Auto nº 132/21 de Corte Constitucional, 23 de Marzo de 2021

4.1. A partir de los antecedentes relacionados, la S. observa que en el asunto de la referencia se presentan varios aspectos que es necesario esclarecer. Entre los principales está el relacionado con los alcances de la implementación del componente de reincorporación del Acuerdo de Paz y la incidencia de su posible incumplimiento –en particular, del componente de garantía de seguridad–, en la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal, a la seguridad y a la paz de las y los excombatientes que suscribieron el Acuerdo Final y se hallan en proceso de reincorporación, incluyendo quienes integran el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –hoy Partido Comunes.

4.2. Debe la S., igualmente, dilucidar si teniendo en cuenta las circunstancias expuestas por las y los accionantes en sus demandas y el material probatorio allegado al expediente de la referencia, se sigue la necesidad de declarar el estado de cosas inconstitucional, como fue solicitado en los escritos de tutela.

4.3. Acerca de los aspectos mencionados, cabe traer a colación que, de conformidad con el punto 3.4. del Acuerdo Final, el Gobierno Nacional se comprometió a garantizar

(…) la implementación de las medidas necesarias para intensificar con efectividad y, de forma integral, las acciones contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Además, asegurará la protección de las comunidades en los territorios, que se rompa cualquier tipo de nexo entre política y uso de las armas, y que se acaten los principios que rigen toda sociedad democrática.

4.4. Al respecto, resulta preciso traer a colación algunos de los apartes consignados en la sentencia C-630 de 2017 en la que esta Corte Constitucional sostuvo, refiriéndose al Acto Legislativo 02 de 2017, lo siguiente:

(…) En primer lugar, cabe referirse a la previsión según la cual existe por parte de las instituciones y autoridades del Estado la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final.

Dicho mandato ha de entenderse como una obligación de medio, lo que implica que los órganos políticos, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, deberán llevar a cabo, como mandato constitucional, los mejores esfuerzos para cumplir con lo pactado, en el marco de los principios de integralidad y no regresividad (…).

4.5. Entre los principios orientadores de este compromiso se cuentan los siguientes[38]: i) respeto, garantía, protección y promoción de los derechos humanos; ii) asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio:; iii) fortalecer la administración de justicia; iv) asegurar el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública; v) aplicar el enfoque territorial y diferencial; vi) aplicar el enfoque de género; vii) coordinación y corresponsabilidad institucional; viii) participación ciudadana; ix) rendición de cuentas y x) garantías de no repetición.

4.6. Siendo todos los referidos principios y enfoques igualmente importantes, para el asunto que nos ocupa cabe destacar la relevancia del principio de coordinación y corresponsabilidad. En efecto, este principio es tributario del principio de colaboración armónica sobre el cual esta Corte Constitucional ha reiterado que, en lo relativo al cumplimiento de las funciones estatales, no solo es necesario respetar la separación de poderes dirigida a garantizar la necesaria independencia y autonomía de los diferentes órganos del Estado, a fin de que puedan cumplir a cabalidad sus funciones[39], sino que esta circunstancia debe mirarse “en función de su vinculación con el modelo trazado en el artículo 113 superior, según el cual cada uno de los órganos del poder público debe colaborar armónicamente para la consecución de los fines estatales”[40].

4.7. En ese sentido y, en aras de recabar el mayor número de elementos de convicción posible para mejor proveer en el asunto de la referencia, la S. adoptará un conjunto de disposiciones en la parte resolutiva de la presente providencia.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la S. Séptima de Revisión

PRIMERO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional VINCULAR al Ministerio de Defensa Nacional, a la Comandancia General de las Fuerzas Militares y de la Policía, al A.C. para el Posconflicto, a la Alcaldía del municipio de Cumbal (Nariño), a la Alcaldía del municipio de Tumaco (Nariño), a la Alcaldía del municipio de San José del G. (G.), a los departamentos de Nariño y G., a la Agencia para la Reincorporación y la N. (ARN) y al Resguardo de San Juan de M. a las presentes acciones constitucionales, para que, en el término de ocho (8) días contados a partir de la notificación de este auto, expresen lo que estimen conveniente sobre los hechos de las tutelas de la referencia.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se les enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

SEGUNDO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Alcaldía del municipio de Cumbal (Nariño), a la Alcaldía del municipio de Tumaco (Nariño), a la Alcaldía del municipio de San José del G. (G.) y a la Gobernación de los departamentos de Nariño y G., para que en el término de ocho (8) días, contados a partir de la notificación del presente auto, informen si en la formulación de los planes integrales de prevención y protección incluyeron a los excombatientes de las FARC- EP acreditados y en proceso de reincorporación política, social o económica, como sujeto de atención y su situación de riesgo, con el fin de adoptar las medidas idóneas para garantizar su derecho a la vida e integridad personal y seguridad.

