Sentencia de Tutela nº 078/21 de Corte Constitucional, 25 de Marzo de 2021

60. Esta Corte es competente para conocer de la revisión de esta acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política; en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991; así como en virtud del Auto del 31 de enero de 2020, expedido por la Sala de Selección de Tutela Número Uno de esta Corte, que decidió someter a revisión la decisión adoptada por el juez de instancia dentro del presente proceso[55].

61. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias, teniendo en cuenta que el artículo 86 de la Constitución señala que las personas pueden acudir a la acción de tutela cuando quiera que sus derechos resulten vulnerados por “cualquier autoridad pública”. La sentencia C-590 de 2005 estableció unas causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

62. Así, a partir de dicho pronunciamiento, la Corte ha sostenido que la acción de tutela es genéricamente procedente contra providencias judiciales cuando: (i) se acredite la legitimación en la causa por activa[56] y pasiva; (ii) se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, a menos que se pretenda usar la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[57]; (iii) se cumpla el requisito de inmediatez[58]; (iv) la cuestión resulte de evidente relevancia constitucional[59]; (v) si se discute una irregularidad procesal, esta debe tener un efecto decisivo en la sentencia cuestionada; (vi) “la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible”; (vii) la providencia judicial atacada no sea una sentencia de tutela o de control abstracto de constitucionalidad -proferida por la Corte Constitucional o por el Consejo de Estado-.

63. Por su parte, los requisitos específicos aluden a los yerros judiciales que se advierten en la decisión judicial y tornan inexorable la intervención del juez de tutela[60]; y son los siguientes: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (v) desconocimiento del precedente; y (vi) violación directa de la Constitución.

    Examen de los requisitos generales de procedibilidad:

64. Legitimación en la causa por activa. La acción de tutela fue interpuesta a través de apoderada judicial por AMGC, a su nombre y como representante legal de sus hijas MAG y DAG. Como la apoderada judicial se encuentra debidamente acreditada[61] y la patria potestad que ostentan los padres otorga la representación legal de los menores de edad para actuar en procesos judiciales[62], se acredita el requisito de legitimación por activa. Esto, sin perjuicio de que, como lo ha señalado la Corte en otras ocasiones, cualquier persona pueda interponer acciones de tutela en calidad agente oficioso de los niños, las niñas y los adolescentes, dado que la especial protección que les otorga la Constitución (art. 44) es irrelevante la calificación del sujeto que actúa y, en consecuencia, no se requiere la manifestación de que el afectado no se encuentra en condiciones de promover su propia defensa [63].

65. Legitimación en la causa por pasiva. Este requisito se satisface porque la acción de tutela se dirige contra el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C. y la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, que son autoridades públicas en los términos de los artículos 228 de la Constitución y 11 de la Ley Estatutaria 270 de 1996; y emitieron las decisiones judiciales a las que se les atribuye la vulneración de derechos fundamentales.

66. Agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial – subsidiariedad. El presente caso supera el requisito de subsidiariedad, porque dentro del proceso ordinario de privación de la patria potestad se surtieron las dos instancias respectivas[64]. Así mismo, quedó plenamente comprobado que no cabía el recurso de casación, puesto que además de que este no fue concedido por la Sala de Familia del Tribunal, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia lo declaró bien negado al resolver el recurso de queja que fue interpuesto contra esa decisión[65], argumentando que la patria potestad “no se encuentra dentro de alguno de los puntuales supuestos en los que el legislador confirió la posibilidad de discutir por esta vía sentencias relacionadas con ese tema”[66]. Tampoco cabría el recurso de revisión, pues los “defectos procedimentales por exceso ritual manifiesto y defecto fáctico” no constituyen causales de procedencia previstas para este mecanismo en el artículo 355 del Código General del Proceso.

67. Inmediatez. El lapso trascurrido entre la sentencia acusada y el momento de interposición de la acción de tutela fue de menos de tres meses, dado que el fallo de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá que resolvió no privar de la patria potestad a DEAE fue proferido el 3 de mayo de 2019 y la acción de tutela que controvierte esa decisión fue incoada el 29 de julio del mismo año. Se trata de un término razonable, que no pone en riesgo los valores de la cosa juzgada y la seguridad jurídica.

68. Relevancia constitucional. El presente caso reviste relevancia constitucional porque la discusión sobre la posible vulneración al debido proceso (art. 29 CP) impacta la garantía de otros principios y derechos constitucionales como la dignidad humana (art. 1), la vida y la integridad personal (art. 11), el interés superior del niño (art. 44) y el derecho a tener una familia y no ser separado de ella (art. 44).

