Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100122100002010-00321-01 de 5 de Noviembre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 691668813

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria nº T 1100122100002010-00321-01 de 5 de Noviembre de 2010

EmisorSALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA
PonenteARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ
Sentido del falloREVOCA CONCEDE TUTELA
Tribunal de OrigenTribunal Superior Sala Civil - Familia de Bogotá
Tipo de procesoACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA
Número de expedienteT 1100122100002010-00321-01
MateriaDerecho Civil
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
República de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL




Magistrado Ponente:

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ



Bogotá, D. C., cinco (5) de noviembre de dos mil diez (2010).-


Ref.: 11001-22-10-000-2010-00321-01


Se decide la impugnación interpuesta por el apoderado del accionante respecto de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2010 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en la acción de tutela promovida por el solicitante del amparo1 contra el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional.



ANTECEDENTES


1. A través de apoderado judicial el actor constitucional instauró la acción de tutela antes reseñada para que se amparen los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la igualdad y a la dignidad humana.


2. En sustento de tal solicitud manifiesta que ingresó al Ejército Nacional hace más de 13 años y no obstante que durante su permanencia en la institución obtuvo una historia laboral de conceptos positivos y felicitaciones por su desempeño en las funciones asignadas, al punto que el 7 de junio de 2007 obtuvo el grado de capitán, el 6 de mayo de del año en curso fue desvinculado de la institución.


Precisa que tras someterse a los exámenes médicos requeridos por la Dirección de Sanidad del Ejército para iniciar el curso de piloto, le diagnosticaron “el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) agente causal del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)” (fl. 30, cdno. 1), en virtud de lo cual inició el tratamiento ofrecido por el Hospital Militar y ha cumplido estrictamente las indicaciones de su médico tratante.


Afirma que el 5 de febrero de 2009 la Junta Médica dictaminó la pérdida del 100% de la capacidad laboral, lo que conllevó a la desvinculación de la institución, sin tener en cuenta que su proyecto de vida se encuentra en la filas de la institución acusada.


Destaca que en el Ejército Nacional existen aproximadamente 800 personas, de todos los rangos, diagnosticadas con la indicada enfermedad, que continúan en servicio, circunstancia que evidencia una clara discriminación y la violación del derecho a la igualdad.

3. Demandó, entonces, que por vía de tutela se ordene a la entidad accionada (i) su reintegro al rango de capitán sin pérdida o descuento de tiempo; (ii) que no se le asigne a unidades “en donde exista la posibilidad de combate”; (iii) que se diseñe en el interior de la institución militar una política institucional “relacionada con los casos de personas viviendo con el vih o el sida en materia de dictámenes médico legales” y (iv) que se “analice, decida y publique la política institucional relacionada con el proceso de ubicación y reubicación de personas diagnosticas” (fls. 26 y 27, cdno. 1).




LA SENTENCIA IMPUGNADA


El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó la petición de amparo por considerarla improcedente, pues su promotor cuestiona lo decidido por la institución accionada en la Resolución No. 2302 del 29 de abril de 2010, por medio del cual se retiró al accionante del servicio activo, no obstante que para tal propósito cuenta con otro medio idóneo de defensa judicial como es acudir ante la jurisdicción Contencioso Administrativa.




LA IMPUGNACIÓN


El apoderado del demandante constitucional impugnó el fallo de primera instancia tras señalar que está en presencia de actos discriminatorios por la enfermedad que padece el actor, de manera que no basta con afirmar que existe otro medio de defensa, pues iniciar una demanda administrativa y obtener el fallo respectivo, puede tardar años y no es garantía de que cese la vulneración.


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