TERCERO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección; a la Agencia para la Reincorporación y la N. (ARN); a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz; a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación; a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección; al Ministerio de Defensa Nacional –Comandancia General de las Fuerzas Militares y de la Policía–; a la F.ía General de la Nación; a la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres; a la Contraloría General de la República (Delegada para el posconflicto); al Ministerio del Interior, con el objeto de que, dentro del marco de sus competencias y, en el término de ocho (8) días, contados a partir de la notificación del presente auto:

i) Relacionen las gestiones concretas, intervenciones y la inversión (años 2017 a 2020) en dinero y personal adoptadas con el fin de garantizar los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la seguridad de las y los excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación política, social y/o económica en cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y D..

ii) Informen cómo han reaccionado las autoridades locales y departamentales frente a las medidas adoptadas y cómo ha respondido también la Fuerza Pública –Comandancia General de las Fuerzas Militares y de la Policía– al respecto e indiquen en qué podría mejorar su desempeño.

iii) Puntualicen si la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS) contribuye y cómo a la garantía de la seguridad en las zonas donde hay mayor violencia en contra de las y los excombatientes de las FARC-EP que suscribieron el Acuerdo Final y se encuentran en proceso de reincorporación política, social y/o económica.

iv) E. si en relación con las gestiones concretas, intervenciones e inversión les ha sido posible aplicar, cómo y, en qué medida, el principio de coordinación y corresponsabilidad, así como precisen cuáles han sido y son los principales obstáculos que impiden un trabajo articulado y corresponsable entre las distintas autoridades competentes y cómo superarlos.

v) S. si en relación con las gestiones concretas, intervenciones e inversión les ha sido posible aplicar, cómo y, en qué medida, los enfoques territorial, étnico y de género.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se les enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

CUARTO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la F.ía y al Cuerpo Élite de la Policía Nacional –quienes lideran un modelo investigativo integral para el desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres–, con el objeto de que en el término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto:

i) D. en qué medida y cómo han implementado los Puntos 2 y 3 del Acuerdo Final de noviembre de 2016 en lo que se refiere al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).

ii) Precisen hasta qué punto la participación de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) puede incentivar la confianza institucional, contribuyendo a avanzar de manera más efectiva en la labor encomendada por el ordenamiento a la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la F.ía y el Cuerpo Élite de la Policía Nacional.

iii) E. si impulsar el funcionamiento de la Alta Instancia del SISEP –a la manera de un espacio de articulación de este sistema- mejoraría las políticas de protección a través del diálogo entre los actores más importantes– y cómo podría esto tener lugar.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se les enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

QUINTO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe acerca de:

i) Su situación financiera y, especifique, el porcentaje de los recursos que, para su funcionamiento, devienen de la cooperación internacional y del Estado colombiano, así como el porcentaje de los recursos que se destinan a la protección de las y los excombatientes y muestre si ese rubro se ha modificado, tanto en términos porcentuales, como absolutos desde la firma del Acuerdo Final. De igual forma, se le solicitará que precise si cuenta con el personal suficiente para desempeñar las tareas a su cargo. Si su respuesta es negativa, indique por qué razón no se cuenta con el personal necesario y qué acciones ha llevado a cabo para corregir tal situación.

ii) Si, en sus procedimientos internos para la protección y el respeto de los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad de las y los excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación política, social y/o económica en cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y D., ha aplicado el enfoque de género incluyendo medidas de protección diferenciada que atiendan los riesgos particulares que enfrentan las mujeres y cómo.

iii) Si ha implementado una ruta de evacuación de emergencia de las personas en proceso de reincorporación en los territorios y qué papel desempeña en el diseño la comunicación y gestión coordinada y corresponsable de las entidades encargadas de seguridad, protección y medidas para prevenir hechos victimizantes.

iv) Cómo funciona el trabajo conjunto entre el Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación de Riesgo y Recomendaciones (GRAERR) de la Unidad Nacional de Protección y el Grupo de Implementación, Supervisión y Finalización de Medidas de la Subdirección Especializada, los obstáculos que enfrenta esa actividad conjunta y cómo podrían superarse.

v) Si, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio Público con fundamento en la Directiva 001 de 2020, ya realizó y allegó ante la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz el informe trimestral en el que se le pidió incluir a) número de solicitudes recibidas; b) número de solicitudes tramitadas; c) número de medidas de protección aprobadas; y, d) número de medidas de protección implementadas”, discriminando por departamentos y municipios, así como especificando si se trata de excombatientes, integrantes del partido político o de un familiar. Si la respuesta es afirmativa enviar copia del mismo a la Corte Constitucional.

