Sentencia de Tutela nº 386/20 de Corte Constitucional, 3 de Septiembre de 2020

El 27 de junio de 2019, A. de J.P.S. interpuso acción de tutela invocando la protección de sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, al debido proceso, a la igualdad, a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital, a la seguridad social, a la integridad física y al trabajo que considera vulnerados por la empresa Sodexo S.A.S. (en adelante Sodexo). A continuación, la Sala resumirá los hechos narrados por el accionante:

A. de J.P.S., de 47 años de edad,[2] trabajó como cocinero para Sodexo en la operación del casino de la empresa C.M.S. ubicada en el municipio de Montelíbano, C., desde el 1 de marzo de 2014 hasta el 28 de febrero de 2019.[3] Su vinculación fue a través de contratos de trabajo a término definido de un año, los cuales se ejecutaron de manera ininterrumpida.

Narró que el 3 de septiembre de 2018, cuando se disponía a levantarse para ir a trabajar, sintió un intenso dolor en el hombro derecho. Por lo tanto, se dirigió a la clínica regional y fue diagnosticado con una fractura de la epífisis superior del humero.[4] Como no recordaba la causa de ello y sentía vértigo, aseguró que los médicos sospecharon que se trataba de una “primoconvulsión”.

El 6 de septiembre de 2018, fue trasladado a la ciudad de Montería, en donde fue atendido en la Clínica Regional de San Jorge.[5] En este lugar le fue practicada una cirugía en el hombro derecho que le generó una incapacidad por 21 días. Según consta en su historia clínica, estando bajo los efectos de la anestesia, convulsionó.[6] Por esta razón le realizaron un TAC que mostró la presencia de un tumor en su cabeza. Su diagnóstico inicial fue de “masa localizada a nivel de región temporofrontal izquierdo con extensión al lóbulo de ínsula y ganglio basal, de bordes bien definidos, que restringe la secuencia difusión y engloba la arteria cerebral media izquierda, muestra una captación leve del contraste, hallazgo compatible con astrocitoma de bajo grado.”

El 26 de septiembre de 2018 fue remitido al Instituto Médico de Alta Tecnología - IMAT de la ciudad de Montería, para valoración por “tumor de comportamiento incierto o desconocido”. El 10 de octubre fue intervenido quirúrgicamente para extraer el tumor que le fue encontrado. Afirmó que como efectos de este tratamiento ha perdido la memoria a corto plazo y tiene dificultad para construir frases, hablar, darse a entender y convulsiones. El tumor le fue retirado parcialmente, una vez enviado a patología, arrojó el siguiente resultado: “G. difuso, al menos grado II de la OMS”.[7]

El 4 de diciembre de 2018, A. de J. regresó a su sitio de trabajo. Afirmó que mientras se encontraba desempeñando sus labores tuvo dos episodios convulsivos y por esta razón, su empleador decidió cambiar sus funciones en la cocina “relegándole a labores de riesgo menor y reducida importancia.”[8] El 5 de diciembre siguiente al accionante le explicaron que debía recibir quimioterapia y radioterapia como tratamiento paliativo, no curativo, dado el pronóstico del tumor que le fue extraído parcialmente.[9]

El accionante estuvo incapacitado, en total, 99 días en los últimos 5 meses antes de que Sodexo diera por terminado su contrato laboral.[10] El 28 de febrero de 2019, le fue comunicado que no se renovaría su contrato, sin tener en cuenta que se encontraba en un desmejorado estado de salud y debilidad manifiesta. En la comunicación que le entregaron la accionada sostuvo que lo anterior se debía a que había expirado el término pactado en el contrato.

Aseguró que quedó desamparado económicamente y del sistema de seguridad social en salud,[11] viendo afectado su mínimo vital de subsistencia. En su opinión, Sodexo actuó al margen del principio de solidaridad al despedirlo de manera discriminatoria en razón a su estado de salud y sin contar con el permiso del Ministerio del Trabajo. Manifestó también que, en varias ocasiones le propuso acuerdos a sus jefes para que lo reubicaran en otra operación o en otro cargo, recibiendo siempre respuestas negativas, incluso informó por escrito su delicado estado de salud.[12] Añadió que no le fue practicado el examen de ingreso post-incapacidad ni examen de egreso. Puso de presente que no comparte el argumento de su empleador según el cual, su despido sería consecuencia de la no renovación del contrato que tenía con la empresa C.M.S., pues Sodexo atiende varias operaciones entre las que se encuentran las de Argos en Puerto Libertador y Argos en Tolú Viejo, entre otras, lugares en los que pudo ser reubicado. También manifestó que el resto de sus compañeros fueron contratados por la nueva empresa encargada del servicio de alimentación de C.M.S.

