Sentencia de Tutela nº 208/19 de Corte Constitucional, 17 de Mayo de 2019

2.1. Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

13. La S. Primera de Revisión encuentra acreditados los requisitos generales de procedencia. Primero, se satisface el requisito de legitimación en la causa por activa. La solicitud de tutela reúne los requisitos previstos por la jurisprudencia constitucional en materia de agencia oficiosa[49], a saber: (i) la señora F.M.E.L. manifestó interponer la solicitud de tutela en calidad de agente oficiosa de los accionantes; (ii) los elementos probatorios allegados al presente trámite dan cuenta de la imposibilidad de los accionantes para promover la acción a nombre propio, habida cuenta de que se encontraban privados de la libertad y en atención a las condiciones de salud que les fueron diagnosticadas[50]; y, en todo caso, (iii) durante el trámite de primera instancia, la jueza, por medio de los testimonios practicados a los accionantes, pudo obtener la ratificación de la agencia. Asimismo, esta S. considera acreditada la legitimación en la causa por pasiva. Esto, por cuanto la acción de tutela fue interpuesta en contra del Cabildo Indígena La Laguna – Siberia, cuyas autoridades indígenas investigaron y juzgaron a los accionantes, en ejercicio de su jurisdicción indígena, por las conductas presuntamente cometidas por ellos.

14. Segundo, la solicitud cumple con el requisito de inmediatez. La acción de tutela se interpuso dentro de un término oportuno y razonable, pues transcurrieron menos de 3 meses desde que se profirió la sentencia condenatoria por parte del Cabildo (26 de diciembre de 2017) y su interposición (22 de marzo de 2018).

15. Finalmente, la solicitud cumple el requisito de subsidiariedad, por dos razones. De un lado, los accionantes no cuentan con recursos ordinarios ni extraordinarios para controvertir las actuaciones de las autoridades indígenas del Cabildo, proferidas en el marco del proceso de investigación y juzgamiento que adelantaron en su contra, y que concluyó con la sentencia condenatoria proferida el 26 de diciembre de 2017. De hecho, en el resolutivo tercero de la sentencia, se precisa que ni siquiera “la asamblea general, como la máxima autoridad del Resguardo” podía revocar esta decisión.

16. De otro lado, a diferencia de lo planteado por el ad quem, esta S. no estima que a los accionantes les hubiese sido posible solicitar la impugnación de la jurisdicción de las autoridades indígenas, por tres razones: (i) en las actas remitidas por el Cabildo no se observa que a los accionantes se les hubiese permitido participar en el proceso, especialmente en la audiencia del 26 de diciembre de 2017, en la que se profirió sentencia condenatoria, sino todo lo contrario. Como señaló la jueza de primera instancia, a los accionantes “no se les permitió intervenir ni ejercer derecho de defensa de ninguna clase”[51], por lo que “no medió la oportunidad para controvertir las acusaciones que sirvieron de sustento para proferir una condena”[52]. Además, (ii) durante todo el proceso se mantuvieron las condiciones que impidieron que los accionantes ejercieran su derecho de defensa o interpusieran a nombre propio la acción de tutela, es decir, siempre estuvieron privados de la libertad, bajo la vigilancia de la guardia indígena. Finalmente, y en todo caso, (iii) la S. pudo comprobar que los accionantes no estuvieron representados dentro del proceso. En efecto, (a) según manifestaron durante el testimonio practicado en primera instancia, el Cabildo les informó que “no tenía[n] derecho a abogado”[53], “deb[ían] quedarse callado[s], no se puede decir nada”[54]; y (b) en el acta de la audiencia pública se expresa que un miembro de la comunidad le aclaró a la esposa de uno de los accionantes que “cuando se legisla desde la jurisdicción indígena no hay abogado que pueda hacer nada (…) porque la condena seba (sic) sin beneficio alguno”[55].

    2.2. El ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena. Límites constitucionales

17. El artículo 246 de la Constitución Política le reconoce a los pueblos indígenas el ejercicio de “funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República”[56]. De esto se desprende “la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, la potestad de estos de establecer normas y procedimientos propios”[57], condicionado a su sujeción a la Constitución y la ley[58].

