Sentencia de Tutela nº 1025/12 de Corte Constitucional, 28 de Noviembre de 2012

1. Decisión de primera instancia

   Mediante sentencia del 29 de febrero de 2012, el Juzgado 30 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, procedió a tutelar transitoriamente los derechos del señor M.F.S.S., con fundamento en lo siguiente:

   -Advirtió que, debido a las condiciones de salud del actor, resulta procedente analizar la solicitud de amparo, al menos como mecanismo transitorio, dado el perjuicio inminente del mínimo vital, salud y seguridad social del accionante.

   -Estimó que, de conformidad con las pruebas aportadas, está demostrado que el accionante en la actualidad se encuentra sin trabajo, incapacitado y sin que se le hubiere reconocido la pensión de invalidez.

   -Consideró que la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá vulneró sus derechos fundamentales al retirarlo del servicio en razón a su discapacidad y antes de que se le hubiere reconocido su derecho a la pensión de invalidez, situación que, a su juicio, lo ubica en un estado de indefensión dado que, actualmente, no cuenta con ingreso del que pueda derivar su sustento económico y el de la familia.

   -Concluyó que si bien la terminación del vínculo laboral tuvo su causa en el estado de salud del accionante, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá debió, previo al despido, obtener la respectiva autorización del Ministerio del Trabajo.

   -En virtud de lo anterior, decidió tutelar los derechos invocados en el mecanismo de amparo, mientras se adelanta el respectivo proceso ante la jurisdicción competente, y ordenó a la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá pagar los aportes en salud del accionante.

2. Impugnación

   El Director de Defensa Judicial de la Secretaría Distrital, mediante escrito de 7 de marzo de 2012, impugnó el fallo de primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

   -Sostiene que en el caso sometido a estudio, no resulta aplicable el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, por cuanto el actor no fue despedido por discapacidad sino por tener una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% debidamente certificada por el Grupo Interdisciplinario de Seguro de Vida Alfa S.A., de lo que se permite inferir que el exfuncionario no se encuentra apto para seguir laborando.

   -Consideró que no se demostró que con la desvinculación laboral se afecte el mínimo vital del accionante toda vez que, de conformidad con las declaraciones de renta de los años 2010 y 2011, el señor M.F.S.S. cuenta con más de un inmueble de su propiedad. Además, su cónyuge está vinculada, mediante contrato de prestación de servicio, al Fondo de Atención y Prevención de Emergencias – FOPAE, lo cual garantiza que el mínimo vital del núcleo familiar no está desprotegido.

   -Señaló que el accionante tiene derecho a que se le reconozca la pensión de invalidez toda vez que cumple con lo estipulado en el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003. Al respecto, sostiene que en la actualidad cuenta con 1540 semanas cotizadas para la pensión de vejez, es decir, tiene más del 75% de las semanas mínimas requeridas, por tal razón solo le resulta exigible, para el reconocimiento de la prestación por invalidez, haber cotizado 25 semanas en los últimos 3 años.

   -Por último, en relación con el reconocimiento de la indemnización ordenada en sede tutela, sostuvo que el juez constitucional usurpó competencias propias de la jurisdicción ordinaria laboral, pues las condenas patrimoniales no conllevan la protección de los derechos fundamentales.

3. Decisión de segunda instancia

   Mediante sentencia, del 17 de abril de 2012, el Juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, decidió modificar el fallo impugnado con fundamento en las siguientes consideraciones:

   -Consideró que le asiste razón al juez de primera instancia en ordenar la protección de los derechos fundamentales, así como la indemnización equivalente a los 180 días de salarios, toda vez que el actor se encuentra en estado de indefensión y que debido a su enfermedad no puede ser reintegrado a su cargo.

   - En cuanto al amparo a su derecho a la salud, resolvió modificar lo ordenado por la primera instancia en el sentido de exonerar a la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá de Bogotá de pagar los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud a favor del exservidor M.F.S.S., pues mantener dicha decisión sería someter a la entidad accionada al cumplimiento de una obligación indefinida toda vez que, para el reconocimiento de la pensión por invalidez se requiere de la observancia de unos requisitos, los cuales no se evidencia en la presente acción de tutela.

1. Competencia

   A través de esta S. de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar la sentencia proferida, el 17 de abril de 2012, por el Juzgado 25 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que resolvió modificar lo ordenado, el 29 de febrero de 2012, por el Juzgado 30 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

2. Procedibilidad de la acción de tutela

   2.1. Legitimación activa

   El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. En esta oportunidad, el señor M.F.S.S. actúa en defensa de sus derechos e intereses, razón por la que se encuentra legitimado.

   2.2. Legitimación pasiva

   La Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá de Bogotá se encuentra legitimada como parte pasiva en la presente acción de tutela, según lo dispuesto por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, dado que se le atribuye la violación de los derechos fundamentales en discusión.

   Así mismo, en el presente asunto, se evidencia que el señor M.F.S.S. se encontraba en estado de subordinación con la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, en virtud del contrato laboral que los vincula lo que permite inferir la legitimación pasiva de la entidad.

   Por su parte, el Fondo de Pensiones Porvenir como entidad de carácter privado que cumple la función pública de administrar los dineros del accionante para efectos de su pensión, de conformidad con los artículos 5° y 48-2 del Decreto 2591 de 1991, está legitimada, como parte pasiva, en el proceso de tutela bajo estudio, por la responsabilidad que asume en el ámbito de la seguridad social.

