. acudirá al juicio integrado de proporcionalidad.

3.3.2. Como fue indicado en la Sentencia C-093 de 2001[112], la doctrina y la jurisprudencia constitucional comparadas, así como la propia práctica de esta Corporación, han evidenciado que existen dos grandes enfoques para el examen de la razonabilidad de las medidas que limitan derechos fundamentales u otros principios constitucionales: uno de origen europeo, que se desprende del juicio de proporcionalidad, y otro de origen estadounidense, que diferencia distintos niveles de intensidad dependiendo de la materia sometida a control.[113] Toda vez que estos enfoques presentan ventajas diferentes, esta Corporación ha tratado de integrarlos mediante la fijación de un juicio que, de una parte, comprenda todas las etapas del juicio de proporcionalidad, y de otra, adelante distintos niveles de examen de conformidad con el asunto sobre el que verse la discusión.

Este juicio integrado comprende entonces las siguientes etapas:[114] (i) evaluación del fin de la medida, el cual debe ser no solamente legítimo sino importante a la luz de la Carta; (ii) análisis de si la medida es adecuada, es decir, de su aptitud para alcanzar un fin constitucionalmente válido; (iii) estudio de la necesidad de la medida, es decir, análisis de si existen o no otras medidas menos gravosas para los derechos sacrificados que sean idóneas para lograr el mismo fin; y (iv) examen de la proporcionalidad en estricto sentido de la medida, lo que exige una ponderación costo –beneficio de las ventajas que trae las medida frente al eventual sacrificio de otros valores y principios constitucionales. Sin embargo, previo a este estudio, el operador jurídico debe establecer cuál es el grado de intensidad con el que adelantará su análisis, es decir, si aplicará un juicio estricto, moderado o débil, dependiendo de la naturaleza misma de la medida.[115]. Sobre las particularidades de cada uno de estos niveles de escrutinio, la Sentencia C-093 de 2001[116] expone:

“8- El juicio integrado de proporcionalidad, que combina las ventajas del análisis de proporcionalidad de la tradición europea y de los tests de distinta intensidad estadounidenses, implica entonces que la Corte comienza por determinar, según la naturaleza del caso, el nivel o grado de intensidad con el cual se va a realizar el estudio de la igualdad, para luego adelantar los pasos subsiguientes con distintos niveles de severidad. Así, la fase de ‘adecuación’ tendrá un análisis flexible cuando se determine la aplicación del juicio dúctil, o más exigente cuando corresponda el escrutinio estricto. Igualmente sucederá con los pasos de “indispensabilidad” y ‘proporcionalidad en estricto sentido’”.

Más adelante, en esta misma providencia, la Corte analiza los criterios que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de escrutinio aplicable a cada caso y sugiere los siguientes:

“(…) el escrutinio judicial debe ser más intenso al menos en los siguientes casos: de un lado, cuando la ley limita el goce de un derecho constitucional a un determinado grupo de personas, puesto que la Carta indica que todas las personas tienen derecho a una igual protección de sus derechos y libertades (CP art. 13). De otro lado, cuando el Congreso utiliza como elemento de diferenciación un criterio prohibido o sospechoso, como la raza, pues la Constitución y los tratados de derechos humanos excluyen el uso de esas categorías (CP art. 13). En tercer término, cuando la Carta señala mandatos específicos de igualdad, como sucede con la equiparación entre todas las confesiones religiosas (CP art, 19), pues en esos eventos, la libertad de configuración del Legislador se ve menguada. Y, finalmente, cuando la regulación afecta a poblaciones que se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta ya que éstas ameritan una especial protección del Estado (CP art. 13).”

3.3.3. En ese orden, considera la S. que la intensidad del juicio con que debe ser estudiado el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 es intermedio, por las siguientes razones: (i) el Constituyente reconoció al legislador un amplio margen de libertad de configuración en materia de establecimiento de procedimientos (num 2, art 150 CP); (ii) esta amplia competencia también ha sido reconocida por la jurisprudencia constitucional, específicamente en el establecimiento de cuantías; sin embargo, (iii) pese a que las dos consideraciones anteriores podrían llevar a la aplicación de un test leve, considera esta S. que en razón a que se alega una posible afectación de los derechos a la igualdad, a acceder a la administración de justicia, al trabajo, a la seguridad social y de las demás garantías consagradas en el artículo 53 Superior, se justifica el escrutinio intermedio.

