Sentencia de Constitucionalidad nº 633/96 de Corte Constitucional, 21 de Noviembre de 1996
Ponente | Jose Gregorio Hernandez Galindo |
Fecha de Resolución | 21 de Noviembre de 1996 |
Emisor | Corte Constitucional |
Expediente | D-1342 |
Decision | Exequible |
Sentencia C-633/96
LEY ESTATUTARIA Y ESTATUTO-Diferencias
De la Constitución no resulta la identidad entre todo "estatuto" y las leyes estatutarias, pues mientras el primer concepto es genérico y aplicable al conjunto normativo referente a una materia cualquiera, integrado por normas constitucionales, legales o de otro nivel, agrupadas o dispersas, las leyes estatutarias se caracterizan precisamente por estar destinadas, por la propia Constitución, a regular determinadas materias cuya enunciación, es taxativa. Al paso que el nivel jerárquico de las leyes estatutarias es superior al de las demás leyes en el ámbito del asunto que regulan, un estatuto sobre determinada materia respecto de la cual el legislador ha resuelto disponer es, en principio, ley ordinaria y tan sólo de manera excepcional podría adquirir el carácter de estatutaria. La sola utilización de la palabra "estatuto", para distinguir un conjunto de normas, no puede conducir a la conclusión de que se está en presencia de una ley estatutaria o de algo que debiera tramitarse como tal.
CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Naturaleza de sus normas
En lo que atañe a las normas sobre contratación administrativa, su naturaleza no tiene un rango superior al de las otras leyes de la República, pues de tales preceptos no depende la expedición de otros ni mediante ellos se rige una actividad a la que deba entenderse subordinada la función legislativa ordinaria. Se trata de contemplar normas especiales para la contratación que tiene lugar entre el Estado y los particulares, por oposición a la que se desarrolla con arreglo a las leyes civiles y mercantiles únicamente entre personas privadas, luego no existe motivo alguno para que, únicamente en consideración a los sujetos que intervienen como partes en una y otra clase de contratos, las reglas aplicables pudieran tener jerarquía normativa diferente.
NORMA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Expedición por Congreso/NORMA DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA-Facultades extraordinarias al Ejecutivo
La competencia para expedir las normas sobre contratación de la Administración Pública corresponde, en principio, al Congreso. La Constitución autoriza a la Rama Legislativa para revestir de manera temporal al Ejecutivo de precisas facultades extraordinarias para expedir, mediante decretos con fuerza de ley, normas que por regla general encajan dentro de las atribuciones del Congreso, siempre que lo exija la necesidad o lo aconseje la conveniencia pública y que las facultades correspondientes sean expresamente solicitadas por el Gobierno y aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las excepciones a esa posibilidad constitucional son taxativas. Como las normas de contratación administrativa no hacen parte de ninguna de dichas categorías, la Corte considera que, para su expedición o reforma, el Presidente de la República puede ser revestido de facultades extraordinarias.
Referencia: Expediente D-1342
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 del Decreto 2150 de 1995.
Actor: Job Segundo Zuleta Vega
Magistrado Ponente:
Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en acta del veintiuno (21) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1996).
El ciudadano JOB SEGUNDO ZULETA VEGA, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 241, numeral 5, de la Constitución Política, ha presentado ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 del Decreto 2150 de 1995.
Cumplidos como están los trámites y requisitos exigidos en el Decreto 2067 de 1991, se entra a resolver.
El texto acusado es del siguiente tenor literal:
"DECRETO NUMERO 2150 DE 1995
(diciembre 5)
por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confiere el artículo 83 de la Ley 190 de 1995, oída la opinión de la Comisión prevista en dicho artículo, y
(...)
DECRETA:
(...)
ARTICULO 38.- MENOR CUANTIA PARA LA CONTRATACION. Para efectos de la contratación pública se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas, expresados en salarios mínimos legales mensuales.
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.000.000 e inferior a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 800 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 500.000 e inferior a 1.000.000 de salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 600 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 250.000 e inferior a 500.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 400 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 e inferior a 250.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 300 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 50.000 e inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 250 salarios mínimos legales mensuales; las que tengan un presupuesto anual inferior a 50.000 salarios mínimos legales mensuales la menor cuantía será de 125 salarios mínimos legales mensuales".
Considera el actor que la transcrita norma vulnera el artículo 150, numeral 10, de la Constitución Política.
A su juicio, al modificarse el literal a), numeral 1º, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 -Estatuto General de Contratación Pública- se está transgrediendo la prohibición de modificar leyes estatutarias a través de facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República.
Dentro del término de fijación en lista, el ciudadano A.N.V., apoderado del Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó un escrito solicitando a la Corte que declare la exequibilidad de la norma demandada.
Considera que la Ley 80 de 1993 no constituye una ley orgánica, ni un código y mucho menos una ley estatutaria.
A su juicio se trata simplemente de una compilación de normas que por haber sido incorporadas a un cuerpo denominado "estatuto" no pueden asimilarse a una ley estatutaria.
