Sentencia de Tutela nº 226/18 de Corte Constitucional, 12 de Junio de 2018

1. Hechos

   1.1. El señor A.J.R.U. nació el 6 de julio de 1951 y, estando afiliado a la Caja de A. y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles —en adelante, CAXDAC—[2], prestó sus servicios como aviador civil conforme se indicará a continuación, tal y como la misma caja lo certifica[3]:

   Empresa

   Fecha de ingreso

   Fecha de retiro

   Tiempo de servicios

   Último salario

   Años

   Meses

   Días

   Aces S.A. Liquidada

   24/02/1980

   30/03/1990

   10

   1

   7

   $447,201.00

   Air Caribe Ltda.

   16/06/1990

   31/03/1991

   0

   9

   15

   $215,385.00

   1.2. El Decreto 1282 de 1994, al establecer el régimen pensional de los aviadores civiles, dispuso: (i) que el Sistema General de Pensiones contenido en la Ley 100 de 1993 se aplica a los aviadores civiles, con excepción, entre otros, de quienes están cobijados por el régimen de transición que consagró dicho decreto; (ii) que los aviadores civiles tienen derecho a los beneficios[4] del referido régimen de transición, siempre que al 1º de abril de 1994 hubieren cumplido 40 o más años de edad si son hombres, o 35 o más años de edad si son mujeres, o hubieren cotizado o prestado servicios durante 10 años o más; y (iii) que si un aviador beneficiario de aquel régimen de transición decide trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tiene derecho al reconocimiento del bono pensional, el cual estaría a cargo de CAXDAC conforme a las normas generales sobre la materia[5].

   1.3. El 29 de febrero de 1996 el señor R.U. se trasladó al Régimen de Ahorro Individual y, por tanto, se desafilió de la Caja de A. y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, para vincularse a partir de aquel momento a BBVA Horizonte Pensiones y C.S.A., hoy Porvenir S.A[6].

   1.4. El señor A.J.R. falleció el 23 de septiembre de 2010 y la señora M.N.S.R., en calidad de cónyuge supérstite, solicitó a BBVA Horizonte Pensiones y C. S.A. el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes[7].

   1.5. Con el fin de obtener la liquidación y la emisión del bono pensional por el tiempo de servicios que el señor A.J.R. trabajó mientras estuvo afiliado a CAXDAC, BBVA Horizonte Pensiones y C. S.A solicitó a Aces S.A. Liquidada y a CAXDAC la información de la historia laboral del señor R.U. en aquel entonces, tal y como lo exige el artículo 23[8] del Decreto 1748 de 1995, compilado en el artículo 2.2.16.2.1.6 del Decreto 1833 de 2016.

   1.6. Aces S.A. Liquidada informó que, dado que su proceso liquidatario había culminado en febrero del 2010, no podía realizar ninguna operación y tampoco contaba con los recursos disponibles para atender la solicitud de información, pues la Superintendencia de Sociedades, mediante autos de diciembre 17 de 2009 y febrero 16 de 2010, aprobó el informe de rendición de cuentas final y ordenó a la Cámara de Comercio de Medellín la cancelación de la matrícula mercantil de la sociedad[9].

   1.7. CAXDAC, a su vez, advirtió, por un lado, (i) que no podía expedir certificaciones laborales, puesto que no fue empleadora del causante y esa información solo la deben certificar las empresas en donde el afiliado hubiere laborado; y, por otro, (ii) que había estimado el valor del bono pensional por los 10 años, 1 mes y 7 días que el señor R.U. laboró en Aces, lo había cobrado como una más de las acreencias presentadas durante el proceso de liquidación de aquella sociedad y, finalmente, que dicha acreencia había sido reconocida y pagada dentro del mismo[10].

   1.8. Teniendo en cuenta que el trámite relativo a la solicitud de la información de la historia laboral en los términos del referido artículo 23 no prosperó, la señora S.R. interpuso una acción de tutela en la que solicitó ordenar a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y C.P. adelantar “la grabación de los tiempos”[11] que el causante trabajó mientras estuvo afiliado a CAXDAC, con el fin de lograr la liquidación y emisión del bono pensional. En el marco de dicho proceso, la S. Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia del 22 de octubre de 2012, ordenó a BBVA Horizonte Pensiones y C. S.A recolectar la información necesaria para tramitar la solicitud de la emisión del bono pensional, como por ejemplo “las certificaciones laborales ante las entidades que absorbieron a las empresas empleadoras liquidadas, en caso de que así haya ocurrido, o ante las que fueron delegadas por la ley o por actos constitutivos para recibir el archivo de las historias laborales del empleado fallecido”[12].

