Sentencia de Tutela nº 793/13 de Corte Constitucional, 12 de Noviembre de 2013

1. Solicitud

   El demandante J.F. de los R.H., por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Superior de Bogotá, S.C., para que le fuera protegido su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado como consecuencia de la decisión de revocar la sentencia dictada el 11 de agosto de 2011, por el Juzgado 14 Civil de Descongestión de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo adelantado para obtener el pago de la indemnización reconocida a su favor por la jurisdicción penal, a causa de la muerte de su cónyuge en un accidente de tránsito.

2. Hechos

   2.1. El 25 de abril de 2001, como consecuencia de un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un vehículo de propiedad de J.J.P., conducido por T.A. y afiliado a la empresa de transportes Distrito Capital S.A., respaldada por Seguros C.S., fallecieron dos personas dentro de las cuales se encontraba T.S.R., cónyuge del accionante J.F. de los R.H., de 74 años de edad.

   2.2. Debido a ello, se inició proceso penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas en contra de la empresa de transportes, la aseguradora y el conductor del vehículo, constituyéndose el accionante como parte civil.

   2.3. En fallo del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, con fecha del 29 de junio de 2004, confirmado por el Tribunal Superior de San Gil, el 22 de agosto de 2005, se condenó solidariamente a los procesados, como terceros civilmente responsables, al pago de 103’920.000 pesos por concepto de lucro cesante, más los intereses moratorios y a 216’850.000 pesos correspondientes a daños morales y sus respectivos intereses.

   2.4.Así las cosas, el 8 de agosto de 2007 el accionante presentó demanda ejecutiva, con el fin de que se ordenara el pago de las condenas previstas correspondiéndole al Juzgado 14 Civil de Descongestión de Bogotá.

   2.5. Mediante providencia del 9 de abril de 2010, se libró mandamiento de pago y en sentencia del 25 de agosto de 2011, se declararon no probadas las excepciones propuestas por las demandadas y se ordenó seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento de pago.

   2.6. Dicha decisión fue objeto de apelación por parte de los demandados y, el 22 de junio de 2012, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia y en su lugar, denegó la ejecución, dispuso la terminación del proceso, levantó las medidas cautelares y condenó en costas al demandante.

   2.7.Lo anterior, en razón a que el tribunal consideró que de una interpretación sistemática de los artículos 488[1], 497[2], 115[3], numerales 2 y 7 y 254[4] numeral 1° del Código de Procedimiento Civil, el título ejecutivo es inexistente, pues en virtud de lo dispuesto en los artículos 488 y 497“se puede impetrar la ejecución de una sentencia condenatoria siempre y cuando tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley y el mandamiento ejecutivo se haya librado en la forma pedida o en la que el juez considere legal”.

   2.8. Para el ad quem, una sentencia tiene fuerza ejecutiva cuando: “(i)se trata de una copia auténtica, (ii) ordenada por el juez y autenticada por el secretario, (iii) con constancia del auto que dispuso compulsarlas, (iv) atestación de que se trata de la primera copia, y (v) que presta mérito ejecutivo, de lo contrario, no es posible inferir la existencia de un título ejecutivo”.

   2.9. A juicio del Tribunal, la sentencia presentada al proceso, como título de recaudo, solo satisface los requisitos de tratarse de copia auténtica y contener la atestación de ser primera reproducción con mérito ejecutivo, sin que se advierta la constancia de la orden del juez sobre su expedición, razón por la cual el demandado concluye que el título ejecutivo es inexistente. La anterior medida “no obedece a un prurito formalista sino que se explica porque el legislador ha previsto control judicial sobre el mérito ejecutivo de las providencias de este linaje (…)”.

   2.10. El accionante considera que, con dicha decisión se vulnera su derecho fundamental al debido proceso, habida cuenta que se incurre en un exceso ritual manifiesto lo que impide que se tenga acceso al derecho material ya reconocido por una autoridad judicial.