3. Problema jurídico

   En primer lugar, le corresponde a la S. Cuarta de Revisión determinar si la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá vulneró los derechos fundamentales del accionante, al desvincularlo de la entidad por tener una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% sin advertir que, a la fecha de la terminación del contrato laboral, el señor M.F.S.S. no tenía reconocida la pensión de invalidez.

   Por otra parte, deberá la S. Cuarta de Revisión establecer si la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., vulnera los derechos fundamentales del accionante, al no reconocerle la pensión de invalidez bajo el fundamento de que el actor no ha iniciado, tal y como lo sugiere su calificación, el trámite pertinente para que se le designe un curador y continuar con el proceso de reconocimiento de la prestación.

   Planteado el presente problema jurídico, la S. procederá a realizar un análisis jurisprudencial de (i) la procedencia de la acción de tutela para ordenar el reintegro laboral en los casos de trabajadores discapacitados; (ii) el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas con una limitación física, psíquica o sensorial; (iii) la procedencia de la acción de tutela para reclamar el pago de prestaciones sociales, (iv) la pensión de invalidez y los requisitos para acceder a ella contemplados en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003; (v) la institución de curaduría para la administración de los bienes y el cuidado personal del familiar en situación de discapacidad por demencia; para luego abordar el (v) caso concreto.

4. Procedencia de la acción de tutela para ordenar el reintegro laboral en los casos de trabajadores discapacitados. Reiteración de jurisprudencia

   Esta Corporación[2] ha señalado en su reiterada jurisprudencia que, en principio, la acción de tutela no es el instrumento procesal idóneo para solicitar de una autoridad judicial la orden de reintegro a determinado empleo, pues el ordenamiento jurídico ofrece a los trabajadores acciones judiciales específicas cuya competencia ha sido atribuida a la jurisdicción laboral y a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

   No obstante, esta Corte ha indicado que, de forma excepcional, la acción de tutela puede proceder, cuando se afecten derechos de personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta como consecuencia de su condición económica, física o mental.[3] Precisamente, la Corte en la Sentencia T-198 de 2006,[4] en relación con la procedibilidad del recurso de amparo, señaló:

   “En un primer término, debe observarse que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el reintegro laboral frente a cualquier tipo de razones de desvinculación. En efecto, esta Corporación ha sostenido que solamente cuando se trate de personas en estado de debilidad manifiesta o aquellos frente a los cuales la Constitución otorga una estabilidad laboral reforzada, la acción de amparo resulta procedente”.

   Bajo este contexto, esta Corporación ha señalado categóricamente que, si bien no existe un derecho fundamental que asegure a los empleados la conservación del trabajo o un término mínimo de permanencia en él, la acentuada protección que el texto constitucional ofrece a algunos sujetos en atención a las circunstancias particulares en que se encuentran, impone el reconocimiento del “derecho a una estabilidad laboral reforzada”. Es este el caso de las mujeres en estado de embarazo, los trabajadores aforados y las personas con limitaciones, entre otros, cuyo despido debe ser previamente autorizado por la oficina del trabajo o el juez.

   Así pues, la Corte considera procedente la solicitud de reintegro en sede de tutela cuando se está frente a casos de sujetos de especial protección. Sin embargo, por existir un mecanismo judicial ordinario, la procedencia excepcional de la acción de tutela no dispensa al trabajador de la carga de acudir al juez competente para que este decida, de forma definitiva y en un escenario natural, la petición de reintegro. No obstante, en razón a la urgencia de evitar una vulneración irreversible de los derechos fundamentales del trabajador, es posible conceder, como mecanismo transitorio, un amparo con dicho alcance.

   Por último, esta Corporación ha indicado que, en las situaciones de excepcionalidad señaladas, es necesario, en todo caso, que se demuestre que el despido estuvo ligado a su condición. Dicho en otros términos, que existe un nexo causal entre la terminación del vínculo laboral y la enfermedad o discapacidad.

5. El derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Reiteración de jurisprudencia

   Según el artículo 13 superior todas las personas son iguales ante la ley, y el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que ese mandato sea real y efectivo. De ahí que esta Corporación, haya interpretado que: “el principio de igualdad deja de ser un concepto jurídico de aplicación formal, para convertirse en un criterio dinámico, que debe interpretarse de conformidad con las circunstancias particulares que rodean a cada persona, pretendiendo con ello el logro de una igualdad material y no formal.”[5]

   Así mismo, se establece en el mencionado precepto constitucional que las personas que por su condición económica, física o mental, se hallen en un estado de debilidad manifiesta, gozan de una especial protección constitucional por parte del Estado.

   En armonía con lo anterior, el artículo 47 de la Carta, dispone que el Estado debe gestionar una política de previsión, rehabilitación e integración social encauzada a que los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, reciban la atención especializada que necesitan.

   Bajo esta perspectiva, la Constitución, en el artículo 53, consagra que uno de los principios mínimos fundamentales que debe orientar las relaciones laborales, es la estabilidad en el empleo y la garantía de la seguridad social, tales principios se utilizan para solucionar la tensión que se presenta entre la libertad de empresa y la autonomía privada que legitima las actuaciones de los empresarios y la efectividad del derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y justas.

   Acorde con este mandato, el artículo 54 Superior señala que es una obligación del “Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.