   1.9. A pesar que, conforme se ordenó en dicho fallo de tutela, BBVA Horizonte Pensiones y C.S.A. inició a recolectar la información necesaria para tramitar la solicitud de la emisión del bono pensional —puntualmente las certificaciones laborales de empleadores en los términos del artículo 23 del Decreto 1748 de 1995, y en los formatos únicos obligatorios adoptados por los Ministerios de la Protección Social y de Hacienda y C.P. en la circula conjunta No. 13 del 18 de abril 2007[13]—, F.N.M., en calidad de exliquidador de Aces S.A. Liquidada, respondió que: (i) no existe forma de obtener la información requerida debido a la liquidación de la sociedad; (ii) como exliquidador y exrepresentante legal de la empresa no cuenta con capacidad jurídica para suscribir algún documento en representación de Aces, pues la sociedad no existe y, por ende, nadie puede fungir como representante legal de la misma; y (iii) según el Decreto 2649 de 1993, los documentos que deben conservarse pueden destruirse después de 20 años contados desde el cierre de aquéllos o la fecha del último asiento, documento o comprobante y, teniendo en cuenta que han trascurrido más de dos décadas desde que el causante se retiró de Aces S.A. Liquidada, no es posible suministrar la información solicitada, por cuanto esta ya no se encuentra en el archivo que está bajo custodia de la empresa G4S[14].

2. Solicitud de amparo constitucional.

   Con fundamento en los hechos expuestos, y luego de advertir: (i) que no tenía ningún ingreso económico ni un empleo fijo para atender las necesidades de ella y su familia; y (ii) que el señor R.U. era quien proveía los recursos económicos para sostener el hogar, la demandante solicitó al juez de tutela amparar, entre otros, sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, y ordenar a Aces S.A. Liquidada expedir la certificación laboral que solicitó BBVA Horizonte Pensiones y C.S.A., con el fin de dar trámite a la liquidación, emisión y redención del bono pensional[15].

3. Traslado y contestación de la demanda

   El Juzgado Veintidós Civil Municipal de Medellín admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado al exliquidador de Aces S.A. Liquidada para que se manifestara en relación con los hechos que la demandante expuso en el escrito de tutela. Sin embargo, aunque el exliquidador de la empresa no se pronunció, el excoordinador financiero y contable lo hizo. Puntualmente, adujo que no es susceptible de ser parte dentro del proceso de tutela, debido a que Aces S.A. se liquidó y, en consecuencia, se canceló la matrícula mercantil y actualmente no está dotada de personería jurídica.

   Además, informó que el señor F.N. asumió funciones como liquidador en marzo de 2006 y, previamente autorizado por la junta asesora de la liquidación, contrató a SETECSA para que, a partir de mayo del mismo año, custodiara todos los archivos de Aces S.A., así como los documentos de la liquidación que recibió de parte del primer liquidador[16]. Sin embargo, afirmó que dentro de los archivos que el señor N.M. recibió, y que fueron conservados por SETECSA entre mayo de 2006 y diciembre de 2014, no se encontró carpeta o documento alguno relacionado con el señor R.U., quien dejó de laborar en la sociedad 13 años antes de que se declarara su liquidación y 16 años antes de que el señor F.N. se desempeñara como liquidador, razón por la cual concluyó que no se le puede endilgar responsabilidad por una documentación que no recibió y que, en todo caso, es anterior a su funciones en más de una década.

4. Decisión de instancia

   El Juzgado Veintidós Civil Municipal de Medellín, mediante sentencia del 26 de abril de 2013, advirtió que es imposible que el exliquidador de Aces S.A. Liquidada consiga la certificación laboral que la actora pretende, pues carece de la información que permitiría la expedición de aquel documento, motivo por el cual afirmó que el señor F.N. respondió a la solicitud de la peticionaria de acuerdo con los medios fácticos y jurídicos que tiene a su alcance, sin que el hecho de no poder acceder a lo solicitado constituya una vulneración a los derechos de la accionante.

   En consecuencia, y además teniendo en cuenta que, a juicio del a quo, la demandante cuenta con otros mecanismos judiciales para contrarrestar la conducta que considera vulneradora de sus garantías fundamentales, declaró improcedente la acción de tutela.

