Sentencia nº 76001-23-31-000-2010-01358-02 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN SEGUNDA, de 26 de Abril de 2018
| Fecha | 26 Abril 2018 |
| Emisor | SECCIÓN SEGUNDA |
| Materia | Derecho Laboral y Seguridad Social |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D. C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 76001 - 23 - 31 - 000 - 2010 - 01358 - 02(0871-17)
Actor: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI, EICE, ESP-
Demandado: B.N.M. DE CANAVAL
Acción de nulidad y restablecimiento del derecho - Decreto 01 de 1984
ASUNTO
Se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Descongestión, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
Las Empresas Municipales de Cali (Emcali, EICE, ESP) mediante apoderada y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, formuló demanda en contra de su propio acto administrativo.
PRETENSIONES:
Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Resolución 1885 del 15 de diciembre de 1981, por medio de la cual la Gerencia General de Emcali reconoció una pensión de jubilación al señor E.C.V..
Resolución 4522 del 13 de agosto de 2004, por el cual la Gerencia Administrativa de Emcali concedió la sustitución a B.N.M. de C. en calidad de cónyuge supérstite del señor E.C.V..
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, que se ordene la reliquidación y reintegro de las sumas de dinero que pagó en virtud de los actos acusados, desde el momento en que le reconoció la pensión de jubilación y hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga fin al proceso, con sus respectivos intereses y ajustes monetarios, conforme al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
FUNDAMENTOS FÁCTICOS
En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:
E.C.V. se vinculó a las Empresas Municipales de Cali -(Emcali)- el 13 de enero de 1960 y laboró hasta el 1 de enero de 1982, fecha a partir de la cual se le aceptó la renuncia a través de la Resolución 1885 del 15 de diciembre de 1981.
El último cargo desempeñado por el señor E.C.V. fue el de jefe de sección, categoría 95, cargo 484, code 25307 (Sección Administrativa CAM).
A través de la misma Resolución 1885 del 15 de diciembre de 1982, la entidad le reconoció el derecho a la pensión de jubilación en cuantía de $41.269.71, con más de 21 años, 11 meses y 27 días de servicio, 52 años de edad, y un ingreso base de liquidación del 90% promedio de los salarios y primas de toda especie devengadas por el trabajador en el último año de labor. Lo anterior con fundamento en la convención colectiva de trabajo suscrita entre Emcali y S., vigente para ese momento, que concedió unos beneficios extralegales a los empleados públicos de la entidad.
Más adelante, la entidad reconoció a B.N.M. de Canaval la sustitución de la pensión de E.C.V., en calidad de cónyuge supérstite.
En criterio de la demandante, el señor C.V. no podía beneficiarse de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre los sindicatos de trabajadores de Emcali y la empresa, toda vez que tenía la calidad de empleado público y no de trabajador oficial, y adicionalmente por cuanto la Resolución 104 de 14 de octubre de 1983, que estaba vigente al momento del reconocimiento y que extendió unas prerrogativas convencionales a quienes tenían la misma condición que el causante, fue declarada nula por la jurisdicción de lo contencioso administrativo , lo que reitera la ilegalidad de la prestación.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó las siguientes:
Constitución Política de 1991, preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 48, 83, 150 ordinal 19, literal e) y f).
Ley 33 de 1985, artículos 1 y 3.
Ley 62 de 1985, artículo 1.
Código Sustantivo del Trabajo, artículos 3, 4, 414, 416 y 467.
Como concepto de violación de la normativa invocada, sostuvo que en el caso sub examine se vulneraron las normas mencionadas, toda vez que la entidad para expedir el acto de reconocimiento, no atendió lo reglado por las Leyes 6.ª de 1945, 33 y 62 de 1985, que le eran aplicables en materia pensional al señor E.C.V., por cuanto la prestación se liquidó en un valor superior y a una edad inferior a las que legalmente le correspondía dado su carácter de servidor público del orden territorial.