3.3.4. En cuanto al análisis del fin de la medida, el cual deberá ser importante por tratarse de un juicio con intensidad intermedia, la S. observa lo siguiente:

En la ponencia presentada para el primer debate ante la Comisión Primera de Senado, se da cuenta de las razones que llevaron al Congreso a la adopción de esta medida (Gaceta del Congreso No. 481 de 2009):

“34. Con la intención de racionalizar el acceso a la jurisdicción laboral, de tal manera que se coadyuve a la descongestión de la jurisdicción del trabajo, se propone modificar los artículos 12, 86, 87, 90 y 93 del Código Procesal del Trabajo

(…)

35. Se sugiere aumentar el interés para recurrir en casación, contemplado en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo, de tal manera que se permita a la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia poder resolver una carga más racional de asuntos en materia del recurso extraordinario de casación, ya que en la actualidad, en razón de las medidas de descongestión tomadas respecto de juzgados y tribunales superiores de distrito, se ha producido un incremento desmesurado de los asuntos a cargo de la S., pues esta debe conocer no solo del recurso de casación sino también del recurso de revisión, del de anulación, además de tutelas, tanto en primera como segunda instancia, recursos de queja, conflictos de competencia, calificación de ceses de trabajo, entre otros.” (negrilla fuera del texto).

Es decir, la norma fue adoptada con el objeto de descongestionar la justicia laboral, lo que resulta también de bulto del título de la ley en la que la disposición se encuentra contendida: “por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”.

Para la S., descongestionar la justicia es un fin no solamente legítimo, sino también importante. En efecto, una de las funciones más importantes del Estado Social de Derecho es la administración de justicia a través de procesos céleres y respetuosos del debido proceso. Ello entonces implica no sólo obtener una decisión de fondo sobre el asunto puesto a consideración de un juez, sino también la obtención de una repuesta pronta. Lo dicho anteriormente también es aplicable si se considera que el objetivo de la disposición es descongestionar específicamente la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por cuanto la pronta administración de justicia también debe ser predicable de los recursos extraordinarios.

En este orden de ideas, el derecho a acceder a la administración de justicia se ha erigido como un pilar fundamental del Estado Social de Derecho, toda vez que contribuye al logro de sus fines esenciales, como son “los de garantizar un orden político, económico y social justo, promover la convivencia pacífica, velar por el respeto a la legalidad y a la dignidad humana y asegurar la protección de los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades públicas.”

Esta obligación implica la existencia del deber a cargo del Estado, como titular del poder coercitivo y responsable de la vida, honra y bienes de los asociados, de garantizar las condiciones necesarias para que el acceso a la justicia sea real y efectivo.

3.3.5. En relación con la adecuación, al encontrarnos ante una medida que exige un escrutinio intermedio, la medida debe ser efectivamente conducente, es decir, la medida debe alcanzar el fin propuesto por la norma con un importante grado de probabilidad. Observa esta S. que a pesar de que la medida sí disminuirá el número de recursos de casación, ello no se traduce en la descongestión de la jurisdicción laboral. La medida no soluciona los problemas de mora judicial en las instancias y en los despachos de los jueces de inferior jerarquía, cuyo trabajo tiene una incidencia directa en la cantidad de procesos que van a ser conocidos por la S. Laboral, ni reducirá el número de controversias conocidas en general por la jurisdicción laboral. La medida solamente conduce a reducir la carga de trabajo de la S. de Casación Laboral, lo cual no puede identificarse con el concepto de descongestión judicial.[117] Por lo anterior, la S. concluye que el medio no es idóneo para el alcanzar el fin propuesto ni mucho menos conducente.

3.3.6. Sobre la necesidad de la medida, esto es, sobre la existencia de otras medidas menos gravosas en términos de derechos y otros principios constitucionales para lograr el mismo fin, considera esta S. que pueden existir otras medidas aún más eficaces para hacer frente a los problemas de congestión en la justicia laboral. En efecto, tal y como lo describe el “Plan Sectorial de Desarrollo Judicial 2008-2010” del Consejo Superior de la Judicatura, el problema de la mora en el trámite de los procesos, no sólo se debe a su número sino a fallas estructurales dentro del sistema, como la insuficiencia de capital humano y operativo, la estructuración de los procesos, la falta de capacitación de los operadores judiciales, entre otros.

