Sentencia de Tutela nº 241/19 de Corte Constitucional, 31 de Mayo de 2019

Expediente T-7.128.813[2]

1. Hechos probados. El 25 de septiembre de 2013 el Banco BBVA le desembolsó a la tutelante M.N.E.P. el crédito No. 00130960009600140804 por valor de $30’000.000[3]. A fin de respaldar dicha obligación, la señora M.N.E.P. suscribió con BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. la póliza No. 0110043[4], en calidad de asegurada.

2. Debido a que la accionante fue diagnosticada con mieloma múltiple, el 18 de marzo de 2015 MEDICOLSALUD le dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 96%, con fecha de estructuración de 24 de junio de 2014[5]. De igual forma, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Meta la calificó con una pérdida de capacidad laboral del 73.65%, con fecha de estructuración del 5 de noviembre de 2014[6].

3. El 4 de mayo de 2015 la Secretaría de Educación del Municipio de Villavicencio retiró del servicio activo por invalidez a la señora M.N., quien hasta entonces se desempeñaba como docente de primaria de la Institución Educativa Isaac Tacha Niño[7]. El 19 de febrero de 2016, la mencionada Secretaría le reconoció y pagó la pensión de invalidez por valor de $3’224.740[8].

4. El 6 de agosto de 2015 la tutelante solicitó a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. hacer efectivo el amparo de la póliza de seguro de vida por incapacidad total permanente[9]. Sin embargo, el 2 de septiembre del mismo año la compañía aseguradora negó la petición. Adujo que la señora M.N., al momento de tomar el seguro, supuestamente omitió declarar unas patologías que padecía desde mayo de 2005[10].

5. Solicitud de tutela[11]. El 18 de julio de 2016 la señora M.N.E.P. formuló acción de tutela en contra del Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. Sostuvo que las referidas entidades vulneraron sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la vida digna, a la igualdad y al habeas data, toda vez que no hicieron efectiva la póliza de seguro de vida y, por ende, la obligación financiera adquirida con esta entidad bancaria aún no ha sido cancelada[12]. Por esa razón, solicitó el amparo de los derechos presuntamente vulnerados y, en consecuencia, se ordene a la compañía aseguradora que haga efectiva la citada póliza y proceda a cancelar “el valor del saldo de la deuda insoluta”[13] que tiene con dicha entidad financiera[14].

6. Contestación del Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.

   6.1. BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. pidió que se declarara la improcedencia de esta acción constitucional porque la tutelante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial. Al respecto señaló que la tutelante “deberá ventilar la controversia ante la jurisdicción ordinaria, pues los hechos materia de discusión son de competencia exclusiva del juez natural del contrato”[15].

   6.2. Según se desprende del contenido del fallo de primera instancia[16], el Director Jurídico del Banco BBVA también se pronunció frente a la demanda de tutela, en el sentido de señalar que dicha entidad no se encontraba obligada legal, constitucional, ni contractualmente, a reconocer el pago de la póliza reclamada por la señora M.N., porque “en ningún momento fungió como compañía aseguradora sino como entidad que prestó unos dineros a la accionante y su esposo representado en una operación de crédito para adquirir un vehículo”[17].

7. Decisión de primera instancia. El 6 de agosto de 2016 el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá encontró procedente la acción de tutela y amparó los derechos fundamentales al mínimo vital, subsistencia y dignidad de la accionante. En consecuencia, ordenó a la entidad aseguradora el inicio del correspondiente trámite de cancelación al Banco BBVA del saldo insoluto del crédito de la tutelante[18].

   7.1. Tras efectuar un cálculo simulado de la cuota del crédito adquirido por la tutelante, concluyó que el valor de su pensión de invalidez, luego de deducciones, resultaba irrisoria para atender por completo sus necesidades, por lo que encontró acreditada su afectación al mínimo vital. Consideró además que la actividad financiera no solo es un servicio público, sino que, por sus mismas características, “sitúan a la ciudadana M.N.E.P. en estado de indefensión; situación que refuerza la procedencia de la presente acción de tutela”[19].