Manifestó que, al ser desvinculado sin apego a los requisitos legales, ha sido perjudicado en su estado de salud y económicamente pues no cuenta con recursos para sufragar los controles médicos y su tratamiento. Por ello considera que su despido es ineficaz toda vez que su empleador debió obtener primero el permiso del Ministerio del Trabajo para que fuera esta autoridad la que determinara si existía una justa causa para su despido y si ello respondía o no a motivos discriminatorios; al no hacerlo vulneró sus derechos fundamentales. Añadió que aunque no ha sido catalogado como una persona en condición de discapacidad, la jurisprudencia constitucional ha dispuesto que quienes se encuentran en una situación de debilidad manifiesta generada por un evento que afecta su salud, son también titulares de la estabilidad laboral reforzada.

Con base en lo anterior, solicitó el amparo transitorio de sus derechos a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, a la vida en condiciones dignas, a la integridad física, la salud, la seguridad social y el mínimo vital; y que, en consecuencia, se ordene a Sodexo reintegrarlo, el pago de los salarios dejados de percibir, prestaciones sociales y demás asignaciones desde el día de su desvinculación hasta que se haga efectivo el reintegro. Lo anterior, asegura, con el propósito de restablecer su mínimo vital. Además, solicitó la indemnización contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, equivalente a 180 días de salario por haber sido despedido sin justa causa; que se prevenga a su empleador para que no vuelva a incurrir en acciones discriminatorias y que se proteja su derecho a la igualdad.

El 27 de junio de 2019 el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montelíbano, C., admitió la acción de tutela y le comunicó a la accionada que contaba con 3 días para dar respuesta a la misma.[13]

- Sodexo S.A.S

El 11 de julio de 2019, P.R.P., apoderada general de Sodexo, dio respuesta a la acción de tutela.[14] Afirmó que el accionante trabajó para su representada entre el 1 de marzo de 2014 y el 28 de febrero de 2019, fecha en la cual se venció el plazo fijo pactado en su contrato. Explicó que entre Sodexo y C.M. existía un contrato de prestación de servicios, entre otros, para el suministro de alimentación; para ello, contrató al señor A. de J. como cocinero. En enero de 2019, Sodexo no fue favorecida en el proceso de licitación ante C.M.[15] y, por lo tanto, la accionada dejó de renovar el contrato de trabajo del actor. Añadió que el estado de salud del accionante no tuvo ninguna incidencia en la terminación de su vinculación y que éste no estuvo dispuesto a ser reubicado en otro centro de operaciones o en otra ciudad; por el contrario, habría manifestado que ello significaría una desmejora de sus condiciones laborales.

Señaló que la tutela debe ser declarada improcedente porque (i) el accionante no presentó ningún tipo de limitación que dificultara o impidiera el desarrollo regular de su actividad laboral, negó haberlo reubicado y también que hubiese sufrido convulsiones; (ii) la no renovación del contrato no tuvo que ver con acciones discriminatorias sino con una causa objetiva; (iii) para el momento de terminación del contrato el accionante no tenía un desmejorado estado de salud, no se encontraba recibiendo tratamiento médico ni incapacitado, por lo tanto no era necesario solicitar la autorización al Ministerio del Trabajo para su despido;[16] (iv) no demostró la existencia de un perjuicio grave; y (v) Sodexo no vulneró ninguno de los derechos fundamentales invocados. Concluyó afirmando que el accionante plantea una pretensión claramente económica que corresponde resolver al juez ordinario laboral. También cuestionó que el señor P.S. hubiese tardado 4 meses para acudir a la acción de tutela.