   Precisamente, la Corte ha establecido que a favor de las personas que padecen limitaciones físicas o mentales, se reconoce una estabilidad laboral reforzada, la cual implica: (i) el derecho a permanecer en el empleo; (ii) no ser despedido por causa de la situación de vulnerabilidad; (iii) seguir trabajando hasta que se requiera y hasta tanto no se configure una causal objetiva que obligue la terminación del vínculo; y (iv) que la correspondiente autoridad laboral autorice el despido o la terminación del contrato, con fundamento en la previa verificación de la ocurrencia de la causal que se alega para finiquitar el contrato laboral, so pena de que el despido se considere ineficaz[6].

   Dicha interpretación, ha estado fundamentada en una serie de garantías que el legislador ha establecido, en relación con la estabilidad laboral reforzada de personas con limitaciones, que tiene como propósito, permitir que estas personas ingresen a la actividad laboral y asegurar que sus limitaciones no se constituyan en causales para que sean excluidas de la misma.

   En efecto, el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[7] “Mediante el cual se establecieron los mecanismos de integración social para personas con limitaciones”, señaló:

   “(…) En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización del Ministerio del Trabajo.

   (…)

   No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso primero del presente artículo, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta (180) días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.

   Así mismo, este Tribunal, en sede de control concreto, en Sentencia T-198 de 2006[8], señaló que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 contiene una protección laboral reforzada que se proyecta en dos ámbitos:

   -Un ámbito positivo, que supone la prohibición de que las limitaciones físicas o mentales de un trabajador se constituyan en la causa para su desvinculación laboral, a menos que dicha limitación sea incompatible con el cargo que va a desempeñar.

   -Y uno negativo, conforme con el cual ninguna persona discapacitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que exista autorización de la Oficina de Trabajo. No obstante, quienes hayan sido desvinculados por este motivo, tendrán derecho a una indemnización, sin perjuicio de las demás prestaciones a que hubiere lugar, de acuerdo con lo establecido en las normas correspondientes.

   Resulta de vital importancia destacar que para la Corte están amparadas por la protección prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997[9], tanto las personas que tienen la condición de discapacitadas, de acuerdo con la calificación efectuada por los organismos competentes, en todo momento caso en el cual gozaran de una protección continua; como aquellas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta, ya sea por la ocurrencia de un evento que afecte sus condiciones de salud, o de una limitación física, sin importar si esta tiene el carácter de accidente, enfermedad profesional, o de origen común, ni si es de carácter transitorio o permanente, siempre que la situación de debilidad perdure, eventos en los que se otorga un protección temporal.

   Precisamente, la Corte frente al particular dijo[10]:

   “(…) En la actualidad el ordenamiento jurídico colombiano distingue entre trabajadores discapacitados calificados como tales por las normas legales[11], frente a los trabajadores que sufren una disminución en su condición física durante la ejecución del contrato de trabajo, quienes a partir de lo dispuesto en el artículo 13 Superior, exigen una protección especial por parte del Estado dada su situación de debilidad manifiesta[12].

   El alcance y los mecanismos legales de protección - en cada caso - son distintos, en primer lugar, porque la Ley 361 de 1997, en su artículo 26, consagra un sistema de estabilidad laboral reforzada y, en segundo término, porque la protección de los trabajadores en situación de debilidad manifiesta se deriva de la aplicación inmediata de la Constitución junto con algunas normas de rango legal que constituyen el denominado sistema normativo integrado[13].

   Por ello, en tratándose de trabajadores puestos en circunstancias de debilidad manifiesta, el juez de tutela puede, al momento de conferir el amparo constitucional, identificar y ponderar un conjunto más o menos amplio y variado de elementos fácticos para deducir la ocurrencia de tal circunstancia y, a su vez, goza de un amplio margen de decisión para proteger el derecho fundamental amenazado o vulnerado. Esto significa, en otras palabras, que la protección laboral de los trabajadores que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta no depende de una calificación previa que acredite su condición de discapacitados, sino de la prueba de las condiciones de salud que impidan o dificulten el desempeño regular de sus labores. [14] (…)”

   En diversas oportunidades, la Corte, aplicando la jurisprudencia constitucional referida, ha protegido el derecho de las personas con limitaciones para que no sean discriminadas en el ámbito laboral y, en su lugar, sean privilegiadas con un trato especial. Al respecto, este Tribunal ha indicado que los trabajadores con discapacidad calificada o con disminución de sus capacidades físicas y mentales gozan de una estabilidad laboral[15] que tiene carácter fundamental y relativo, por lo que su protección puede darse de diversas maneras y en distintos grados[16].

   De la anterior consideración se desprende que el grado más alto de protección a la estabilidad laboral lo representa el reintegro al cargo, en razón a que se trata de una medida que busca recuperar el estado de las cosas tal y como estaban antes de la afectación de los derechos reclamados, de tal suerte que se restablezca la dignidad del trabajador.

   En relación con esta medida de protección cabe precisar que existe para el trabajador, en caso de que sus limitaciones le impidan seguir ejerciendo las mismas funciones, la posibilidad de ser reubicado, permitiendo que le sean asignadas funciones conforme con su condición física que potencialicen su capacidad productiva[17].

   La aplicación del principio de solidaridad, explica la obligación del empleador de reubicar al trabajador que tiene una discapacidad física o mental, en una actividad digna y conforme con su estado de salud, salvo que demuestre que “existe un principio de razón suficiente que lo exonere de cumplirla”.[18].

   En esta medida, deberá examinarse, para determinar si la reubicación es viable, la clase de labores encomendadas al trabajador; la naturaleza jurídica del empleador y las condiciones de la empresa y/o capacidad del empleador para realizar los movimientos de personal.