3. Pretensión

   El demandante pretende que, por medio de la acción de tutela, le sea amparado su derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, solicita dejar sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, con fecha del 22 de junio de 2012, dentro del proceso ejecutivo iniciado para obtener la respectiva indemnización por la muerte de su esposa T.S.R..

4. Pruebas

   En el expediente obran las siguientes pruebas:

   - Copia de la sentencia dictada por el Juzgado 14 Civil del Circuito en Descongestión de Bogotá, en primera instancia, dentro del proceso ejecutivo iniciado por el accionante en contra de C.S., Transportes Distrito Capital S.A., y J.J.P.H. (folios 3 al 6, cuaderno 2).

   - Copia de la sentencia proferida en segunda instancia, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, S.C., el 22 de junio de 2012, dentro del proceso ejecutivo iniciado por el accionante en contra de C.S., Transportes Distrito Capital S.A., y J.J.P.H. (folios 8 al 13, cuaderno 2).

   - Copia de la constancia expedida por la secretaria del Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, relacionada con las copias solicitadas de las sentencias dictadas por la jurisdicción penal (folio 15, cuaderno 2).

   - Copia de la sentencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito de San Gil, el 22 de agosto de 2005, dentro del proceso penal adelantado por la muerte de T.S..(folios 16 a 36, cuaderno 2).

5. Respuesta de la entidad demandada

   5.1. Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el Tribunal Superior del Distrito de Judicial Bogotá solicitó denegar el amparo pretendido por J.F. de los R.H., limitándose a manifestar que la decisión a la que se arribó en la sentencia cuestionada, no responde a arbitrariedad alguna, en la medida en que obedece a las razones fácticas jurídicas y a precedentes judiciales que allí se consignaron.

Primera instancia

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en providencia del 13 de diciembre de 2012, negó el amparo solicitado, bajo el argumento de que el tribunal realizó una legítima interpretación del caso, del acervo probatorio y de la normatividad aplicable, por ende, en su sentir, la decisión que se tomó es coherente, razonable y motivada.

Así las cosas, considera que la pretensión del accionante se basa en una simple inconformidad con lo resuelto por el tribunal y, por otro lado, no se evidencia la configuración de los requisitos para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Impugnación

Al estar en desacuerdo, el accionante impugnó la decisión de primera instancia, presentando los mismos argumentos manifestados en la demanda de tutela.

Segunda instancia

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en fallo del 14 de febrero de 2013, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que la decisión del tribunal tuvo como fundamento el criterio hermenéutico del juez, el cual puede calificarse como plausible y no de absurdo o arbitrario.

1. Competencia

   A través de esta Sala de Revisión, la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral que, a su vez, confirmó la dictada por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil dentro del proceso de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991.

3. Problema jurídico

   Corresponde a la Sala Cuarta de Revisión, determinar si se presenta la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de J.F. de los R.H., por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al revocar la sentencia proferida el 11 de agosto de 2011, por el Juzgado 14 Civil en Descongestión de Bogotá, que ordenó seguir adelante con la ejecución, al considerar que el título ejecutivo aportado era inexistente, por no allegarse el auto en el que conste la orden judicial de su expedición. Todo ello dentro del proceso ejecutivo adelantado por el actor para obtener el pago de la indemnización reconocida a su favor, por la jurisdicción penal, a causa de la muerte de su cónyuge en un accidente de tránsito.

   Previo a dilucidar la cuestión planteada, se abordará lo respectivo a la (i)procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y, finalmente, analizar el (iii) caso concreto.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

   La jurisprudencia de esta corporación ha establecido en numerosas oportunidades que, la procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales tiene un carácter excepcional, dado que se reconoce la necesidad de garantizar que los jueces conserven su autonomía y competencias. De igual manera, se identifica a la administración de justicia como el mecanismo adecuado para proteger los derechos de los ciudadanos permitiendo mantener la independencia del juez y ajustarse al principio de cosa juzgada.[5]

   Bajo ese entendido, a través de varios pronunciamientos la Corte comenzó a desarrollar los presupuestos para determinar las ocasiones en que la tutela contra providencias judiciales se tornaba procedente, indicando, en un primer momento, que la procedencia del amparo se sujetaba al acaecimiento de una vía de hecho por parte de la autoridad judicial. Con posterioridad señaló, al estimarlo necesario, que este concepto debía hacer parte de un conjunto más amplio de requisitos, distinguiendo entre aquellos que tenían un carácter general y otros específicos.[6]

   Así las cosas, el tribunal determinó que, en una primera oportunidad, el juez constitucional debe verificar que el caso tratado se enmarque dentro de las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es decir:

   “1. Que el asunto objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional.