   7.2 De otra parte, el juez no encontró justificada la negativa de la aseguradora, al advertir que la enfermedad de mieloma múltiple diagnosticada a la tutelante es considerada como ruinosa o catastrófica, según lo contempla la Ley 972 de 2005 y que, por lo tanto “no se le podía endilgar reticencia alguna a la tomadora de la póliza, y pareciera saberlo la accionada BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., ya que al igual que la tomadora de la póliza en su momento guarda silencio convenientemente”[20].

8. Impugnación. BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. impugnó la decisión de primera instancia. Insistió en que la solicitud de amparo es improcedente, puesto que carece de uno de los presupuestos necesarios para la procedencia de esta acción, como lo es “la afectación al mínimo vital, pues no se acredita vulneración real a este derecho fundamental, sin que exista evidencia probatoria”[21]. Aunado a ello, advirtió que este asunto hace referencia a una controversia de carácter contractual que debe ser dirimida por la jurisdicción ordinaria.

9. Segunda instancia. El 22 de agosto de 2018 el Juzgado Cuarto Penal con Función de Conocimiento del Circuito de Bogotá revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción de tutela al concluir que este asunto debe ser resuelto por la jurisdicción ordinaria, en la cual “se podrá determinar si hay lugar al cumplimiento de la póliza reclamada o a declarar la reticencia de la accionante”[22].

10. Actuaciones en sede de revisión. En aras de obtener los elementos probatorios necesarios para resolver el caso concreto, el despacho del magistrado ponente, mediante auto de 27 de febrero de 2019 requirió a las entidades accionadas para que informaran sobre el estado de cuenta del crédito No. 0013-0960-90-4000303444, a cargo de la señora M.N.E.P., inclusive el valor de la cuota mensual. Así como también que manifestaran si habían iniciado algún proceso ejecutivo en contra de esta ciudadana, a fin de obtener el pago de la mencionada obligación[23].

    10.1. El área jurídico-contenciosa del Banco BBVA Colombia S.A. informó que revisadas las bases de información de esta entidad financiera “se evidenció que la señora M.E.P., se vinculó con la entidad que represento a través del crédito segmentado en la sucursal La Esperanza de Villavicencio No. 600140804 desembolsado en el año 2013, por la suma de $30M, el cual se encuentra extinguido en virtud del pago que realizó la sociedad aseguradora BBVA Seguros al Banco”[24] (negrillas adicionales fuera del texto original).

    10.2. La Representante Legal Judicial de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. manifestó que en relación con el asunto de la señora M.N. “pese a haber fallo favorable, (…), procedió a reconsiderar el caso y procedió con el pago del seguro que amparaba la obligación tomada con la entidad financiera Banco BBVA, por el valor de $24’347.735,00, a través de la orden de pago No. 2001153532, de fecha 07/03/2019, dicha situación igualmente fue informada a la señora M.N.E., a través de correo electrónico”. En esa medida, solicitó que se negara la acción de tutela, por cuanto se configuró una carencia de actual de objeto por hecho superado[25] (se destaca)[26]. Con dicha petición, La compañía aseguradora aportó i) copia del correo electrónico, mediante el cual le comunicó a la tutelante acerca de la citada cancelación de la póliza[27] y ii) la orden de pago No. 2001153532, a favor del Banco BBVA, por valor de $24´347.736[28].

    Expediente T-7.130.740

11. Hechos probados. El señor H.F.A.C. trabajó como vendedor en la empresa Harinera del Valle hasta el 2 de febrero de 2017[29]. Su retiro obedeció a que le fueron diagnosticadas una serie de patologías que le impedían el desarrollo de sus labores, entre ellas, artritis, migraña crónica, deformidad congénita de la cadera, diabetes mellitus, dislipidemia, poliartritis y trastorno mixto de ansiedad[30]. Con ocasión de tales enfermedades, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño lo calificó con una pérdida de capacidad laboral del 62,80%. Con fecha de estructuración del 16 de julio de 2014[31].