Adicionalmente, que en el término indicado,

vi) Exponga de forma detallada y en estricto orden cronológico, cuáles son los diferentes procesos que tienen lugar al interior de la entidad en relación con las solicitudes de medidas de protección presentadas por exintegrantes de las FARC EP en proceso de reincorporación política, social y/o económica, las etapas que deben cumplirse y los tiempos en que normalmente se agota cada una de ellas, las dependencias encargadas en cada fase del procedimiento y, en general, la trazabilidad de cada solicitud desde que se radica la solicitud hasta que se le implementa efectivamente el esquema de seguridad al/ a la beneficiario/a; y,

vii) Describa la forma en que se agotó el referido protocolo en relación con las reclamaciones de los accionantes dentro del presente caso.

vii) Informe el estado actual de cumplimiento de las medidas de protección que adoptó a favor de los accionantes N.A.O.A., H.P.R.L., D.M.P.C., J.A.R.M. y T.I.E.E., mediante Resolución No. MTSP 0002 del 06 de abril de 2020 (Expediente T-.7.987.084); R.P.D. a través de la Resolución MT – 220 del 5 de enero de 2018 (Expediente T-7.987.142) y F.G.H., mediante acto administrativo MTSP 0032 del 30 de abril de 2020 (Expediente T-8.009.306).

Para dar cumplimiento a lo anterior, se les enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

SEXTO. ORDENAR al Gobierno Nacional, por conducto del Departamento Nacional de Planeación que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe acerca de:

i) Qué rubros ejecutó del Plan Plurianual de Inversiones para la Paz en el periodo comprendido entre 2018-2020, año a año y lo que proyecta ejecutar para los años 2021 y 2022 y especifique de esos rubros y en los mismos periodos, los que ejecutó y proyecta ejecutar en relación con la reincorporación política, social y/o económica en cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y D..

ii) Qué resultados se han alcanzado respecto de las metas del Plan de Inversiones para la Paz, especificando los resultados relacionados con la reincorporación política, social y/o económica en cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y D..

Para dar cumplimiento a lo anterior, se les enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

SÉPTIMO ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Unidad Nacional de Protección y a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, indiquen, dentro del marco de sus competencias:

i) Las medidas que han adoptado para agilizar los tiempos de evaluación de riesgo, respuesta e implementación de las medidas de protección que se adopten en favor de la de las y los excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación política, social y/o económica en cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una Paz Estable y D..

ii) Si han revisado y, de ser pertinente, fortalecido los esquemas de protección colectivos asignados para garantizar medidas idóneas, oportunas y efectivas, según lo establecido por el ordenamiento jurídico.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se les enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

OCTAVO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie al Grupo de Recepción, Análisis, Evaluación de Riesgo y Recomendaciones (GRAERR) de la Unidad Nacional de Protección, para que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe, dentro del marco de sus competencias:

i) Sobre las labores que suele realizar para implementar los esquemas de seguridad de excombatientes de las FARC-EP que suscribieron el Acuerdo Final entre quienes se encuentran las/los integrantes del Partido Fuerza Alternativa y Revolucionaria del Común y, de haberlo hecho, cuáles fueron las realizadas en relación con las y los accionantes en los expedientes de la referencia.

ii) Cómo funciona el trabajo conjunto entre el mencionado GRAERR y el Grupo de Implementación, Supervisión y Finalización de Medidas de la Subdirección Especializada.

iii) Si existe facilidad de cruce de datos entre estas autoridades y en qué medida esto resulta importante para desarrollar una labor preventiva, eficiente, coordinada y corresponsable que conduzca a garantizar, con mayor grado de efectividad, la seguridad de los ex combatientes de las FARC-EP que se encuentran en proceso de reincorporación incluidas las personas que integran el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –hoy Partido Comunes–

Para dar cumplimiento a lo anterior, se les enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

NOVENO. ORDENAR a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en su condición de Secretaría Técnica del Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) o a quien haga sus veces y a las entidades que forman parte de la alta Instancia del SISEP que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto informen:

i) Las medidas adoptadas y las acciones emprendidas para avanzar, en el menor tiempo posible, en el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de los homicidios y masacres que atenten contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación del Acuerdo de Paz y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.

ii) El papel que desempeñan los Consejos Nacionales y Territoriales de Paz para prevenir y/o reaccionar frente a las acciones de que son víctimas las y los excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación política, social y/o económica, en los términos del punto 3 del Acuerdo de Paz sobre el fin del conflicto.