5. Actuaciones surtidas en sede de revisión

   En el trámite de revisión se advirtió que el a quo no vinculó al proceso a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y C.P., a CAXDAC, al Consorcio Asd Servis Cromasoft, encargado de administrar las Certificaciones de Empleadores no ISS -CENISS-, a G4S Secure Data Solutions Colombia S.A. —antes S.S.A.—, ni tampoco a BBVA Horizonte Pensiones y C.S.A., hoy Porvenir S.A.; motivo por el cual, y teniendo en cuenta que pueden verse afectadas por una decisión en el presente trámite, se ordenó, a través de la Secretaría General de esta Corte, poner en conocimiento de dichas entidades el contenido del expediente T-4.032.825, para que se pronunciaran acerca de las pretensiones y del problema jurídico que plantea la acción de amparo, y, en el mismo auto, suspender el término para fallar el proceso de la referencia[17]. En consecuencia, a continuación se expondrán los argumentos que aquellas entidades aportaron al proceso de la referencia.

   5.1. Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y C.P.

   Esta dependencia señaló que la actora nunca elevó una petición al Ministerio solicitando la certificación laboral que pretende, toda vez que quien está en la obligación de expedir las certificaciones laborales válidas para bono pensional cuando se trata de tiempos no cotizados al I.S.S., hoy Colpensiones, es directamente el empleador o, en su defecto, la entidad que haya asumido dichas funciones en caso de liquidación de aquel.

   Igualmente, señaló que el trámite de la reconstrucción, verificación y consolidación de la historia laboral válida para bono pensional y, por consiguiente, de la consecución de las certificaciones laborales de tiempo “no IS.S.”, es una obligación que sólo recae en la administradora de pensiones a la cual estaba afiliado el causante, en este caso BBVA Horizonte Pensiones y C.S.A., razón por la cual dicha entidad es quien debe informar el estado actual en que se encuentra la solicitud de la certificación laboral requerida a Aces S.A. Liquidada.

   5.2. CAXDAC

   La representante legal afirmó que la entidad no puede certificar la información laboral requerida para efectuar la emisión del bono, pues nunca fue la empleadora del causante, ni tampoco tiene la obligación de conservar su historia laboral. En ese orden de ideas, aclaró que si bien la Caja tiene los deberes propios de un emisor de bonos pensionales, BBVA Horizonte es quien tiene la obligación de adelantar todos los trámites para la expedición del bono, así como de recolectar y grabar las certificaciones laborales que las empresas empleadoras emitan.

   5.3. Consorcio Asd Servis Cromasoft, encargado de administrar las Certificaciones de Empleadores no ISS -CENISS-

   La coordinadora del proyecto CENISS adujo que el consorcio fue contratado por las administradoras de fondos de pensiones[18] para que, a partir del 1º de agosto de 2010, verificara los certificados de información laboral requeridos para la emisión de los bonos pensionales de los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, de acuerdo con las solicitudes que las AFP realicen en el sistema diseñado para tal fin (CENISS). Sin embargo, aclaró que dicho vínculo contractual no impide que las AFP continúen facultadas, tal y como lo dispone el Decreto 1748 de 1995, para adelantar directamente la verificación de las certificaciones expedidas por las entidades empleadoras.

   Ahora bien, en relación con el caso concreto, manifestó que luego de que se solicitara a Aces S.A. la información laboral del causante para efectos de lograr la expedición del bono pensional, el exliquidador de dicha sociedad informó que el proceso liquidatario de la empresa había culminado y que, por ello, actualmente no existen los recursos para atender la solicitud de la información pretendida.

   En consecuencia, afirmó que el consorcio no ha vulnerado los derechos fundamentales que la actora invocó, como quiera que su labor se circunscribe, en virtud de la relación contractual descrita, a colaborar con una actividad que legalmente está en cabeza de las AFP y consiste en la solicitud y verificación de los certificados de información laboral para la emisión de bonos pensionales de los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad[19].

   5.4. G4S Secure Data Solutions Colombia S.A. —antes S.S.A.—

   En primer lugar, el representante legal informó que, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad de la referencia cambió su nombre por el de: Iron Mountain Colombia S.A.S.