12. El tutelante adquirió del Banco BBVA las obligaciones crediticias Nos. 269753[32], 828449[33], 283735[34], 19915[35], 22141[36], 24071[37], 508176[38], 35208[39] y 00130695-009600213827[40], respecto de las cuales debió suscribir los respectivos contratos de seguro de vida, a fin de respaldar tales créditos. Con ocasión de la invalidez dictaminada, el tutelante requirió a la entidad aseguradora para que hiciera efectivas las pólizas aludidas, a fin de cancelar estas obligaciones. BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. negó esta petición, porque consideró que el tutelante había incurrido en reticencia y/o inexactitud, toda vez que al momento de tomar el seguro no reportó las enfermedades que padecía[41].

13. Solicitud de tutela[42]. El 4 de abril de 2018 el señor H.F.A.C. presentó acción de tutela en contra del Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. En su escrito, manifestó que estas entidades vulneraron sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, al mínimo vital, a la igualdad, al debido proceso, a la protección del adulto mayor y a la integridad personal, como quiera que la entidad aseguradora se negó a acceder a la “solicitud de condonación”[43] de sus obligaciones con el Banco BBVA, mediante la ejecución de las correspondientes pólizas de seguro[44].

14. Contestación del Banco BBVA y de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.

    14.1. El Banco BBVA solicitó que se negara la acción de tutela. Explicó que el objeto de esta acción constitucional estaba relacionada con la actividad aseguradora, la cual no hace parte de las funciones de dicha entidad. En esa medida, advirtió que “no está obligado constitucional, legal, ni contractualmente a reconocer la indemnización de un siniestro derivado de la suscripción y ejecución de un contrato de seguros”[45].

    14.2. BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. pidió que se rechazara por improcedente esta solicitud de tutela, porque no satisfacía el requisito de inmediatez, en tanto que había transcurrido un (1) año entre la expedición del dictamen de calificación de la pérdida de capacidad laboral (4 de abril de 2017) y la presentación de la acción de tutela (4 de abril de 2018). De otro lado, expresó que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad, comoquiera que este asunto se trata de una controversia de derecho civil que debe ser ventilado ante la jurisdicción ordinaria[46].

15. Decisión de primera instancia. El 18 de abril de 2018 el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de Pasto declaró improcedente la acción de tutela. Consideró que el accionante dispone de otros medios de defensa judicial ante la jurisdicción civil ordinaria para obtener un pronunciamiento acerca del contrato de seguro celebrado con una de las entidades accionadas. Agregó que pese a que el señor A.C. acreditó su pérdida de capacidad laboral, lo cierto es que cuenta con el apoyo de su núcleo familiar. Destacó además que el señor A.C. posee un vehículo y un bien inmueble y que, aunado a ello, las obligaciones adquiridas con el Banco BBVA no se encontraban en cobro judicial, por lo que concluyó que no se estaba en presencia de un perjuicio irremediable[47].

16. Impugnación. El señor H.F.A.C. impugnó la decisión de primera instancia con fundamento en que i) la acción de tutela era procedente, debido a que es un sujeto de especial protección constitucional, en razón de su condición de adulto mayor y, además se encuentra en un estado de indefensión porque carece de fuerza laboral para generar ingresos que contribuyan con su sustento personal y el de su familia; ii) la solicitud de amparo satisface el requisito de inmediatez, habida consideración de que el dictamen de pérdida de capacidad laboral registraba fecha de 21 de febrero de 2018 y la acción de tutela fue presentada en la misma anualidad; iii) la acción constitucional es cumple con el requisito de subsidiariedad puesto que en su actual situación, no cuenta con la “capacidad física y económica para afrontar un proceso en la justicia ordinaria”[48]; iv) no hubo mala fe en la reclamación efectuada ante la compañía aseguradora, puesto que la fecha de ocurrencia del evento constitutivo del siniestro es posterior a la suscripción de los créditos, para lo cual, aclara que “la fecha del siniestro en el seguro de crédito es la fecha de calificación de la pérdida de capacidad laboral”[49].

17. Segunda instancia. El 1° de junio de 2018 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pasto confirmó la decisión de primera instancia, con fundamento en las mismas razones[50].