El Procurador General de la Nación (E), J.L.J.J., solicita a la Corte que declare exequible la norma demandada.
Manifiesta que una ley es estatutaria cuando ha surtido un trámite cualificado, siempre que trate sobre alguna de las materias señaladas taxativamente por el artículos 152 de la Constitución Política.
Asevera que la temática contractual no hace parte de esas materias de ley estatutaria y que por lo mismo la Ley 80 no es una de ellas.
Critica la identificación que hace el actor entre las acepciones de "estatuto" y "ley estatutaria" como fundamento de su demanda, pues -dice- desde antiguo la palabra "estatuto" se aplica en general a toda clase de leyes, ordenanzas y reglamentos, que en manera alguna puede confundirse con lo predicado anteriormente sobre ley estatutaria.
-
Competencia
Esta Corte es competente para resolver en definitiva sobre la inconstitucionalidad planteada, según lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5, de la Carta Política.
-
Diferencia entre leyes estatutarias y estatutos
El único cargo formulado por el demandante es, en este caso, el de que el artículo materia de examen, relativo a la contratación pública, ha debido expedirse por el Congreso, previo el trámite de las leyes estatutarias, en cuanto queda integrado al estatuto general sobre la materia.
El artículo 150 de la Constitución confía, en efecto, al Congreso la responsabilidad de expedir "el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional".
Por su parte, el artículo 152 de la Carta señala las materias que serán objeto de regulación por medio de leyes estatutarias, y, al hacerlo, no incluye el tema de la contratación administrativa como sujeto a las especiales exigencias formales previstas en el artículo 153 ibídem, ni confiere a las leyes correspondientes un rango superior.
Para la Corte es claro que de la Constitución no resulta la identidad entre todo "estatuto" y las leyes estatutarias, pues mientras el primer concepto es genérico y aplicable al conjunto normativo referente a una materia cualquiera, integrado por normas constitucionales, legales o de otro nivel, agrupadas o dispersas, las leyes estatutarias se caracterizan precisamente por estar destinadas, por la propia Constitución, a regular determinadas materias cuya enunciación en el artículo 152 ibídem, es taxativa.
Por otro lado, al paso que el nivel jerárquico de las leyes estatutarias es superior al de las demás leyes en el ámbito del asunto que regulan, como ya ha tenido ocasión de destacarlo esta Corte, un estatuto sobre determinada materia respecto de la cual el legislador ha resuelto disponer es, en principio, ley ordinaria y tan sólo de manera excepcional podría adquirir el carácter de estatutaria: si en sustancia corresponde a uno de los objetos enunciados en el artículo 152 C.P.
En lo que atañe a las normas sobre contratación administrativa, su naturaleza no tiene un rango superior al de las otras leyes de la República, pues de tales preceptos no depende la expedición de otros ni mediante ellos se rige una actividad a la que deba entenderse subordinada la función legislativa ordinaria.
Además, es claro que se trata, simplemente, de contemplar normas especiales para la contratación que tiene lugar entre el Estado y los particulares, por oposición a la que se desarrolla con arreglo a las leyes civiles y mercantiles únicamente entre personas privadas, luego no existe motivo alguno para que, únicamente en consideración a los sujetos que intervienen como partes en una y otra clase de contratos, las reglas aplicables pudieran tener jerarquía normativa diferente.
En criterio de la Corte, la sola utilización de la palabra "estatuto", para distinguir un conjunto de normas, no puede conducir, sin mayor análisis, a la conclusión de que se está en presencia de una ley estatutaria o de algo que debiera tramitarse como tal.
Por otra parte, debe observarse que, al tenor del artículo 150 de la Constitución, la competencia para expedir las normas sobre contratación de la Administración Pública corresponde, en principio, al Congreso.
Sin embargo, la misma Constitución autoriza a la Rama Legislativa para revestir de manera temporal al Ejecutivo de precisas facultades extraordinarias para expedir, mediante decretos con fuerza de ley, normas que por regla general encajan dentro de las atribuciones del Congreso, siempre que lo exija la necesidad o lo aconseje la conveniencia pública y que las facultades correspondientes sean expresamente solicitadas por el Gobierno y aprobadas por la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara (artículo 150, numeral 10, C.P.).
Las excepciones a esa posibilidad constitucional son taxativas y la propia Carta se ha ocupado de enunciarlas: las facultades extraordinarias no se pueden conferir para expedir o reformar códigos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes marco, ni tampoco en materia de impuestos.
Como las normas de contratación administrativa no hacen parte de ninguna de dichas categorías, la Corte Constitucional considera que, para su expedición o reforma, el Presidente de la República puede ser revestido de facultades extraordinarias.
Las consideraciones precedentes conducen a declarar que el precepto acusado podía incorporarse a un decreto dictado por el Presidente de la República en ejercicio de facultades extraordinarias y, por lo tanto, no se configuró la inconstitucionalidad planteada, toda vez que su materia -la contratación administrativa- no ha sido reservada por la Constitución para el trámite excepcional de las leyes estatutarias.