   Como segunda medida, aclaró que la sociedad que representa (antes Setecsa S.A) es una empresa de naturaleza privada que se dedica al manejo integral de la información de sus clientes, y que aunque en el año 2006 contrató con Aces S.A. Liquidada el almacenamiento y la custodia de archivos físicos, no identificó en la base de datos de la información objeto de custodia nada que lleve el nombre o el documento de identidad del señor A.J.R.U..

   Finalmente, afirmó que si bien la empresa custodia y administra los documentos, no tiene conocimiento del contenido ni de lo que almacena cada carpeta, caja o unidad documental. Por ello, adujo que sobre la información administrada en cajas selladas es imposible determinar si hay algún documento relacionado con el señor R.U., ya que son datos que solo puede conocer o consultar el exliquidador de Aces S.A.

   5.5. Administradora de Fondo de Pensiones y C. Porvenir S.A.

   La gerente jurídica de la entidad explicó que para emitir un bono pensional debe establecerse la historia laboral del afiliado, como quiera que ello constituye un factor determinante para la liquidación y emisión del bono, motivo por el cual informó que solicitó a Aces S.A. Liquidada y a CAXDAC la certificación laboral del señor R.U. bajo los parámetros que exige el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995, pero, según lo afirmó, ambas entidades manifestaron en múltiples ocasiones que resulta imposible generar dicha información y, por ello, no ha sido posible continuar el proceso de reconstrucción de la historia laboral —el cual está condicionado a la respuesta efectiva de aquellas entidades, esto es, a la expedición de la certificación laboral—, pese a que advirtió que es deber del liquidador adoptar las medidas necesarias para la conservación de los documentos en materia fiscal y laboral de la entidad objeto de liquidación.

   Por otro lado, aclaró que Porvenir S.A. no es emisor de los bonos pensionales, y que su labor se circunscribe a la intermediación entre el afiliado, el emisor y los contribuyentes para lograr la liquidación, emisión y redención de los mismos, tal y como lo dispone el Decreto 1748 de 1995. En ese orden de ideas, manifestó que la entidad empleadora es la que debe adelantar las gestiones pertinentes para lograr la correcta reconstrucción de la actualización de la historia laboral del señor A.J.R., para que CAXDAC proceda con la emisión, reconocimiento y pago del bono pensional que se genere a su cargo.

1. Competencia

   Esta S. es competente para revisar la decisión proferida en la acción de tutela de la referencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política.

2. Planteamiento del problema jurídico constitucional

   En el caso objeto de estudio la pretensión de la actora se orienta a obtener, de parte de Aces S.A. Liquidada, la certificación laboral que BBVA Horizonte Pensiones y C.S.A., hoy Porvenir S.A., solicitó a aquella empresa con destino a la expedición del bono pensional, tal y como lo dispone el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995.

   Advierte la S., sin embargo, que, no obstante lo anterior, lo cierto es que, por una parte, con ocasión de un fallo de tutela previo al proceso de la referencia, el exliquidador de Aces S.A. ya planteó la imposibilidad material de proporcionar la certificación de la información laboral en los términos que aquella norma dispone, circunstancia que, entonces, fue avalada por el juez constitucional, y, por otra, que de los antecedentes del caso se desprende que el problema constitucional que subyace en la solicitud de amparo reside en establecer si a la accionante se le ha vulnerado su derecho fundamental a la seguridad social con ocasión de la imposibilidad fáctica y jurídica que enfrenta el proceso de liquidación y emisión del bono pensional que requiere, debido a la ausencia de la certificación laboral de Aces S.A Liquidada.

3. Procedencia del mecanismo de amparo constitucional

   La acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional que procede en los casos en que no existen otros medios de defensa judicial para la protección de los derechos fundamentales presuntamente menoscabados, o en los que aun existiendo, éstos no resultan idóneos o eficaces para garantizar tales prerrogativas, o no cuentan con la potencialidad para evitar un perjuicio irremediable[20]. Así entonces, cuando existe un mecanismo de defensa judicial alternativo pero acaece el primer evento, el amparo constitucional se tornaría definitivo; y por el contrario, si se presenta el segundo escenario, la eventual protección sería transitoria y estaría condicionada a que el peticionario inicie la acción judicial correspondiente dentro de un término de cuatro meses, so pena que caduquen los efectos del fallo de tutela.