18. Actuaciones en sede de revisión. A fin de contar con los medios de acreditación suficientes para resolver el presente asunto, el magistrado sustanciador, mediante el auto de 27 de febrero de 2019 requirió al Banco BBVA y a BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. para que informara el estado de cuenta de los créditos referidos en el párrafo 12. De igual forma, le solicitó a los Juzgados Primero y Sexto Civil Municipal de Pasto para que informaran el estado actual de los procesos ejecutivos Nos. 2018-0169 y 2018-0035, respectivamente[51].

    18.1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Pasto informó que en este despacho judicial se encuentra en trámite el proceso ejecutivo hipotecario de menor cuantía No. 2018-00169-00, iniciado por el Banco BBVA Colombia S.A. en contra de los señores H.F.A.C. y S.C.G. de Agreda. También certificó que el estado actual de este proceso “se refiere a la providencia de fecha de 12 de marzo de 2019 a través de la cual se dispone correr traslado del avalúo catastral presentado por el señor mandatario judicial de la entidad demandante”[52]. En el término de traslado del auto de pruebas, los señores H.F.A.C. y S.C.G. corroboraron la información suministrada por el juzgado[53].

    18.2. El Juzgado Cuarto Transitorio de Pequeñas Causas Civiles y Competencia Múltiple de Pasto -antes Juzgado Sexto Civil Municipal de Pasto- informó que en ese despacho judicial cursa el proceso ejecutivo prendario No. 52001400306000035-00 iniciado por el Banco BBVA Colombia en contra del señor H.F.A.C.. Indicó que: i) el 16 de julio de 2018, la parte ejecutada se notificó personalmente del mandamiento de pago proferido el 31 de enero del mismo año; ii) el automotor de placas KGL-859, objeto de prenda, se encuentra secuestrado; iii) este asunto está pendiente de fijar fecha para audiencia inicial, así como también para fallar de fondo[54].

    18.3. BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.– indicó que el tutelante había adquirido siete obligaciones crediticias, las cuales ascendían en su totalidad a una suma de $135’380.000, discriminadas así:

1. Póliza que ampara la obligación No. 9600019915, adquirida el día 13 de mayo de 2015, por el valor de $22’700.000,oo.

2. Póliza que ampara la obligación No. 9604283735, adquirida el día 30 de septiembre de 2014, por el valor de $20’000.000,oo.

3. Póliza que ampara la obligación No. 9603828449, adquirida el día 04 de agosto de 2014, por el valor de $24’680.000,oo.

4. Póliza que ampara la obligación No. 9600213827, adquirida el día 08 de noviembre de 2011, por el valor de $40’000.000,oo.

5. Póliza que ampara la obligación No. 9600022141, adquirida el día 19 de octubre de 2015, por el valor de $12’000.000,oo.

6. Póliza que ampara la obligación No. 9600269753, adquirida el día 18 de noviembre de 2013, por el valor de $8’000.000.oo.

7. Póliza que ampara la obligación No. 9600024071, adquirida el día 30 de junio de 2016, por el valor de $8’000.000,oo.

   Conforme a lo anterior se puede validar que el señor H.F.A.C., es un consumidor financiero calificado quien desde el año 2011, ha adquirido obligaciones financieras con el Banco BBVA y aseguradas con mi representada[55].

   18.4. El área jurídico-contenciosa del Banco BBVA Colombia S.A. informó que los créditos otorgados al señor H.F.A.C. se encuentran en mora, por lo que promovió “demanda ejecutiva para solucionar las acreencias, siendo indispensable señalar que el crédito No. 9600269753 se encuentra en trámite operativo de cancelación en virtud del pago que está gestionando la aseguradora BBVA Seguros”[56] (se destaca).