69. Irregularidad procesal. Este requisito general supone verificar que el yerro procesal tenga “un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora”[67], y adquiere relevancia cuando se alega la configuración de un defecto procedimental como causal específica de procedibilidad del amparo. La Corporación ha considerado el exceso ritual manifiesto como una modalidad de configuración del defecto procedimental[68], el cual puede presentarse, entre otras circunstancias, por un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas[69].

70. En el presente caso, en la acción de tutela se alegan como defectos de las decisiones judiciales cuestionadas el exceso ritual manifiesto y el defecto fáctico. Como se mencionó anteriormente, el exceso ritual manifiesto ha sido tratado por esta Corporación como irregularidad procesal en al menos una ocasión; y aunque el defecto fáctico por indebida valoración probatoria no ha sido abordado como tal, debe tenerse en cuenta que en el presente caso los dos reparos fueron presentados como si estuvieran ligados entre sí, pues según las accionantes las autoridades judiciales accionadas valoraron las pruebas con tal grado de formalidad, que pasaron de largo por su contenido material. De ahí que en el presente caso resulte pertinente examinar, como requisito genérico de procedencia del amparo, el carácter determinante de la irregularidad procesal alegada.

71. Al respecto, la parte demandante sostiene que, de no haberse dado tanta importancia a las formalidades, de haberse centrado en los aspectos materiales emanados de las pruebas y de haberse dado prioridad a la voz de las víctimas a la hora de valorarlas, la decisión habría sido distinta. Incluso, las accionantes alegan que los jueces accionados no hayan empleado los procedimientos para hacer efectivo el derecho sustancial, sino todo lo contrario.

72. Se considera superado este requisito, porque en la acción de tutela se expone como los alegados problemas de exceso ritual manifiesto y defecto fáctico de los que adolece la sentencia cuestionada inciden de manera directa en la decisión que finalmente fue adoptada. En ese sentido, la parte actora sostiene que, de no haberse dado tanta importancia a las formalidades, de haberse centrado en los aspectos materiales emanados de las pruebas y de haberse dado prioridad a la voz de las víctimas a la hora de valorarlas, la decisión habría sido distinta. Incluso, las accionantes alegan que los jueces accionados no hayan empleado los procedimientos para hacer efectivo el derecho sustancial, sino todo lo contrario.

73. Identificación de los hechos y derechos vulnerados y su debate en el proceso ordinario. De acuerdo con la solicitud de amparo los derechos vulnerados son “a que cesen la violencia, los tratamientos y señalamientos injustos y desiguales” por parte del progenitor de las niñas y de las autoridades judiciales accionadas. No obstante, dada la informalidad que rige la acción constitucional impetrada, y atendiendo a los hechos que dieron lugar a la instauración del amparo, entiende esta Sala de Revisión que los derechos fundamentales que la parte actora considera vulnerados son la integridad personal (art. 1 y 11 CP) y la igualdad de trato (art. 13 CP); además, como la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial por defectos procedimentales, también se entiende necesariamente involucrado el derecho al debido proceso (art. 29 CP).

    En cuanto a los hechos que generaron la vulneración de estas prerrogativas constitucionales, la parte actora censura el no haber otorgado credibilidad a la versión de MAG sobre el abuso sexual del cual presuntamente fue víctima por razones formalistas y valoraciones probatorias erradas, ideologizadas y prejuiciosas. En ese sentido, las demandantes se refieren una a una a las pruebas que debieron haber sido valoradas en un sentido distinto.

    Por último, está claro que se trata de aspectos que sí fueron alegados en el juicio ordinario, referidos al valor e interpretación que la parte expuso como correcta para establecer la verdad dentro del proceso ordinario.

74. Tipo de decisión judicial que se cuestiona mediante la tutela. La providencia atacada fue proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá en el marco de un proceso ordinario de privación de la patria potestad, de tal forma que cumple con el requisito de no consistir en una sentencia de tutela o de control abstracto de constitucionalidad.

75. Corresponde determinar si la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al confirmar la decisión de no privar de la patria potestad a DEAE respecto de sus hijas MAG y DAG, adoptada por el Juzgado Noveno de Familia de la misma ciudad, incurrió en defecto fáctico y exceso ritual manifiesto por la forma como fueron valoradas las pruebas dentro del respectivo proceso ordinario.