   En ese orden de ideas, teniendo presente que, como se dijo, el análisis que la demandante suscitó gira en torno a la procedencia del reconocimiento, la emisión y la redención del bono pensional que se pretende, esta S. advierte que, en principio, existen otros medios judiciales para dirimir dicha discusión, toda vez que, conforme lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social[21], a la jurisdicción ordinaria laboral corresponde el conocimiento de las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.

   Sin embargo, en este caso no se planteó una controversia jurídica en torno al reconocimiento del derecho sustantivo en sí mismo, en virtud de la cual el juez constitucional tenga que evaluar el cumplimiento de los requisitos para verificar el reconocimiento de la prestación pensional a la que pueda tener derecho la señora M.N.S.R. en calidad de cónyuge supérstite del señor A.J.R.U., y, además, tampoco es objeto de discusión la procedencia del bono pensional propiamente dicho.

   Por el contrario, la causa que se trabó en la presente litis controvierte un requisito fáctico cuya ausencia fue puesta en evidencia dentro de un trámite de tutela anterior, en el que justamente se planteó la imposibilidad material y jurídica para suplir aquella exigencia, es decir, la certificación laboral requerida a Aces S.A. Liquidada con destino a la expedición del bono pensional bajo los parámetros dispuestos en el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995, aun cuando existe información laboral disponible que le permitió a CAXDAC estimar y recaudar el valor de la cuota parte correspondiente al tiempo que el causante trabajó para la empresa liquidada, con el fin de recaudar los aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar la prestación pensional a la que haya lugar.

   De esa forma, y sobre la base de que, incluso, la demandante agotó un trámite de tutela previo y la vía administrativa correspondiente sin obtener resultados, la S. advierte que en este caso la acción de amparo resulta procedente en el marco de la imposibilidad fáctica y jurídica que enfrenta el proceso de liquidación y emisión del bono pensional que la actora requiere con el propósito de acceder a la prestación pensional a la que pueda tener derecho, pues, además, el señor R.U. era quien proveía los recursos económicos para sostener el hogar, y la señora S.R. interpuso el amparo toda vez que no tenía ningún ingreso económico ni un empleo fijo para atender las necesidades de ella y de los miembros de su grupo familiar, así como para enervar las contingencias sociales y económicas derivadas de la muerte de su cónyuge, con el fin de mantener el mínimo vital y el mismo grado de seguridad social y económica que tenían en vida del causante

   En consecuencia, y debido a que también existe legitimación de las partes para actuar en el trámite que hoy nos ocupa[22], así como un término razonable entre las conductas que desencadenaron el presunto menoscabo de los derechos alegados y la interposición del amparo[23], la acción de tutela es el mecanismo judicial procedente para examinar la supuesta vulneración de las garantías fundamentales de la señora S.R., motivo por el cual la S. se referirá al reconocimiento del bono pensional cuando hay un impedimento para efectuar su liquidación y emisión debido a la imposibilidad material para que una empresa liquidada certifique, conforme lo exige el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995[24], la información laboral de un aviador civil fallecido, y posteriormente analizará el caso concreto.

4. El reconocimiento del bono pensional cuando hay un impedimento para efectuar su liquidación y emisión debido a la imposibilidad material o jurídica para que una empresa liquidada certifique, conforme lo exige el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995, la información laboral de un aviador civil fallecido

   Para el caso de los aviadores civiles el artículo 13 del Decreto 1282 de 1994[25] dispuso que cuando un piloto decide trasladarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad tiene derecho al reconocimiento del bono pensional[26], el cual, si el aviador es beneficiario del régimen de transición previsto en dicha norma[27], está a cargo de CAXDAC, quien a su vez tiene derecho a repetir el valor total o parcial del bono contra la empresa empleadora, en caso de que esta no hubiere cumplido sus obligaciones en relación con la integración del cálculo actuarial[28].

   En ese orden de ideas, y dado que CAXDAC es una de las cajas del sector privado que, conforme lo dispone el artículo 52 de la Ley 100 de 1993, administra el régimen solidario de prima media con prestación definida respecto de los aviadores civiles que están cobijados por el régimen de transición y las normas especiales que prevé el referido Decreto 1282 de 1994, los bonos pensionales a los que alude el artículo 13 de dicho decreto, y que, conforme a las normas generales sobre la materia, emite la referida caja cuando el aviador es beneficiario de aquel régimen de transición, son bonos Tipo A, es decir, los que se expiden a las personas que se trasladan al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

