Sentencia nº 41001-23-31-000-1995-08428-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Abril de 2012

1.1. La demanda

1. Pretensiones.

Los señores J.S. REYES; B.I.D.S., quien actúa en nombre propio y en el su hija menor A.S.I.; F.M.S.I.; J.V.V. FALLA; N.T.M., quien actúa en nombre propio y en el de sus hijos menores NELCY, J.V., R. y F.V.T., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho solicitaron que se declare la nulidad de las Resoluciones No 085 de 9 de mayo de 1995 y 172 de 4 de agosto del mismo año, mediante las cuales el Contralor Municipal de Neiva les impuso sanción fiscal de multa de dos salarios mínimos mensuales a J.S. REYES y J.V.V. FALLA.

A título de restablecimiento del derecho solicitaron que se ordene al Municipio de Neiva - Contraloría Municipal : a) pagar a los señores J.S. REYES Y J.V.V. FALLA el valor de la multa con su actualización e intereses y demás pagos que hubiesen efectuado como consecuencia de la sanción; b) pague a los demandantes el valor de los perjuicios morales causados; c) por concepto de indemnización les reconozcan intereses moratorios; d) si no fuere posible establecer el monto de los perjuicios se falle en abstracto, dando aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.; e) se condene en costas a la entidad demandada, incluyendo las agencias en derecho.

Se resumen en los siguientes términos:

La Contraloría Municipal de Neiva inició Investigación Fiscal con base en el oficio del 3 de junio de 1994 remitido por su Oficina de Auditoría, mediante el cual se informó de supuestas irregularidades en la ejecución del contrato de arrendamiento suscrito el 13 de agosto de 1993 entre las Empresas Públicas de Neiva y el Consorcio Aseo Capital, consistentes en que no se constituyó póliza de cumplimiento para su perfeccionamiento ni se canceló el canon pactado.

Sin que mediara vinculación formal a la investigación de J.S. REYES Y J.V.V. FALLA en su condición de funcionarios de la Empresas Públicas mencionada, se les impuso ipso facto sanción de multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, a través de la Resolución No 085 de 9 de mayo de 1995.

Mediante Resolución No 172 de 4 de agosto de 1995 la Contraloría demandada confirmó la Resolución No 085 de 9 de mayo de 1995.

El Contralor Municipal de Neiva remitió la actuación administrativa que impuso la multa Jefe de la División de Juicios Fiscales para que iniciara el proceso ejecutivo de Jurisdicción Coactiva.

El 9 de octubre de 1995 el Jefe de Juicios Fiscales libró mandamiento de pago No. 013 en contra de J.S. REYES Y J.V.V. FALLA.

El Contralor Municipal, señor A.C.P., lanzó una campaña informativa a través de medios de comunicación e informes al Concejo Municipal de Neiva contra los demandantes, los cuales desconocieron la eficiencia, honestidad e idoneidad de los señores J.S. REYES Y J.V.V.F., vulneraron su buen nombre, honra y dignidad y afectaron gravemente la tranquilidad y armonía familiar de los ex funcionarios de la Empresas Públicas de Neiva.

El monto de los perjuicios fue tasado en $55.000.000 (fs. 2, 3 y 17).

1. 2. Normas violadas y concepto de la violación

2.

Los demandantes afirmaron que los actos demandados violaron el principio de legalidad que debe orientar el Estado de Derecho y formularon los siguientes cargos:

Violación de los derechos fundamentales a la integridad y dignidad de J.S. REYES Y J.V.V. FALLA amparados por el preámbulo de la Constitución Política; así como los derechos al debido proceso, a la defensa, presunción de inocencia, favorabilidad, contradicción, igualdad, honra, buen nombre, libre desarrollo de la personalidad, e incluso al trabajo pues por la magnitud de las denuncias del Contralor ante los medios de comunicación los sancionados no se han podido vincular laboralmente.

- Como la autoridad demandada violó los derechos señalados de los actores y afectó gravemente sus familias, desconoció los fines esenciales del Estado previstos en el artículo 2 superior y no les garantizó un orden social justo en el contexto de un Estado Social de Derecho.

- Los actos acusados violaron los artículos 5 y 13 superiores que obligan a los funcionarios públicos a no discriminar a las personas pues en el caso concreto los funcionarios de la Contraloría obraron con extralimitación y abuso de poder.

- El Contralor de Neiva, abusando de su poder, ejerció la función que el artículo 268-12 superior le atribuye privativamente al Contralor General de la República.

- Los actos demandados violaron los siguientes artículos del C.C.A.: el 3º que establece los principios orientadores de la actuación administrativa; el 28 ibídem que establece el deber de comunicar a los interesados el inicio de actuaciones que puedan afectarlos; el 36 ibídem que instituye los principios de proporcionalidad y razonabilidad y el 59 ibídem que obliga a la administración a decidir en forma congruente y satisfactoria las cuestiones planteadas en los recursos interpuestos.

Los actos demandados también violaron los siguientes artículos de la Ley 42 de 1993: el 6º que establece el deber de sujetarse a las disposiciones dictadas por el Contralor General de República en materia de control fiscal y el 8 ibídem que establece los...