Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº T 89666 de 11 de Enero de 2017
| Sentido del fallo | CONFIRMA NIEGA TUTELA |
| Número de expediente | T 89666 |
| Fecha | 11 Enero 2017 |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Número de sentencia | STP018-2017 |
| Tribunal de Origen | Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral |
| Tipo de proceso | ACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA |
| Materia | Derecho Penal |
SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS No. 3
P.S.C. MAGISTRADA PONENTE STP018-2017 Radicación No. 89666 Acta No. 1
B.D.C., once (11) de enero de dos mil diecisiete (2017).
VISTOS
Se pronuncia la Sala sobre la impugnación instaurada por R.L.U., contra el fallo proferido el 2 de noviembre de 2016, por la SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda de tutela formulada contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ y el JUZGADO 24 LABORAL DEL CIRCUITO de esta ciudad. A. trámite fue vinculada la sociedad BRINK’S DE COLOMBIA S.A.
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Así los expuso la Sala de Casación Laboral:
El accionante fundó la presente petición de amparo en los siguientes hechos:
Que se vinculó a la sociedad B.s de Colombia S.A. a través de un contrato de trabajo desde el 29 de octubre de 1998, donde al comienzo de la relación laboral desempeñó el cargo de escolta, luego fue nombrado en el cargo de jefe de tripulación, que ocupó hasta el primer semestre del año 2014.
Que por haberse afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de B.s de Colombia, fue despedido sin justa causa el 22 de noviembre de 2010; empero, por sentencia de tutela 340 de 2012, la Corte Constitucional se ordenó el reintegro, exhortando a su empleador a respetar el derecho de asociación de sus empleados.
Que el 17 de junio de 2014, fue intervenido quirúrgicamente, por una hernia inguinal, por lo que por el 10 de julio siguiente, el galeno O.A.V., emitió instrucciones a su empleador tendientes a no someterlo en el término de un mes al levantamiento de pesos.
Que en atención a la prescripción médica, la directora nacional de seguridad y salud en el trabajo, la jefe de seguridad y salud en el trabajo, el médico especialista en salud ocupacional y el director de operaciones externas de su empleador, le notificaron que sería removido de cargo de escolta de transporte de valores desde el 10 de julio de 2014 hasta el 10 de agosto de 2014, tiempo dentro del cual desarrolló diferentes funciones.
Que vencido el término atrás descrito, la empresa lo volvió a designar como escolta de valores, precisando que el arma de dotación asignada era una escopeta semiautomática, calibre 12, que debía estar acompañada de un porta arma; sin embargo, que durante el tiempo en el que desempeñó el referido cargo, nunca le fue proporcionada el porta escopeta, porque la empresa en su departamento de armamento no disponía de este.
Que el 14 de agosto de 2014, esto es, cuatro días después del vencimiento del tiempo recomendado por el médico tratante, como escolta de la ruta de cajeros por el municipio de Soacha (Cundinamarca), al encontrarse en el centro comercial Metro de esa localidad, tuvo la necesidad fisiológica improrrogable de ir al baño, por lo que en cumplimiento del protocolo interno establecido por la empresa, le pidió al jefe de tripulación y técnico de cajeros, que informara a la empresa y así obtener un código de autorización; sin embargo, ante la imposibilidad de comunicarse con el operario de telecomunicaciones elegido, pese a los varios intentos sin éxito, dado que las líneas de Avantel se encontraban ocupadas, el referido jefe decidió autorizarlo para ir al baño.
Que al ingresar al baño, colocó la escopeta con la boquilla de fuego hacia el piso, pero al cogerla de nuevo, se resbaló, cayó al piso y debido al golpe se produjo un disparo que ocasionó daños en el guarda – escobas de dicho lugar, hechos que al ser colocados en conocimiento de su empleador, por el jefe de tripulación, recibió instrucciones de mantenerse en el lugar hasta tanto hiciera presencia el supervisor de operaciones ATM, quien reconstruyó los hechos a través de la filmación con una cámara de video.