18. Este reconocimiento se fundamenta en el respeto y protección de la diversidad étnica y cultural (arts. 1, 2, 7, 8, 10, 13, 70, 96, 171, 176, 246 y 286 de la C.P.)[59]. Ciertamente, la jurisprudencia constitucional ha señalado que esta jurisdicción especial “se establece por la Constitución en beneficio de los pueblos indígenas con el propósito de proteger su identidad”[60]. Por esta razón, la Constitución prevé unos “derechos especiales en función de la pertenencia a un grupo determinado”, los cuales “solo surgen a partir de la objetiva identificación del grupo con base en el elemento diferenciador previsto en la Constitución, en este caso el origen étnico”[61].

19. Asimismo, la existencia de esta jurisdicción especial se explica por cuanto, dada la protección constitucional de la diversidad étnica y cultural, la Corte ha reconocido: (a) un derecho colectivo de las comunidades indígenas, “y cuyo ejercicio corresponde a sus autoridades, para juzgar a sus miembros”[62], y, a su vez, (b) un derecho “individual de los miembros de los pueblos indígenas a gozar de un ‘fuero’”[63], en virtud del cual “se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial, en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo”[64].

20. Al respecto, es necesario precisar que el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena debe garantizar la satisfacción de ambos derechos. En efecto, tal como ha indicado esta Corte, si no estuviese de por medio la protección del derecho subjetivo e individual de los miembros de las comunidades indígenas a que se respete su diversidad étnica y cultural, “sería impensable la materialización de la protección del derecho colectivo en cabeza de la comunidad indígena”[65].

21. En tales términos, el fuero indígena, como derecho subjetivo de los miembros de las comunidades indígenas, “por sí mismo, se convierte en un mecanismo de preservación étnica y cultural de la nación colombiana, en tanto se conservan las normas costumbres, valores e instituciones de los grupos indígenas dentro de la órbita del territorio dentro del cual habitan, siempre y cuando no sean contrarias al ordenamiento jurídico predominante”[66]. Por esta razón, es en virtud del fuero indígena que se habilita la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena, y, en consecuencia, esta se constituye en el juez natural en un caso concreto. Por el contrario, cuando el sujeto procesado no sea titular del fuero indígena, debe concluirse que son los jueces ordinarios las autoridades competentes.

22. No obstante, esta Corte ha advertido que, si bien es un elemento necesario, “para la configuración del fuero indígena no resulta suficiente la identidad étnica del procesado”[67], sino que, además, deben verificarse los elementos que ha previsto la jurisprudencia para su configuración. Si bien estos han variado a lo largo de la jurisprudencia, a partir de la Sentencia T-617 de 2010[68], estos han sido definidos de la siguiente manera: (i) elemento personal o subjetivo, en virtud del cual, “cada miembro de la comunidad, por el solo hecho de serlo, tiene derecho a ser juzgado por sus autoridades de acuerdo a sus usos y costumbres”[69]; (ii) elemento territorial o geográfico, que “permite a las autoridades indígenas juzgar conductas cometidas en su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas”[70], (iii) elemento institucional u orgánico, que exige la existencia “de una institucionalidad compuesta de un sistema de derecho propio que reúna los usos, costumbres y procedimientos tradicionales y aceptados en la comunidad”[71]; y (iv) elemento objetivo, el cual atiende a la naturaleza del bien jurídico o del sujeto afectado por la conducta del indígena[72].

23. Ahora bien, estos elementos no deben ser concurrentes, a efectos de determinar la competencia de las autoridades indígenas, sino que “deben ser evaluados de forma ponderada y razonable en las circunstancias de cada caso, y que si uno de esos factores no se cumple en el caso concreto, ello no implica que de manera automática el caso corresponda al sistema jurídico nacional. Por el contrario, el juez debe valorar cuál es la decisión que mejor defiende la autonomía indígena –perspectiva de la diversidad cultural–, el debido proceso y los derechos de otros afectados”[73].

24. No obstante, es necesario advertir que la jurisprudencia constitucional desarrolló estos criterios, por lo menos en procesos penales, a partir de casos referidos a conflictos internos de las comunidades, en los cuales el sujeto procesado siempre fue un indígena. Así, en muchos casos, en aplicación del principio de maximización de la autonomía, este enfoque era necesario para garantizar la protección de la identidad étnica y cultural del procesado y, por contera, el de la comunidad.

