Auto nº 549/17 de Corte Constitucional, 13 de Octubre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 701354805

Auto nº 549/17 de Corte Constitucional, 13 de Octubre de 2017

Ponente:CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Fecha de Resolución13 de Octubre de 2017
EmisorCorte Constitucional
ExpedienteT-2781164

Auto 549/17

Referencia: Sentencia T-1049 de 2010. Expediente T-2.781.164.

Interposición de recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el Auto 403 de 2017, presentados por los señores C.A.A.R. y L.D.A.R., herederos del señor A.A.U..

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

La S. Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados C.P.S. - quien la preside-, A.R.R. y D.F.R., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, profiere el presente auto, de conformidad con los siguientes,

I. ANTECEDENTES

  1. El señor D.T.D. de 65 años de edad, se desempeñó en labores del campo en terrenos de propiedad del señor A.A.U., ubicados en la vereda Cerrito. El señor A. lo contrató desde el 2 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2005, fecha en la cual se retiró de la administración de las fincas dejando en su lugar a su hijo el señor C.A.A.R.. El contrato suscrito por el señor D.D.T. era para realizar las labores propias del campo, bajo su subordinación y dependencia. Solo fue afiliado a la seguridad social desde el año 2001 hasta la fecha de su despido, como se encuentra demostrado en el reporte expedido por el ISS, sin que se le hubiera reconocido el tiempo transcurrido entre 1994 y 2000. Esto, alegó el accionante, le ocasionó un perjuicio ante la ausencia de la posibilidad de una pensión de vejez. Por lo anterior, y debido a su precaria situación, el actor solicitó a los herederos del señor A.U., que aportaran al ISS el cálculo actuarial a fin de que se le consignara el valor de las semanas faltantes. Los accionados hicieron caso omiso con el argumento de que no se había probado la relación laboral entre el señor D.D.T. y su padre y que los reportes de cotización al ISS no son prueba de ello. Entonces el señor D. interpuso acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos.

  2. En primera instancia, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación, Tolima, mediante fallo del 23 de abril de 2010, resolvió negar la petición de amparo, argumentando que “(…) se encuentra en entre dicho si el señor A.A.U., como patrón del señor D.D.T., lo afilió al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y riesgos profesionales, desde enero de 1994 a diciembre de 2000, situación que se debe debatir en el escenario apropiado para ello (…)”. Posteriormente, el Juzgado Promiscuo de Familia de Purificación, Tolima, confirmó la decisión de primera instancia, aduciendo que la vía expedita para solicitar este reconocimiento es la ordinaria laboral. Sostuvo que como la tutela es un mecanismo ágil que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales, es deber de quien la solicita, ejercerla oportunamente, para verificar la afectación del mismo.

  3. Esta Corporación seleccionó para su revisión la tutela instaurada por D.T.D., y mediante providencia T-1049 del 15 de diciembre de 2010,[1] la S. Séptima de Revisión de la Corte Constitucional resolvió:

    “PRIMERO: REVOCAR los fallos de tutela adoptados por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación, Tolima, del 23 de abril de 2010, y por el Juzgado Promiscuo de Familia de Purificación, Tolima, del 8 de junio de 2010, dentro de la acción de tutela promovida por el señor D.D.T., por las razones antes expuestas.

    SEGUNDO: ORDENAR al señor C.A.A.R., en su calidad de empleador, así como a los herederos del señor A.A.U., le reconozcan y consignen al Instituto de Seguro Social las semanas faltantes de cotizar al señor D.D.T., durante los años comprendidos del 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2000, a fin de que pueda solicitar su pensión de vejez ante la citada entidad.

    TERCERO: ADVERTIR al señor D.D.T., que si dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de la presente providencia no inicia las acciones judiciales pertinentes, el presente fallo perderá sus efectos, en virtud del artículo 8 del Decreto 2591 de 1991.”

