Sentencia nº 05001-23-31-000-2009-00377-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Noviembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 841381723

Sentencia nº 05001-23-31-000-2009-00377-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 29 de Noviembre de 2019

PonenteJAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Fecha de Resolución29 de Noviembre de 2019
EmisorSECCIÓN TERCERA

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Accede

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR INTEGRANTES DE LA FUERZA

PÚBLICA / DAÑO CAUSADO A CIVIL CON ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL O ARTEFACTOS

EXPLOSIVOS / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE

DOTACIÓN OFICIAL / CONCAUSA

SÍNTESIS DEL CASO: […] fue capturado luego de haber emprendido la huida

ante la presencia de las autoridades en un barrio de la ciudad de Medellín.

Durante la persecución, el demandante fue herido de bala en su pierna, por

un agente de la Policía Nacional. El Tribunal condenó a la Nación-F.ía

General de la Nación por la privación de la libertad del demandante, sin

embargo, este órgano celebró acuerdo conciliatorio con la parte demandante,

por el 65% del total de la condena impuesta por el Tribunal en primera

instancia. También, el a quo condenó a la Nación-Ministerio de Defensa-

Policía Nacional por la lesión ocasionada al demandante, decisión que fue

recurrida por ambas partes.

PROBLEMA JURÍDICO: [L]e corresponde a la S. determinar si la

responsabilidad por el daño causado […], consistente en la lesión por arma

de fuego causada por un agente de policía en ejercicio de sus funciones, es

atribuible a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y, si la

conducta de la víctima contribuyó o no con la producción de dicho daño.

COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DE LA

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE

ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA EN RAZÓN A LA NATURALEZA DEL

ASUNTO

La competencia en el presente caso estuvo determinada en razón a la

naturaleza del asunto, teniendo en cuenta que la demanda tuvo origen en una

privación injusta de la libertad. La Ley 270 de 1996 desarrolló la

responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional,

defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación

injusta de la libertad, y determinó la competencia, para conocer de tales

asuntos en primera instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos

y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, por lo que la S.

mantendrá la competencia sin que sea relevante la cuantía,

independientemente de la conciliación que celebró la Nación-F.ía

General de la Nación con la parte demandante, ya que fue dicho asunto el

que determinó la competencia al momento de presentación de la demanda.

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL

TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

El numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (CCA)

dispone que el término para formular pretensiones en sede de reparación

directa es de dos (2) años, que se cuentan a partir del día siguiente a la

fecha de acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que

originó el daño reclamado.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE DAÑOS CAUSADOS POR

AGENTE DEL ESTADO - Acción u omisión de las autoridades públicas / DAÑO

CAUSADO POR INTEGRANTES DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE

DOTACIÓN OFICIAL – Carga de la prueba

El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá

patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u

omisión de las autoridades públicas. […] [P]ara determinar si el daño

padecido por el demandante, consistente en la lesión causada con arma de

fuego por un agente de policía, es de carácter antijurídico, es necesario

dilucidar si la actuación del agente fue desmedida y puede calificarse como

un uso desproporcionado de la fuerza.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

USO ILEGÍTIMO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL / PRINCIPIO PARA EL USO ARMAS DE

FUEGO POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / CONCAUSA

[E]n atención a que la Policía Nacional, como cuerpo armado que integra la

fuerza pública, está facultada para ejercer el uso de las armas en pro del

"mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los

derechos y libertades públicas (…)" (art. 218, C.P.), por lo que es

necesario precisar la normativa vigente respecto del uso de armas por parte

de los miembros que hacen parte de este organismo. El principio básico que

rige el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de la

Policía Nacional es el que señala que su uso será de forma extraordinaria y

como medida coercitiva de última instancia, para asegurar el cumplimiento

de sus funciones. Así quedó establecido en el Octavo Congreso de las

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,

celebrado en 1990, en el que se dictaron varias disposiciones sobre el

empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de

hacer cumplir la ley, […]. […] Así las cosas, el empleo de las armas de

fuego por parte de los miembros de la Fuerza Pública es una medida extrema

y de última instancia, además su uso deberá hacerse de manera moderada y

proporcional a la gravedad de la amenaza, siempre velando por proteger la

vida humana y buscando causar los mínimos daños posibles. […] [L]os

miembros de la Policía Nacional, como órgano armado encargado del

mantenimiento del orden público, pueden usar la fuerza y las armas de

fuego, solo de forma excepcional en los casos previstos de manera taxativa

por el legislador. […] En el sub lite, de acuerdo con los medios de prueba

relacionados, la S. encuentra que la lesión ocasionada al demandante fue

infligida por un miembro de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones

mientras efectuaba una persecución de quien se dio a la fuga. […] [S]e

impone concluir que el daño que en plano fáctico sufrió el demandante

estuvo determinado por una concurrencia de falla del servicio y culpa de la

víctima, como acertadamente lo entendió el a quo. […] En el recurso de

apelación, la parte actora manifestó su desacuerdo con la concausa

establecida por el tribunal, sin embargo, esta será confirmada en esta

instancia por las razones expuestas.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICAARTÍCULO 218 / DECRETO 1355 DE 1970

ARTÍCULO 29 / CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PERJUICIO INMATERIAL / PERJUICIO MORAL /

REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

La Sección Tercera del Consejo de Estado fijó, en sentencia proferida el 28

de agosto de 2014, las reglas para determinar el monto de los perjuicios

morales causados como consecuencia de lesiones personales, tasados en

salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de seis niveles que se

configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva

existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en

calidad de perjudicados […].

ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL A

FAMILIA DE CRIANZA – Hijo de crianza

Ahora bien, en el caso concreto la S. observa, frente a la acreditación

de la gravedad o levedad de la lesión, el Acta de la Junta Regional de

Calificación de Invalidez de Antioquia, en la que se determinó una pérdida

de capacidad laboral equivalente al 26,07%. […] [L]a S. observa que se

encuentran en el plenario los testimonios rendidos por […], que son

coincidentes en afirmar que […] convivía con […] y con sus tres hijos

crianza […] a quienes crio como suyos, por lo que se infiere que se

resultaron afectados moralmente como consecuencia de la lesión que padeció.

Teniendo en cuenta que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la

víctima se estimó en 26,07%, la S. modificará el monto otorgado en

primera instancia y en su lugar reconocerá el perjuicio en los niveles 1 y

2 de cercanía afectiva y dentro del cuarto rango indemnizatorio, esto es,

aquel donde se ubican las lesiones cuyo grado de gravedad o levedad es

superior al 20% pero inferior al 30%, es decir, 40 y 20 SMLMV, que tendrán

una disminución del 50%, en virtud de la participación directa de la

víctima en el hecho dañoso […].

DAÑO A LA SALUD / DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO A LA

SALUD – Excepción por presentarse un caso de mayor intensidad o gravedad

del daño / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL

Con relación al daño a la salud, se pronunció la jurisprudencia de

unificación que reiteró los criterios contenidos en la sentencia de

unificación del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031, proferida por la

Sección Tercera de la S. de lo Contencioso Administrativo, complementadas

para aclarar que la indemnización está sujeta a lo probado en el proceso,

única y exclusivamente para la víctima directa, en cuantía que no podrá

exceder de 100 SMLMV, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente

motivada y razonada […]. [L]a jurisprudencia previó que en casos

excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias debidamente probadas

de una mayor intensidad y gravedad del daño a la salud, podrá otorgarse una

indemnización mayor a la señalada en la tabla anterior, sin que en tales

casos el monto total de la indemnización por este concepto pueda superar la

cuantía equivalente a 400 SMLMV. Este quantum debe ser motivado por el juez

y, proporcional a la intensidad del daño, con aplicación de las mismas

variables referidas. Con relación a los parámetros anteriores, se aclaró

que ellos son excluyentes y no acumulativos, de manera que la indemnización

reconocida no podrá superar, se reitera, el límite de 400 SMLMV.

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PERJUICIO MATERIAL / LUCRO CESANTE / OBJETO

DEL RECURSO DE APELACIÓN – Facultades oficiosas del juez / TRABAJADOR

INFORMAL / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DEL

SALARIO MÍNIMO LEGAL

Aunque en su recurso de apelación el actor no se refirió a la indemnización

otorgada por concepto de lucro cesante, la S. procederá a revisar el

reconocimiento efectuado por este concepto, de conformidad con lo dispuesto

por la jurisprudencia de esta Corporación y lo demostrado en el plenario.

[…] [L]a S...

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