- Sentencia de primera instancia

Mediante fallo del 12 de julio de 2019, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Montelíbano, C. resolvió declarar improcedente la acción de tutela presentada por A. de J.P.S..[17] Argumentó que el caso no cumple con el presupuesto de subsidiariedad puesto que se trata de un conflicto que corresponde resolver a la jurisdicción laboral; agregó que el actor no demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable ni que se encuentre en una situación de vulnerabilidad evidente. Aunque advirtió que tiene afectaciones de su estado de salud, señaló que no se encuentra en situación de discapacidad para ejercer otras labores.

- Impugnación

El 18 de julio de 2019, A. de J.P.S. impugnó el fallo de primera instancia. En su escrito reiteró que al padecer de un tumor maligno en el cerebro y encontrarse en tratamiento oncológico paliativo es claro que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta y que no es necesario encontrarse convaleciente o en situación de discapacidad para ser titular de la estabilidad laboral reforzada. Sostuvo que el juez de primera instancia no valoró las pruebas que aportó y pasó por alto el hecho de que no se le hubiese realizado un examen de egreso. Agregó que Sodexo no desvirtuó probatoriamente los hechos que expuso durante el trámite y advirtió que la tardanza de un proceso laboral ordinario generaría una grave afectación de sus derechos, en especial la salud y el mínimo vital de su núcleo familiar.

- Sentencia de segunda instancia

El Juzgado Promiscuo del Circuito de Montelíbano, C., mediante sentencia del 22 de agosto de 2019, resolvió confirmar la decisión de primera instancia. La providencia reiteró los argumentos usados por el juez de primera instancia para declarar improcedente el amparo.

El magistrado C.B.P., a quien le fue repartido el asunto inicialmente, mediante Auto del 16 de diciembre de 2019, solicitó información a las partes, a la Nueva EPS y vinculó de oficio a C.M.S.. A continuación, se presenta una síntesis de las respuestas al auto de pruebas enviadas a la Corte.

- Sodexo S.A.S.[18]

Por intermedio de su apoderada general, Sodexo reiteró los argumentos de la defensa presentada al contestar la acción de tutela.[19] Además, informó que para ejecutar el contrato con C.M.S. tuvo vinculadas a 59 personas, con las cuales suscribió contratos de trabajo a término fijo entre el 1 de marzo de 2014 hasta el 28 de febrero de 2019. Afirmó que a todos estos trabajadores se les notificó el preaviso de la no renovación del contrato de trabajo en razón a que la promesa comercial con la empresa cliente C.M.S. finalizaba el 28 de febrero de 2019. De ellos solamente dos trabajadoras continuaron vinculadas a la empresa, en razón a su estado de maternidad; a los 57 trabajadores restantes en la medida en que sus contratos iban venciéndose se les hizo efectiva la terminación del vínculo laboral. Por último, sostuvo que no existía ninguna posibilidad de reubicar al señor P.S..

- C.M.S.[20]

C.M. respondió a la acción de tutela por intermedio de su apoderada especial.[21] En su escrito, resaltó que no existió un contrato de trabajo entre esta empresa y el accionante y, por lo tanto, el amparo debe declararse improcedente. Agregó que nunca tuvo conocimiento del estado de salud del actor y que no quedó demostrada la ocurrencia de un perjuicio irremediable ni que la vía ordinaria laboral fuera ineficaz en su caso. También afirmó que, en todo caso, el señor P.S. no es titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada porque no se encontraba en condición de discapacidad al momento de terminación de su contrato y no padece una enfermedad grave o catastrófica. Así entonces, solicitó ser desvinculada del trámite.

- Nueva EPS[22]

La Asesora de Inconformidades de la Gerencia de Salud, Z.C., de la Nueva EPS respondió que, como entidad aseguradora, no es competente para entregar por escrito historias clínicas de sus usuarios. Señaló que la entidad competente es la IPS que haya generado la atención, en este caso el Hospital de Montelíbano.[23]

- A. de J.P.S.[24]

El accionante respondió al cuestionario que le fue enviado[25] informando que actualmente se encuentra desempleado y depende económicamente de lo que recibe su esposa, la cual trabaja por días. Aseguró que con los ingresos de su cónyuge pagan el arriendo y los servicios, que tienen dos hijos a su cargo y que su hermana le ayuda con la alimentación y medicamentos. Agregó que la empresa accionada nunca le ofreció una reubicación laboral, que no recibe beneficios económicos o subsidios, que no ha iniciado el trámite para la valoración de su pérdida de capacidad laboral y que actualmente se encuentra recibiendo radioterapia.[26]