  4. Mediante auto del 8 de marzo de 2011, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación ordenó “inmediatamente y por el medio más expedito y eficaz, notifíquese la sentencia dictada por la Honorable Corte Constitucional el 15 de diciembre de 2010 a DELFÍN DÍAZ TORRES y, a los herederos determinados del señor A.A.U., esto es, a CARLOS ARTURO, L.D., M.S., X.D.P., D.A.R.Y.M.S.R. FUENTES”.[2] Sin embargo, existe constancia del mismo juzgado de conocimiento de que el señor D. solicitó copia íntegra de la providencia el 1º de marzo de 2011, entendiéndose notificado en esta fecha.[3]

  5. El accionante promovió, desde el 7 de marzo de 2011, varios incidentes de desacato contra los accionados dado el persistente incumplimiento de la sentencia T-1049 de 2010.[4] Tanto el juzgado de instancia, por medio de las medidas sancionatorias que emitió contra los accionados, como los jueces que conocieron de las consultas y acciones de tutela interpuestas contra estas decisiones, sostuvieron que la providencia de la Corte Constitucional había perdido sus efectos porque el señor D.T. no había acudido a la jurisdicción laboral dentro del término estipulado.

  6. El 28 de junio de 2011, el señor D.D.T. radicó ante el Juzgado Civil del Circuito de Purificación, Tolima, demanda laboral en contra de los herederos del señor A.A.U..[5] El 10 de diciembre de 2014 se negaron las pretensiones del señor D.D.T. y se declaró de oficio la excepción de fondo denominada inexistencia de relación laboral entre los días 1 de enero de 1994 y 31 de diciembre de 2000. Esta decisión fue recurrida en apelación ante la S. Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Ibagué, quien declaró, el 24 de noviembre de 2015, que entre A.A.U. y C.A.A.R. existió sustitución patronal respecto del actor y que existió contrato de trabajo desde el 2 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2008, por lo cual se condenó al empleador C.A.A.R. al pago de los aportes a pensiones por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1994 al 30 de diciembre de 2000. En la actualidad dicho proceso se encuentra surtiendo el recurso extraordinario de casación ante la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

  7. El 3 de mayo de 2016 el señor D.D.T. solicitó a la Corte Constitucional asumir el cumplimiento de la Sentencia T-1049 de 2010. Manifestó que los accionados no habían dado cumplimiento a las órdenes, dado que nunca le reconocieron ni consignaron al Instituto de Seguro Social las semanas faltantes a su nombre, durante los años comprendidos del 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2000. El solicitante sostuvo que él había presentado la demanda laboral dentro del término requerido por la Corte Constitucional, es decir, dentro de los cuatro meses posteriores a la notificación de la Sentencia T-1049 de 2010. Explicó que la sentencia se le había notificado el 8 de marzo de 2011[6] y presentó la demanda el 28 de junio del mismo año, fecha que se encontraba dentro del periodo requerido por el fallo constitucional.

  8. Mediante oficio del 7 de octubre de 2015, la Corte ordenó al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de P.T., al Juzgado Promiscuo de Familia de P.T., al Tribunal Superior del Distrito Judicial y a la S. de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia enviar la información referente al cumplimiento de la sentencia T-1049 de 2010.

  9. Así, el 3 de noviembre de 2015 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de P.T. envió escrito mediante el cual proporcionó información acerca de las diligencias que tuvieron lugar dentro del presente proceso. Específicamente, explicó que el 14 de febrero de 2011 se profirió auto de obedézcase y cúmplase de lo resuelto en la sentencia T-1049 de 2010, el cual se notificó por estado el 16 del mismo mes. Así mismo, indicó que “para el 1 de marzo el señor D.D. solicitó copia auténtica de la sentencia T-1049 y el 7 de marzo presentó ante este Despacho el primer incidente de desacato. El 8 de marzo de 2011, se profirió por parte del funcionario de la época, auto donde ordenó notificar de manera personal la sentencia de tutela 1049/10 al accionante delfín D. torres”.[7]

  10. D. mismo modo, advirtió que de acuerdo con la decisión proferida en el último incidente de desacato adelantado, el superior jerárquico concluyó que la sentencia T-1049 había perdido sus efectos en razón a que no se había presentado la demanda ordinaria laboral dentro del término estipulado en la misma providencia.