76. Con el fin de verificar si se configuraron los mentados defectos, la Sala Cuarta de Revisión de esta Corte empezará por reseñar los aspectos más relevantes del proceso de privación de patria potestad; luego caracterizará el defecto fáctico y el exceso ritual manifiesto; para posteriormente exponer los asuntos probatorios sometidos a debate; y finalmente, evaluar si la decisión judicial escrutada incurrió en alguno de los supuestos mencionados.

77. Teniendo en cuenta que la acción de tutela bajo análisis se dirige contra una sentencia proferida en el marco de un proceso de privación de la patria potestad, es pertinente contextualizar en qué consiste ese proceso y referirse a su objetivo, consecuencias e importancia.

78. De manera previa, es pertinente recordar que la patria potestad está definida en la legislación civil como el conjunto de derechos que la ley reconoce a los padres sobre sus hijos no emancipados, para facilitar a aquéllos el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. (…) Corresponde a los padres, conjuntamente, el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos[70]. Con ese fin, la patria potestad concede a los padres el usufructo de la mayoría de los bienes de los hijos (art. 290 a 299 y 307 CC[71]), la representación judicial del hijo (art. 306 CC) y la representación de los hijos para celebrar negocios (art. 62 CC). Adicionalmente, a la patria potestad la complementa la responsabilidad parental, que se refiere a la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. (…) En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos (art. 14 CIA[72]).

79. La emancipación es uno de los hechos que pone fin a la patria potestad (art. 312 CC)[73]. Ésta puede voluntaria (art. 313 CC), legal (art. 315) o judicial (art. 315). El maltrato del hijo y la depravación se encuentran previstas en el artículo 315 del Código Civil como causales para la emancipación judicial. Las controversias relativas a la pérdida, suspensión y rehabilitación de la patria potestad se tramitan ante el juez de familia dentro de un proceso verbal sumario de primera instancia (arts. 22.4 y 390.3 CGP[74]).

80. La consecuencia natural de la pérdida de la patria potestad es la cesación de los aspectos que se derivan de ella. Además, la Ley se refiere explícitamente a que, una vez ocurrida la emancipación judicial, continúa la obligación alimentaria a cargo del padre que ha sido privado de la patria potestad (art. 132 CIA), y cesa la exigibilidad de su autorización para que su hijo salga del país (art. 110 CIA).

81. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado en la relación que tiene la patria potestad con el derecho de los niños a tener una familia y no ser separados de ella y el principio del interés superior del menor (art. 44 CP), de manera tal que el ordenamiento superior establece que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables del desarrollo armónico e integral de las niñas, los niños y los adolescentes (art 10 CIA).

82. El ordenamiento también reconoce el derecho de los menores a crecer en el seno de una familia (art. 22 CIA), de donde se deriva que la familia es la llamada a actuar preferentemente en la asistencia y protección de los niños. Esto permite comprender la potestad parental como “una institución jurídica creada por el derecho, no en favor de los padres sino en interés de los hijos no emancipados, para facilitar a los primeros la observancia educada de los deberes impuestos por el parentesco y la filiación”[75]. Además, “la Corte ha precisado que la patria potestad es una institución de orden público, obligatoria e irrenunciable, personal e intransferible, e indisponible, pues es deber de los padres ejercerla, en interés del menor, sin que tal ejercicio pueda ser atribuido, modificado, regulados ni extinguido por la propia voluntad privada, sino en los casos que la propia ley lo permita”[76]. En ese sentido, la patria potestad que ejercen conjuntamente los padres del menor pretende garantizar su bienestar material y afectivo[77], por lo que las razones para preservar el vínculo del menor con sus padres son importantes; de ahí que el inadecuado ejercicio de la patria potestad, siempre que esté demostrado, puede provocar su suspensión, e incluso su pérdida, en los eventos previstos en el artículo 315 del Código Civil.

83. Lo anterior da cuenta de la importancia de las decisiones que adopta la jurisdicción ordinaria en el marco de los procesos de privación de la patria potestad, dado que involucra la garantía del derecho constitucional a tener una familia y no ser separado de ella. Sus providencias deben estar guiadas por el interés superior del niño, pues es tan perjudicial que la paternidad o maternidad se ejerzan de manera inadecuada, como impedir que se cultiven las relación paterno y materno filiares con un padre o madre que ejerce su rol en debida forma.

84. Como se señaló previamente, el defecto fáctico “surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”[78]. En ese sentido, la jurisprudencia ha indicado que se trata de un yerro ostensible, flagrante y manifiesto en el decreto y práctica de pruebas, así como en su valoración[79], que tenga incidencia directa en la decisión adoptada[80]; de tal forma que se respete la autonomía del juez natural y que el juez de tutela no se convierta en una instancia adicional.