   El segundo grado de protección a la estabilidad laboral reforzada se realiza mediante la aplicación de una medida resarcitoria consistente en el pago de una determinada suma de dinero con la que se pretende reparar el daño causado al empleado que ve frustrada su expectativa de permanecer en el empleo y que, de otro lado, a la par con las prestaciones sociales le dan tranquilidad económica durante el tiempo que permanece sin trabajo[19].

   Por último, debe destacarse igualmente que con la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 y de la Ley 100 de 1993, que desarrolló la garantía de la seguridad social, se determinó que los trabajadores que padecen una enfermedad o sufren una lesión que los incapacite para laborar de manera permanente o temporal, no pueden quedar desprotegidos pues se les debe garantizar el mínimo vital bien sea mediante “ el pago de incapacidades, pago de salarios por reinstalación en el empleo o en caso de que su situación de salud sea gravosa, debe reconocerse y pagarse la pensión de invalidez respectiva[20], previo cumplimiento de los requisitos legales exigidos”[21].

6. Procedencia de la acción de tutela para reclamar el pago de prestaciones sociales. Reiteración de jurisprudencia

   Debido a la naturaleza residual de esta acción, la Corte Constitucional ha reiterado que, en principio, la acción de tutela no es la vía judicial apropiada para lograr el reconocimiento y pago de una prestación económica como lo es la pensión[22], pues tales controversias de carácter litigioso deben ser resueltas por la jurisdicción laboral toda vez que el juez constitucional no es la autoridad judicial competente para ello.

   No obstante, la Corte ha sostenido que es procedente la acción tutela para reclamar prestaciones sociales, si se verifican algunos supuestos como, (i) que la tutela sea presentada para evitar un perjuicio irremediable, (ii) que la falta de reconocimiento de una prestación social vulnere algún derecho fundamental como la vida, la dignidad humana o el mínimo vital y (iii) que la negativa del reconocimiento se origine en actuaciones que por su contradicción con los preceptos legales y constitucionales desvirtúen la presunción de legalidad de las actuaciones de la administración pública o sea evidentemente arbitraria, en caso de que un particular preste este servicio público[23].

   Bajo este contexto, y solo de manera excepcional[24], la Corte ha establecido que la acción de tutela es procedente en aquellos casos en los que se requiera, de manera inmediata, la protección de derechos fundamentales[25] a través del reconocimiento y pago de una pensión. En estos casos, la Corte ha indicado que a pesar de que se cuente con una vía judicial de carácter ordinario, la procedencia de la acción de tutela se justifica en la medida en que con ella se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable[26], ello teniendo en cuenta que con el pago de esta prestación no solo se garantiza la efectiva protección de los derechos fundamentales de quien los reclama, sino, en muchos casos, el amparo de los derechos de las personas que dependen económicamente de este[27].

   Ahora bien, cuando la reclamación pensional consiste en el reconocimiento de una pensión por invalidez, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en estos casos, por tratarse de un derecho fundamental per se, es susceptible la protección por vía de la acción de tutela, particularmente porque coinciden dos elementos fundamentales: (i) la calidad del sujeto de especial protección que la reclama, pues las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta en que se encuentra, ya sea por sus condiciones físicas o mentales, hace necesaria la inmediata protección del derecho a la pensión de invalidez, asegurando con este reconocimiento, el amparo de los derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física y el mínimo vital entre otros y, (ii) porque la importancia de su reconocimiento radica en el hecho de que en la gran mayoría de los casos esta prestación se constituye en el único sustento económico con el que contaría la persona discapacitada y su grupo familiar[28].

   Al respecto, la Corte ha sostenido que:

   “El derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, o en su defecto de la indemnización sustitutiva, se encuentra en conexidad con el derecho a la vida, la integridad física, el trabajo y la igualdad, entre otros, por cuanto a través de dicha prestación, lo que pretende el Estado es dar cumplimiento al mandato constitucional que impone como deber el garantizar a todos los habitantes ‘el derecho irrenunciable a la seguridad social.’ Se garantiza el derecho a la vida, pues se reconoce en favor de quien ha sufrido disminución o pérdida de su capacidad laboral una suma de dinero mensual que le permita velar por su subsistencia y, en caso dado, por la de su familia, y además la integridad física por cuanto como consecuencia de su estado de salud y de sus limitaciones permanentes, el Estado le brinda una especial protección, además de la asistencia médica derivada de su situación personal; se garantiza el derecho al trabajo, ya que cuando el afectado no puede ofrecer al menos la mitad de su capacidad laboral, se le exime de su obligación social de trabajar, y a la vez se preserva su derecho en cuanto si recupera su capacidad, puede volver a desempeñarse en el ejercicio de sus actividades laborales[29]”.

   Así pues, la Corte ha considerado que por tratarse de personas que, debido a la pérdida de su capacidad laboral, no pueden acceder a un trabajo quedando en una situación de indefensión y vulnerabilidad, la pensión de invalidez constituye la única fuente de ingresos con la que cuentan para satisfacer sus necesidades y las de su núcleo familiar[30]. Por lo anterior, es que la Corte ha reconocido la pensión de invalidez a varias personas a través de la acción de tutela, y para ello ha optado incluso por la inaplicación de algunas disposiciones legales que contemplaban exigencias normativas que se apreciaban como excepcionalmente inconstitucionales, vistas las circunstancias de cada caso en concreto[31].