    Auto 163 de 2017 por medio del cual la S. Séptima de Revisión resuelve asumir su competencia excepcional para dar cumplimiento a las órdenes emitidas en la sentencia T-1049 de 2010

  11. La S. Séptima de Revisión, con base en la jurisprudencia constitucional, estableció que por regla general le corresponde al juez de primera instancia vigilar el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional. Excepcionalmente esta Corporación ha asumido el cumplimiento de sus providencias cuando “el juez de primera instancia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste, cuando las órdenes no han sido suficientes y conducentes para lograr el cumplimiento; y cuando la intervención de la Corte es indispensable para la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados”.[8]

  12. En el asunto del señor D.D.T., la S. encontró que la desobediencia de los accionados fue persistente y los derechos fundamentales del accionante seguían siendo desconocidos. Igualmente, la S. advirtió que las órdenes de la sentencia T-1049 se encontraban incólumes, pues el actor había acudido a la jurisdicción laboral en los 4 meses que se le habían exigido, y por tanto, la protección transitoria debía acatarse. Las consideraciones fueron las siguientes:

    “Como se evidencia de los hechos, el actor inició cinco (5) incidentes de desacato, los cuales dos (2) fueron inicialmente concedidos pero no fueron cumplidos y otros tres (3) fueron denegados, entre otros motivos, porque se consideró, que la orden de la sentencia T-1049 de 2010 no se encontraba vigente, pues el accionante no había acudido a la demanda ordinaria laboral luego de pasados los 4 meses previstos para ello desde la notificación de tal providencia. Para la S. Séptima de Revisión no cabe duda de que la orden emitida en la sentencia de revisión aún se encuentra vigente, dado que la demanda laboral fue interpuesta oportunamente. En efecto, tal como obra en constancia emitida por el mismo Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación, la sentencia T-1049 de 2010 fue notificada hasta el 8 de marzo de 2011 y la interposición de la demanda laboral por parte del señor D. se realizó el 27 de junio del mismo año. Es decir, dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la providencia.

    Es equivocada la afirmación del juez de instancia, según la cual la fecha que debe contarse como notificación es la del 16 de febrero, por cuanto la actuación que se adelantó en esta fecha fue un auto de mero trámite entre el señor juez y su secretario, en el que se ordenó cumplir lo resuelto, pero no se surtió una efectiva notificación de la sentencia. Incluso, el mismo Juzgado deja manifiesto que “para el 1º de marzo de 2011, el señor delfín D. presentó escrito donde solicitó copia auténtica de la sentencia T-1049 y el 7 de marzo presentó ante este Despacho el primer incidente de desacato. El 8 de marzo de 2011, se profirió por parte del funcionario de la época, auto donde ordenó notificar de manera personal la sentencia de tutela 1059/10 al accionante D.D.T.”.[9]

    Es evidente que la orden emitida en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-1049 de 2010, se encuentra vigente, pues el accionante cumplió con su deber de acudir a la jurisdicción laboral dentro del plazo estipulado en la misma providencia. Así, conforme a la regla general establecida en el Decreto 2591 de 1991, es al juez de primera instancia a quien le corresponde asumir el incumplimiento hasta que se restablezca en su integridad el derecho fundamental vulnerado.

    En el caso concreto, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación, como juez de primera instancia, ha conocido desde un principio los incidentes de desacato y los ha resuelto. Sin embargo, desde que se emitió la sentencia han transcurrido más de 5 años y los accionados no han dado cumplimiento a la providencia, generándose una situación más grave para el señor D.D. por su avanzada edad sin tener una pensión. Además, el juzgado de conocimiento cerró la discusión en el último desacato resuelto en sede de consulta con su superior jerárquico, por cuanto éste concluyó que ya no era procedente el incidente de desacato, pues la sentencia de la Corte Constitucional no estaba vigente.