Posteriormente, el actor remitió a la Sala un nuevo concepto de rehabilitación con fecha del 16 de abril de 2020. En este documento, la Nueva EPS informa a Colpensiones que el señor A. de J.P.S. “presenta concepto de rehabilitación DESFAVORABLE para que le sea establecida la Pérdida de Capacidad Laboral (PCL) y la fecha de estructuración de la invalidez”.[27]

La Sala Primera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos de instancia, de conformidad con la Constitución y las normas reglamentarias;[28] y, en virtud del Auto del 30 de octubre de 2019, proferido por la Sala de Selección Número Diez de 2019,[29] que escogió el expediente de la referencia.

Antes de formular el problema jurídico, la Sala debe analizar la procedencia de la acción de tutela interpuesta por el señor A. de J.P.S. contra Sodexo. De manera preliminar, advierte que en esta oportunidad se cumplen todos los requisitos de procedencia, esto es, legitimación por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad. A continuación, se exponen los argumentos que sustentan dicha conclusión.

El señor A. de J.P.S. puede presentar la acción de tutela, al ser una persona que actúa en nombre propio, buscando la protección de sus derechos fundamentales (legitimación por activa).[30] Así mismo, la tutela puede dirigirse contra Sodexo, una empresa particular respecto de la cual el actor se encontraba en situación de subordinación, derivada de su condición de trabajador (legitimación por pasiva).[31] De otra parte, la acción de tutela fue promovida oportunamente porque entre el hecho presuntamente vulnerador, esto es, la terminación del contrato de trabajo del actor, el 28 de febrero de 2019 y la interposición de la misma el 27 de junio de 2019, trascurrieron 4 meses, término que se estima oportuno para acudir al amparo constitucional (inmediatez).[32]

Finalmente, la Sala advierte que la tutela supera el requisito de subsidiariedad porque el señor A. de J.P.S. se encuentra en una condición de debilidad manifiesta. Así, (i) en septiembre de 2018 se le encontró una masa localizada en su cerebro, el 10 de octubre de ese mismo año fue sometido a una cirugía para extraer dicho tumor. Como resultado sufrió varias desmejoras en su salud y estuvo incapacitado durante 99 días. El 5 de diciembre de 2018 se confirmó que el tumor que le fue extraído parcialmente era maligno y que debía iniciar un tratamiento paliativo con quimioterapia y radioterapia. El 10 de febrero de 2020 inició el tratamiento de radioterapia y, el 16 de abril de ese mismo año la Nueva EPS determinó que su concepto de rehabilitación es desfavorable. El diagnóstico actual del accionante es de glioblastoma; (ii) no percibe ningún ingreso económico desde que fue despedido de su trabajo en razón a que la única que trabaja es su esposa y lo hace por días; con lo que devenga su compañera pagan arriendo y servicios además, su comida depende de las ayudas que le brinda una de sus hermanas; (iii) cuenta con un puntaje de 35,82 en el Sisben;[33] (iv) fue desvinculado del sistema de seguridad social luego de la terminación de su contrato laboral, y según el reporte de afiliaciones estuvo por fuera del mismo, por lo menos hasta junio de 2019, actualmente se encuentra afiliado en el régimen subsidiado a la Nueva EPS.[34]

La Sala concluye que la pérdida de ingresos económicos pone en riesgo la capacidad del accionante de satisfacer sus necesidades mínimas, así como las de su familia y, de esta forma, la garantía del derecho al mínimo vital pues su salario es fundamental para materializar la garantía de este derecho. Además, su estado de salud se ha visto gravemente deteriorado, al punto que ha sido valorado con un concepto desfavorable de recuperación, según la información obtenida durante la etapa de revisión de los fallos de instancia. El caso cumple entonces con el requisito de subsidiariedad.

Pese a que el accionante solicitó un amparo transitorio de sus derechos, valoradas en conjunto las circunstancias particulares del peticionario, la Sala concluye que no se encuentra en capacidad de sobrellevar un proceso ante un juez ordinario para resolver su controversia, por lo cual se justifica la intervención de fondo del juez constitucional.[35]

Problema jurídico y estructura de la decisión

Con base en lo expuesto, le corresponde a la Sala Primera de Revisión determinar si Sodexo S.A.S. vulneró el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada del señor A. de J.P.S., por haber finalizado su contrato de trabajo a término definido a pesar de tener conocimiento de que se encontraba en una circunstancia de debilidad manifiesta, a causa de un gioblastoma (tumor maligno en el cerebro) que le había sido diagnosticado previamente. Para el efecto, la Sala reiterará la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la estabilidad laboral reforzada y resolverá el caso concreto.