iii) El estado actual en el que se encuentra la aprobación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección que menciona el artículo 2.4.1.4.6 del Decreto 299 de 2017, en particular, las medidas materiales de prevención y contra la estigmatización adoptadas, y los avances en su implementación.

iv) Si para enfrentar las amenazas que se ciernen sobre las y los excombatientes de las FARC-EP que se encuentran en proceso de reincorporación política, social y/o económica se ha desarrollado un trabajo coordinado; qué obstáculos enfrenta esa actividad articulada y cómo se podrían superar los problemas que se presentan en relación con el trabajo conjunto.

v) Si se han puesto en marcha la Comisión de Seguimiento y Evaluación del SISEP, así como el Comité de Impulso a las Investigaciones y, si esto no ha sido así, cuáles son los motivos.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se les enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

DÉCIMO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Procuraduría General de la Nación para que en el término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, en el marco de sus competencias, indique:

i) Los principales problemas que enfrentan las entidades con responsabilidades en la implementación del Acuerdo –especialmente los obstáculos que deben sortear los Consejos Nacionales y Territoriales de Paz– y, en su criterio, cuáles serían las medidas y acciones que deben adoptarse e implementarse para superarlos, específicamente en relación con el punto 3 del Acuerdo de Paz sobre el fin del conflicto.

ii) Cuál ha sido la labor del Ministerio Público en relación con el seguimiento de las medidas adoptadas, tanto en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, como en las nuevas áreas de reincorporación, para la prevención de las violencias y la mitigación de los impactos del aislamiento en los proyectos productivos de las y los excombatientes de las FARC-EP y, en su criterio, qué obstáculos impiden la efectividad de las medidas adoptadas, así como cuáles podrían ser las acciones necesarias para superarlos.

iii) Cómo han reaccionado los alcaldes y gobernadores al exhorto realizado por el Ministerio Público en el sentido de que en la formulación de los Planes Integrales de Prevención tengan en cuenta a los excombatientes de las FARC – EP acreditados que se encuentran en proceso de reincorporación política, social y/o económica, como sujetos de atención y si han presentado diagnósticos sobre su situación de riesgo con el objetivo de incorporar medidas para garantizar su derecho a la vida e integridad personal.

iv) La importancia del diálogo con las comunidades e interlocución con las autoridades para el monitoreo a la implementación de acciones de prevención y protección, al igual que los alcances y problemas que enfrenta la aplicación de los enfoques territorial, diferencial y de género en relación con las medidas para proteger a las y los excombatientes en proceso de reincorporación a la vida política, social y/o económica.

v) Si se han cumplido y cómo las ordenes previstas en la Directiva 01 de 2020 proferida por la Procuraduría sobre los derechos de los y las excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación política, social y/o económica y remita con destino al proceso de la referencia un recuento detallado al respecto.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se le enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

DÉCIMO PRIMERO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Defensoría del Pueblo para que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, en el marco de sus competencias y, con base en el sistema de alertas tempranas, informe:

i) Cuál es la situación de orden público en el departamento de Nariño, principalmente, en los municipios de Cumbal y Tumaco y, en el departamento de G., en especial, en el municipio de San José del G., vereda C..

ii) Cuál es la situación de orden público en las regiones del país en las que se encuentran personas desmovilizadas de las antiguas FARC-EP que suscribieron el Acuerdo Final entre ellos/ellas quienes integran el Partido Fuerza Alternativa y Revolucionaria del Común –hoy Partido Comunes– y en la actualidad se encuentran en procesos de reincorporación.

iii) Especifique, en concreto, a) ¿cómo se han adelantado estos procesos y si se ha hecho aplicación de los enfoques territorial, diferencial y de género?; b) ¿qué obstáculos institucionales y no institucionales frenan o tornan ineficaz el trabajo gubernamental coordinado y corresponsable entre las autoridades a nivel nacional, departamental y local a las que concierne, por mandato constitucional, legal y reglamentario, la protección de las y los excombatientes que se desmovilizaron de las antiguas FARC-EP y se encuentran en proceso de reincorporación política, social y /o económica y qué medidas se podrían adoptar para superarlos.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se le enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

DÉCIMO SEGUNDO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Agencia de Reincorporación y N. –ARN– para que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto manifieste, en el ámbito de sus competencias:

i) En qué consisten y cómo están estructurados los protocolos de atención dispuestos en casos en que se presente riesgo o amenaza para la vida, integridad personal y seguridad de las y los excombatientes de las FARC-EP que se encuentran en proceso de reincorporación, incluyendo quienes integran el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –hoy Partido Comunes.