La norma objeto de proceso será declarada exequible, pero, como el único punto debatido ha sido el referente al trámite, en los término dichos, la exequibilidad se circunscribirá a la no exigencia de ley estatutaria para su expedición.
Con fundamento en las precedentes motivaciones, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala Plena, oído
el concepto del Ministerio Público y cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
D. EXEQUIBLE el artículo 38 del Decreto 2150 de 1995, únicamente en cuanto la materia en él tratada no exigía trámite de ley estatutaria.
C., notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente.
CARLOS GAVIRIA DIAZ
Presidente
JORGE ARANGO MEJIA ANTONIO BARRERA CARBONELL
Magistrado Magistrado
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ HERNANDO HERRERA VERGARA
Magistrado Magistrado
JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO
Magistrado
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ
Magistrado Magistrado
VLADIMIRO NARANJO MESA
Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO
Secretaria General
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 212/22 de Corte Constitucional, 15 de Junio de 2022
...y (ii) sentencia del 3 de marzo de 1987, M.H.G.O.. [140] Corte Constitucional, sentencia C-018 de 2018. [141] Corte Constitucional, sentencia C-633 de 1996. Énfasis por fuera del texto original. En línea con lo anterior, en la sentencia C-713 de 2009 se expuso lo siguiente: “(…) la sola uti......
-
Fallo de Procuraduría General de la República, 23-09-2019
...en virtud de la ordenación jerárquica o escalonada de las normas jurídicas, para lo cual citó a la Corte Constitucional en sentencia C-633 de 1996, para aclarar la diferencia entre la ley estatutaria y el estatuto y así concluir que existiendo una ley especial en materia de contratación púb......
-
Sentencia nº 11001-03-24-000-2003-00198-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 27 de Marzo de 2008
...T- 408 de 1994 Exp. 544; M.P.D.F.O.M. [4] - Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-633-96 del 28 de noviembre de 1996, M.P.D.J.G.H.G., "únicamente en cuanto, al cobijar por el Sistema General de Seguridad Social en Salud a los trabajad......
-
Sentencia de Constitucionalidad nº 897/99 de Corte Constitucional, 10 de Noviembre de 1999
...de la "capacidad particular de los sujetos para obligarse a través de relaciones contractuales". En suma, la Corte ha señalado Sentencia C-633/96 (MP J.G.H.G.. que la contratación administrativa es materia de ley ordinaria. Es así como el estatuto de contratación vigente no tiene rango supe......
-
Concepto, disciplina e interpretación del contrato estatal
...de 1992; C-189 de 1994, C-318 de 1994, C-374 de 1994, C-414 de 1994, C-230 de 1995; C-154 de 1996, C-178 de 1996, C-563 de 1998; Sentencia C-633 de 1996, C-772 de 1998; C-040 de 2000, SC-949 de 2001, mismo sentido, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1293 de dicie......
-
El contrato de compraventa internacional de mercancías en el marco regulatorio estatal colombiano
...Bogotá Sentencia C-337 de agosto 19 de 1993 Magistrado Ponente Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. CORTE CONSTITUCIONAL. Bogotá Sentencia C-633 de 21 del noviembre de 1996 Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo. CORTE CONSTITUCIONAL. Bogotá Sentencia C-582 del 11 de agosto de 1999 M......
-
Nulidad de la actuación fundada en violación al debido proceso por actuaciones de la Fiscalía General de la Nación en la delegación y asignación de funcionarios judiciales especiales para la investigación y acusación en el proceso penal
...ley 1285 de 2009, con rango de ley estatutaria de la Administración de Justicia, según se estableció por la Corte Constitucional en sentencia C-633 de 1996. 1. violaciÓn al debido proceso por falta de formaciÓn y trámite como también de la notificaciÓn, de la actUaciÓn administrativa qUe da......
-
Excepciones al principio de anualidad en la contratación estatal
...80/93), según la posición asumida frente a la Ley 80 por la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de la Ley 80. Ver Sentencia C-633 de 1996, M. P.: JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ G., y C-949 de 2001, M. P.: CLARA INÉS VARGAS 250 tal suerte que el contrato no está concluido y se requie......
-
Ley de trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. (Decreto 2150 de 1995)
...cuyos presupuestos anuales sean inferiores a 12.000 salarios mínimos legales mensuales. Artículo declarado exequible por la Sentencia de Constitucionalidad nº 633/96 de Corte Constitucional, del 21 de noviembre de 1996, "únicamente en cuanto la materia en él tratada" (entiéndase artículo 38......
-
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993)
...Constitucional, del 2 de junio de 1999. Artículo 38 del Decreto extraordinario 2150 de 1995 declarado exequible por la Sentencia de Constitucionalidad nº 633/96 de Corte Constitucional, del 21 de noviembre de En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y con......