Que luego de rendir informe el supervisor de operaciones ATM, y el jefe de tripulación, los días 14 y 15 de agosto de 2016, fue citado a diligencia de descargos el día 22 de agosto de 2014, oportunidad en la que expuso lo sucedido, y dejó claro que el porta armas o porta escopetas es un elemento indispensable para el desarrollo de la labor, por lo que era deber de empleador el suministro de este elemento, por lo que al no otorgarle su empleadora dicho implemento, faltó a la obligación establecida en el numeral 1 del artículo 57 del C.S.T.; que para la fecha del incidente, ya debía estar ejerciendo las funciones del cargo para el cual había sido contratado, y del que fue removido por instrucciones médicas, y no estar desempeñando una funciones diferentes de las habituales, y que esa situación de (tiro ido) ya se había presentando en otros empleados, sin que hubieran sido despedidos.
Que el Tribunal, al ratificar la decisión del juzgado, de autorizar con justa causa la terminación del contrato, incurrió en defectos fácticos por apreciar de manera defectuosa los informes, las diligencias de descargos, el manual denominado normas generales de seguridad para el escolta y el concepto emitido por el armero sobre el estado y funcionamiento del arma, documentos que de haber sido analizados correctamente, habría bastado al a quo y ad quem, para delimitar el Thema Probandum y no extraviar el análisis de las pruebas, además de que no tuvieron en cuenta la confesión que hiciera su empleador sobre su condición de aforado y el estado de salud que afrontaba.
Por lo anterior, solicitó el amparo a sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, y a la vida en condiciones dignas y justas, y en consecuencia se tutele el derecho de asociación sindical, se deje sin efecto las providencias calendadas el 16 de mayo de 2016 y el 8 de junio de 2016, proferidas por el juzgado y tribunal accionado, dentro del proceso especial de levantamiento de fuero sindical promovido por la sociedad B.´s de Colombia S.A., en su contra, y se ordene a la referida sociedad su reintegro sin solución de continuidad e inicie el procedimiento legal para la protección de los disminuidos físicos, contemplado en la Ley 361 de 1997.
EL FALLO IMPUGNADO
El a quo advirtió que la providencia cuestionada no contenía «algún vicio o irregularidad manifiesta que afecte los derechos fundamentales del promotor del amparo y que merezca la especial intervención del juez constitucional».
Agregó que, «si el trabajador considera que no podía ser despedido por la empresa con fundamento en la Ley 361 de 1997, tiene a su alcance las acciones judiciales previstas en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para obtener el resarcimiento de los perjuicios que pudieron habérsele ocasionado, es decir, para que esa controversia sea resuelta por el juez natural y competente del asunto».
Por esas razones, negó el amparo constitucional invocado.
LA IMPUGNACIÓN
Fue propuesta por R.L.U.. En la alzada expone, luego de reiterar los argumentos expuestos en el libelo inicial, que debe accederse al amparo constitucional invocado al demostrarse que se encuentra en situación de «extrema vulnerabilidad y necesidad», lo que demostró con las pruebas allegadas al trámite.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015[1], concordante con el artículo 1º del Acuerdo número 001 del 15 de marzo de 2002 emitido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, esta Sala es competente para resolver la impugnación instaurada por el accionante contra el fallo proferido por la homóloga Sala de Casación Laboral.
Para resolver el asunto que concita la atención de esta Sala, es preciso recordar, en primer término, los requisitos de procedencia de la acción de amparo contra providencias judiciales[2].
En ese sentido, se ha decantado de tiempo atrás que la acción de tutela es una vía de protección excepcionalísima cuando se dirige en contra de providencias judiciales y su prosperidad va necesariamente ligada al cumplimiento de estrictos requisitos de procedibilidad, que esta Corporación, en posición compartida por la Corte Constitucional[3] ha venido acogiendo y que implican una carga para el actor, no sólo en su planteamiento, sino también en su demostración....
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