Jurisprudencia constitucional sobre la estabilidad laboral reforzada de personas en estado de debilidad manifiesta por razones de salud[36]

Por virtud del artículo 53 de la Constitución, todos los trabajadores tienen un derecho general a la estabilidad en el empleo. Sin embargo, en ciertas condiciones este derecho se protege de manera más fuerte, es decir, se convierte en una estabilidad laboral reforzada.[37] Una de las situaciones que da lugar a esa especial protección es el estado de debilidad manifiesta por razones de salud.[38]

Este derecho tiene fundamento en varias disposiciones constitucionales. Además del artículo 53, que consagra el derecho a “la estabilidad en el empleo”; de los artículos 13 y 93 se desprende el derecho de todas las personas que “se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta” a ser protegidas “especialmente” con miras a promover las condiciones que hagan posible una igualdad “real y efectiva”; el artículo 25 establece la obligación del Estado de proteger especialmente el derecho al trabajo “en todas sus modalidades”, el cual debe poder desarrollarse en “condiciones dignas y justas”; y en línea con lo anterior, el artículo 47 dispone el deber que tiene el Estado de adelantar una política de “integración social” a favor de aquellos que pueden considerarse “disminuidos físicos, sensoriales y síquicos”. Además, la Constitución también dispone, en sus artículos 1, 53, 93 y 94, el derecho fundamental a gozar de un mínimo vital, entendido como la posibilidad efectiva de satisfacer necesidades humanas básicas como la alimentación, el vestido, el aseo, la vivienda, la educación y la salud; por último, los artículos 1, 48 y 95 remiten al deber de todos de “obrar conforme al principio de solidaridad social” ante eventos que supongan peligro para la salud física o mental de las personas.[39]

La estabilidad laboral reforzada de la que se viene hablando se predica de toda persona que presente una afectación en su estado de salud que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares,[40] toda vez que esta situación particular puede considerarse como una circunstancia que genera debilidad manifiesta y, en consecuencia, el trabajador puede verse discriminado por ese solo hecho. Lo anterior, con independencia de la vinculación o de la relación laboral que la preceda.[41] En términos generales comprende la prerrogativa para el trabajador de permanecer en el empleo y, por consiguiente, obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique disponer su despido.[42]

A partir de lo anterior, si se pretende desvincular a una persona en las condiciones descritas, es necesario contar con la autorización de la Oficina del Trabajo pues, de no ser así, dicho acto jurídico es ineficaz.[43] Con ello, se prohíbe el despido discriminatorio de sujetos en situación de debilidad, por ejemplo en razón a su discapacidad, creándose así una restricción constitucionalmente legítima a la libertad contractual del empleador, quien sólo está facultado para terminar el vínculo después de solicitar una autorización ante el funcionario competente que certifique la concurrencia de una causa justificable para proceder de esta manera. En todo caso, además de la autorización de la Oficina del Trabajo, la protección constitucional dependerá siempre de que (i) se establezca que el trabajador realmente se encuentra en una condición de salud que le impida o dificulte significativamente el normal y adecuado desempeño de sus actividades; (ii) que la condición de debilidad manifiesta sea conocida por el empleador en un momento previo al despido; y (iii) que no exista una justificación suficiente para la desvinculación, de manera que sea claro que la misma tiene origen en una discriminación.[44] En estos supuestos, se ha establecido una presunción en favor de la persona que fue apartada de su oficio.