2. Que se haya hecho uso de todos los mecanismos de defensa judicial -ordinarios y extraordinarios- de que disponga el afectado, salvo que se trate de evitar un perjuicio iusfundamental irremediable.

3. Que se cumpla el requisito de la inmediatez. Así, la tutela debe haber sido interpuesta en un término razonable y proporcionado desde el momento de ocurrencia de la vulneración del derecho fundamental.

4. Cuando se trate de una irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia objeto de controversia y que afecte los derechos fundamentales de la parte actora.

5. Que quien solicita el amparo tutelar identifique debidamente los hechos que generaron la vulneración y los derechos afectados y que hubiere alegado tal vulneración dentro del proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible.

6. Que no se trate de sentencias de tutela, por cuanto los debates sobre derechos fundamentales no pueden prolongarse indefinidamente.”[7]

   Una vez se compruebe que la tutela cumple con estos requisitos, se procede a analizar si la misma se encausa en al menos una de las causales específicas, también conocidas como defectos materiales:

   “1. Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de competencia para ello.

2. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

3. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

4. Defecto material o sustantivo, que se origina cuando las decisiones son proferidas con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.

5. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por parte de terceros y ese engaño lo llevó a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales.

6. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no da cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, pues es en dicha motivación en donde reposa la legitimidad de sus providencias.

7. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario, por ejemplo, desconoce o limita el alcance dado por esta Corte a un derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

8. Violación directa de la Constitución”[8].

   Acorde con lo señalado, como se mencionó previamente, lo que debe hacer el juez de tutela cuando está frente a una solicitud de amparo constitucional por vulneración de derechos fundamentales, como consecuencia de lo determinado en una providencia judicial, es verificar la concurrencia de todos los requisitos generales citados, para luego analizar el caso concreto y comprobar que el mismo se enmarque, por lo menos, dentro de unos de los defectos materiales señalados para que se dé la viabilidad de la acción de tutela. Lo anterior, debido a la necesidad de respetar el principio de cosa juzgada, y preservar la seguridad jurídica, la autonomía e independencia de la actividad jurisdiccional del Estado, así como el sometimiento general de los conflictos a las competencias ordinarias de cada juez.

   El artículo 29 de la Constitución consagra el derecho fundamental al debido proceso, el cual debe observarse en toda clase de actuaciones administrativas. En concordancia, el artículo 228 superior señala que el actuar de la administración de justicia debe estar sujeto al principio de prevalencia del derecho sustancial.

   En ese sentido, una providencia judicial que no garantice lo establecido en los dos artículos mencionados, puede incurrir en un defecto procedimental absoluto cuando el funcionario judicial se aparta del proceso correspondiente establecido en la ley o porque se abstiene de llevar a cabo una etapa sustancial del mismo.

   Por otra parte, en lo referente al acceso y al actuar de la administración de justicia, el defecto se puede presentar cuando se interpone la norma procesal como fin en sí misma y no como medio para materializar el derecho sustancial, convirtiéndose en un obstáculo que deriva en la denegación de un derecho material radicado en cabeza de quien lo alega, configurándose, de esta manera, un exceso ritual manifiesto, es decir,“una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.”[9]

   Al respecto la Corte ha señalado:

   “[L]os jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecido se solucionen los conflictos de índole material.

   Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material (art. 228).

