Sentencia nº 44001-23-31-000-2004-00989-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 4 de Diciembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 841381586

Sentencia nº 44001-23-31-000-2004-00989-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 4 de Diciembre de 2019

PonenteRAMIRO PAZOS GUERRERO
Fecha de Resolución 4 de Diciembre de 2019
EmisorSECCIÓN TERCERA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA /

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO /

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ERROR

JURISDICCIONAL / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

/ PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Por ser la demandada una entidad pública, el presente asunto es de

conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código

Contencioso Administrativo. (…) La S. es competente para resolver el caso

iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a su

naturaleza. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en

los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la

administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó

la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza

de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de

Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 82 / LEY 270 DE

1996

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la jurisdicción contencioso

administrativa en casos de reparación directa por error jurisdiccional,

privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la

administración de justicia, consultar providencia de 9 de septiembre de

2008, Exp. 2008-00009-00, C.M.F.G..

COPIA SIMPLE / PRUEBA DEL ESTADO CIVIL / REGISTRO CIVIL / VALOR PROBATORIO

DEL REGISTRO CIVIL

[E]n lo que tiene que ver con los hechos y actos relacionados con el estado

civil de las personas, según lo dispuesto por el artículo 105 del Decreto

Ley 1260 de 1970, se prueban con la copia de la partida o folio del

correspondiente registro civil.

FUENTE FORMAL: LEY 1260 DE 1970 - ARTÍCULO 105

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el medio de prueba procedente para

acreditar el estado civil, ver sentencia de 12 de noviembre de 2014, Exp.

29139, C.J.O.S.G..

CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN

DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO

DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTEO

DEL TÉRMINO EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA

LIBERTAD / PRECLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN PENAL / SENTENCIA ABSOLUTORIA /

EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / REITERACIÓN

JURISPRUDENCIAL

Concerniente a la caducidad, el numeral 8º del artículo 136 del Código

Contencioso Administrativo, en lo relativo a la acción de reparación

directa, instituye un término de dos años para que sea impetrada, contados

a partir del día siguiente a la ocurrencia de la causa del daño (hecho,

omisión, operación administrativa u ocupación temporal o permanente), y

vencido el cual ya no será posible solicitar que se declare la

responsabilidad patrimonial del Estado. En tratándose de responsabilidad

por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia de esta

Corporación ha considerado que el término de caducidad de la acción de

reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria

de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al

proceso penal.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136

NOTA DE RELATORÍA: En relación con la caducidad de la acción de reparación

directa en eventos de privación injusta de la libertad, ver auto de 3 de

marzo de 2010, Exp. 36473, M.R.S.C.P..

PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD

DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / DEFECTUOSO

FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA

LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACCIÓN / OMISIÓN / IMPUTACIÓN DE

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

La Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia, prevé en su

artículo 65 la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños

causados por la acción u omisión de sus agentes judiciales y seguidamente

contempla las modalidades en que el ejercicio de la actividad

jurisdiccional puede comprometer la responsabilidad estatal, a saber: el

error jurisdiccional, el defectuoso funcionamiento de la administración de

justicia y la privación injusta de la libertad.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / DERECHO A LA LIBERTAD / LÍMITES DEL DERECHO A LA

LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LOS LÍMITES DEL DERECHO A LA LIBERTAD /

ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / DAÑO CONCRETO A LA VÍCTIMA

[L]as circunstancias -modales, temporales o espaciales- en que se suscite

la limitación de la libertad, no desdibujan el valor supremo de la libertad

y su protección como derecho fundamental en el contexto de un Estado

constitucional. Por tanto; lo que finalmente interesa al instituto de la

responsabilidad es que se demuestre la materialización de la restricción y

su carácter antijurídico; sin perjuicio, claro está, que las distintas

manifestaciones de concreción del daño repercutan en la cuantificación del

perjuicio ya que, por ejemplo, la restricción intramural -por su nivel de

intensidad y drasticidad- de lejos puede ser comparada con cualesquiera

otro tipo de limitación menos gravosa.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el daño antijurídico en casos de privación injusta

de la libertad, ver 10 de noviembre de 2017, Exp. 51129, C.P. Marta Nubia

Velásquez Rico.