Así, se ha señalado que si constatada la condición de debilidad especial se logra establecer que la terminación del vínculo se produjo sin la autorización de la autoridad laboral, se deberá presumir que la causa fue el estado de indefensión en el que permanece el sujeto.[45] Con todo, esta presunción se puede desvirtuar -incluso en el proceso de tutela-, porque la carga de la prueba se traslada al empleador, a quien le corresponde demostrar que el despido no se dio con ocasión de esta circunstancia particular, sino que obedeció a una justa causa.[46] En el evento de no desvirtuarse lo anterior, el juez constitucional deberá (i) declarar la ineficacia de la terminación o del despido laboral en favor del sujeto protegido, con la consiguiente causación del derecho del demandante a recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir en el interregno (desvinculación - reingreso); (ii) el derecho a ser reintegrado a un cargo u oficio que ofrezca condiciones similares o mejores a las del empleo desempeñado por él hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado de salud, sino que esté acorde con su situación; y (iii) el derecho a recibir capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, si es el caso.

La jurisprudencia ha advertido, adicionalmente, que la protección que brinda el derecho a la estabilidad laboral reforzada se predica de los contratos a término fijo. Esta Corte ha definido el alcance de la estabilidad laboral reforzada frente a personas vinculadas mediante ese tipo de contratación desde sus primeros pronunciamientos sobre el tema. La Sentencia C-016 de 1998[47] determinó que el principio de estabilidad laboral no es contrario a la celebración de contratos a término fijo, por el contrario, es una garantía con la que cuenta el trabajador.[48] En relación con la estabilidad laboral reforzada del trabajador que se encuentre en estado de debilidad manifiesta por su salud, la jurisprudencia ha señalado que “cuando la relación laboral depende de un contrato de trabajo a término fijo o de obra o labor contratada, el vencimiento del término de dicho contrato o la culminación de la obra, no significan necesariamente una justa causa para su terminación[49]. De este modo, en todos aquellos casos en que (i) subsistan las causas que dieron origen a la relación laboral y (ii) se tenga que el trabajador ha cumplido de manera adecuada sus funciones, el trabajador tiene el derecho de conservar su trabajo aunque el término del contrato haya expirado o la labor haya finiquitado[50].”[51]

En línea con lo anterior, la terminación del contrato de trabajo de una persona cuya salud se encuentra afectada sin la autorización de la autoridad del trabajo da paso a la presunción (supra 34), según la cual la causa del despido es el estado de debilidad manifiesta del trabajador[52] y, por tanto, se causa una grave afectación de los derechos fundamentales del accionante.

En este punto cabe recordar que el cáncer es una enfermedad catastrófica, que involucra un rápido deterioro en la salud del paciente si no es diagnosticada y tratada a tiempo, y de alto costo. En general, la jurisprudencia de esta Corte ha entendido que los pacientes de cáncer se encuentran en estado de debilidad manifiesta precisamente por las características de dicha enfermedad. Sin pretender invadir las competencias propias de otras áreas del conocimiento, la jurisprudencia constitucional ha señalado que conforme a las reglas de la experiencia y de la lógica, se sabe que el cáncer es una enfermedad que afecta múltiples aspectos de la vida de quienes la padecen; más allá de su salud, sus actividades diarias y cotidianas pueden verse comprometidas como consecuencia del tratamiento al que deben someterse. De ahí que se entienda que dicho diagnóstico implica una afectación que dificulta significativamente el normal y adecuado desempeño de las actividades en el trabajo.

En las sentencias T-263 de 2009[53], T-111 de 2012[54], T-159 de 2012[55] T-341 de 2012,[56] T-378 de 2013,[57] T-373 de 2017[58] y T- 284 de 2019[59] entre otras, distintas salas de revisión de la Corte analizaron casos en los que los accionantes habían sido diagnosticados con cáncer y solicitaron al juez constitucional el amparo de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida en condiciones dignas y a la estabilidad laboral reforzada; y tras comprobar que se cumplían los tres requisitos explicados previamente (supra 33), resolvieron conceder el amparo. Incluso, cuando no se hallan probados dichos supuestos, la Corte concedió un amparo transitorio a una accionante diagnosticada con cáncer de mama pues “al margen de la discusión probatoria que deba llevarse a cabo en el marco del proceso laboral ordinario sobre la forma como terminó la relación de trabajo entre la actora y el empleador, es claro para la Sala, como se advirtió en el acápite relacionado con la subsidiariedad, que el actuar de la demandada acarreó un perjuicio irremediable para la señora C.A.R. palacio. Hecho que se suma a que, existiendo duda respecto de la manera como finalizó su vínculo laboral, la Sala debe optar por brindarle una protección, al menos transitoria, a la tutelante quien, en todo caso padece de una enfermedad catastrófica que implica la realización de una serie de tratamientos médicos impostergables. En ese orden, se le ordenará a la empresa Novelty Suites S.A proceder a su reintegro laboral transitorio y a la correspondiente afiliación al sistema de salud.” [60]

En suma, por expreso mandato constitucional y, en especial, siguiendo los principios de igualdad y solidaridad, las personas en condición de debilidad manifiesta tienen derecho a permanecer en sus trabajos, sin importar el tipo de relación laboral que tengan, a no ser que se demuestre que su despido no obedeció a un trato discriminatorio basado en su condición.