    En consecuencia, la S. Séptima de Revisión considera que el caso que se estudia, amerita que la Corte asuma el cumplimiento de la sentencia T-1049 de 2010. Como ya lo ha establecido la jurisprudencia “se ha presentado un manifiesto incumplimiento de las órdenes de tutela sin que los jueces de primera instancia hayan podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección, o dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces”.[10] Además, debe considerarse que el solicitante es una persona que actualmente cuenta con 71 años de edad que reclama el pago de los aportes indispensables para el acceso a una pensión de vejez.[11]

    En conclusión, esta S. asumirá el cumplimiento de la sentencia T-1049 de 2010 y reiterará la orden de reconocer y consignar al Instituto de Seguro Social –hoy Colpensiones- las semanas faltantes de cotizar al señor D.D.T., durante los años comprendidos del 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2000, a fin de que pueda solicitar su pensión de vejez. Además, como ya existe una decisión de la jurisdicción laboral que da la razón a la decisión de la Corte Constitucional, se ordenará el cumplimiento en sus precisos términos.”

    Solicitud de nulidad presentada por los herederos del señor A.A.U. contra el Auto 163 de 2017 y el Auto 403 de 2017 por medio del cual se resolvió la solicitud.

  13. Mediante escrito allegado a la Secretaría General de la Corte Constitucional, los herederos del señor A.A.U. (q.e.p.d), los señores C.A.A.R. y L.D.A.R., por medio de apoderado judicial, presentaron un “incidente de nulidad” contra el Auto 163 de 2017. Formularon los siguientes argumentos para sostener que la providencia debía ser declarada nula.

  14. En primer lugar, afirmaron que las órdenes emitidas en la sentencia T-1049 de 2010 eran contradictorias, dado que por una parte imponen a los herederos del señor A.U. reconocer y pagar a Colpensiones las cotizaciones faltantes, y por otra parte, ordenan al señor D.fín acudir a la jurisdicción laboral. Añadieron que si la tutela fue concedida de manera transitoria fue porque el juez constitucional no tenía la competencia para declarar la existencia de una relación laboral. Por tanto, no había la obligación de reconocer y pagar las cotizaciones entre 1994 y 2000, hasta tanto hubiera un pronunciamiento del juez ordinario.

  15. En segundo lugar, expresaron que existen suficientes pruebas documentales que demuestran que no existió nunca una relación laboral entre el señor D.fín y el señor A.U. y sus herederos.

  16. En tercer lugar, subrayaron que el Auto 163 de 2017 debía ser declarado nulo, por cuanto la sentencia T-1049 de 2010 perdió su vigencia. Explicaron que “la sentencia perdió sus efectos porque el señor D.fín Días Torres, no interpuso la demanda laboral dentro del término de los 4 meses que le dio la Corte Constitucional para hacerlo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 8 del Decreto 2591 de 1991”.[12] D. mismo modo, alegaron que ellos no consignaron los dineros correspondientes a Colpensiones, dado que el afectado había interpuesto la demanda laboral por fuera del término otorgado por la Corte. Aclararon que contra una de las decisiones de desacato, ellos interpusieron una acción de tutela a través de la cual solicitaban la suspensión de la decisión, por aquel mismo argumento. Esta sentencia les concedió la protección de su derecho fundamental al debido proceso y suspendió la decisión de desacato hasta tanto fuera decidido el asunto en la jurisdicción laboral. Con base en ello, aducen que esta sentencia de tutela no fue seleccionada para revisión de la Corte, y en ese sentido, se configuró una cosa juzgada constitucional que dejó sin vigencia la sentencia T-1049 de 2010.