   18.5. Pese a que en el referido oficio la compañía aseguradora informó que el crédito No. 9600269753 se encontraba en trámite operativo de cancelación, dicha entidad financiera aportó copia de la correspondiente orden de pago por valor de $3’478.763,oo, para lo cual advirtió que

   Analizó el caso considerando la cuestión siguiendo cada uno de los deberes exigidos por la jurisprudencia de la Honorable Corte como la interpretación en favor del consumidor financiero, y la declaración de asegurabilidad completamente diligenciada, por lo cual se procedió con el pago de la póliza que amparaba la obligación financiera No. 9600269753, a través de la orden de pago No. 22926656 de fecha 07/03/2019, por el valor de $3’478.763,oo, los cuales fueron cancelados a favor del tomador y beneficiario del seguro esto es el Banco BBVA.

Expediente T-7.128.813

19. Problema jurídico. Le correspondería a esta S. de Revisión determinar si el Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. vulneraron los derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso, a la vida digna, a la igualdad y al hábeas data de la señora M.N.E.P. por negarse a ejecutar la póliza de seguro de vida No. 0110043.

20. No obstante, en atención a los antecedentes procesales del caso sub judice, esta S. deberá estudiar previamente si se configura una carencia actual de objeto por hecho superado. Para ello, analizará i) la jurisprudencia constitucional sobre carencia actual de objeto y, luego, ii) resolverá el caso concreto.

21. La finalidad de la acción de tutela es servir de instrumento para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos se encuentren amenazados o vulnerados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular[57]. Por eso, si la situación que genera la vulneración o amenaza “es superada o finalmente se produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”[58], la acción de tutela deviene en improcedente. En ese sentido, tal circunstancia supone la existencia de una carencia actual de objeto y así debe ser declarado por el juez. De lo contrario, las decisiones y órdenes carecerían de sentido ante “la superación de los hechos que dieron lugar al recurso de amparo o ante la satisfacción de las pretensiones del actor (…)”[59].

22. La jurisprudencia constitucional ha identificado tres hipótesis en las cuales se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto[60], a saber: (i) cuando se presenta un daño consumado; (ii) cuando acontece un hecho sobreviniente; y (iii) cuando existe un hecho superado[61].

23. En particular, la carencia actual de objeto por hecho superado tiene lugar cuando desaparece la afectación al derecho fundamental alegado y se satisfacen las pretensiones del accionante[62]. Esta circunstancia puede ser consecuencia de “la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una conducta desplegada por el agente transgresor”[63], lo cual puede acaecer entre la presentación de la tutela y la sentencia del juez constitucional[64].

24. La jurisprudencia constitucional ha distinguido tres parámetros para determinar si ha acaecido, o no, el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, a saber[65]: i) que con anterioridad a la acción de tutela exista una vulneración o amenaza a un derecho fundamental del accionante, cuya protección sea posteriormente solicitada; ii) que durante el trámite de la acción de tutela haya cesado la vulneración o amenaza del derecho, y; iii) que si la acción pretende el suministro de una prestación y, “dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta [advierte la S., siempre y cuando no corresponda al cumplimiento de una orden del juez de tutela], también se puede considerar que existe un hecho superado”[66].

25. Además, para concluir si se configura un supuesto de carencia actual de objeto por hecho superado, resulta necesario determinar el nivel de satisfacción de los derechos fundamentales cuya protección se solicita en la demanda de tutela, con miras a establecer si cesaron de manera definitiva los hechos perturbadores, o si las pretensiones de la acción fueron plenamente satisfechas durante el trámite judicial.

26. Caso concreto. Esta acción de tutela fue interpuesta por la señora M.N.E.P. a fin de lograr el amparo de sus derechos fundamentales referidos en los párrafos 5 y 22. A juicio de la tutelante sus derechos fueron vulnerados con ocasión de la negativa de la entidad aseguradora a hacer efectiva la póliza de seguro de vida No. 0110043.

27. Luego de analizar los elementos de acreditación obrantes en el expediente, la S. concluye que en el presente asunto se configura una carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que ha cesado la presunta vulneración de los derechos fundamentales alegados por la señora M.N.E.P.. En efecto, según oficio remitido por el área jurídico-contenciosa del Banco BBVA Colombia S.A., la obligación financiera a cargo de la señora M.N. se encuentra extinguida, por cuanto BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. realizó el pago total de la misma.