Es decir, el Legislador ha debido adoptar otras medidas menos gravosas para las garantías fundamentales. En efecto, aumentar la cuantía de la casación no asegura que la jurisdicción laboral sea descongestionada, sino solamente que disminuya el número de procesos que podrían llegar a ser conocidos por la Corte Suprema de Justicia. Además, no ataca las causas estructurales que han producido tanto los problemas de mora judicial, como las razones por las cuales existe una alta litigiosidad en materia laboral.

Frente a la finalidad de descongestionar a la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, también observa la S. que pueden adoptarse otras medidas que no afecten de manera desproporcionada el acceso a la administración de justicia. En efecto, evitar que las personas acudan a un recurso no es propiamente el medio para hacer frente a los problemas de congestión judicial.

3.3.7. Por último, considera también la S. que la medida no es proporcionada en estricto sentido y, por el contrario, sacrifica otros valores y principios constitucionales de trascendental importancia, como el derecho a la igualdad, el derecho a acceder a la administración de justicia, el derecho al trabajo y otras garantías de los trabajadores, por las siguientes razones:

En primer lugar, los derechos al trabajo y a la seguridad social no solo exigen la existencia de normas sustantivas que reconozcan los derechos y garantías a favor de los trabajadores, sino que el legislador diseñe e implemente mecanismos para que aquellas puedan hacerse efectivas y reclamables ante la jurisdicción. En efecto, a pesar del margen de configuración del legislador en la determinación de los procedimientos, en el ámbito laboral la Constitución restringe considerablemente el margen de actuación de los órganos políticos, pues el artículo 53 superior incorpora ciertos principios mínimos que obligatoriamente deben ser tenidos en cuenta por el Congreso al regular la materia.

En este sentido, el legislativo debe tener en consideración que el procedimiento laboral hace efectivos los derechos consagrados en la referida disposición y, además, cuenta con unas características que lo diferencian de los demás procedimientos establecidos en la legislación colombiana. Por ejemplo, el procedimiento parte del supuesto de que las partes intervinientes en el litigio no se encuentran en un plano de igualdad, toda vez que se presenta una diferencia económica derivada de la relación capital-trabajo. Ello significa que las reglas de cada juicio deben estar encaminadas a garantizar a quienes no cuentan con la capacidad económica suficiente, es decir, a los trabajadores por regla general, la facilidad de gozar de las mismas oportunidades de quien tiene recursos para garantizar su propia defensa. Por ello, una disposición que afecte gravemente la posibilidad de acceder a un determinado recurso judicial en materia laboral, más aún cuando el criterio utilizado es el económico, implica una vulneración de las garantías laborales.

En este caso, la medida impone una grave restricción del derecho a acceder a la justicia de los trabajadores con fundamento en un criterio económico que es difícilmente satisfecho por la gran mayoría de los trabajadores en virtud de la estructura salarial del país. Ciertamente, como se evidencia en las estadísticas allegadas a este proceso por el DANE, los ingresos de los trabajadores colombianos son en promedio muy bajos: al año 2010, el 53,9% de la población ocupada devengaba menos de un salario mínimo y un 6,6% sólo devengaba un salario mínimo. Lo que significa que cerca del 60% de la población ocupada percibe mensualmente un salario mínimo o menos. Además, esta misma entidad certificó que en ese mismo año, el ingreso promedio de la población colombiana ocupada fue $736.000, es decir, menos de dos salarios mínimos. Teniendo en cuenta (i) que la cuantía para acceder a la casación que establece la disposición acusada es 220 salarios mínimos mensuales, (ii) que la cuantía de los procesos laborales tiene relación directa con el valor de los salarios y otras prestaciones de los trabajadores, (iii) que el 60% de los trabajadores tienen ingresos iguales o inferiores al salario mínimo, y (iv) que el promedio salarial del país es $736.000, es decir, menos de dos salarios mínimos, para la S. es evidente que la gran mayoría de litigios suscitados por los trabajadores colombianos nunca podrán llegar al conocimiento de la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En segundo lugar, la norma acusada comprende un aumento drástico de las cuantía para acceder a casación sin que el legislador justificara las razones para ellos en términos de otros derechos fundamentales o principios constitucionales. El legislador en el año 2001 había ascendido la cuantía para acudir en casación de 100 salarios mínimos-Decreto 719 de 1989- a 120 salarios mínimos- Ley 712 de 2001-. Con la reforma de la Ley 1395 de 2010, el legislador aumenta en un 83% el interés de la casación, cerrando el acceso de la gran mayoría de los procesos laborales, sin que el legislador hubiese explicado las razones de un aumento tan drástico. Tal situación implica un desconocimiento del derecho la administración de justicia con fuertes implicaciones en el ejercicio de las garantías laborales (art. 53), y de la garantía de las prestaciones propias de la seguridad social.