25. Sin embargo, cuando se esté en presencia de un conflicto intercultural es menester que el juez analice el caso con otro enfoque. Tal como lo ha señalado esta Corte, “el pleno despliegue del principio de protección de la diversidad, solo se produce frente a conflictos que puedan ser catalogados como internos de las respectivas comunidades, al paso que cuando se trate de conflictos interculturales, el parámetro de valoración será distinto”[74]. Por lo tanto, es claro que “el respeto por la autonomía debe ser mayor cuando el problema estudiado por el juez constitucional involucra solo a miembros de una comunidad que cuando el conflicto involucra dos culturas diferentes”[75]. En estos casos, “el grado de autonomía del resguardo para decidir el conflicto bajo sus reglas se restringe (…). En consecuencia la autonomía de los pueblos indígenas debe ser limitada”[76].

26. Precisamente, es por la diversidad cultural del procesado, la cual no corresponde con la de la comunidad indígena, que el elemento personal adquiere una especial connotación, el cual, particularmente en materia penal, impide el ejercicio de la jurisdicción especial indígena, por tres razones. Primero, es claro que el fuero indígena es un derecho subjetivo e individual de los miembros de las comunidades indígenas. Por lo tanto, está fundamentado, de un lado, y condicionado, de otro, por la identidad étnica y cultural del individuo respecto del cual se ejerce esta competencia. Segundo, el fuero indígena, según la jurisprudencia constitucional, constituye un “fuero de jurisdicción”[77], reservado, por las razones expuestas, a determinados sujetos. Esto, dado que este implica desplazar la competencia de la jurisdicción ordinaria a una jurisdicción especial, la cual, a su vez, tiene un propósito singular, proteger la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y la particular cosmovisión del individuo. Tercero, las anteriores características permiten concluir que el elemento subjetivo mantiene una relación inescindible con la protección de la diversidad étnica y cultural, porque este garantiza que su juzgamiento esté acorde con su particular cosmovisión, modo de vida, usos y costumbres, y no bajo reglas procesales ajenas y desconocidas. Por lo anterior, y “dado que el fuero es el derecho del sujeto indígena para ser juzgado en el marco de su cultura”[78], el elemento personal adquiere la mencionada connotación especial.

27. En tales términos, el ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena cuando no se acrediten los elementos que configuran el fuero indígena constituye una vulneración del debido proceso, en su faceta de juez natural. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el “debido proceso constituye un límite jurídico-material de la jurisdicción especial que ejercen las autoridades de los pueblos indígenas. Cualquiera sea el contenido de las disposiciones jurídicas internas de las comunidades indígenas, estás deben respetar los derechos y principios contenidos en el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 29 de la Carta. En efecto, el derecho fundamental al debido proceso garantiza los principios de legalidad, de imparcialidad, de juez competente, de publicidad, de presunción de inocencia y de proporcionalidad de la conducta típica y de la sanción, así como los derechos de defensa y contradicción”[79] (subraya fuera de texto). Por lo tanto, el desconocimiento de alguno de estos componentes por parte de las autoridades indígenas implica la vulneración del derecho al debido proceso de una persona totalmente ajena a sus usos y costumbres.

28. En suma, el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades indígenas es un derecho colectivo y subjetivo a que sean estas quienes juzguen las conductas cometidas por sus miembros, cuya finalidad se explica en el respeto y protección de la identidad étnica y cultural. Por lo tanto, para determinar la competencia de la jurisdicción especial indígena en cada caso concreto es necesario verificar que se reúnan los requisitos previstos por la jurisprudencia para la configuración del fuero. Por el contrario, cuando el sujeto procesado no reúna tales elementos que acreditan el fuero, la jurisdicción ordinaria se constituye en el juez natural competente.

