Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº de 26 de Agosto de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 552517774

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº de 26 de Agosto de 2008

EmisorSALA DE CASACIÓN LABORAL
PonenteCAMILO HUMBERTO TARQUINO GALLEGO
Sentido del falloCASA PARCIALMENTE / FALLO DE INSTANCIA - REVOCA PARCIALMENTE
Número de expediente32700
Tipo de procesoRECURSO DE CASACIÓN
Tribunal de OrigenTribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué
MateriaDerecho Laboral y Seguridad Social
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
República de Colombia




Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente: C.T. GALLEGO
Radicación No. 32700 Acta No. 52

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil ocho (2008).


Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la sociedad GÁLVEZ Y TABORDA LTDA en reestructuración y de JOSÉ HERNÁN CASTILLA LOZADA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, el 17 de mayo de 2007, dentro del proceso que les promovió JOSÉ RAFAEL GALVEZ BARRIOS.


ANTECEDENTES:


JOSÉ RAFAEL GALVEZ BARRIOS, demandó a los recurrentes antes mencionados para que, previos los trámites del proceso ordinario laboral, luego de que se declare que existió un contrato verbal a término indefinido que fue terminado unilateralmente por la empleadora, se los condene solidariamente a pagarle las cesantías de todo el vínculo laboral “a excepción de las correspondientes al año 2001”, los intereses a las cesantías, la sanción por el no pago de las mismas, la compensación en dinero de las vacaciones por los años 2001 a 2004, la indemnización por despido sin justa causa, la indemnización moratoria por el no pago completo y oportuno de las prestaciones sociales, la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y las costas del proceso.


En sustento de sus pretensiones afirmó que la sociedad GALVEZ Y TABORDA LTDA, desde el 29 de noviembre de 2000, por su difícil situación financiera entró en acuerdo de reestructuración que fue inscrito en la Cámara de Comercio de Ibagué, bajo el No 289 del libro III; laboró al servicio de la demandada “mediante contrato verbal a término indefinido” entre el 1 de agosto de 1993 y el 28 de junio de 2004, fecha última en que la empleadora le terminó el contrato, en forma unilateral y sin justa causa, aduciendo razones que no fueron “reseñadas expresamente en el oficio de terminación del contrato, por tanto, a todas luces su despido fue injusto”; se desempeñaba como Sub Gerente, con horario de 8 a 12 A.M. y de 2 a 6 P.M., de lunes a sábado; el salario inicial fue de $800.000,oo mensuales más una comisión fija semanal de $300.000,oo hasta el mes de abril de 2001; posteriormente, debido a la reestructuración, el salario básico se mantuvo y, por concepto de comisiones, se estableció un porcentaje del 5% semanal “sobre el producido, que arrojaba un promedio de $1.371.874,oo mensuales”, razón por la que planteó su inconformidad ante el Gerente; a partir de febrero de 2004, se le modificó unilateralmente el salario, por la eliminación de las comisiones, en contravía de lo dispuesto por la junta general de socios; no le cancelaron sus prestaciones, con excepción de las cesantías del año 2001, que fueron consignadas al Fondo “Santander”; estuvo afiliado al ISS pero solo cancelaron aportes hasta el año 1998; el incumplimiento de las obligaciones laborales demuestra que la conducta de la demandada está revestida de mala fe; el codemandado J.H.C.L. es socio capitalista de la sociedad demandada.


En la contestación de la demanda (fls. 218 a 227), la sociedad demandada aceptó que estaba en proceso de reestructuración en el que el actor participó igualmente como socio; informó que el 14 de febrero de 2004, el accionante suscribió un convenio de pago, “aceptando las condiciones en que está sumida la sociedad y renuncia al pago de sanciones, intereses moratoria, y etc”; tras una explicación extensa, afirma que no existía subordinación, porque se trataba de un contrato de prestación de servicios; en forma detallada, alude a los requerimientos que le hizo al actor respecto del manejo indebido de algunos dineros de los que afirma “se sustrajo y apodero (sic) … para un total de $2.471.286”; negó que el despido hubiera sido sin justa causa; pormenorizadamente relata algunos episodios de los que destaca que en contra del actor cursa “en apelación y de la cual tiene conocimiento la Fiscalía Cincuenta y Cinco Local, bajo radicado No 160048”, para significar que la desvinculación fue legal y justa, como quedó “plasmado en el acta No 022 del 1° de abril de 2004 (…) por el comportamiento doloso plenamente sustentado…”; manifestó, además, que el demandante no recibía ordenes ni cumplía horario, ya que no tenía jefe inmediato, porque era parte del órgano máximo de la sociedad, la cual él mismo dirigía y era partícipe; afirmó que su asignación era de $800.000,oo mensuales como honorarios; sostuvo que el demandante, con su conducta dolosa, contribuyó al estado que llevó a la sociedad a la etapa de reestructuración, “por la apropiación de dineros que no estaban bajo su órbita de custodia o tenencia y como reposa en la denuncia instaurada por su hermano, socio y gerente de la sociedad”; negó que le adeudara dinero por concepto de prestaciones; en detalle precisó sobre las consignaciones que por cesantías le hizo en diferentes entidades financieras, lo mismo, respecto de las vacaciones y los abonos a las mismas; reiteró que la mala situación de la sociedad obedecía a “la acción dolosa y negligente durante diez años que estuvo como representante de la misma, donde reinó el caos administrativo durante toda su actuación, así mismo la usurpación del cargo de gerente, como la falsedad material que se dio en el oficio dirigido al Director Regional de trabajo y seguridad social …”; aceptó que el codemandado JOSÉ H, CASTILLA era socio capitalista, “pero es intestina y falta de valores, la actitud del demandante al pretender, por su propia culpa y dolo, hacer responsable a su consocio señor C., cuando este de una manera noble y solidaria, como acreedor de la sociedad, capitalizó sus acreencias en la sociedad, para salvaguardar no solo el patrimonio familiar de la familia GALVEZ y T.L., sino el sustento de más de 20 empleos directos…”. Se opuso a la totalidad de las pretensiones.

