Auto de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 51675 de 8 de Mayo de 2019
| Fecha | 08 Mayo 2019 |
| Número de expediente | 51675 |
| Emisor | Sala de Casación Penal |
| Materia | Derecho Penal |
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Ponente
R.icación No. 51675
(Aprobado Acta No. 110).
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Se pronuncia la S. acerca de los fundamentos de lógica y adecuada argumentación de las demandas de casación interpuestas por los defensores de LOEDER SMITH G.Y., W.L.M.B., NELSON ENRIQUE N.R., J.A.O., DULCE M.M. VELÁSQUEZ y NICOLÁS ALBERTO G.O.; de MARÍA ANTONIA G.Q.; y de R.P.A., contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de S.M. de 22 de agosto de 2017, mediante la cual, entre otras determinaciones1, confirmó el fallo de primer grado que condenó a los procesados por el delito de falsedad ideológica en documento público.
ANTECEDENTES FÁCTICOS
Los antecedentes de orden factual que dieron origen a la presente causa se remontan al 7 de mayo de 2010 en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, fecha en la que se llevó a cabo un operativo por parte de la Policía Nacional, con base en la información brindada por el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, el cual tenía por objeto aprehender a un grupo de ciudadanos que viajaban de Brasil hacia Colombia, intentando introducir al país divisas extranjeras de procedencia ilegal2.
Las actividades de inteligencia de la Policía Nacional al mando de la capitán M.A.G.Q., con apoyo de los patrulleros L.S.G.Y., NELSON ENRIQUE N.R., J.A.O., DULCE M.M. VELÁSQUEZ en compañía de los agentes WILLIAM LEBER M.B. y R.P.A., lograron interceptar a los ciudadanos A.M.O.G., J.A.P.R., Johan Gustavo N.C. y D.J.P.L., quienes fueron conducidos al Comando de la SIJIN en donde se realizó una requisa minuciosa de sus equipajes –en compañía del policía N.A.G.O., encargado de fotografiar los equipajes objeto de requisa-, hallándose altas sumas de dinero –alrededor de trescientos mil (300.000) dólares-3, razón por la cual los cuatro hombres fueron capturados.
Contrariamente, D.J.P. fue dejada en libertad, a pesar de las circunstancias que la vinculaban a la situación de flagrancia de la presunta comisión del punible de lavado de activos4.
ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
Durante la audiencia concentrada, se llevó a cabo la formulación de imputación por el delito de fraude procesal, en concurso material y heterogéneo, con falsedad ideológica en documento público y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público agravado5.
Una vez presentado el escrito de acusación6, el 7 de diciembre de 2010 fue asignado el proceso al Juzgado Quinto Penal del Circuito de M. que se declaró impedido para conocer del asunto por haber fungido como J. en Función de Control de Garantías en segunda instancia al interior de la actuación; por tal motivo ordenó la remisión del caso, a través del Centro de Servicios Judiciales, al Juzgado Segundo Penal del Circuito7, quién con el mismo argumento decretó su envío al Juzgado Tercero Penal del Circuito8; a su vez, el titular de este último igualmente se declaró impedido, por haber fungido su hijo como juez de primera instancia en sede de Control de Garantías en la presente causa, de modo que ordenó enviarlo a los Jueces Penales del Circuito de Ciénaga, M.9.
Efectuado el reparto, correspondió el conocimiento de la actuación al Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga; el Director de ese despacho, mediante auto del 19 de enero de 2011, rechazó el impedimento propuesto por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de S.M. y ordenó la remisión del legajo al Tribunal Superior del Distrito Judicial de S.M.10, el cual finalmente dispuso asignar el conocimiento de la actuación al Juzgado Tercero Penal del Circuito de la misma ciudad11.
Mediante oficio del 31 de enero de 2011, el Juzgado de Primera Instancia de Inspección General de la Policía Nacional propuso colisión de competencia positiva con la justicia ordinaria12, cuya definición correspondió a la S. Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; despacho que mediante auto del 16 de marzo de 2011 asignó la competencia a la justicia ordinaria13 por considerar que en ese momento «y sin perjuicio de que posteriormente dicha situación cambie», era imposible establecer con claridad si la actuación de los involucrados tenía relación con el servicio, y si los delitos cometidos fueron producto del ejercicio legítimo de autoridad14.
Una vez retornó la actuación al Juzgado Tercero Penal del Circuito de S.M. se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación el 6 de junio de 2012, por los delitos consignados en el respectivo escrito. Igualmente, la fiscalía expresó que solo acusaba al procesado P.P.R., por el delito de falsedad ideológica en documento público, y que retiraba los cargos en contra de Y.G.Á..
La audiencia preparatoria se inició el 5 de febrero de 201316; sin embargo, luego de efectuarse el descubrimiento y solicitudes probatorias, el J. Tercero Penal del Circuito de S.M. fue recusado, recusación que fue aceptada, por lo cual se impartió la orden de remisión del expediente al J. Cuarto Penal del Circuito de dicho centro urbano17.