   Bajo ese entendido, se debe tener en cuenta, primero, que el trámite que se sigue para la expedición de bonos pensionales Tipo A presupone el agotamiento de la conformación de la historia laboral del afiliado, ya que para la liquidación y emisión del bono sólo se utiliza la “información laboral que haya sido confirmada directamente por el empleador o por el contribuyente[29], si es diferente, o aquella certificada[30] que hubiere sido negada por alguno de estos dos”[31], y, segundo, que la AFP está obligada a verificar las certificaciones laborales que contengan aquella información y sean expedidas por las entidades empleadoras o cajas[32], de tal manera que cuando el emisor las reciba sólo sea necesario proceder a la liquidación provisional del bono y a la solicitud de reconocimiento de las cuotas partes[33].

   Así las cosas, después de que el beneficiario eleva ante la AFP una solicitud de trámite de bono pensional, esa entidad debe establecer la historia laboral del afiliado con base, primero, en la información que este le haya suministrado y los archivos que la entidad posea y, segundo, en toda la información laboral que pueda incidir en el valor del bono y que sea confirmada, modificada o negada por quienes hayan sido empleadores del afiliado, o por las cajas, fondos o entidades de previsión social a las que hubiere cotizado[34]. Lo anterior, con el fin de que la AFP traslade dicha información al emisor para que este dé inicio al proceso de liquidación provisional[35] del bono.

   En consecuencia, cuando un empleador deba certificar, en los términos en que lo exige el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995, información laboral con destino a la expedición de un bono tipo A, estaría participando en el establecimiento de la historia laboral del afiliado que la AFP debe realizar, con el único propósito de que el emisor pueda iniciar el proceso de liquidación del bono, sin perjuicio de que, como se dijo, en el valor del bono también incida la información laboral que sea confirmada por las cajas, los fondos o entidades de previsión social a las que el afiliado hubiere cotizado.

   De esa manera, durante el agotamiento de la conformación de la historia laboral del afiliado, las sociedades administradoras de fondos de pensiones que administran el régimen de ahorro individual con solidaridad, así como aquellas cajas o fondos del sector público o privado que lo hacen en el régimen solidario de prima media con prestación definida, deben efectuar la mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que la emisión y redención de los bonos pensionales se materialice en forma adecuada, oportuna y suficiente, a partir de una articulación de políticas, instituciones, regímenes y procedimientos que permitan, cuando a ello haya lugar, recaudar aquellos aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones[36].

   Por ende, el trámite que se sigue antes de que se efectué la liquidación de bonos pensionales Tipo A debe hacerse de forma que la conformación de la historia laboral del afiliado le permita a las instituciones promover procedimientos, primero, para lograr la protección de las personas frente a las contingencias que el sistema de seguridad social ampara —como la invalidez, vejez o muerte— y, segundo, para reunir, de manera eficiente, cierta y efectiva, los recursos económicos que permiten capitalizar las prestaciones pensionales.

   De ese modo, y dado que las actuaciones de las AFP y de las cajas o fondos que administran, respecto de sus afiliados, el régimen solidario de prima media con prestación definida no pueden ser ajenas, primero, a la articulación sistémica de los procedimientos, instituciones y regímenes para recaudar la información laboral con destino a la expedición de bonos pensionales Tipo A y, segundo, a la mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que la emisión de los bonos pensionales se concrete, la consecución de las certificaciones laborales de empleadores con destino a la expedición de un bono Tipo A, en los términos en que lo exige el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995, no puede convertirse en un impedimento para recaudar los aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar la pensión cuando: (i) se advierta la imposibilidad material de proporcionar la certificación laboral del empleador en los términos que aquella norma dispone; (ii) la no obtención de esa certificación obedezca a una causa ajena a la voluntad o a las actuaciones del afiliado o del beneficiario del bono; (iii) haya certeza sobre la existencia de la relación laboral, el tiempo de servicios y, parcialmente, la información salarial del afiliado; y (iv) a partir de esa información el emisor del bono haya estimado el valor de la cuota parte correspondiente y hubiese recaudado el monto estimado.

   En consecuencia, cuando estén plenamente acreditadas las cuatro condiciones arriba enumeradas y, a partir de la información laboral existente y proveniente de las entidades que conforman el sistema general de pensiones, se haya estimado y recaudado el valor de la cuota parte de un bono pensional, no resulta procedente aplicar la exigencia del artículo 23 del Decreto 1748 de 1995[37] para poder emitir el bono pensional a partir del monto que haya estimado y recaudado el emisor con base en la información laboral existente.