7. Requisitos para acceder a la pensión invalidez. Reiteración de jurisprudencia

   El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población el amparo, ante contingencias como la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de pensiones y demás prestaciones[32].

   La pensión de invalidez es aquella prestación económica que se otorga cuando una persona, ya sea por enfermedad de origen común o profesional o por haber padecido un accidente, ha sufrido pérdida de la capacidad laboral que le impide llevar una vida social normal.

   De conformidad con lo estipulado en materia de invalidez, se considera que una persona es inválida cuando, por una causa no provocada intencionalmente, pierda el 50% o más de su capacidad laboral[33]. La pérdida de la capacidad laboral debe estar determinada por las entidades del sistema, facultadas para ello como son el ISS, las ARP, las EPS y las aseguradoras, así como las Juntas Regionales y Nacional de Calificación de Invalidez.

   La Ley 100 de 1993[34] estableció los requisitos para acceder a la pensión de invalidez, en caso de dictaminarse una pérdida de la capacidad laboral del 50% o superior. Estos son:

   “Artículo 39: Requisitos para obtener la pensión de invalidez

   Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan con alguno de los siguientes requisitos:

   1. Que el afiliados se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez, y

   2. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.”

   Este artículo fue modificado por el artículo 11 de la Ley 797 de 2003, introduciendo variaciones a los requisitos, sin embargo este artículo fue declarado inexequible por esta Corporación por vicios de trámite, mediante sentencia C-1056 de 2003.

   Posteriormente, la Ley 860 de 2003, mediante su artículo 1°, modificó los requisitos del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, disponiendo lo siguiente:

   “Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:

1. Invalidez causada por enfermedad: que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los último tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para el sistema sea al menos de veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.

2. Invalidez causada por accidente: que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.

   Parágrafo 1°. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

   Parágrafo 2°. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años[35]”.

   Frente a los requisitos establecidos para acceder a la pensión de invalidez la Corte en Sentencia C-428 de 2009 indicó que los cambios que introdujo la Ley 860 de 2003 al artículo 39 de la Ley 100 de 1993 hacen mucho más rigurosos los requerimientos para acceder a la pensión, pues adicionó al porcentaje de invalidez y a las semanas cotizadas, el requisito de fidelidad al sistema.

   Así las cosas, el nuevo artículo 39 establece como requisito para acceder a la pensión, además de la declaratoria de invalidez, que la persona hubiera cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha de su estructuración y haber cotizado un porcentaje del tiempo transcurrido entre la fecha en la que el afectado cumplió 20 años de edad y la primera calificación del estado de invalidez.

   Al respecto, esta Corporación[36] indicó que el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 contraría el principio de progresividad contemplado en el artículo 48 de la Constitución Política, pues de un régimen favorable en el que se exigía haber cotizado 26 semanas en cualquier tiempo, se pasó a uno más gravoso aumentando las semanas de cotización a 50 y adicionando el requisito de fidelidad al sistema.

   La Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia, señaló que las modificaciones introducidas por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 no solo afectan a las personas con alguna discapacidad al hacer más gravosas las condiciones para acceder a la pensión de invalidez sino que, adicionalmente, “no contempló medidas alternativas como un régimen de transición, que permita aminorar la afectación desproporcionada que sufren quienes al momento de la modificación legal se encuentran cotizando[37]”.

   En consecuencia, con el objetivo de proteger a las personas discapacitadas, la Corte consideró que las exigencias establecidas en la Ley 860 de 2003 eran desproporcionadas e irracionales y, por ello en Sentencia C-428 de 2009, en la que resolvió una demanda pública de inconstitucionalidad contra la mencionada ley, decidió “primero: Declarar EXEQUIBLE el numeral 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, salvo la expresión ‘y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez’, la cual se declarará INEXEQUIBLE. Segundo: Declarar EXEQUIBLE el numeral 2° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003, salvo la expresión ‘y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menor veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez’, la cual se declara INEXEQUIBLE”.

   Con fundamento en la mencionada sentencia, el requisito de fidelidad exigido por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, para obtener la pensión de invalidez por enfermedad común o por accidente, fue declarado inexequible, en razón a que esta Corporación consideró que el cumplimiento de la fidelidad al sistema hacía más riguroso el acceso a la pensión de invalidez.

   Ahora bien, en relación con el requisito de las 50 semanas de cotización al sistema exigidas para acceder al reconocimiento de la pensión de invalidez, esta Corporación consideró que este no constituye una disposición regresiva en materia pensional si se tiene en cuenta que, si bien aumentó el número de semanas exigidas pues de 26 paso a exigirse 50, también aumentó el plazo para hacer exigible dichas semanas, pues de un año se extendió a los tres últimos con anterioridad a la fecha de estructuración.

   Bajo ese supuesto, la Corte consideró que el aumento de las semanas no era desproporcionado, pues a su vez se dispuso el aumento del tiempo para cotizarlas, razón por la cual se declaró la exequibilidad de los incisos 1 y 2 del artículo 1° de la Ley 860 de 2003.

   Por último, la Corte Constitucional al estudiar una demanda contra el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, especificó que el parágrafo 2° de la mencionada ley establece una excepción a la regla fijada en los incisos 1 y 2 de dicho artículo en cuanto al número de semanas exigibles durante los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez, pues establece una condición más beneficiosa para quienes hayan alcanzado el nivel de cotización de 75% del total de semanas que se requieren para adquirir la pensión de vejez. En efecto, de conformidad con la disposición legal, a dichas personas solo se les requerirá 26 semanas cotizadas en los últimos tres (3) años. Es de precisar que en Sentencia C-727 de 2009 esta Corporación indicó que las 26 semanas exigidas para la pensión de invalidez deben ser cotizadas al Sistema con anterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez[38].