  17. Los herederos del señor A.U. insistieron en que el señor D. fue notificado antes del 1º de marzo de 2011 por medio de conducta concluyente e interpuso la demanda laboral por fuera de los 4 meses desde la notificación de la providencia.

  18. Mediante Auto 403 de 8 de agosto de 2017 la S. Séptima de Revisión declaró improcedente la solicitud de nulidad contra el Auto 163, por cuanto consideró que no era un recurso procedente y adicionalmente los alegatos de los peticionarios ya habían sido resueltos de fondo por parte de esta Corporación. La S. resolvió ordenar a los herederos del señor A.A.U. (q.e.p.d), los señores C.A.A.R. y L.D.A.R., pagar lo debido al señor D.D. en el término de 48 horas contadas a partir de la comunicación del Auto y remitir el comprobante de pago respectivo, y si no lo hicieren, “deberán allegar un informe detallado sobre las razones que les impiden dar cumplimiento a la Sentencia T-1049 de 2010”. En palabras de la S.:

    “7. En este punto cabe precisar, que contrario a lo que señalan los solicitantes de la nulidad del Auto 163, la Corte Constitucional es competente para supervisar la Sentencia T-1049 de 2010, en virtud de que la protección transitoria se encuentra vigente al haberse acudido a la jurisdicción laboral dentro del término previsto.[13] Como se afirmó en los antecedentes, mediante auto del 8 de marzo de 2011, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación, ordenó “inmediatamente y por el medio más expedito y eficaz, notifíquese la sentencia dictada por la Honorable Corte Constitucional el 15 de diciembre de 2010 a DELFÍN DÍAZ TORRES y, a los herederos determinados del señor A.A.U., esto es, a CARLOS ARTURO, L.D., M.S., X.D.P., D.A.R.Y.M.S.R. FUENTES”.[14] Sin embargo, existe constancia del mismo juzgado de conocimiento que el señor D. solicitó copia íntegra de la providencia el 1º de marzo de 2011, entendiéndose notificado en esta fecha.[15] Por su parte, el 28 de junio de 2011, el señor D.D.T. radicó ante el Juzgado Civil del Circuito de Purificación, Tolima, demanda laboral en contra de los herederos del señor A.A.U..[16] (…)

    Así, la S. considera que el acto de notificación debe regirse por el principio de la buena fe y esto implica observar que cumpla sus efectos, es decir, que el interesado conozca la decisión y no solo sea comunicado. Se insiste en que existe prueba suficiente para establecer que el accionante no conoció la sentencia sino hasta el 1º de marzo, fecha en la cual solicitó las copias.[17] Lo anterior demuestra, una vez más, que la protección transitoria reconocida por la Corte Constitucional se encuentra vigente, y por tanto, la Corte tiene la competencia de asumir el cumplimiento hasta tanto esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.

  19. Por otra parte, la S. observa que los solicitantes alegan una serie de presuntas vulneraciones al debido proceso relacionadas con la providencia T-1049 de 2010. Por ejemplo, alegan que las órdenes emitidas en la sentencia “no son fáciles de interpretar, pues se podría afirmar con alto grado de certeza que son contradictorias (…)”. Además plantean una serie de cuestionamientos contra la sentencia y los incidentes de desacato iniciados por el accionante. Frente a estos alegatos la S. establece que se trata de argumentos que debieron ser presentados a través de una solicitud de aclaración o de nulidad contra la sentencia proferida en el año 2010; sin embargo, ninguna de las dos opciones fue presentada oportunamente por los accionados, y en consecuencia, la etapa de supervisión de cumplimiento no es la sede para presentar estos argumentos.