De conformidad con los hechos narrados y probados durante el trámite de tutela y en línea con las consideraciones previamente expuestas la Sala encuentra que en este caso se acreditan los requisitos que ha previsto la jurisprudencia constitucional para garantizar el derecho a la estabilidad laboral reforzada del accionante, tal como se verá a continuación.

A. de J.P.S. mantuvo una vinculación laboral con Sodexo desde el 1 de marzo de 2014 hasta el 28 de febrero de 2019, mediante contratos de trabajo a término definido de un año que se ejecutaron de manera ininterrumpida. Durante la vigencia de la relación laboral, el 6 de septiembre de 2018, fue diagnosticado con una masa en la región frontal de su cabeza. Tras una operación en la que fue extraída parcialmente y una biopsia, se determinó que se trataba de un gioblastoma, esto es, un tumor maligno o cáncer, tal como se desprende de la historia clínica aportada al proceso.[61] La existencia de esta afectación médica la puso en conocimiento de su empleador, a quien le notificó por escrito sobre su estado de salud.[62] Además, estuvo incapacitado durante 99 días en los 5 meses anteriores a la terminación de su contrato en razón de la intervención quirúrgica referida, según el certificado médico aportado al proceso.[63]

Es claro, entonces, que en el marco de su vinculación laboral el señor A. de J. experimentó una condición de debilidad manifiesta ocasionada por su enfermedad. Además, dicha condición incidió sustancialmente en el desempeño de sus labores de forma regular y efectiva. Durante el trámite de tutela el accionante fue insistente al manifestar que sufrió convulsiones durante el desarrollo de las actividades para las que fue contratado; aunque Sodexo negó que ello hubiese ocurrido, no aportó prueba alguna, si quiera sumaria, de lo anterior. Con todo, el hecho que el accionante hubiese estado incapacitado durante 99 días en los últimos 5 meses en los que trabajó para Sodexo, es decir, más de la mitad de ese tiempo, es prueba suficiente de la afectación de sus funciones. Incluso, la última incapacidad que reportó tuvo lugar en enero de 2019 y se prolongó durante 10 días. Para la Sala se encuentra probado que la situación médica del accionante implicó desmejoras en su rendimiento y la imposibilidad de desarrollar normalmente sus funciones dadas sus múltiples y prolongadas ausencias por incapacidad.

Las afecciones médicas del trabajador persistieron hasta el momento de terminación de su contrato, lo cual ocurrió el 28 de febrero de 2019. Esto quiere decir que, para cuando fue desvinculado de Sodexo, el accionante presentaba un problema de salud que le impedía o dificultaba significativamente su adecuado desempeño profesional en condiciones normales. Esta situación, además, no requiere ser probada de manera calificada, como lo insinúa la demandada al afirmar que para ese momento el actor no estaba incapacitado y no tenía un desmejorado estado de salud. Esta aproximación a la situación del señor P.S. desconoce que ya había sido diagnosticado con cáncer y que necesitaba recibir quimioterapia y radioterapia como tratamientos paliativos; queda claro que existían elementos objetivos que daban cuenta de la indefensión del trabajador. Tal como lo sostuvo la Sala previamente (supra 33), la protección otorgada en estos eventos no depende de una certificación de la disminución laboral. De hecho, es normal que, por tratarse de una enfermedad catastrófica, las consecuencias de padecer cáncer se agraven con el tiempo; tal es el caso del accionante que, aunque tuvo un primer concepto favorable de recuperación,[64] en la actualidad el mismo varió a desfavorable.[65]

En este contexto, es posible concluir que fue el estado de salud del accionante lo que determinó la finalización de su contrato de trabajo. Aunque Sodexo alegó la existencia de una justa causa, toda vez que el contrato de prestación de servicios que había suscrito con C.M. había llegado a su fin, tres argumentos le permiten a la Sala afirmar que el despido del señor P.S. fue un acto discriminatorio.