Este último funcionario también se declaró impedido para conocer del proceso18, razón por la cual envió el asunto a los Jueces Penales del Circuito de Ciénaga (M.)19, en donde el Juzgado Primero Penal del Circuito reanudó la audiencia preparatoria los días 5 de junio20 y 12 de septiembre de 201321.
Finalmente, durante el 2522 y 2623 de noviembre de 2013, 19 a 21 de febrero de 2014 y 22 a 25 de abril24 de esta última anualidad fue llevada a cabo la audiencia de juicio oral.
El a quo profirió sentencia el 29 de agosto de 2014, en la cual declaró penalmente responsable por el delito de falsedad ideológica de documento público a M.A.G. QUINTANA, DULCE M.M., L.G.Y., N.E.N.R., JESÚS ALFONSO FORERO HENRÍQUEZ, W.L.M.B., J.A.O., R.P.A. y N.A.G. OROZCO. Igualmente, los absolvió de los delitos de fraude procesal y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Cabe indicar que los sindicados Pedro Antonio Robles y Á.Á.C. fueron absueltos de todos los cargos25.
Recurrida la anterior decisión, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de S.M. decretó la nulidad parcial de la actuación a partir de la formulación de acusación llevada a cabo el 6 de junio de 2012, ordenó la ruptura de la unidad procesal para que se adelantara la etapa de juzgamiento contra J.A.F. ante el mismo juez colegiado por gozar éste último de fuero legal, y confirmó la condena26.
Oportunamente los defensores interpusieron el recurso extraordinario de casación y lo sustentaron en sus correspondientes escritos que ahora analiza la Corte en su debida fundamentación.
DEMANDAS DE CASACIÓN
De manera preliminar la S. aclara que dos de las tres demandas de casación estructuran su argumentación de forma similar, motivo por el cual los cargos comunes se sintetizarán y analizarán conjuntamente. Estos escritos corresponden a los presentados por los representantes de los procesados DULCE MARÍA MARTÍNEZ, L.S.G.Y., NELSON ENRIQUE NOVOA RAMÍREZ, W.L.M.B., JORGE ALBERTO ALFARO OLAYA y N.A.G.O. (primer y segundo cargo principal del libelo), de un lado, y de M.A.G. (primer cargo principal y segunda censura subsidiaria de la propuesta), del otro. Seguidamente, la Corte estudiará el segundo cargo principal presentado por la defensa de M.A.G. QUINTANA. A continuación, abordará el primer cargo subsidiario postulado por el defensor de la misma procesada y, por último, evaluará el cargo único de la demanda presentada por el defensor de R.P.A..
Primer cargo común de las demandas presentadas por los defensores de DULCE M.M.V., LOEDER SMITH G.Y., N.E.N.R., WILLIAM LEBER M.B., J.A.A.O. y NICOLÁS ALBERTO G.O. (primer cargo principal del libelo), y de M.A.G.Q. (primer cargo principal del escrito). Desconocimiento de la estructura del debido proceso por ser dictada la sentencia en un juicio viciado de nulidad, en razón de la falta de competencia de la jurisdicción ordinaria
Los representantes de DULCE M.M.V., L.S.G.Y., N.E.N.R., W.L.M.B., J.A.A.O. y NICOLÁS ALBERTO G.O., de un lado, y MARÍA ANTONIA G.Q., del otro, formulan un cargo principal común al amparo de la causal segunda del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal en el que alegan «un evidente e irrefutable desconocimiento del debido proceso en su caracterización de la figura del juez natural, garantía fundamental, por violación directa y falta de aplicación de normas del bloque de constitucionalidad (C., arts. 29, 116, 221 y 250, leyes (sic) 1047 de 2010 y 522 de 1999, arts. 1 y 2).»27.
Al respecto, los impugnantes traen a colación el fallo de casación penal de radicado 40282 del 5 de abril de 2017, cuya regla jurisprudencial aplicaría al sub examine por tratarse de una situación similar. De acuerdo con los recurrentes, el comportamiento de sus prohijados, al igual que el de la procesada en el radicado referido, se manifiesta como un desvío en la función legalmente asignada, de donde se deriva que el juzgamiento de los acusados correspondía a la justicia penal militar, más no a la ordinaria28.
Tras citar in extenso la mencionada decisión, así como aludir a las normas de orden constitucional y legal que prevén el fuero penal militar, los casacionistas concluyen que sus representados satisfacían a cabalidad los dos requisitos exigidos para la aplicación del fuero, esto es: (i) el subjetivo, relativo a la calidad de miembro activo de la Fuerza Pública, y (ii) el funcional, atinente a la relación entre el delito cometido y el servicio, de modo que aquel se presenta como una extralimitación, desviación o abuso de poder en desarrollo de una labor propia de la institución29.
De igual manera, el defensor de DULCE M.M. VELÁSQUEZ, L.S.G.Y., NELSON ENRIQUE NOVOA RAMÍREZ, W.L.M.B., JORGE ALBERTO ALFARO OLAYA y N.A.G.O. expresa que: «Esta...
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