   De lo contrario se estaría incurriendo en una vía de hecho por exceso ritual manifiesto que es aquel que se deriva de un fallo en el cual haya una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material.”[10]

   Esta línea, ha sido sostenida por la corporación en múltiples ocasiones, como por ejemplo, en sentencias T-1306 de 2001, T-1123 de 2002, T-950 de 2003, T-289 de 2005, T-1091 de 2008, T-599 de 2009, T-268 de 2010, T-893 de 2011 y T-352 de 2012, entre otras, indicando que si bien el procedimiento y las formalidades son de gran importancia para los procesos y para el desarrollo de un Estado social de derecho, su aplicación no debe derivar en un sacrificio injustificado de la justicia material y de los derechos subjetivos, pues de ser así, se constituye un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y como consecuencia, el juez de tutela está en la obligación de corregir esa situación y hacer prevalecer el derecho sustancial sobre las formas.

   Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado, a su vez, que cuando se alegue la configuración de un defecto procedimental absoluto o por exceso ritual manifiesto, la procedencia de la acción de tutela, aunado a la verificación de los requisitos generales, debe estar sujeta a:

   “´(i) (Q)ue no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos fundamentales”[11]

   Bajo ese entendido, se reconoce el importante papel que juegan el procedimiento y las formalidades dentro de la estructura de un Estado social de derecho, como se mencionó en precedencia, resaltando que su objetivo es ser el medio por el cual se materializan los derechos sustanciales. No obstante, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 228 de la Carta, la forma pasa a un segundo plano cuando se trata de hacer valer el derecho sustancial. En ese orden, cuando se aplica con rigor la norma procedimental desplazando el derecho sustancial que el juez ya ha reconocido, el derecho procesal se convierte en un obstáculo para materializar la verdad objetiva desnaturalizando su fin. En consecuencia, se configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al darle prevalencia a la norma procesal por encima de la sustancial, tornándose procedente el amparo por vía de tutela, al acreditarse un defecto material en la decisión controvertida.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, pasa la Sala a analizar si efectivamente se presentó la vulneración del derecho fundamental al debido proceso de J.F. de los R.H., por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al revocar la decisión que concedía el pago de la indemnización reconocida a favor del actor por la jurisdicción penal, a causa de la muerte de su cónyuge en un accidente de tránsito.

En el expediente está acreditado que, debido al fallecimiento de T.S.R., cónyuge de J.F. de los R.H., como consecuencia de un accidente de tránsito, que involucró a la empresa de transportes Distrito Capital S.A. respaldada por Seguros C.S., se inició proceso penal el cual culminó con la condena de estas dos últimas, como civilmente responsables de lo sucedido, al pago de 103’920.000 pesos por concepto de lucro cesante más los intereses moratorios y a 216’850.000 pesos correspondiente a daños morales y a sus intereses.

En consecuencia, el 8 de agosto de 2007, el accionante presentó demanda ejecutiva con el fin de que se ordenara el pago de las condenas previstas correspondiéndole al Juzgado 14 Civil de Descongestión de Bogotá. Dentro del proceso se libró mandamiento de pago y el 25 de agosto de 2011, se ordenó seguir adelante con la ejecución.

No obstante, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la empresa de transportes y su aseguradora, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en sentencia del 22 de junio de 2012, revocó lo decidido en primera instancia, para, en su lugar, denegar la ejecución, disponer la terminación del proceso, levantarlas medidas cautelares y condenar en costas al demandante.

La anterior decisión, obedece a que, a juicio del tribunal demandado, la sentencia dictada por el juzgado penal presentada en el proceso ejecutivo carece de fuerza ejecutiva, al no cumplir con los requisitos establecidos en la ley para ello, toda vez que hace falta el auto donde consta la orden del juez para expedir las copias correspondientes.

De las circunstancias fácticas anotadas, la Sala advierte que:

Como primera medida, el actor cuenta con 74 años de edad, por lo que es considerado sujeto de especial protección y como consecuencia merece un trato preferencial en cuanto a la protección inmediata de sus derechos fundamentales se refiere.