A su turno, el codemandado J.H.C.L. contestó la demanda (folios 250 a 262), en términos básicamente idénticos a como lo hizo la sociedad, con la advertencia adicional de que, quien debe responder con su patrocinio, por las presuntas obligaciones laborales, es la sociedad demandada, ya que él llegó como socio, con ocasión del acuerdo de reestructuración de la Ley 550 de 1999, por lo que no tenía ninguna responsabilidad en el desarrollo de la sociedad antes del 29 de noviembre de 2000, “cuando capitalizó sus acreencias al proceso de reestructuración”, todo de conformidad con el artículo 353 del C. Co. Se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de “litisconsorte necesario”, buena fe y prescripción.

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia de 29 de septiembre de 2006 (folios 517 a 523), declaró probadas las excepciones de prescripción y buena fe propuestas por J.H.C.L. y lo absolvió de las pretensiones del actor. Declaró que entre la sociedad demandada y J.R.G.B. “existió relación contractual de carácter laboral por el período entre el 1° de agosto de 1993 al 28 de junio de 1994”, y la condenó a pagarle al actor la suma de $96.000,oo por concepto de intereses sobre las cesantías dejadas de sufragar, más la indexación sobre dicha cantidad hasta cuando se produzca el pago. Negó las demás pretensiones de la demanda, y le impuso costas a la sociedad demandada en un 10%.


LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL


Al resolver la apelación de la parte demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por sentencia de 17 de mayo de 2007, revocó la del a quo y en su lugar declaró que entre el actor y la sociedad G.T.L. existió contrato de trabajo a término indefinido entre el 1 de agosto de 1993 y el 28 de junio de 2004, “unilateral e injustamente terminado por el patrono”, y condenó a la precitada sociedad a pagarle al actor las siguientes sumas de dinero: $5.908.888,55 por cesantía; $887.733,33 por intereses sobre las cesantías; $887.733,33 “a título de sanción por la falta de pago de intereses sobre la cesantía”; $13.280.000,oo por indemnización por despido sin justa causa; $19.200.000,oo por indemnización por falta de pago de prestaciones sociales; $70.746.666,60, “a título de sanción por no consignación anual de prestaciones sociales”; además, sobre la condena por auxilio de cesantía, “los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificado por la Superintendencia Bancaria a partir del 29 de junio de 2006 y hasta la fecha en que se produzca el pago de aquella”. A J.H.C.L., “responderá solidariamente hasta el monto de los aportes que tiene o tenía en G. y T.L., por las condenas impuestas correspondientes a los derechos exigibles desde el 20 de octubre de 2001 en adelante. Sobre los derechos exigibles antes de esta fecha se declara probada la excepción de prescripción (…), excepción hecha del auxilio de cesantía, no cobijado por la prescripción”. Negó las demás pretensiones. Impuso costas en ambas instancias a la sociedad en el 70% y a cargo de J.H. en el 30%. (fls. 5 a 19 C. del Tribunal).


El ad quem, en lo que interesa al recurso, encontró plenamente demostrado, que la relación laboral del actor con la sociedad demandada, rigió entre el 1° de agosto de 1993 y el 28 de junio de 2004, por lo que la prescripción propuesta por JOSÉ HERNÁN CASTILLA se “declarará a partir del 19 de octubre de 2001 hacia atrás, toda vez que la demanda fue presentada el mismo día del año 2004 y fue notificada dentro del plazo previsto…


R. diversos medios probatorios que dan cuenta de autorizaciones emitidas por el Ministerio de la Protección Social, para el pago de unos valores por concepto de cesantías, lo mismo de convenios de pago entre las partes, luego de lo cual dedujo que “se dejó de solucionar al accionante esta prestación por los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1° de enero y 21 de noviembre de 2002, y 2003”, y que también procedía ordenar el pago de la cesantía por...

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