ii) Cómo funciona la coordinación entre la Agencia, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, así como la articulación entre las tres autoridades mencionadas y las autoridades departamentales y locales.

iii) Si existe un manejo conjunto de datos que facilite el trabajo entre las aludidas autoridades y cómo está estructurado, así como qué obstáculos institucionales y no institucionales frenan el trabajo coordinado y corresponsable entre estas.

iv) En particular, se pronuncie sobre los hechos de las acciones de tutela objeto de estudio.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se le enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

DÉCIMO TERCERO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación para que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informen:

i) El estado actual en el que se encuentra la aprobación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección que menciona el artículo 2.4.1.4.6 del Decreto 299 de 2017, en particular, las medidas materiales de prevención y contra la estigmatización adoptadas, y los avances en su implementación.

ii) El estado actual del proceso de implementación del componente de reincorporación del Acuerdo Final de Paz.

iii) Las acciones que ha adelantado el Gobierno Nacional en torno a poner en consideración del Congreso de la República los temas que se encuentran pendientes del Acuerdo Final y detalle cuáles son.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se le enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

DÉCIMO CUARTO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie al Ministerio de Defensa para que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe:

i) Qué estrategias ha adoptado, en el marco de sus competencias, para brindar seguridad pública en las zonas donde se encuentran grupos de los (as) excombatientes de las FARC–EP acreditados (as), en proceso de reincorporación política, social o económica, como también en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

ii) Si incorporó el componente estratégico de promoción de una cultura de respeto y de garantías en favor de la labor de la defensa de los derechos humanos, que incluye la prevención y superación de la estigmatización, señalado en el documento CONPES de 2020, tal y como lo expuso en su intervención, dentro de las acciones de tutela de la referencia.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se le enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

DÉCIMO QUINTO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie al Ministerio del Interior para que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe si incorporó en sus políticas el componente estratégico de promoción de una cultura de respeto y de garantías en favor de la labor de la defensa de los derechos humanos, que incluye la prevención y superación de la estigmatización, señalado en el documento CONPES de 2020, tal y como lo expuso en su intervención dentro de las acciones de tutela de la referencia.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se le enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

DÉCIMO SEXTO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie al Ministerio de Defensa, a la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, así como a la Agencia para la Reincorporación y N. a efectos de que en el término de ocho (8) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, informen:

i) Si han adoptado una estrategia de seguridad especial coordinada para la protección y control de riesgos de las zonas donde se encuentran grupos representativos de los excombatientes de las FARC-EP acreditados que están en proceso de reincorporación política, social y/o económica.

ii) Si esa estrategia de seguridad se fortaleció en relación con los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, tal como el Ministerio Público lo solicitó a las autoridades mencionadas; detallen la importancia de este trabajo articulado, los problemas que enfrenta y las posibilidades de solución.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se le enviará copia de las acciones de tutela de la referencia y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

DÉCIMO SÉPTIMO. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional INVITAR a las facultades de derecho de las universidades Nacional de Colombia; Externado de Colombia; de los Andes; J.; ICESI de Cali; S.A.; de La Sabana; del Cauca; de Antioquia; Santiago de Cali; Industrial de Santander (Grupo de litigio estratégico); a la Facultad de Jurisprudencia del Rosario; a la Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz; a la Presidencia de la Comisión de la Verdad; a la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI); a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas; al Instituto Kroc (Kroc Institute for international Peace Studies ) de la Universidad de Notre Dame; a la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas; al Institute for Intergrated Transitions; a H.R.W.; a Amnistía Internacional (Amnesty International); a la Fundación Ideas para la Paz; al Centro Internacional para la Justicia Internacional (ICTJ); a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA); a la Coordinación Colombia Europa-Estados Unidos (CCEEU); a la ONG Dejusticia; a la ONG Pensamiento y Acción Social (PAS); a la organización Sisma mujer; a la Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género; al instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ); al Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativos (ILSA); a la Fundación Paz y Reconciliación; a la Academia Colombiana de Jurisprudencia; a la Comisión Colombiana de Juristas; a la Academia (ACCOLDI); al Centro de Estudios Políticos y Económicos C.L.R.; al Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP PPP); al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga; al Colectivo de Abogados J.A.R.; a la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE); a la Misión de Observación Electoral (MOE); y al Movimiento Voces de Paz; con el fin de que si lo consideran pertinente, y dentro del término de ocho (8) días, a partir de la notificación del presente auto, emitan su opinión sobre las demandas de la referencia.

En virtud de lo anterior, se les enviará copia de las acciones de tutela y los fallos de instancia, por intermedio de la Secretaría General.