8. La institución de curaduría para la administración de los bienes y el cuidado personal del familiar incapaz por demencia. Reiteración de la jurisprudencia

   La institución de la curaduría o curatela, al lado de la tutela para menores de edad impúberes, forman parte de las denominadas “guardas”, las cuales fueron contempladas en la ley con el fin de brindar cuidado a las personas sometidas a estas instituciones.

   Puede considerarse que mediante la consagración legal de estos instrumentos, específicamente mediante Ley 1306 de 2009 “Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados”, el Estado brinda un mecanismo de protección para las personas que por encontrarse en determinadas circunstancias especiales, requieren de otra que se encargue directamente tanto de su protección física como de sus bienes, y ejerza su representación en todos los actos jurídicos.

   Al respecto, nuestro Código Civil dispone que las tutelas y las curadurías son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos, o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallen bajo potestad de padre o cónyuge, que pueda darles la protección que requieren.

   El mismo Código Civil dispone que están sujetos a curaduría los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad; los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes y los sordomudos que no pueden darse a entender.

   De manera particular, respecto del demente, el artículo 545 del citado Código Civil, establece que cuando el adulto se halle en estado habitual de demencia, este será privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos, para lo cual podrá solicitarse su interdicción.

   La curatela del demente se concede, en los términos del artículo 550 del Código Civil, a su cónyuge no divorciado ni separado de cuerpos o de bienes por causa distinta al mutuo consenso; a sus descendientes; a sus ascendientes; a sus padres o hijos, sus colaterales legítimos hasta en el cuarto grado; o a sus hermanos naturales. A efecto de determinar cuál es la persona llamada a ejercer la curatela respecto del demente, la norma establece que el juez respectivo podrá elegir, entre las categorías de parientes citados, la persona o personas más idóneas para tal fin.

   El curador elegido tiene el deber de administrar los bienes y cuidar personalmente de su bienestar físico y mental. En cuanto a la administración de su patrimonio, el curador debe realizar una gestión encaminada a obtener la protección de los intereses económicos del interdicto conservando todos sus bienes y llevar cuenta fiel, exacta y si fuera posible documentada, de todos sus actos administrativos.

   De todo lo anterior puede deducirse que el ordenamiento legal ha diseñado a través de la curatela, un instrumento jurídico que busca proteger los intereses económicos y personales de sujetos que padecen graves discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales como la demencia, para lo cual se procede a privarlos judicialmente de la administración de sus bienes, confiándola a las personas que el juez considera idóneas para tal objeto, generalmente dentro de su núcleo familiar constituyéndose unas curaduría legítima.

   En conclusión, cuando una persona no puede responder por sí misma la atención de sus condiciones personales y la de sus bienes corresponde en principio a la familia prodigar dicha atención y cuidado, generándose excepcionalmente para el Estado una obligación de proteger especialmente a la persona colocada en situación de debilidad manifiesta.

   De manera que, tal obligación surgiría si una persona demuestra fehacientemente su condición de debilidad manifiesta y la imposibilidad material de su familia para darle asisitencia, en especial, cuando hay completa ausencia de apoyo[39].

   De acuerdo con las anteriores consideraciones, la S. entrará a decidir el caso concreto.

De conformidad con la reseña fáctica expuesta, le corresponde a esta S. determinar si la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá D.C. vulneró los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y al mínimo vital del señor M.F.S.S. al dar por terminada su relación laboral en razón de su discapacidad sin tener en consideración que, a la fecha de terminación, no tenía reconocida su pensión.

Planteado el problema jurídico, procede la S. a verificar si el caso sometido a su estudio cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción la tutela para ordenar el reintegro laboral.

En primer lugar, se advierte que, de conformidad con lo evidenciado en el expediente, se tiene que el accionante, mediante Resolución No. 0638 de 16 de febrero de 2010, fue nombrado en el cargo de carrera Profesional Especializado Grado 27 de la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y que, mediante Resolución No. 1532 del 18 de noviembre de 2011, la entidad decidió, estando el trabajador en situación de discapacidad, retirarlo del servicio.

A su vez, se observó que, el 10 de agosto de 2011, es decir 3 meses y 2 días antes de producirse el retiro del accionante, el Grupo Interdisciplinario de Seguros de Vida Alfa S.A., lo calificó y le determinó una pérdida de su capacidad laboral del 50.10%, con fecha de estructuración del 30 de septiembre de 2010, la cual no fue recurrida.

Con fundamento en lo anterior, se concluye que al momento de la terminación de la relación laboral la calificación del señor M.F.S.S. estaba en firme, es decir, que para entonces, tenía una pérdida de su capacidad laboral superior al 50%. Además, se evidenció que la entidad tuvo pleno conocimiento de su discapacidad pues, en el acto administrativo de desvinculación indicó que la causa del retiro fue su invalidez.

De conformidad con lo expuesto, para la S. es claro que en el presente asunto se cumplen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional para la procedencia del mecanismo de amparo, toda vez que se demostró que el demandante se encuentra en una situación de debilidad manifiesta en razón de su discapacidad y que su desvinculación estuvo ligada a su condición, es decir, que existió un nexo causal entre la terminación del vínculo laboral y la pérdida de la capacidad laboral, precisión esta última que habilita a la S. para resolver su reclamo.