28. De igual forma, la Representante Legal de la sociedad aseguradora ratificó la información suministrada por esa entidad financiera al explicar que, tras reconsiderar el caso de la tutelante, hizo efectivo el contrato de seguro de vida que respaldaba dicho crédito y procedió a emitir la orden de pago No. 2001153532 de 7 de marzo del presente año, por valor de $24’347.735.

29. Así las cosas, en relación con este expediente, la S. queda relevada de pronunciarse sobre los demás requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.

    Expediente T-7.130.740

30. Problema jurídico. Le corresponde a la S. Primera de Revisión establecer, en primer lugar, si la solicitud de tutela formulada por el señor H.F.A.C. cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. De ser así, procederá a formular y resolver los problemas jurídicos sustanciales del caso.

31. Legitimación en la causa. En el presente asunto se cumplen los requisitos de legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva. En efecto, la tutela fue presentada por H.F.A.C., quien suscribió unas pólizas de seguro de vida con BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., para respaldar los créditos Nos. 269753, 828449, 283735, 19915, 22141, 24071, 508176, 35208 y 00130695-009600213827 del Banco BBVA.

    31.1. Así mismo, la tutela se presentó en contra de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., entidad que se negó a hacer efectiva las pólizas que amparaban las citadas obligaciones crediticias, por lo que se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva. No ocurre lo mismo con el Banco BBVA, por cuanto revisado el escrito de tutela se observó que los supuestos hechos vulnerantes de los derechos fundamentales del accionante, al igual que las pretensiones formuladas, se dirigen exclusivamente respecto de la compañía aseguradora. Por ende, respecto de la entidad bancaria vinculada al proceso de tutela no se cumple con la legitimación requerida.

32. La acción de tutela cumple con el requisito de inmediatez. La S. advierte que el 29 de agosto de 2017 la compañía aseguradora le informó al tutelante que no haría efectivo el pago de la mencionada póliza (primera negativa). Posteriormente, el 15 de marzo de 2018, el señor A.C. presentó la misma solicitud ante la entidad accionada. El 22 de los mismos mes y año, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. reiteró su negativa (segunda negativa).

    32.1. Así, pues, desde el 29 de agosto de 2017 el señor A.C. tuvo conocimiento de la posición de la compañía aseguradora respecto de la referida póliza de seguro de vida, sin que este ciudadano hubiere interpuesto acción constitucional alguna. Por lo que, en principio, dicha solicitud de amparo no cumpliría con el requisito de inmediatez, porque entre la primera negativa y la formulación de la acción transcurrieron más de 7 meses. Sin embargo, a fin de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia del tutelante, para analizar este presupuesto de procedibilidad se tomará como punto de partida la fecha de la segunda respuesta negativa de la aseguradora.

    32.2. En esa medida, se encuentra que transcurrió menos de un mes desde que BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. negó la ejecución de la póliza respectiva (22 de marzo de 2018) y su formulación (4 de abril de 2018). Por lo tanto, se cumple con el requisito de inmediatez

33. La acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad. Vale la pena destacar que en los términos del artículo 86 superior, la acción de tutela procede siempre que la persona no disponga de otro medio de defensa judicial para amparar su derecho, o cuando aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Para estos eventos específicos, dado el desequilibrio de la relación entre la aseguradora y el beneficiario y en aras de evitar los abusos en relaciones de indefensión e insubordinación[67], se ha admitido la procedencia de la acción de tutela, siempre que se acredite i) que el mecanismo ordinario con el que se cuenta no es idóneo y eficaz para hacer valer sus derechos y/o ii) el acaecimiento de un perjuicio irremediable o una afectación inminente al mínimo vital de la persona[68].

34. En el presente caso, el señor A.C. sí disponía de otros medios de defensa judicial para pedir la protección de su derecho y la tutela no procedía como mecanismo transitorio pues no se acreditó la posible configuración de un perjuicio irremediable.