Por otro lado, en razón a que la acción de tutela va encaminada a atacar una providencia judicial, se debe analizar si se satisfacen los requisitos para la procedencia del amparo en este caso.

Bajo ese entendido, se observa que(i) el asunto adquiere relevancia constitucional al tratarse de un sujeto de especial protección debido a su avanzada edad; (ii) toda vez que el tribunal demandado decidió negar la pretensión del demandante y dar por terminado el proceso, el actor no cuenta con otros mecanismos para evitar un perjuicio irremediable; (iii) se cumple con el requisito de inmediatez en la medida en que no transcurrieron más de 6 meses desde que se profirió la decisión judicial controvertida hasta la radicación de la tutela, por lo que se entiende que la misma fue presentada dentro de un término razonable;(iv) lo resuelto por el accionado tiene un efecto determinante en la decisión, puesto que al considerar que la sentencia presentada como título ejecutivo carece de fuerza ejecutiva, niega la posibilidad de hacer efectivo el derecho que le fue reconocido en la jurisdicción penal;(v) hay una identificación clara y precisa del hecho que genera la vulneración y, finalmente,(vi) se verifica que la providencia discutida fue dictada dentro de un proceso ejecutivo y no se trata de una sentencia de tutela.

De esta manera, se evidencia la satisfacción de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Corresponde entonces, pasar a estudiar si el caso se enmarca dentro de alguno de los defectos materiales mencionados en la parte considerativa de esta sentencia.

En efecto, se logra observar que, en el presente asunto, la entidad demandada resolvió revocar la decisión de seguir adelante con la ejecución en contra de la empresa de transportes y su aseguradora, como consecuencia de una condena impuesta por la jurisdicción penal con ocasión de la muerte de la cónyuge del accionante, bajo el argumento de que las copias de la sentencia presentada como título ejecutivo no cumplían los requisitos para considerarse como tal, por el hecho de no existir orden del juez que las autorizara, no obstante que se allegó oficio de la secretaría del Juzgado 41 Penal del Circuito de Bogotá, que indica que son primera copia y que presta merito ejecutivo.[12]

Es decir, a pesar de que ya fue reconocido por la jurisdicción penal el derecho que tiene el accionante al reconocimiento y pago de la indemnización por la muerte de su cónyuge y que la sentencia presentada al proceso cumple con las condiciones formales y de fondo de los títulos ejecutivos, establecidas en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil y en la jurisprudencia[13], toda vez que, como se reconoció en la decisión materia de discusión, se trata de un documento auténtico[14] que incorpora una obligación clara, expresa y exigible, esto es, el pago de la correspondiente indemnización por la muerte de la cónyuge del actor, el hecho de solicitar rigurosamente el auto autorizando las copias allegadas impide que un sujeto de especial protección, pueda materializar ese derecho.

Lo anterior, resulta evidentemente desproporcionado y un claro ejemplo de que la entidad demandada no tuvo en cuenta el objetivo de las normas procesales como medio para hacer valer el derecho material, sino, por el contrario, las impuso como obstáculo impidiendo el acceso a los derechos ya reconocidos por un juez penal a favor del accionante.

En consecuencia, lo que ocurre en el presente asunto, es que se antepone el derecho procesal, aun cuando la Constitución y la jurisprudencia de esta corporación han manifestado que debe primar el derecho sustancial sobre las formas. Bajo ese entendido, resulta claro que se configura un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y por ende, el juez de tutela está en la obligación de corregir dicha situación.

Bajo esta perspectiva, al acreditarse la vulneración del derecho fundamental al debido proceso del actor, se procederá a dejar sin efectos el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, S.C., con fecha del 22 de junio de 2012, proferido dentro del proceso ejecutivo iniciado por J.F. de los R.H.. A su vez, se ordenará a dicho Tribunal, S.C., continuar con el trámite requerido para resolver la segunda instancia dentro del proceso ejecutivo mencionado, sin exigir el auto que hecha de menos, contando para ello con un término máximo de 15 días hábiles a partir de la notificación de esta sentencia, conforme con lo consignado en la parte considerativa.

En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,