En primer lugar, tal como se viene sosteniendo, el accionante había sido diagnosticado con una enfermedad catastrófica cuyas consecuencias son ampliamente conocidas y, pese a que incluso estuvo incapacitado en el mes antes de su desvinculación, la accionada no solicitó el aval de la autoridad laboral correspondiente. En segundo lugar, la argumentación de Sodexo es contradictoria. Por un lado, aseguró que el accionante no se encontraba en un estado de debilidad manifiesta, por el otro afirmó que le ofreció en varias ocasiones una reubicación laboral y éste no accedió a su propuesta.[66] No sería necesario ofrecer un cambio en las condiciones del contrato si no se fuera consciente de las dificultades que un diagnóstico de cáncer puede acarrear para en el desempeño de las funciones de un trabajador. En tercer lugar, la accionada reconoció, al responder el cuestionario que le fue enviado por esta Corte, que había mantenido el contrato laboral de al menos dos trabajadoras que se encontraban en estado de embarazo, lo cual indica que no se encontraba imposibilitada para mantener también el vínculo con el accionante.

Por último, conviene recordar que el vencimiento del plazo o de la prórroga de un contrato de trabajo a término fijo, como el del accionante, no es suficiente para concluir que la no renovación su terminación es eficaz. La Corte ha sostenido que “el sólo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato, sólo así se garantizará, de una parte la efectividad del principio de estabilidad, en cuanto “expectativa cierta y fundada” del trabajador de mantener su empleo, si de su parte ha observado las condiciones fijadas por el contrato y la ley, y de otra la realización del principio, también consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, que señala la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral.”[67] Si además, se tiene en cuenta que el accionante es una persona en situación de debilidad manifiesta que trabajó por cerca de cinco años de manera ininterrumpida para la accionada, es claro que contaba con la expectativa de que su contrato se renovaría y que no podía ser despedido sin antes haber acudido al inspector de trabajo.

Así entonces, para la Sala está claro que la terminación del contrato del accionante fue arbitraria, pues se dio de manera unilateral y es posible presumir que su fundamento fue la condición médica del señor P.S.. Por lo tanto, en esta oportunidad deben aplicarse las consecuencias jurídicas establecidas frente a este tipo de situaciones. En este orden de ideas, corresponde a esta Sala (i) revocar las decisiones de instancia que encontraron improcedente el amparo; (ii) declarar la ineficacia del despido laboral, con la consiguiente causación del derecho del demandante a recibir todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde su retiro de la Empresa accionada hasta su efectivo regreso; (iii) reintegrarlo a un cargo que ofrezca condiciones similares a las del empleo desempeñado por él hasta su desvinculación, y en el cual no sufra el riesgo de empeorar su estado de salud, sino que esté acorde con su situación médica particular si ello es posible de acuerdo con el actual estado de salud del accionante y su actual pronóstico de recuperación desfavorable;[68] y (iv) brindarle capacitación para cumplir con las tareas de su nuevo cargo, si a ello hay lugar.

Al analizar la acción de tutela instaurada por el señor A. de J.P.S. contra la empresa Sodexo S.A.S. la Sala Primera de Revisión constató que el ciudadano fue desvinculado laboralmente de su empleo sin justa causa, debido a la condición médica que le fue diagnosticada -gioblastoma. Dicha patología afectó considerablemente su rendimiento laboral durante la vigencia de la relación contractual y persistió hasta el momento de la terminación del contrato. Tal circunstancia fue siempre del conocimiento de su empleador, quien optó por dar por terminado su contrato a término fijo, argumentando la expiración del plazo pactado, sin contar con la previa autorización de la Oficina del Trabajo. Por virtud de lo anterior, se declaró que el actor era titular de la estabilidad laboral reforzada y, por consiguiente, en su beneficio debían aplicarse las consecuencias jurídicas previstas para este tipo de eventos.

Una empresa vulnera el derecho a la estabilidad laboral reforzada al despedir un trabajador vinculado mediante contrato a término fijo, que fue diagnosticado con cáncer, si conociendo su delicado estado de salud, no pide permiso a la Oficina del Trabajo para el efecto.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política,