Al efecto, se observa que el demandante con la presentación del mecanismo de amparo pretende obtener el reintegro al cargo de carrera[40] que venía ejerciendo en la Dirección de Gestión Financiera de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, así como la vinculación a la EPS en la que se encontraba afiliado.

Al respecto, estima la Corte necesario precisar, tal y como se indicó en las consideraciones generales, que la protección a la estabilidad laboral reforzada otorgada a los trabajadores en condición de discapacidad, comprende varios grados:

El primero de ellos, el cual constituye el grado más alto de protección a la estabilidad laboral reforzada es (i) el reintegro, en razón a que dicha medida recupera el estado de las cosas, es decir restablece la relación laboral tal y como se encontraba antes de la afectación de los derechos; el segundo grado de protección es (ii) la reubicación, la cual constituye una obligación para el empleador de trasladar al trabajador que tiene una discapacidad física o mental, en una actividad digna y conforme con su estado de salud; y el último grado de protección a la estabilidad laboral reforzada se realiza mediante la aplicación de una medida resarcitoria consistente en (iii) el pago de una determinada suma de dinero con la que se pretende reparar el daño causado al empleado que ve frustrada su expectativa de permanecer en el empleo.

Es necesario precisar que las prerrogativas antes mencionadas, han sido contempladas en beneficio del trabajador en situación de discapacidad que fue despedido en razón a su limitación sin que haya mediado previa autorización del inspector del trabajo.

Bajo esos lineamientos, encuentra la S. que en el caso sometido a estudio se dio por terminada la relación laboral que existió entre M.F.S.S. y la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y que ello ocurrió, como consecuencia de la pérdida del 50.10% de su capacidad laboral es decir, producto de sus limitaciones.

Sin embargo el empleador, con antelación al retiro, no obtuvo el permiso del inspector del trabajo que se requiere para poder desvincular a un trabajador en situación de discapacidad, lo que hace imperioso ordenar, en aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales del actor, alguna medida de protección.

Con fundamento en lo expuesto, esta S. de Revisión considera que, a pesar de que la demandada no lo afirmó, el reintegro o la reubicación no constituyen las medidas de protección adecuadas para el señor M.F.S.S., toda vez que mientras persistan las causas que originaron su discapacidad y se mantenga el porcentaje de su pérdida de la capacidad laboral, resulta fácticamente imposible que el actor, bajo las circunstancias que rodean su enfermedad, retome sus funciones y logre un óptimo desempeño. No obstante, se aclara que la especial situación del accionante amerita una garantía inmediata siendo entonces la indemnización, a juicio de la S., la medida de protección idónea para que obtenga el amparo de sus derechos y le sea reparado el daño causado.

Así las cosas, se tiene que la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, por incumplir lo estipulado en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, esto es, por no haber obtenido, previo al retiro, la autorización del inspector del trabajo, quedó sujeta a la sanción prevista en dicha norma.

Al respecto, es de precisar que, tal y como consta en los folios 150 a 152, la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del juez de primera instancia, reconoció y pagó a favor del señor M.F.S.S. la indemnización correspondiente a los 180 días causados desde la fecha de retiro del exservidor público.

Bajo ese contexto, concluye la S. que si bien la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá desconoció los derechos fundamentales del señor M.F.S.S., al retirarlo del servicio por su discapacidad sin cumplir el procedimiento establecido en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, este Tribunal, en sede de revisión, constató que la entidad, en cumplimiento del mandato judicial, resarció, mediante el pago de la respectiva indemnización, los daños que le fueron causados, quedando así protegido su derecho a la estabilidad laboral reforzada.

No obstante, se advierte que el pago de la indemnización le otorga al accionante una tranquilidad económica, mas no le garantiza la protección de su mínimo vital. Al respecto, considera la S. que solo el reconocimiento de las prestaciones sociales garantizan a las personas que padecen una enfermedad que los incapacita para laborar, el mínimo vital. Por esta razón, so pena de no ser objeto de pretensión en la acción de tutela, procede la S. a pronunciarse sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez a que tendría derecho el demandante.

En primer lugar, es preciso indicar que al encontrarse probado que el actor tiene una pérdida de capacidad laboral de 50.10% que le impide seguir trabajando y que el ingreso que percibía de su trabajo era su único sustento, esta S. considera que la acción de tutela es el mecanismo de amparo idóneo para reconocer la pensión de invalidez, pues a través de dicha acción se pretende proteger a una persona en estado de indefensión, evitar el acaecimiento de un perjuicio irremediable y la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital.

Así las cosas, teniendo en cuenta que es procedente la presente acción de tutela, esta S. entra a determinar si, de acuerdo con los presupuestos fácticos acreditados, el señor M.F.S.S. cumple con los requisitos exigidos para acceder a la pensión de invalidez.

De conformidad con lo indicado en las consideraciones del presente fallo, por regla general, según lo estipulado en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, para que una persona, que ha sido declarada inválida, ya sea por enfermedad de origen común o por accidente, pueda acceder a la pensión de invalidez necesita acreditar que (i) tiene una pérdida del 50% o más de la capacidad laboral y que (ii) haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración.