29. Así las cosas, al analizar el caso sub examine, la S. encuentra que las autoridades del Cabildo Indígena La Laguna – Siberia, en el proceso de investigación y juzgamiento adelantado en contra de los accionantes, vulneraron su derecho al debido proceso, en su faceta de juez natural. Ciertamente, el Cabildo extendió el ejercicio de su jurisdicción indígena a individuos que no son titulares al fuero indígena. En efecto, para la S., en el caso concreto no se reúnen los elementos que acreditan el fuero, por las siguientes razones:

    29.1. No se acredita el factor personal. Para la S. está probado que los accionantes no pertenecen a etnia indígena alguna. Es claro que: (i) estos no se reconocen como indígenas, (ii) las autoridades indígenas tampoco los identifican como miembros y (iii) estos no viven según los usos y costumbres de la comunidad[80]. Por el contrario, como lo manifestó el Cabildo, este conoció “desde un principio que ellos no hacía parte de la comunidad”[81], pero que, en todo caso, aplicaron su jurisdicción, porque esta se “ejerce en su ámbito territorial independientemente de quienes sean los autores que cometen las desarmonizaciones”[82].

    29.2. No se acredita el factor objetivo. Para la S. el bien jurídico presuntamente afectado por la conducta de los accionantes pertenece, en principio, a la cultura mayoritaria. Ciertamente, los presuntos delitos de “perturbación del territorio indígena, intento de homicidio, hurto y porte ilegal de armas” no guardan relación con el desarrollo de la diversidad cultural de la comunidad indígena. En el trámite de primera instancia, los accionantes manifestaron que “estab[an] esperando que saliera una plata para robarla, pero no sabí[an] que era gobernador ni que esto era un cabildo”[83], y, por su parte, el Cabildo, en el proceso de investigación, concluyó que hay “otras personas involucradas en los hechos (…) que esta banda es grande (…) que hay varios casos de hurto con la misma modalidad (…) retiros en el banco”[84]. Estas condiciones hacen que sea difícil colegir que los presuntos hechos delictivos tuviesen por finalidad afectar la diversidad cultural de la comunidad. En este orden de ideas, no existe una relación entre dichas conductas y el pluralismo étnico protegido por la Constitución, lo que descarta cualquier fundamento para la aplicación del fuero indígena[85].

30. Con todo, para la S. también existen serias dudas acerca de que el ejercicio de la jurisdicción indígena en el caso concreto tuviese por finalidad la protección de la identidad étnica y cultural. En el proceso de investigación y juzgamiento, las autoridades del Cabildo acudieron a figuras procesales que reproducen parámetros judiciales de la sociedad mayoritaria, tales como (i) investigar y juzgar las presuntas conductas a partir de los tipos penales y penas previstas por la jurisdicción ordinaria, los cuales, según la jurisprudencia constitucional, (ii) “desbordan la órbita cultural indígena”[86], por lo que (iii) son competencia de las autoridades ordinarias, como es el caso del “porte ilegal de armas”[87].

31. En este orden de ideas, (i) que las presuntas conductas delictivas hubiesen sido cometidas en el territorio ancestral –elemento territorial–, y (ii) que el proceso de investigación y juzgamiento adelantado en contra de los accionantes hubiese sido llevado a cabo por las autoridades tradicionales –elemento institucional–, en criterio de la S., no permiten concluir que el asunto sub examine sea de competencia de la jurisdicción indígena. Para la S., no puede predicarse la existencia del fuero especial únicamente en función de estos elementos, como lo pretende el Cabildo.

32. Tal como se mencionó en los párr. 25 y 26, dado que el presente asunto involucra un conflicto intercultural, era imperativo que estuviese acreditado, como mínimo, el elemento personal. Esto, habida consideración de que, particularmente en asuntos penales, es el elemento personal el que adquiere una especial connotación, que inhibe el ejercicio de las autoridades indígenas para investigar y juzgar a personas que no sean miembros de su comunidad, tal como ocurrió en el caso concreto.

33. En este orden de ideas, el Cabildo desconoció que, a la luz del artículo 29 de la Constitución, los jueces competentes para investigar y juzgar los presuntos hechos delictivos cometidos por los accionantes son las autoridades ordinarias. Esto, por cuanto, como se señaló, los accionantes no son titulares del fuero indígena. Por lo tanto, el Cabildo debió remitir el caso, para que fuesen estas últimas quienes investigaran y, de ser el caso, juzgaran la conducta de los accionantes.