  20. Finalmente, la S. reitera que el Auto 163 de 2017, además de avocar el conocimiento del cumplimiento de la Sentencia T-1049 de 2010, la Corte ordenó acatar la sentencia de segunda instancia proferida por la S. Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Ibagué, quien declaró, el 24 de noviembre de 2015, que entre A.A.U. y C.A.A.R. existió sustitución patronal respecto del actor y que existió contrato de trabajo desde el 2 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2008, por lo cual se condenó al empleador C.A.A.R. al pago de los aportes a pensiones por el periodo comprendido entre el 2 de enero de 1994 al 30 de diciembre de 2000. A pesar de que en la actualidad dicho proceso se encuentra surtiendo el recurso extraordinario de casación ante la S. Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de casación en el proceso ordinario laboral, por regla general, no impide que la sentencia proferida se cumpla. En todo caso, la Corte Constitucional, en el presente caso, se concentra en el cumplimiento de la sentencia proferida por ella misma, y esta es, la T-1049 de 2010, la cual no ha sido cumplida.”

  21. Los herederos del señor A.A.U. (q.e.p.d), los señores C.A.A.R. y L.D.A.R., presentaron contra el Auto 403 de 2017 “recurso de reposición y en subsidio el de apelación”. En este escrito reiteraron los mismos argumentos presentados en el escrito de nulidad antes referido.

II.CONSIDERACIONES

  1. La S. rechazará los recursos interpuestos por los señores C.A.A.R. y L.D.A.R., dado que el Decreto 2591 de 1991 y el Reglamento de la Corte Constitucional vigente establecen expresamente los recursos judiciales que proceden en el trámite de instancia y de revisión de las acciones de tutela. Al respecto, la Corte ha sostenido que en virtud de los principios de celeridad y eficacia de esta acción constitucional, “la normatividad no contempla la posibilidad de que el Tribunal Constitucional reconsidere o reevalúe una decisión ya adoptada, puesto que una vez impartida la orden la entidad obligada debe darle cumplimiento sin más demora”.[18]

  2. Para sustentar la procedencia de estos recursos, los peticionarios acuden a lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 321 del Código General del Proceso, ignorando que la misma disposición es aplicable a los autos proferidos “en primera instancia” y no es extensiva a sede de revisión ante la Corte Constitucional.

  3. La S. observa que los señores C.A.A.R. y L.D.A.R. han mantenido una actitud reticente para dar cumplimiento a las órdenes emitidas por esta Corporación en virtud de la sentencia T-1049 de 2010. A Contrario sensu se han dedicado a presentar una serie de recursos judiciales que no proceden contra estas decisiones y no han informado cuáles son las razones que les impiden dar cumplimiento a las órdenes.

  4. En consecuencia, la S. rechazará los recursos interpuestos contra el Auto 403 de 2017 y reiterará las órdenes emitidas con el fin de que los herederos del señor A.A.U. (q.e.p.d), informen a esta Corte cuáles han sido las medidas adelantadas para dar cumplimiento a la sentencia T-1049 de 2010. En su defecto, aclaren las razones de fondo de su constante incumplimiento.

En mérito de lo expuesto, la S. Séptima de Revisión de la Corte Constitucional,

RESUELVE

PRIMERO. RECHAZAR por improcedente el “recurso de reposición y en subsidio el de apelación” interpuesto por los ciudadanos C.A.A.R. y L.D.A.R., contra el Auto 403 de 2017.

SEGUNDO. Por intermedio de la Secretaría General, ORDENAR al señor C.A.A.R. y a sus hermanos –herederos del señor A.A.U. (q.e.p.d.)-, que, si aún no lo han hecho, den cumplimiento al numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia de tutela T-1049 de 2010, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, en los términos establecidos en el numeral segundo de la parte resolutiva de los Autos 163 y 403 de 2017. Los accionados deberán remitir a la Corte Constitucional la documentación que radiquen en Colpensiones para el efecto y el comprobante de pago respectivo, y si no lo hicieren, deberán allegar un informe detallado sobre las razones que les impide dar cumplimiento a la Sentencia T-1049 de 2010.