DÉCIMO OCTAVO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a las autoridades, así como a las universidades –privadas y públicas–, al igual que a las organizaciones internacionales, no gubernamentales y de la sociedad relacionadas en la presente providencia, para que se pronuncien acerca de:

i) Cuál es la relevancia y alcance de la implementación estatal y gubernamental del componente de reincorporación del Acuerdo de Paz, en la debida protección de los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, seguridad y paz de las y los excombatientes que suscribieron el Acuerdo Final y se hallan en proceso de reincorporación, incluyendo a quienes forman parte del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –hoy Partido Comunes–.

Las autoridades, universidades privadas y públicas, las organizaciones internacionales, no gubernamentales y de la sociedad civil que hayan elaborado informes y recomendaciones sobre los temas del presente auto podrán remitirlos a la Corte Constitucional con destino al expediente de la referencia.

DÉCIMO NOVENO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, para que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, remita copia de la acción de tutela interpuesta por el señor G.H. dentro del proceso de tutela con número de radicado 25000-23-15-000-2020-00209-00; la providencia mediante la cual decidió sobre la solicitud de amparo el 18 de junio de 2020 y; las actuaciones que se surtieron al interior del mismo.

VIGÉSIMO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie al Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –hoy Partido Comunes- para que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe:

(i) El impacto de los grupos u organizaciones criminales que afectan los proyectos productivos de las y los excombatientes de las FARC-EP;

(ii) los obstáculos impiden la efectividad del Acuerdo de Paz y;

(iii) cuáles podrían ser las acciones necesarias para superarlos.

VIGÉSIMO PRIMERO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Presidencia de la República para que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe las gestiones específicas que ha adelantado intensificar las acciones contra las organizaciones al margen de la ley, que amenazan o atentan contra los excombatientes en proceso de reincorporación.

VIGÉSIMO SEGUNDO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la F.ía General de la Nación para que en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la notificación del presente auto, informe cuál es el porcentaje de casos esclarecidos que han resultado en imputaciones efectivas con respecto a los crímenes cometidos contra excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación política, social y/o económica.

VIGÉSIMO TERCERO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad con el fin de que informe si en atención a las órdenes dadas por la Procuraduría General de la Nación mediante la Directiva 01 de 2020 creó un registro de todas las agresiones contra excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación política, construido en conjunto con la sociedad civil y envíe copia del mismo con destino al expediente de la referencia.

VIGÉSIMO CUARTO. ORDENAR que por Secretaría General de la Corte Constitucional se oficie al Tribunal Superior de Pasto, S. de Decisión Penal, que amparó los derechos fundamentales de los accionantes N.A.O.A., H.P.R.L., D.M.P.C., J.A.R.M. y T.I.E.E. el 21 de abril de 2020 (Expediente T-.7.987.084) y R.P.D. el 16 de junio de 2020 (T-7.987.142); y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que accedió al amparo solicitado por el señor F.G.H. el 18 de junio de 2020 (Expediente T-8.009.306), para que informen:

i) Si las órdenes que profirieron en los fallos de instancia se han cumplido efectivamente o el estado actual de su cumplimiento.

VIGÉSIMO QUINTO. SUSPENDER los términos de decisión del presente asunto, por un término de tres (3) meses, en los términos del último inciso del artículo 64 del Acuerdo 02 de 2015.

VIGÉSIMO SEXTO. Por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación, una vez agotado el término otorgado en los numerales primero y segundo de esta parte resolutiva, PONER A DISPOSICIÓN de las partes y personas vinculadas, copia de las comunicaciones que se hubieren recibido en acatamiento de las órdenes precedentes, las cuales estarán disponibles en la Secretaría General de esta Corporación, por el término de tres (3) días hábiles para que, en caso de estimarlo conveniente, se pronuncien respecto de las mismas.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. COMUNICAR esta decisión y remitir una copia completa del presente auto, a todas las partes dentro de los procesos de la referencia.

3. y cúmplase.