   Una interpretación en sentido contrario constituiría una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos que atenta contra la seguridad social y la sostenibilidad financiera del sistema pensional, pues, primero, se privaría del bono así como del goce oportuno de la prestación pensional a que haya lugar a un beneficiario que, a pesar de tener causado el derecho a ello, terminaría por soportar la ausencia de una certificación cuya expedición y contenido no dependen de su diligencia, ni de alguna obligación o deber propio y, segundo, se impediría la contribución a la conformación del capital necesario para financiar aquella prestación pensional.

   Así las cosas, cuando la Caja de A. y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles esté a cargo del bono pensional y, en los términos referidos anteriormente, se advierta que: (i) existe alguna circunstancia material o jurídica que imposibilita la expedición de la certificación laboral del empleador conforme lo exige el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995[38]; (ii) la no consecución de la certificación se debe a una causa ajena o no imputable al afiliado o al beneficiario; (iii) aunque no es posible obtener aquella a certificación laboral, hay certeza sobre la existencia de la relación laboral del aviador civil con el empleador en cuestión, el tiempo de servicio laborado y, parcialmente, la información salarial; y (iv) a partir de esa información, CAXDAC efectuó la estimación y el recaudo del valor de la cuota parte correspondiente, la ausencia de la certificación laboral con destino a la expedición del bono pensional Tipo A, en los términos en que lo exige aquella norma, no puede convertirse en un impedimento para emitir el bono con base en el monto de la cuota parte que la citada caja haya estimado y recaudado a partir de la información laboral existente y, por tanto, no resultaría procedente aplicar la exigencia de la certificación laboral del empleador contenida en el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995[39] para poder liquidar y emitir el bono pensional a partir, se repite, del monto de la cuota parte que el emisor haya estimado y recaudado con base en la información laboral disponible, sin perjuicio de que por la vía ordinaria se discutan los extremos de la relación laboral y el valor de la liquidación del bono si las partes interesadas llegan a estar inconformes.

5. Análisis del caso concreto

   La accionante solicitó a BBVA Horizonte Pensiones y C. S.A. el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en su calidad de cónyuge supérstite del señor A.J.R.U., quien falleció el 23 de septiembre de 2010.

   Así las cosas, con el fin de constituir los aportes destinados a la conformación del capital necesario para financiar la prestación pensional correspondiente, la referida AFP inició la conformación de la historia laboral, y para ello solicitó a Aces S.A. Liquidada, en los términos en que lo exige el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995[40], la certificación laboral de empleador con destino a la expedición de un bono pensional: (i) Tipo A, ya que se expediría con ocasión del traslado del señor R.U. al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en febrero de 1996, exactamente cuando se desafilió de CAXDAC para vincularse a BBVA Horizonte, es decir, una sociedad que administraba fondos de pensiones de aquel régimen; y (ii) que está a cargo de CAXDAC, pues el señor R.U. era un aviador civil beneficiario del régimen de transición consagrado en el Decreto 1282 de 1994, toda vez que nació el 6 de julio de 1951 y, por ende, al 1° de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad, sin contar con que a dicha fecha también había prestado más de diez años de servicios, conforme lo corrobora, por ejemplo, el tiempo que trabajó para Aces S.A. Liquidada, entre el 24 febrero de 1980 y el 30 marzo de 1990.

   La S. advierte que no fue posible obtener aquella certificación laboral de Aces S.A. Liquidada, pues existen ciertas circunstancias materiales y jurídicas que tornan imposible su expedición —conforme lo dispone el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995—, y que también denotan que la ausencia de dicho documento no se debe a una causa imputable a la tutelante, en la medida en que ella no solo actuó diligentemente al promover la solicitud de trámite del bono e incluso acudir a instancias judiciales para dirimir la controversia que la afecta, sino que además soporta aquellas condiciones que impiden su expedición, como quiera que Aces S.A. Liquidada no cuenta con la disponibilidad para atender la solicitud de información, debido a que: (i) en octubre de 2003 la Superintendencia de Sociedades declaró en liquidación obligatoria a la citada sociedad, el proceso liquidatario culminó en febrero de 2010, se canceló su matrícula mercantil y no está dotada de personería jurídica; (ii) los libros de contabilidad, de actas, de registro de aportes, los comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia relacionada con sus operaciones podían destruirse después de veinte años contados desde el cierre de aquéllos o la fecha del último asiento, documento o comprobante[41], y justamente la relación laboral de aquella empresa con el causante finalizó más de veinte años antes de que el señor R.U. falleciera y fuere procedente solicitar dicha certificación con destino a la expedición del bono pensional para financiar la pensión de sobrevivientes que la actora pretende; y (iii) la empresa con la cual Aces S.A. Liquidada contrató el almacenamiento y la custodia de archivos físicos, no identificó en la base de datos de la información objeto de custodia nada que lleve el nombre o el documento de identidad del causante.