En tercer lugar, en materia laboral debe tenerse en cuenta que la casación sólo procede en los procesos ordinarios, siempre y cuando su cuantía ascienda a 220 salarios mínimos legales mensuales vigentes –en virtud de la disposición acusada. No existen causales que se relacionen con la materia objeto de debate y que permitan a la S. de Casación Laboral conocer de casos complejos e importantes desde el punto de vista de las garantías laborales que ameritan unificación jurisprudencial, pese a tener cuantías bajas. Así mismo, observa la S. que el legislador no permite la utilización de este recurso para los procesos especiales (procesos laborales ejecutivos, fuero sindical, permiso de trabajo de menores y huelga), pese a que a su importancia para la definición de garantías laborales. Por tanto, la restricción en el acceso a la justicia de los trabajadores se torna aún más desproporcionada, pues el legislador no previó mecanismos alternos para permitir que los casos complejos e importantes desde el punto de vista de los derechos al trabajo y a la seguridad social, entre otros, lleguen a conocimiento de la S. Laboral de la Corte Suprema para que ejerza sus funciones en el marco del Estado Social de Derecho.

En cuarto lugar, la desproporción de la medida también es aún más evidente si se compara con el régimen laboral administrativo. En efecto, el Consejo de Estado, máximo tribunal de la justicia contenciosa administrativa, tiene competencia para conocer de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral que han sido resueltos por los Tribunales y cuya cuantía ascienda a tan solo 100 salarios mínimo legales mensuales (Art. 129 y 132 del Código Contencioso Administrativo).[118] En consecuencia, en comparación con la cuantía para acceder al Consejo de Estado en los procesos laborales administrativos, la medida bajo estudio resulta desigual sin justificación.

En quinto lugar, a pesar de tratarse de un recurso extraordinario y excepcional, este mecanismo cumple objetivos muy importantes dentro del orden jurídico y, en consecuencia, su ejercicio no puede hacerse nugatorio en aras de reducir la carga de trabajo de la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, el recurso extraordinario de casación persigue en materia laboral dos finalidades fundamentales: la defensa de la ley sustantiva y la unificación de jurisprudencia. Por tanto, la posibilidad de su ejercicio efectivo no puede limitarse en forma desproporcionada. Así a pesar de que el legislador puede establecer cuantías para su acceso, ellas deben responden a criterios razonables.

Por último, una limitación excesiva en los requisitos para acceder al recurso extraordinario puede impedir el cumplimiento de una de las funciones asignadas por la Constitución Política a la Corte Suprema de Justicia en el artículo 235 Superior, esta es, ser órgano de cierre de la jurisdicción laboral con la correlativa función de unificación de jurisprudencia.

En efecto, el hecho que muy pocos asuntos sean conocidos por la S. Laboral y que la única manera de acceder al recurso sea la cuantía, podría significar que un gran abanico de problemas laborales de naturaleza sumamente compleja, pero de bajo monto, nunca llegarán a su conocimiento y, en consecuencia, serán los tribunales los que determinarían el alcance de la legislación del trabajo. Esto puede generar amplios problemas en términos de igualdad frente a la aplicación de la normativa vigente.

3.4. LA NORMA ACUSADA CONTIENE UNA MEDIDA REGRESIVA

3.4.1. En relación con el segundo cargo, tal como se desarrolló en precedencia, el principio de progresividad y de no regresividad es aplicable a todas las facetas prestacionales tanto de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales. Por tanto, el acceso a los mecanismos de protección judicial, como una obligación que se desprende de cualquier derecho fundamental, debe ampliarse de manera progresiva en condiciones de gratuidad e igualdad, y no puede ser objeto de medias regresivas, salvo cuando se cumplan los requisitos para aceptar la regresión que han sido fijados por la jurisprudencia de esta Corporación.