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ALBERTO ROJAS RÍOS

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

[1] Es importante anotar que en el expediente con el número T-7.987.084 el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Juan de Pasto, mediante auto de fecha 1º de abril de 2020, a través del cual admitió la tutela en referencia resolvió vincular “en calidad de terceros con interés directo en las resultas del trámite” al Senado de la República, a la Cámara de Representantes, a las Presidencias de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la F.ía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y al Partido FARC. Cfr. expediente digital T-7.987.084, consecutivo número 7. Lo mismo aconteció en el expediente con el número T-7.987.142 en el que, por auto fechado el 3 de junio de 2020, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Juan de Pasto admitió la tutela y ordenó vincular a las mismas autoridades. Así aparece registrado en el expediente digital T-7.987.142 con número consecutivo 71 fl. 3 y ss. En el expediente T-8.009.306, la Sección Quinta de la S. de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante auto proferido el 26 de mayo de 2020 admitió la tutela con el número de la referencia y ordenó notificar “por el medio más expedito y eficaz” … a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, quienes podrán contestar la presente tutela y allegar los documentos que pretendan hacer valer como pruebas, dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del respectivo oficio”. Adicionalmente, ordenó comunicar lo resuelto a los presidentes del Senado de la República, de la Cámara de Representantes, a las presidencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la S. Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, a las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición (SIVJRNR), al Defensor del Pueblo, al Contralor General de la República, al director del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –hoy partido Comunes–, “para que dentro del término de tres (3) días contados a partir del recibo de la correspondiente comunicación manifestaran lo que consideraran pertinente”. Cfr. expediente digital T-8.009.306, consecutivo número 34.

[2] Los escritos de tutela se encuentran visibles en el expediente digital T-7.987.084, consecutivos 5, N.A.O.A., 18, H.P.R., 19, D.M.P., 20 J.A.R. y 21, T.I.E.E..

[3] Visible en el expediente digital T-7.987.142, consecutivo 4.

[4] Del 5 de enero de 2018.

[5] atencionalusuario@unp.gov.co

[6] Del 5 de enero de 2018.

[7] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 12.

[8] Es importante advertir que el accionante ya había interpuesto una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En este sentido, el pasado 19 de febrero, el actor presentó un escrito ante el despacho sustanciador en el que aclaró que el 13 marzo de 2020, interpuso una primera acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitándole la protección de sus derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad personal. No obstante, refirió que en razón a la declaratoria de emergencia sanitaria originada a raíz de la Covid-19 y que luego se declaró como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hubo mayores actuaciones procesales. En tal virtud, decidió instaurar una segunda solicitud de amparo y agregó un nuevo supuesto fáctico en relación con la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, la cual le correspondió conocer al Consejo de Estado, Sección Quinta. Indicó que en la primera tutela se profirió fallo amparando sus garantías superiores el 18 de junio de 2020, y que ha tenido que promover dos incidentes de desacato para su cumplimiento efectivo.

[9] La respuesta de la Presidencia se presentó de manera separada en los casos de los señores N.A.O., T.I.E. y Á.A.V.. Se allegó de manera conjunta al expediente acumulado en los casos de los señores H.P.R., D.M.P. y J.A.R.. Acá se toma esta última que en los aspectos generales coincide con las demás contestaciones, visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 88.

[10] Las respuestas de la Unidad Nacional de Protección se presentaron de manera separada en los expedientes de la señora N.A.O.A., (expediente digital T-987.084, consecutivo 81); del señor T.I.E.E. (expediente digital T-987.084, consecutivo 82) y Á.A.V. (expediente digital T-987.084, consecutivo 108). En el caso de los señores H.P.R., D.M.P. y J.A.R.M. se presentó de manera conjunta (expediente digital T-987.084, consecutivo 121). En este lugar se presentan los argumentos generales que se reiteran en todas las contestaciones, extraídos del expediente de la señora N.A.O.A., expediente digital T-987.084, consecutivo 81.

[11] Visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 52.

[12] Parte 4 DERECHOS HUMANOS, Título 1 Programa de Protección.

[13] La respuesta del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC –hoy partido Comunes– se presentó de manera separada en los casos de los señores N.A.O., T.I.E. y Á.A.V.. Se allegó de manera conjunta al expediente acumulado en los casos de los señores H.P.R., D.M.P. y J.A.R.. Acá se toma esta última que en los aspectos generales coincide con las demás contestaciones, visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 109.

[14] A propósito de tal situación, solicitó tener en cuenta el Informe de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia en concordancia con las resoluciones 2487 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

[15] La respuesta de la Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz se presentó de manera separada en los casos de los señores N.A.O., T.I.E. y Á.A.V.. Se allegó de manera conjunta al expediente acumulado en los casos de los señores H.P.R., D.M.P. y J.A.R.. Acá se toma la contestación en el expediente de la señora N.A.O. que en los aspectos generales coincide con las demás contestaciones, visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 92.

[16] La respuesta de la F.ía General de la Nación se presentó de manera separada en los casos de los señores N.A.O., T.I.E. y Á.A.V.. Se allegó de manera conjunta al expediente acumulado en los casos de los señores H.P.R., D.M.P. y J.A.R.. Acá se toma la contestación presentada en el asunto del señor T.I.E. que en los aspectos generales coincide con las demás respuestas, visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 153.