ERROR JURISDICCIONAL / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO /

REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / SENTENCIA EN FIRME - Incumplimiento

de requisito / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Decisión revocada

/ FALTA DE CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR

ERROR JURISDICCIONAL

[P]ara que se configure el error jurisdiccional como título de imputación

de la responsabilidad del Estado deben estar acreditados los tres

requisitos previstos en Ley 270 de 1996, a saber: (i) que el error se

encuentre materializado en una providencia que sea contraria a la Ley; (ii)

que se hayan interpuesto los recursos ordinarios que procedan contra la

decisión que se toma por errónea; y (iii) que la providencia donde se

almacena el error haya cobrado firmeza. (…) [L]a S. observa que, en

efecto, las presuntas irregularidades alegadas por el demandante recaen

sobre la decisión que adoptó la fiscalía en (…) la providencia mediante la

cual se le se impuso medida de aseguramiento No obstante, se tiene que

finalmente tal medida de detención fue revocada (…), razón por la cual el

requisito de firmeza no se satisface.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO

/ IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ANTIJURICIDAD

DEL DAÑO

[L]a responsabilidad estatal emerge a condición de que se constante la

existencia de un daño antijurídico que sea imputable a una entidad del

Estado. (…) De esta manera, el daño es el primero de los elementos

estructurantes o configurativos de la responsabilidad del Estado, al punto

mismo, que es la existencia comprobada de un daño la que puede dar lugar al

paso siguiente, esto es, la valoración de su antijuridicidad e imputación,

o de lo contrario, al agotamiento anticipado del análisis del deber de

indemnización de la administración.

DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN / LIMITACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD

DE LOCOMOCIÓN / VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN / DERECHO

A LA LIBERTAD DE RESIDENCIA / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO /

ORDEN DE DETENCIÓN FÍSICA / EVASIÓN DE LA ORDEN DE CAPTURA - Prófugo de la

justicia

[L]a S. considera que, ciertamente, más allá de que en el presente caso

no se advierta una privación de la libertad en un centro carcelario, el

hecho de que el accionante haya permanecido prófugo de la justicia, implica

una afectación al derecho de libre locomoción, entendido como la facultad

de desplazarse y transitar por todo el territorio nacional; y de

residencia, como facultad autónoma de toda persona para definir el sitio

donde desea vivir, conforme se desprende de la comprensión del artículo 24

de la Constitución Política. (…) En este sentido, pese a que el demandante

arguye que el daño sufrido consistió en haber sido perseguido por el

Estado, este es más bien un hecho y no un daño como lesión a un derecho,

de manera que su situación se traduce en últimas en la afectación material

y efectiva a su derecho de libre locomoción y residencia.

FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL

SERVICIO / PRESUPUESTOS DE LA FALLA DEL SERVICIO

[L]a falla del servicio consiste en el desconocimiento de la administración

de un deber obligacional contemplado en el ordenamiento jurídico,

corresponderá a esta S., tal como lo solicita el demandante, verificar si

la orden de detención preventiva (…) se emitió conforme los requisitos

exigidos por el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los

hechos y acorde con los aspectos probados en su momento dentro del

respectivo proceso penal.

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO /

REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Cumplimiento / FINALIDAD DE LA

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PRUEBA INDICIARIA / INDICIO / INDICIO GRAVE /

DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / SANCIÓN PENAL / INEXISTENCIA DE

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO

[S]e advierte que para dicha época aún regía el Decreto 2700 de 1991, que

en el artículo 388 exigía como requisito sustancial de la medida de

aseguramiento un indicio grave de responsabilidad; y para el caso

específico de la detención preventiva, el artículo 397 requería que se

tratara de delitos de competencia de los jueces regionales, que el delito

tuviera una pena mínima de prisión que excediera de dos años o que el

comportamiento encuadrara en el listado de delitos que...

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