34. Por lo anterior, la S. Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional amparará el derecho al debido proceso, en su faceta de juez natural, de los accionantes. En consecuencia, (i) revocará las decisiones de instancia; (ii) dejará sin efectos las actuaciones adelantadas por el Cabildo Indígena La Laguna – Siberia y (iii) ordenará remitir copia de todas las actuaciones a las autoridades penales, para lo de su competencia.

    Con base en las consideraciones expuestas, la S. Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

Primero.- REVOCAR la decisión de 4 de septiembre de 2018, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santander de Quilichao, C., que, a su vez, revocó parcialmente el fallo de 16 de abril de 2018, adoptado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Caldono, C.. En su lugar, AMPARAR el derecho al debido proceso de los accionantes, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS las actuaciones judiciales adelantadas por las autoridades del Cabildo Indígena La Laguna – Siberia en contra de los accionantes.

Tercero.- ORDENAR a las autoridades del Cabildo Indígena La Laguna – Siberia que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación de esta providencia, REMITAN a la Fiscalía Local de Caldono, C., copia íntegra de las actuaciones adelantadas por el Cabildo en contra de los accionantes, para lo de su competencia.

Cuarto.- LIBRAR, por Secretaría General, la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.

3. y cúmplase,

CARLOS BERNAL PULIDO

Magistrado

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

Con aclaración de voto

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

[1] C.. 1, fls. 1-5, 6, 10, 20-23.

[2] C.. 1, fls. 20-21, 132 y 267.

[3] C..1, fls. 20-23.

[4] C..1, fls. 20-23.

[5] C.. 1, fls. 1-5, 20-23.

[6] C.. 1, fl. 108.

[7] C.. 1, fl. 153.

[8] C.. 1, fls. 75-76.

[9] Id.

[10] Id.

[11] C.. 1, fls. 68-72.

[12] Id.

[13] Id.

[14] Id.

[15] Id.

[16] C.. 1, fl. 132.

[17] C.. 1, fls. 59-60.

[18] C.. 1, fls. 129-130.

[19] Según el acta remitida por el Cabildo “se tomó la decisión de aparatar del proceso como autoridad jurisdiccional indígena al señor gobernador y señora tesorera, H.M.C., M.S.P., con el fin de dar transparencia al proceso, sumiendo para este caso como principal autoridad, la señora gobernadora suplente S.L.P.(.. 1, fl. 133).

[20] C.. 1, fls.

[21] C.. 1, fls.

[22] C.. 1, fls. 249-253. La tesorera se refirió a los siguientes asuntos: (i) las condiciones en las que fue llevado a cabo el retiro del dinero por parte de las autoridades indígenas, (ii) las condiciones en las que los accionantes solicitaron que las autoridades indígenas hicieran entrega del maletín con el dinero y (iii) su dicho acerca de que no le comentó a nadie acerca del retiro del dinero.

[23] C.. 1, fls. 241-248 y 257-259. Los testimonios se refieren a: (i) las circunstancias en las que los accionantes solicitaron la entrega del dinero, (ii) la entrega del maletín por parte de los accionantes, (iii) los golpes propinados por la comunidad indígena a los accionantes al momento de su captura, (iv) la solicitud de un miembro de la Policía Nacional, para que “habl[ara] a la gente para que se calme”, y (v) las condiciones en las que se llevó a cabo la captura de los accionantes. Asimismo, se anexaron varias fotografías de lugar donde ocurrieron los hechos.

[24] C.. 1, fls. 257-267.

[25] C.. 1, fls. 44-47.

[26] Id.

[27] Id.

[28] C.. 1, fls. 59-60.

[29] Id.

[30] C.. ppal, fls. 1-5.

[31] C.. 1, fls. 78-87.

[32] C.. 1, fls. 78-87.

[33] Id.

[34] Id.

[35] C.. 1, fls. 94-273.

[36] C.. 1, fls. 94-114.

[37] Id.

[38] Id.

[39] C.. 1, fls. 307-315.

[40] Id.

[41] Id.

[42] C.. ppal., fls. 20-21.