35. Tal como se dejó descrito en los antecedentes del caso, la controversia entre el señor H.F.A.C. y la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. es de naturaleza estrictamente económica y de la órbita del derecho comercial privado que rige las relaciones contractuales entre el beneficiario, el tomador y la compañía aseguradora. Al respecto es preciso recordar que los medios adecuados para tramitar los litigios que puedan originarse de un contrato de seguros como lo son, el proceso verbal o el verbal sumario y el proceso ejecutivo.

36. Como se desprende de la acción de tutela interpuesta por el señor A.C., y de la contestación que a su turno presentó la compañía aseguradora, la diferencia entre ellas se refiere estrictamente a si el accionante incurrió en reticencia, o no, al momento de diligenciar el formato de declaración de asegurabilidad de la póliza del seguro de vida de la cual el accionante es asegurado.

37. Así, mientras que, por un lado, el tutelante afirma que la reclamación del amparo asegurado es pertinente porque se acreditó que la ocurrencia del siniestro fue posterior a la adquisición de las obligaciones crediticias, por el otro, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. sostiene que dicho ciudadano presenta antecedentes de artritis desde antes de la suscripción del contrato de seguro, tal como se desprende la historia clínica de la Nueva EPS de 7 de julio de 2011. Se trata entonces de una controversia probatoria y, desde luego económica, que el tutelante no ha debatido por la vía principal de la justicia ordinaria.

38. De otra parte, esta petición de amparo tampoco está llamada a prosperar como mecanismo transitorio puesto que, como se advierte de los hechos planteados y de las pruebas aportadas al proceso, no se acreditó la necesidad de intervención del juez de tutela con el fin de evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

39. En ese sentido el señor H.F.A.C. se limitó a afirmar que es un adulto mayor con 57 años de edad, tiene una pérdida de capacidad laboral del 62.80%, se encuentra en estado de indefensión y depende su pensión de invalidez. Al respecto esta S. advierte, en primer lugar, que en los términos de los artículos 46 superior[69], 7 de la Ley 1276 de 2009[70] y la jurisprudencia constitucional[71], se considera adulto mayor a aquella persona que cuenta con 60 o más años de edad, por lo que el tutelante no hace parte de este grupo de especial protección.

40. Adicionalmente, a fin de establecer la condición socioeconómica del señor H.A.C., esta S. de Revisión verificó en la página web del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –SISBÉN– el puntaje asignado a dicho ciudadano, el cual es de 16,56[72]. Al respecto, debe advertirse que aun cuando este puntaje es indicativo de un nivel de pobreza extrema[73], lo cierto es que tal situación, en el caso concreto, no constituye per se una condición suficiente que dé lugar a flexibilizar el requisito de subsidiariedad.

41. En efecto, para determinar la posible ineficacia de los medios o recursos judiciales con que formalmente cuenta el tutelante para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales se debe analizar un contexto de múltiples situaciones confluyentes, como por ejemplo, si el tutelante hace parte de algún grupo de especial protección constitucional, que tal como se indicó en el párrafo 39, no se acreditó su pertenencia a alguno en particular.

42. Aunado a ello, se advierte que pese a su nivel socioeconómico, el tutelante, en siete oportunidades diferentes, pudo acreditarle al BBVA que contaba con la suficiente capacidad económica para adquirir obligaciones financieras por un valor total de $135’380.000, al punto que esa misma entidad lo identifica como un “consumidor financiero calificado”[74]. Esta situación de endeudamiento, como es natural, generó para el señor A.C. una serie de obligaciones, entre ellas, la de la cancelación de las correspondientes cuotas y de los intereses legales comerciales y moratorios que se llegaren a causar[75], so pena de incurrir en un incumplimiento contractual, tal como ocurrió en este caso, en el cual el Banco BBVA se vio obligada a iniciar las acciones legales en contra del tutelante a fin de obtener el pago de las sumas de dinero adeudadas.