TERCERO. Por Secretaría General de esta Corporación, REMITIR copia completa de esta providencia al accionante, al señor C.A.A.R., a Colpensiones, al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación, al Juzgado Civil del Circuito de Purificación, a la S. de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué y a la S. de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

CUARTO. Contra esta providencia no procede recurso alguno.

C., notifíquese y cúmplase.

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

ROCÍO LOAIZA MILIÁN

Secretaria General (e)

[1] Corte Constitucional, sentencia T-1049 de 2010 (MP J.I.P.C..

[2] Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación. Certificación remitida a la Corte Constitucional el 18 de octubre de 2016.

[3] Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación. Certificación remitida a la Corte Constitucional el 4 de mayo de 2016.

[4] Según lo corroborado por la S. Séptima de Revisión el señor D.fín inició cinco (05) incidentes de desacato entre los años 2011 y 2015.

[5] Juzgado Civil del Circuito de Purificación. Certificación allegada a la Corte Constitucional el 18 de octubre de 2016.

[6] El peticionario aportó fotocopia del auto de 8 de marzo de 2011 mediante el cual se ordenó la notificación de la sentencia T-1049 de 2010.

[7] Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación. Certificación remitida a la Corte Constitucional el 4 de mayo de 2016.

[8] “(…) la competencia de la Corte Constitucional, tanto para promover el cumplimiento de sus sentencias de manera directa como para dar trámite al incidente de desacato, es excepcional y tiene lugar en algunas situaciones que han sido analizadas en la jurisprudencia constitucional, por ejemplo, cuando el juez a quien le compete pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia ha ejercido su competencia y la desobediencia persiste, o cuando la autoridad desobediente es una Alta Corte, pues las mismas no tienen superior jerárquico que pueda conocer de la consulta sobre la sanción por desacato. (…) De otra parte cuando se presenta un manifiesto incumplimiento de las órdenes de tutela sin que los jueces competentes hayan podido adoptar las medidas que hagan efectiva la orden de protección, o dichas medidas han sido insuficientes o ineficaces, o cuando en presencia de un estado de cosas inconstitucional, que afecta a un conjunto amplio de personas, se han emitido órdenes complejas, para cuya efectividad es necesario un permanente seguimiento y la adopción de nuevas determinaciones, de acuerdo con las circunstancias de una situación que se prolonga en el tiempo”. Corte Constitucional, Auto 244 de 2010 (MP H.A.S.P.. Reiterado en el Auto 588 de 2015 (MP L.E.V.S..

[9] Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación. Certificación remitida a la Corte Constitucional el 4 de mayo de 2016.

[10] Corte Constitucional, Auto 244 de 2010 (MP H.A.S.P.. Reiterado en el Auto 588 de 2015 (MP L.E.V.S..

[11] A pesar de que la S. es consciente que el actor tiene a su favor la sentencia del juez ordinario laboral, lo cierto es que la protección transitoria concedida por la Corte Constitucional desde el año 2010, se encuentra vigente y debe ser cumplida para una protección efectiva de sus derechos.

[12] Escrito de nulidad, folio 8 del expediente de supervisión.

[13] Artículo 8 del Decreto 2591 de 1991: “La tutela como mecanismo transitorio. Aun cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado.

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela.

Si no la instaura, cesarán los efectos de éste.

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás procedentes ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita, mientras dure el proceso.”

[14] Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación. Certificación remitida a la Corte Constitucional el 18 de octubre de 2016.

[15] Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación. Certificación remitida a la Corte Constitucional el 4 de mayo de 2016.

[16] Juzgado Civil del Circuito de Purificación. Certificación allegada a la Corte Constitucional el 18 de octubre de 2016.

[17] Expediente de supervisión de cumplimiento, Cuaderno No. 1 folios 262 y 263 y Cuaderno No. 2, folios 305 y 368.

[18] Corte Constitucional, Auto 119 de 2017 (MP L.G.G.P.) y Auto 278 de 2016 (MP A.R.R.).