[43] C.. ppal., fls. 27-29.

[44] C. ppal., fls. 36-37.

[45] C.. ppal., fls. 36-37.

[46] Id.

[47] Id.

[48] C.. ppal., fls. 36-37.

[49] Ver sentencias T-496 de 2013, T-625 de 2009, T-197 de 2009, T-411 de 2006, T-630 de 2005, T-843 de 2005 y T-1007 de 2001, entre otras.

[50] Esta Corte ha reconocido la procedencia de la agencia oficiosa “cuando se evidencia que el agenciado se encuentra imposibilitado para promover la acción de amparo a nombre propio, entre otras, por (…) encontrarse privado de la libertad” o “en razón a los quebrantos de salud que le han sido diagnosticados por el médico tratante”. Ver sentencias T-750A de 2011 y T-347 de 2010.

[51] C.. 1, fls. 78-87.

[52] Id.

[53] C.. 1, fls. 20-21.

[54] C.. 1, fls. 22-23.

[55] C.. 1, fls. 44-47.

[56] Constitución Política, artículo 246.

[57] Sentencia T-081 de 2015.

[58] Id. Asimismo, ver Sentencia C-139 de 1996.

[59] Cfr. Sentencias T-365 de 2018, T-522 de 2016, T-396 de 2016, T-208 de 2015, T-196 de 2015, T-081 de 2015, T-642 de 2014, T-491 de 2014, T-921 de 2013, T-866 de 2013, T-548 de 2013, T-449 de 2013, T-236 de 2012, T-549 de 2013, T-514 de 2009, T-349 de 2008, T-1253 de 2008, T-1070 de 2005, T-1038 de 2004, T-767 de 2004, T-681 de 2004, T-728 de 2002, T-1127 de 2001, entre otras.

[60] Sentencia T-522 de 2003.

[61] Id.

[62] Sentencia T-208 de 2015.

[63] Id. Ver Sentencia T-496 de 1996.

[64] Sentencia T-496 de 1996.

[65] Sentencia T-236 de 2012.

[66] Sentencia T-493 de 2013.

[67] Sentencia T-522 de 2016.

[68] Los elementos que determinan la competencia de la jurisdicción indígena han variado a lo largo de la jurisprudencia constitucional. Esta evolución puede resumirse en tres etapas: (i) a partir de la Sentencia T-496 de 1996 y hasta la sentencia T-728 de 2002, el fuero indígena, entendido como derecho subjetivo de los indígenas, se configuraba siempre que se acreditase un factor personal y uno territorial; (ii) Por medio de la Sentencia T-552 de 2003, la Corte reconoció la necesidad de establecer nuevos criterios que permitieran garantizar un mayor ámbito de competencias para el ejercicio de la autonomía de las autoridades indígenas y el ejercicio de su jurisdicción especial. En esta oportunidad, la Corte indicó que, además de los elementos personal y territorial, era necesario acreditar un elemento institucional y un elemento objetivo; (iii) a partir de la Sentencia T-522 de 2016, la Corte precisó que estos elementos, a diferencia de lo planteado por el Consejo Superior de la Judicatura, no podían ser analizados de manera concurrente, sino en atención a las circunstancias de cada caso. Así, el hecho de que no se cumpla con uno de esos requisitos, no implica per se que el asunto deba ser conocido por las autoridades ordinarias.

[69] Sentencia T-522 de 2016.

[70] Sentencia C-463 de 2014.

[71] Sentencia T-002 de 2012.

[72] Sentencia T-002 de 2012.

[73] Sentencia T-522 de 2016.

[74] Sentencia T-552 de 2003.

[75] Sentencia T-548 de 2013.

[76] Sentencia T-548 de 2013.

[77] Sentencia C-882 de 2011.

[78] Sentencia T-617 de 2010.

[79] Sentencia T-254 de 1994.

[80] Cfr. Sentencia T-1238 de 2004.

[81] C.. ppal., fls. 36-37.

[82] Id.

[83] C.. 1, fls. 22-23.

[84] C.. ppal, fls. 45-46.

[85] Cfr. Sentencia T-866 de 2013.

[86] Sentencia T-002 de 2012.

[87] Sentencia T-002 de 2012.