[17] La respuesta de la Procuraduría General de la Nación se presentó de manera separada en los casos de los señores N.A.O., T.I.E. y Á.A.V.. Se allegó de manera conjunta al expediente acumulado en los casos de los señores H.P.R., D.M.P. y J.A.R.. Acá se toma esta última que en los aspectos generales coincide con las demás contestaciones, visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 159.

[18] “COMUNICAR a los presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, a las presidencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, la S. Penal de la Corte Suprema Justicia y la Corte Constitucional, al F. General de la Nación, a las direcciones de las entidades que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría General de la República, y a las demás que el juez considere pertinente”.

[19] Octavo. ORDENAR al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Protección y la F.ía General de la Nación a crear un registro completo de todas las agresiones en contra de signatarios del Acuerdo Final, en el que participen las organizaciones de la sociedad civil. En él se deberán desagregar variables como, presunto victimario, lugar, fecha, actividad política del afectado, antecedentes y las demás que resulten necesarias para un conocimiento completo, exhaustivo y detallado del fenómeno”.

[20]“ORDENAR a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior que, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la F.ía General de la Nación, diseñen e implementen una “política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como se estipula en el Acuerdo de Paz, es esencial para frenar la violencia que estos grupos infligen a las comunidades vulnerables”, como lo expresa la Misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia, en su Informe del Secretario General que comprende el periodo entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2019 (párrafo 97)”.

[21] ORDENAR a las entidades accionadas enviar informes trimestrales al juez constitucional que conoce la tutela, a la Corte Constitucional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al partido político FARC y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (CSIVI), sobre el avance de este proceso. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, dentro de la órbita de sus competencias, informarán a la Corte Constitucional sus conclusiones sobre la forma como se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el presente auto”.

[22] “Decimoséptimo. CONMINAR a las entidades y autoridades accionadas a aumentar el nivel de coordinación entre el nivel nacional y territorial para que las medidas de protección sean adecuadas para resguardar los derechos fundamentales de las personas en proceso de reincorporación. O, alternativamente, DELIMITAR las competencias atinentes a lo nacional y lo territorial en materia de acciones de implementación efectiva del Acuerdo y las respectivas disposiciones legales y constitucionales”.

[23]“Decimoctavo. PONER EN CONOCIMIENTO de la Contraloría General de la República los hechos expuestos en la acción de tutela, con el fin de que esta entidad, en arreglo a sus competencias, coadyuve en la vigilancia de la gestión fiscal de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo Final, así como de los recursos destinados para la protección de sus signatarios y líderes sociales”.

[24] “Decimonoveno. PONER EN CONOCIMIENTO de la F.ía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo todos los sucesos a los que hace referencia la acción de tutela, para que tomen acciones dentro de la órbita de sus funciones y competencias”.

[25] “Vigésimo. EXHORTAR a la F.ía General de la Nación, en particular la Unidad de Investigación y Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales, a adoptar medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y signatarios del Acuerdo Final, determinando autores materiales e intelectuales, al tiempo que la existencia o no fenómenos de macrocriminalidad, sistematicidad y de patrones de repetición”.

[26] “Vigésimo primero. EXHORTAR al Senado de la República y la Cámara de Representantes a dar trámite a las leyes contenidas y/o propuestas en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y D.”.

[27] “Para el desarrollo del informe en mención, se visitaron las sedes de las organizaciones políticas declaradas en oposición (Partido Alianza Verde, Partido Polo Democrático Alternativo, Movimiento Alternativo Indígena y Social, Partido FARC y Partido Unión Patriótica), así como a las sedes de las organizaciones políticas declaradas en independencia (Partidos Liberal, Cambio Radical y Alianza Social Independiente)”.

[28] La respuesta de la Defensoría del Pueblo se presentó de manera separada en los casos de los señores N.A.O., T.I.E. y Á.A.V.. Se allegó de manera conjunta al expediente acumulado en los casos de los señores H.P.R., D.M.P. y J.A.R.. Acá se toma esta última que en los aspectos generales coincide con las demás contestaciones, visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 163.

[29] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 79.

[30] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 63.

[31] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 5

[32] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 58.

[33] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 38.

[34] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 69.

[35] Visible en el expediente digital T-7.987.084, consecutivo 174.

[36] Visible en el expediente digital T- 7.987.142, consecutivo 90.

[37] Visible en el expediente digital T-8.009.306, consecutivo 94.

[38] Cfr. Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y D. suscrito el 24 de noviembre de 2016. Punto 3.4.1. Principios orientadores.

[39] Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-246 de 2004. MP. Clara I.V.H. y C-605 de 2006. MP. Marco G.M.C..

[40] I..