43. También es importante señalar que el concepto de mínimo vital debe ser analizado desde un punto de vista de la satisfacción de las necesidades del individuo, por lo cual es necesario realizar una evaluación de las circunstancias de cada caso concreto, a fin de verificar si quien alega tal vulneración cuenta, o no, con la posibilidad de satisfacer sus necesidades vitales. Así mismo, que cuando se alega como perjuicio irremediable la afectación del mínimo vital, debe acompañar su afirmación de alguna prueba de tal circunstancia, pues la informalidad de la acción de tutela no exonera al actor de probar, aunque sea de manera sumaria, los hechos en los que basa sus afirmaciones y pretensiones.

44. En el presente caso la S. encuentra acreditado que el tutelante cuenta con una red de apoyo integrada por su esposa de 57 años y de sus dos hijos de 32 y 27 años de edad, quienes son profesionales de la ingeniería de sistemas y de la fisioterapia, respetivamente[76]. De igual forma, se demostró que el señor A.C. es propietario de un vehículo particular[77] y de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Pasto[78].

45. Por último, no debe perderse de vista que el Banco BBVA le informó a la Corte Constitucional que aun cuando inició procesos ejecutivos en contra del accionante para obtener el pago de las correspondientes acreencias, lo cierto es que el crédito No. 9600269753 por valor de $8’000.000, se encuentra en trámite operativo de cancelación en virtud del pago que está gestionando la referida compañía aseguradora, según se desprende de la comunicación allegada el 11 de marzo del presente año por la entidad accionada.

46. Es más, la compañía aseguradora, mediante respuesta recibida vía correo electrónico, advirtió que ya se expidió la correspondiente orden de pago por valor de $3’478.763,oo, así:

    Analizó el caso considerando la cuestión siguiendo cada uno de los deberes exigidos por la jurisprudencia de la Honorable Corte como la interpretación en favor del consumidor financiero, y la declaración de asegurabilidad completamente diligenciada, por lo cual se procedió con el pago de la póliza que amparaba la obligación financiera No. 9600269753, a través de la orden de pago No. 22926656 de fecha 07/03/2019, por el valor de $3’478.763,oo, los cuales fueron cancelados a favor del tomador y beneficiario del seguro esto es el Banco BBVA.

47. En consecuencia, esta S. no encuentra méritos suficientes para sobrepasar el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, por cuanto el tutelante no acreditó que los mecanismos ordinarios de defensa no fueren lo suficientemente idóneos y eficaces como para garantizarle la protección de sus derechos, ni tampoco que necesitara del amparo constitucional para evitar la ocurrencia un perjuicio irremediable, grave e inminente. Más aún, no puede soslayarse que el señor A.C. adquirió un número importante de obligaciones crediticias, por lo que fue el incumplimiento en el pago de dichos créditos el que lo condujo a la desafortunada situación financiera en la que ahora se encuentra.

48. Síntesis de la decisión. En esta oportunidad la S. Primera de Revisión analizó dos acciones de tutela formuladas por dos ciudadanos en contra del Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida Colombia S.A, quienes consideraron que sus derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, entre otros, resultaron vulnerados con ocasión de la negativa por parte de la citada compañía aseguradora a hacer efectivos unos contratos de seguros de vida por supuesta reticencia de los asegurados.

49. En el expediente T-7.128.813, la S. Primera de Revisión declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al encontrar que, entre el momento de la interposición de la solicitud de amparo y el momento del fallo, fue satisfecha por completo la pretensión contenida en la acción de tutela formulada por la señora M.N.E.P.. Esto por cuanto, se reitera, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. pagó al Banco BBVA el valor de la póliza de seguro de vida No. 0110043 que amparaba la obligación crediticia a cargo de la accionante.

50. En el expediente T-7.130.740 se declaró la improcedencia la acción de tutela presentada por el señor H.F.A.C., debido a que no se satisface el requisito de subsidiariedad. Efectivamente, se acreditó que la controversia suscitada entre este ciudadano y la aseguradora BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. es de naturaleza estrictamente económica y de la órbita del derecho comercial privado, frente a lo cual la S. recordó que existen medios judiciales ordinarios adecuados para tramitar esta clase de litigios, como lo son el proceso verbal o el verbal sumario y el proceso ejecutivo.

51. En mérito de lo expuesto, la S. Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,