El parágrafo 2° de la misma norma establece una excepción a la regla fijada en los incisos 1° y 2° en cuanto al número de semanas exigibles para acceder a la pensión de invalidez la cual, disminuye a 26 semanas el requisito del tiempo cotizado, para aquellas personas que hayan completado más del 75% de las semanas exigidas para la pensión de vejez. Dichas semanas debieron ser aportadas al Sistema dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

De la aplicación de la norma en mención, la S. observa que, en el presente caso, se cumple con el primer requisito establecido en la ley para acceder a la pensión de invalidez, toda vez que el Grupo Interdisciplinario de Seguros de Vida Alfa S.A. le otorgó al señor M.F.S.S. el 50.10% de pérdida de la capacidad laboral, de lo que se deduce que el accionante no puede continuar con el normal desarrollo de sus actividades laborales, en razón a que tiene una pérdida de su capacidad laboral superior al 50%.

Ahora bien, respecto al requisito de las semanas cotizadas se advierte que, mediante oficio allegado al expediente el 22 de noviembre de 2012, el Fondo de Pensiones Porvenir S.A. informó a esta Corporación que el accionante cumple con los requisitos de semanas cotizadas exigido por la ley para el reconocimiento de la prestación por invalidez, es decir, que tiene cotizadas al Sistema General de Pensiones las semanas que se requieren para acceder a dicha pensión.

En conclusión, para la S. es claro que el accionante cumple con el requisito de las semanas exigidas por la Ley 860 de 2003, toda vez que cotizó al sistema general de pensiones antes de la fecha de estructuración, es decir antes del 30 de septiembre de 2010, más de las 50 semanas que se requieren para la pensión de invalidez, pues según la información que reposa en la relación histórica de movimientos de Porvenir, está cotizando al fondo desde el año 1999.

Así las cosas, se tiene que, siendo perceptible la existencia del perjuicio irremediable al afectarse de manera notoria el mínimo vital del accionante y al constatarse que cumple con los requisitos exigidos por la ley para la pensión de invalidez, procede la S. Cuarta de Revisión a pronunciarse sobre la aparente necesidad de que el actor, previo al reconocimiento de la pensión, nombre un curador que le administre las correspondientes mesadas pensionales.

Al respecto, se precisa que a pesar de acreditarse en el expediente el cumplimiento de los requisitos para la pensión de invalidez, el actor no puede hacer exigible ante el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir el pago de las mesadas pensionales toda vez que, la entidad requiere, en razón a la causa de su discapacidad, el nombramiento de un curador. La anterior exigencia se fundamenta en una recomendación que la Junta Regional de Calificación realizó en el dictamen del señor M.F.S.S..

Bajo ese entendido, encuentra la S. que si bien el accionante tiene derecho a la pensión de invalidez, el pago de la misma no puede hacerse efectivo, pues el desembolso se condicionó a que se adelante un proceso de interdicción a través del cual se nombre a un curador, al menos provisional, para que el fondo de pensiones efectúe el pago de las correspondientes mesadas pensionales.

Al respecto, considera la S. pertinente esclarecer que, como bien lo indica la entidad accionada, la Junta Regional de Calificación en su dictamen sugirió, a título de recomendación, un curador. Sin embargo, encuentra este Tribunal que dicha apreciación no constituye un requisito sine qua non para que el Fondo de Pensiones Porvenir S.A. proceda a pagar la mesada pensional.

En efecto, advierte la S. que no le es dado al Fondo de Pensiones Porvenir S.A. inferir, con fundamento en la recomendación que reposa en la calificación de pérdida de capacidad laboral, que el actor no goza de plenas facultades para poder, por sí mismo, ejercer su derecho a la pensión pues, encuentra este Tribunal que de la causa de su invalidez, inequívocamente, se deduce la necesidad de un curador. En ese entendido, se concluye que la exigencia del Fondo de Pensiones Porvenir S.A. se fundamenta entonces en una simple recomendación de la Junta Regional de Calificación que, hasta ahora carece de plena justificación.

En virtud de lo anterior, se ordenará, al constatar que el accionante cumple con los requisitos exigidos por la ley para acceder a la pensión de invalidez, al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. a que proceda al reconocimiento de su pensión de invalidez y la debida inclusión en nómina.

En todo caso, es de precisar que los pagos que en adelante realice la entidad con ocasión del reconocimiento de la pensión de invalidez se presumen válidos y ajustados a los preceptos legales que regulan la materia.

No sobra advertir que si se comprueba plenamente la necesidad de que el actor requiere de la designación de un curador, bien pueden los habilitados legalmente[41] adelantar el proceso respectivo.

Por último, se precisa que esta S. no accederá a la pretensión del actor de ordenar a la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, toda vez que tal y como lo afirmó el juez de segunda instancia, no se le puede atribuir a la entidad demandada la carga de pagar los aportes a salud de un exservidor. Lo anterior, aunado a que en el expediente se evidenció que el señor M.F.S.S. no se encuentra desprotegido en la prestación del servicio, pues Sanitas EPS indicó que, actualmente, está afiliado a dicha entidad en calidad de beneficiario de su esposa, la señora M.G.R.M..

En concordancia con lo indicado, la S. Cuarta de Revisión confirmará el fallo judicial de segunda instancia y lo adicionará con una orden dirigida al Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., para que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, reconozca y pague al señor M.F.S.S., conforme con las consideraciones señaladas en esta sentencia, la pensión de invalidez, a partir del 18 de noviembre de 2011, fecha en la cual el accionante fue desvinculado de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá y dejó de devengar salario quedando, desde entonces, desprotegido su mínimo vital.

En mérito de lo expuesto, la S. Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución.