Sentencia nº 13001-23-31-000-2013-00048-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 3 de Octubre de 2019 (caso SENTENCIA nº 13001-23-31-000-2013-00048-01 de Consejo de Estado (SECCION TERCERA) del 03-10-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
| Fecha | 03 Octubre 2019 |
| Número de expediente | 13001-23-31-000-2013-00048-01 |
| Normativa aplicada | CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 121 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 122 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 124 / LEY 678 DE 2001 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 177 |
ACCIÓN DE REPETICIÓN / FALSA MOTIVACIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
[L]a entidad demandante en este proceso debió aportar el recibo de pago o consignación, o el paz y salvo [ ] con los correspondientes soportes; lo anterior, con miras a brindar certeza sobre el efectivo cumplimiento de la obligación convenida. [ ] Así, para cumplir con la exigencia señalada, es necesario acreditar que la obligación ha sido efectivamente satisfecha, de modo que no exista duda alguna en relación con el hecho de que el beneficiario de la condena, conciliación o transacción ha recibido lo adeudado. [ ] [P]ara acreditar el pago no bastaba con que al proceso se allegaran documentos emanados que fueron proferidos por la misma entidad demandante en los cuales se ordenaban el pago de una suma de dinero, si en ellos no consta la manifestación expresa del acreedor o beneficiario de haberlo recibido a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza se insiste acerca de la extinción de la obligación.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
Esta acción [la acción de repetición], como mecanismo judicial que la Constitución y la ley otorgan al Estado tiene como propósito el reintegro de los dineros que por los daños antijurídicos causados como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex servidor público e incluso del particular investido de una función pública, hayan debido salir del patrimonio estatal para el reconocimiento de una indemnización, de manera que la finalidad de la misma la constituye la protección del patrimonio estatal, necesario para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la finalidad de la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de febrero del 2016, rad. 36310, C.P.H.A.R..
REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
[L]a prosperidad de la acción de repetición está sujeta a que se acrediten los siguientes requisitos: i) la existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación a cargo de la entidad estatal correspondiente; ii) el pago de la indemnización por parte de la entidad pública; iii) la calidad del demandado como agente, ex agente del Estado demandado o particular en ejercicio de función pública; iv) la culpa grave o el dolo en la conducta del demandado; v) que esa conducta dolosa o gravemente culposa hubiere sido la causante del daño antijurídico. [ ] [S]e debe precisar que la no acreditación de los dos primeros requisitos, esto es la imposición de una obligación a cargo de la entidad pública demandante y el pago real o efectivo de la indemnización respectiva por parte de esa entidad, tornan improcedente la acción y relevan al juez por completo de realizar un análisis de la responsabilidad que se le imputa a los demandados.
APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
[P]ara dilucidar el conflicto de leyes por el tránsito de legislación, la jurisprudencia ha sido clara al aplicar la regla general según la cual la norma nueva rige hacia el futuro, de manera que aquella sólo rige para los hechos producidos a partir de su nacimiento y hasta el momento de su derogación. Sólo excepcionalmente las leyes pueden tener efectos retroactivos.
NORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN
[L]os actos o hechos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público acaecidos con anterioridad a la Ley 678 de 2001, continúan rigiéndose por la normatividad anterior, máxime cuando la responsabilidad del agente es subjetiva, en tanto única y exclusivamente compromete su patrimonio por razón o con ocasión de su conducta calificada a título de dolo o de culpa grave. De manera que si los hechos o actos que originaron la responsabilidad patrimonial del servidor público tuvieron ocurrencia con posterioridad a la vigencia de Ley 678 de 2001, para determinar y enjuiciar la falla personal del agente público será aplicable esta normativa en materia de dolo y culpa grave, sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción en el artículo 2º de la misma ley, excepcionalmente se acuda al apoyo del Código Civil y a los elementos que doctrinal y jurisprudencialmente se han estructurado en torno a la responsabilidad patrimonial por el daño, en lo que no resulte irreconciliable con aquélla y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política).
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 121 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 122 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 124 / LEY 678 DE 2001
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-394 de 2002, declaró exequible de forma condicionada la norma, bajo el mismo entendido indicado en la sentencia C-832 de 2001, esto es, que el término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, plazo que empezaría a contarse después de la ejecutoria de la providencia que ordenaba el pago. Como quedó visto, se toma lo que ocurra primero en el tiempo, esto es, el pago de la suma a que se condenó o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo sin que se haya realizado el pago de tal suma, como el momento para que empiece a correr el término para ejercer el derecho de acción.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTÍCULO 177
ACCIÓN DE REPETICIÓN / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO
[E]l Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política acerca de la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la forma de demostrar la culpa grave y el dolo en la acción de repetición, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto del 1999, rad. 10865, C.P.R.H.D..
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 13001-23-31-000-2013-00048-01(51528)
Actor: DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
Demandando: SIMÓN HERRERA MACÍA
Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - Acreditación del pago de la condena impuesta al Estado en vigencia del Código Contencioso Administrativo. Reiteración jurisprudencial / PRUEBA DE PAGO DE LA CONDENA IMPUESTA AL ESTADO - Constituye un deber de la entidad pública para que sea procedente la prosperidad de la acción de repetición / PRUEBA DE PAGO DE LA CONDENA - Debe estar acompañada por prueba de recibo del acreedor, entrega material o efectiva de la suma adeudada
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 3 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El Distrito de Cartagena de Indias, en cumplimiento de lo acordado en una conciliación prejudicial celebrada entre la señora María Eugenia González Ortiz y la Contraloría Distrital, le pagó a aquella $7774.275, por la sanción moratoria causada por el incumplimiento en la consignación y pago oportuno de las cesantías correspondientes al año 2000.
El referido ente territorial inició un proceso de repetición en contra del señor S.H.M., en tanto estimó que fue él, quien, en ejercicio de sus funciones como Contralor Distrital, no realizó los trámites necesarios para el pago de las cesantías de la empleada.
ANTECEDENTES
1. La demanda
En escrito presentado el 25 de octubre de 2005 (f. 1-8 c-1), el Distrito de Cartagena de Indias, por conducto de apoderado judicial (f. 9 c-1), presentó demanda de repetición en contra del señor Simón Herrera Macía y de quienes fungían como Directores Financiero y Administrativo de la Contraloría Distrital de Cartagena, con el fin de que se les condenara a reintegrar $7774.275, suma que el ente territorial le pagó a la señora María Eugenia González Ortiz, como consecuencia del pago de una conciliación prejudicial aprobada por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 9 de julio de 2003.
La parte actora solicitó que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
PRIMERA: que se declare responsable, a título de culpa grave, por violación manifiesta e inexcusable de las normas jurídicas al Dr. S.H.M. y, en consecuencia, se le condene a pagar la proporción de dinero expresado como cuantía de esta demanda, o el monto correspondiente de acuerdo con su grado de participación en la producción del detrimento patrimonial del Estado.
SEGUNDA: que se declare solidariamente responsable, a título de culpa grave, por violación manifiesta e inexcusable de las normas jurídicas, al Director Financiero de la Contraloría Distrital de Cartagena de la época en la que se celebró la conciliación, y se le condene a pagar proporcionalmente de acuerdo con su participación, la suma de dinero indicada como cuantía...
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