   No obstante lo anterior, en CAXDAC reposa información que hace parte de la historia laboral del causante y da cuenta de la existencia de la relación de trabajo con Aces S.A. Liquidada, el tiempo de servicios y, al menos, el último salario, pues conforme lo certificó dicha caja, el señor A.J.R. prestó sus servicios como aviador civil para la citada sociedad por diez años, un mes y siete días, y, para la época en que se retiró de allí, es decir para el 30 de marzo de 1990, el monto del último sueldo ascendió a $447,201.00.

   Con base en aquella información, CAXDAC efectuó la estimación del valor de la cuota parte correspondiente a los 10 años, 1 mes y 7 días laborados por el señor R.U. en Aces S.A. Liquidada y, además, recaudó el monto que calculó, pues lo cobró como una más de las acreencias presentadas durante el proceso de liquidación de la referida sociedad, y dicho crédito fue reconocido y pagado dentro del mismo.

   En ese sentido, la S. considera que, dadas las particularidades del caso concreto, es necesario apelar a la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar la exigencia de la certificación laboral del empleador contenida en el artículo 23 del Decreto 1748 de 1995, pues la ausencia de dicho documento —cuya expedición estaría a cargo de Aces S.A. Liquidada— en los términos en que lo exige aquella norma, no puede convertirse en un impedimento para poder liquidar y emitir el bono pensional a partir del monto de la cuota parte que CAXDAC estimó y recaudó con base en la información laboral disponible.

   Lo anterior permite no contrariar el contenido de la Carta Política en la resolución del caso concreto, puntualmente en lo que concierne a la materialización del derecho constitucional a la seguridad social y a la sostenibilidad financiera del sistema pensional, permitiendo, primero, que no se prive a la tutelante del bono pensional, así como del goce oportuno de la prestación pensional a la que pueda tener derecho y, segundo, que tampoco se impida una contribución a la conformación del capital necesario para financiar aquella prestación, más aún teniendo en cuenta que, como se explicó, la expedición y el contenido de la mentada certificación laboral no dependen de la diligencia de la accionante, ni de alguna obligación o deber suyo, y, además, existen ciertas circunstancias materiales y jurídicas que tornan imposible su expedición.

   En consecuencia, esta S. ordenará a la Caja de A. y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles que, en caso de no haberlo hecho aún, liquide y emita el bono pensional a partir, primero, del valor de la cuota parte que estimó con base en la información laboral disponible correspondiente a la relación de trabajo del causante con Aces S.A. Liquidada, y, segundo, del monto estimado que efectivamente se recaudó durante el proceso de liquidación de aquella sociedad, sin perjuicio de que por la vía ordinaria se discutan los extremos de esa relación laboral y el valor de la liquidación del bono si las partes interesadas llegan a estar inconformes.

   Asimismo, se ordenará a la Administradora de Fondo de Pensiones y C. Porvenir S.A. que, en caso de no haberlo hecho aún, inicie, a partir del bono pensional que la Caja de A. y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles emita y de la estimación y la información laboral que le sirve de sustento, el trámite correspondiente para evaluar el cumplimento de los requisitos, liquidar y reconocer la prestación pensional a la que pueda tener derecho la señora M.N.S.R., en calidad del cónyuge supérstite del señor A.J.R.U..

   De esa manera, es pertinente anotar que, en los términos de la solución propuesta, los detalles de la historia laboral que no surjan de la información que reposa en CAXDAC resultan irrelevantes, puesto que la emisión del bono se hará sobre la base de lo efectivamente recaudado, y la prestación a la que pueda tener derecho la accionante se reconocerá sobre la base del capital efectivamente trasladado a la Administradora de Fondo de Pensiones y C. Porvenir S.A.

En mérito de lo expuesto, la S. Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,