Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº T 68195 de 31 de Agosto de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 691974777

Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº T 68195 de 31 de Agosto de 2016

EmisorSALA DE CASACIÓN LABORAL
PonenteFERNANDO CASTILLO CADENA
Sentido del falloCONFIRMA NIEGA TUTELA
Tribunal de OrigenCorte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil y Agraria
Número de sentenciaSTL12744-2016
Número de expedienteT 68195
Tipo de procesoACCIÓN DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA



FERNANDO CASTILLO CADENA

Magistrado Ponente



STL12744-2016

Radicación n.° 68195

Acta 32


Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis (2016)


Resuelve la Corte la impugnación presentada, a través de apoderado, por ALFONSO ALEJANDRO, KAREN MARGARITA y JHOANNA CECILIA MEZA CHAMORRO, contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Casación Civil de esta Corporación el 16 de junio de 2016, dentro de la acción de tutela que instauraron contra la SALA CIVIL FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA y el JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO de esa ciudad, la cual se hizo extensiva al JUZGADO CUARTO DE FAMILIA de la misma localidad, a ALEXANDER BALLUT LOZANO y a ALFONSO DE JESÚS MEZA ALTAMAR.


  1. ANTECEDENTES


Los accionantes estimaron quebrantados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la vivienda digna y a la igualdad.


Los hechos narrados en el escrito inicial señalan, en lo que interesa a la discusión, que en el decurso del proceso surtido en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla, entre Alfonso de Jesús Meza Altamar y Ana Lucía Chamorro Daza, a fin de obtener la división formal del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-143859, esta última falleció y por tanto el trámite continuó con los herederos, aquí actores, los cuales, por otro lado, promovieron demanda de alimentos contra el prenombrado, Meza Altamar, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 4.º de Familia de aquella ciudad.


Refirieron que por decisión de 14 de mayo de 2009, el despacho civil ordenó la división material del predio y, el 27 de agosto de 2012, declaró su venta en pública subasta que, realizada el 19 de diciembre de 2014, se adjudicó a Alexander Ballut Lozano, quien ofertó la suma de $71.155.000.


Que el 24 de agosto de 2015, esto es antes de que se impartiera aprobación al remate, presentaron transacción celebrada entre las partes, en la que se pactó, entre otras, dar por terminado este proceso y el de alimentos, a cambio de que el demandante cediera al extremo pasivo el 50% del dominio del bien materia de pleito divisorio; que al día siguiente –aunque está probado que el auto se profirió el 21 de agosto, pero se notificó el 25 del mismo mes (folio 23)–, el despacho aprobó el remate, decisión que recurrieron y en subsidio apelaron.


El 28 de enero de 2016, el a quo mantuvo su providencia con fundamento en que el término de ejecutoria de la aprobación del remate transcurrió en silencio, y como existía un rematante, debían ser respetados los derechos que a este le asisten, por lo que no aceptó la transacción; concedida la apelación, el Tribunal confirmó el 24 de mayo siguiente, pero en atención a que la parte demandada «no podía disponer de su cuota de propiedad, ya que estaba embargada por el Juzgado Cuarto de Familia de Barranquilla».


A juicio de los actores, el juez de apelaciones no advirtió que las partes en los procesos referidos eran las mismas, luego sí podía disponerse del bien. Estimaron que la transacción, como forma anormal de terminar el proceso, puede ser allegada en cualquier etapa del litigio, según se extrae del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, vigente para el caso de autos, además de que la Corte Constitucional, en sentencia T-659/06, aclaró que «los rematantes no adquieren derechos antes que quede ejecutoriado el auto que aprueba el remate», y resaltaron que la vivienda rematada es la única que poseen y su activo más preciado, pues no cuentan con otro lugar donde vivir, ni con los medios económicos suficientes para comprar otra.


Por lo anterior, pidieron que se ordenara a las autoridades judiciales accionadas que aceptaran la...

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