Así mismo, precisó que para la fecha de retiro del servicio y de adquisición del estatus pensional el interesado tenía la condición de empleado público, motivo por el cual no podía ser beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo vigente ni de la Resolución 104 del 14 de octubre de 1983 que otorgó unos derechos extralegales a esa clase de servidores, acto que a su vez fue declarado nulo por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Adicionalmente y para referirse a la situación jurídica de sus servidores, expuso que Emcali estuvo constituida como un establecimiento público del orden municipal hasta el 30 de diciembre de 1996, cuando el Concejo Municipal de Santiago de Cali, mediante Acuerdo 014 de 26 de diciembre de 1996, dispuso su transformación en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, EICE, Empresa de Servicios Públicos, ESP, y estableció que el régimen legal de los servidores de la entidad sería el de trabajadores oficiales, no obstante, definió que en los estatutos internos de la misma se precisaría qué actividades de dirección o confianza serían desempeñadas por empleados públicos y en el artículo 16 enlistó los cargos que estarían sometidos a dicho régimen.
En relación con lo anterior, aclaró que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 y 41 de la Ley 142 de 11 de julio de 1994, Emcali acogió lo regulado por los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 en cuanto a la naturaleza jurídica de las empresas de servicios públicos y el régimen aplicable a sus trabajadores, y recordó que el 13 de diciembre de 1979, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el artículo 38 del Decreto Ley 3135 de 1968, que permitía a las juntas y consejos de las entidades descentralizadas, determinar el régimen salarial y prestacional de dichas entidades, bajo la consideración de que estos tópicos eran materia privativa del Congreso de la República.
Finalmente, manifestó que como consecuencia de los razonamientos expuestos, cualquier efecto legal que se pretenda con fundamento en el acto administrativo por el cual se reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación, contraría y quebranta el ordenamiento constitucional, en cuanto se refiere al régimen salarial y prestacional de los servidores públicos.
SUSPENSIÓN PROVISIONAL
La parte demandante solicitó la suspensión provisional de los actos acusados, la cual fue resuelta negativamente por el a quo, mediante proveído fechado 13 de diciembre de 2010 (ff. 88-91 C.1), por cuanto para establecerse la vulneración alegada, se debía analizar el hecho de que la pensión reconocida al causante data del año 1981, es decir, que es anterior a la Ley 33 de 1985, el tipo de vinculación de aquel y el alcance del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, tarea que solo es propia de definir en la sentencia.
Dicha decisión fue confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con auto del 1 de septiembre de 2014, (ff. 131-145, C.2), puesto que no evidenció una vulneración flagrante de las normas citadas como vulneradas por la demandante, y estimó necesario verificar el efecto del artículo 146 de la Ley 100 de 1993 en el caso objeto de estudio.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La señora B.N.M. de C. no contestó la demanda, tal y como se corrobora con el informe que obra en el folio 137 del cuaderno 1 del expediente.
ALEGATOS DE PRIMERA INSTANCIA
La señora B.N.M. de Canaval (ff. 168-170 C.1), intervino para señalar que la parte demandante no agotó el requisito de la conciliación extrajudicial.
De otra parte, manifestó que no concibe cómo la entidad, luego de haber otorgado un derecho, pretende desconocerlo y que la pensionada devuelva lo percibido desde el momento mismo del reconocimiento, esto es, desde hace más de 33 años, con fundamento en una argumentación legal precaria que no demostró que el causante se hubiera valido del engaño para lograr que se le concediera la prestación.
Del mismo modo, echó de menos la vinculación del Instituto de los Seguros Sociales al proceso, toda vez que según se verifica en la Resolución 04522 del 13 de agosto de 2004 se indica que tal entidad reconoció el derecho de pensión de vejez que en vida disfrutó E.C.V., acto administrativo que se encuentra en firme y que no fue demandado.
En ese sentido, indicó que no es de recibo que Emcali pretenda una reliquidación y devolución de dineros con intereses, cuando solamente le corresponde pagar una diferencia de la mesada, habida cuenta de que la prestación fue asumida por la mencionada entidad de previsión social.
La apoderada de Emcali, EICE, ESP (ff. 151-167 C.1) además de reiterar las razones de ilegalidad del reconocimiento pensional controvertido, expresó que la acción de lesividad que interpuso es procedente, pues tal y como lo ha manifestado la jurisprudencia del Consejo de Estado es viable que las entidades públicas demanden la legalidad de los actos administrativos que ella expidió conforme los artículos 136 y 149 del Código Contencioso Administrativo.
Asimismo, replicó que dado que el señor E.C.V. tenía la condición de servidor público no podía favorecerse con un reconocimiento pensional fundamentado en una convención colectiva por virtud de la Resolución 104 del 4 de octubre de 1983, la cual fue declarada nula por el Consejo de Estado, motivo por el cual los actos acusados quedan inmersos en la situación descrita en el artículo 66 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo, es decir, que operó su...
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