3.4.2. En el presente caso, para la S. la medida es regresiva, ya que hace parte de una serie de normas que en un lapso histórico de cerca de 20 años han incrementado el interés para recurrir en casación en un total del 340%, sin que la situación económica de los trabajadores en ese mismo periodo haya mejorado. Esto ha significado un restricción progresiva de la posibilidad de la mayoría de los trabajadores colombianos de acudir a la casación, un recurso que, como antes se analizó, cumple un papel fundamental en el Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta que aún hoy el promedio de los trabajadores no alcanza a percibir ni dos salarios mínimos.

3.4.3. En primer lugar, como se observó previamente, la demanda se formula contra una disposición que prevé un aumento del 83% de la cuantía para recurrir en casación en la jurisdicción laboral. Esta disposición además fue expedida después de otros dos incrementos sustanciales; el primero en 1989 - Decreto 719 de 1989- en el que la cuantía pasó de 50 a 100 salarios mínimos –aumento del 50%, y el segundo en el 2001 - Ley 712 de 2001- en el que la cuantía se elevó de 100 a 120 salarios mínimos -incremento adicional del 20%. En consecuencia, entre 1989 y 2001, los recurrentes en casación laboral ya habían tenido que afrontar un aumento del 60% del interés para emplear el recurso. Con la expedición de la Ley 1395, tuvieron que soportar un incremento adicional del 83%, para un total de incremento del 340% de 1989 a 2011.

3.4.4. Como ya la S. precisó, este cambio porcentual de la cuantía del recurso, no ha ido de la mano con una mejoría de la situación económica de los trabajadores. En efecto, como se evidencia en las estadísticas allegadas a este proceso por el DANE, al año 2010 el 53,9% de la población ocupada devengaba menos de un salario mínimo, y un 6,6% sólo devengaba un salario mínimo. Lo que significa que cerca del 60% de la población ocupada devenga un salario mínimo o menos mensualmente. Además, esta misma entidad certificó que en ese mismo año, el ingreso promedio de la población colombiana ocupada fue $736.000, es decir, menos de dos salarios mínimos.

3.4.5. Por tanto, como consecuencia de un aumento del 340% en cerca de 20 años, sin que los trabajadores ahora devenguen más salarios mínimos en promedio y teniendo en cuenta que la mayoría no recibe más de dos salarios mínimos, un importante número de fallos de instancia ya no pueden ser objeto de control por la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, es decir, la medida ha significado una restricción paulatina de la posibilidad de que los trabajadores puedan cuestionar las decisiones de instancia contrarias al orden objetivo y a su intereses en sede de casación

3.4.6. Para la S., en virtud de la disposición demandada y en comparación con los estándares anteriores de garantía judicial en materia de casación, la medida implica un paso hacia atrás que impide a la S. Laboral de la Corte Suprema cumplir su rol de control de validez, unificación de jurisprudencia y protección de garantías laborales en un número muy significativo de casos que en el pasado sí podían llegar a su conocimiento.

3.4.7. Esta medida regresiva no fue justificada en los términos que exige la jurisprudencia constitucional. Como se indicó anteriormente, no toda medida regresiva es proscrita por el ordenamiento constitucional, pero para que pueda ajustarse a la Carta debe ser justificada en términos de realización de otros derechos fundamentales y después de un exhaustivo análisis de las otras opciones disponibles. En el presente caso y como se determinó en el juicio de proporcionalidad, no se vislumbra que la medida promueva la realización de otros derechos fundamentales. Además, no fue acompañada de ninguna justificación de porqué una medida menos lesiva no podía emplearse para el propósito de descongestión judicial.

La S. advierte que lo anterior no significa que el legislador no pueda hacer cambios en la determinación de la cuantía para acceder a un recurso, sino que al hacerlo debe justificar la necesidad de la medida y tener en consideración la naturaleza del recurso que pretende regular y que la finalidad de la reforma esté dirigida a la protección de otros derechos fundamentales. En este sentido, es preciso recordar que al juez constitucional no le corresponde determinar qué cuantía sí es proporcionada, sino analizar las justificaciones dadas en cada caso por el Congreso y los demás órganos que participan en la elaboración de las leyes, para determinar si en el caso concreto se ajustan a la Carta.

3.5. CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, esta Corporación declarará INEXEQUIBLE el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010, y por tanto, no se entiende modificado el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Como consecuencia de lo anterior, ha de regir nuevamente la cuantía regulada por la Ley 712 de 2001[119], toda vez que por seguridad jurídica se hace necesario que la Corte expresamente reviva la norma que fue derogada por el artículo 48 de la Ley 1395 de 2010 y que ahora se declara contraria a la Constitución.[120]

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,