85. También se ha expresado que este defecto tiene una dimensión positiva y una negativa[81]. La primera ocurre cuando el juzgador aprecia pruebas que no han debido ser valoradas y la negativa cuando la autoridad omite erróneamente el decreto o práctica de pruebas, o “la[s] valora de una manera arbitraria, irracional y caprichosa u omite su valoración y sin una razón valedera considera que no se encuentra probado el hecho o la circunstancia que de la misma deriva clara y objetivamente. En esta dimensión se incluyen las omisiones en la valoración de las pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez”[82].

86. Esta Corporación pacíficamente ha reiterado en su jurisprudencia tres eventos en los que se configura el defecto fáctico, a saber[83]: “(i) omisión en el decreto y la práctica de pruebas indispensables para la solución del asunto jurídico debatido, (ii) falta de valoración de elementos probatorios debidamente aportados al proceso que, de haberse tenido en cuenta, deberían haber cambiado el sentido de la decisión adoptada e (iii) indebida valoración de los elementos probatorios aportados al proceso, dándoles alcance no previsto en la ley[84]”.

87. Bajo el marco anterior, se aprecia que la apoderada judicial de las accionantes enmarca sus alegaciones en el tercero de los supuestos antedichos, pues considera que las autoridades judiciales accionadas erraron en la forma como sopesaron e interpretaron algunas de las pruebas aportadas al proceso.

88. En particular, sobre el defecto fáctico por la valoración defectuosa del material probatorio, la Corte ha considerado que “debe demostrarse que el funcionario judicial adoptó la decisión, desconociendo de forma evidente y manifiesta la evidencia probatoria. Es decir, se debe acreditar que la decisión se apartó radicalmente de los hechos probados, resolviendo de manera arbitraria el asunto jurídico debatido. (…) Así las cosas, siguiendo la jurisprudencia de esta Corporación, se ha sostenido que la valoración defectuosa se presenta cuando i) la autoridad judicial adopta una decisión desconociendo las reglas de la sana crítica, es decir, que las pruebas no fueron apreciadas bajo la óptica de un pensamiento objetivo y racional, ii) realiza una valoración por completo equivocada o contraevidente, iii) fundamenta la decisión en pruebas que por disposición de la ley no son demostrativas del hecho objeto de discusión, iv) valora las pruebas desconociendo las reglas previstas en la Constitución y la ley, v) la decisión presenta notarias incongruencias entre los hechos probados y lo resuelto, vi) decide el caso con fundamento en pruebas ilícitas y, finalmente vii) le resta o le da un alcance a las pruebas no previsto en la ley”[85].

89. Por su parte, se reitera, el exceso ritual manifiesto “se presenta cuando el funcionario judicial, por un apego extremo y una aplicación mecánica de las formas, renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva patente en los hechos, derivándose de su actuar una inaplicación de la justicia material y del principio de la prevalencia del derecho sustancial”[86]. Esto, dado que los jueces en sus pronunciamientos deben “(i) impartir justicia, (ii) buscar que las sentencias se basen en una verdad judicial que se acerque lo más posible a la verdad real,[48] y (iii) evitar pronunciamientos inhibitorios que dificulten la eficacia de las actuaciones de la Administración de Justicia y de los derechos materiales”[87].

90. Así mismo, se han identificado los siguientes escenarios en los que se puede configurar: (i) cuando se aplican “disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto”[88]; (ii) cuando se exige “el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre comprobada”[89]; (iii) cuando se incurre “en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas”[90]; y (iv) “cuando profiere, de manera injustificada, un fallo inhibitorio”[91].

91. En el presente caso, la circunstancia alegada por las accionantes es la relativa a incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.

92. En primera medida, es fundamental identificar cuáles son los aspectos probatorios sometidos a debate por la parte actora. Para el efecto, la Sala centrará su análisis en la decisión de segunda instancia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Familia el 3 de mayo de 2019, porque fue está la última decisión de fondo proferida dentro del proceso judicial que dio origen a la instauración del amparo, la cual además cobija los reproches que en su momento la parte actora formuló en contra de la sentencia de primera instancia.

93. A continuación se sintetizarán los reparos de la parte actora, y el aspecto pertinente de la sentencia cuestionada a través de la acción constitucional bajo estudio. Así mismo, hará un análisis de cada uno de estos aspectos, cuyos resultados serán retomadas en el siguiente acápite, en el que se establecerá si la valoración probatoria efectuada en la decisión cuestionada incurrió o no en defecto fáctico o en exceso ritual manifiesto.

    Palabras expresadas por la niña MAG el 12 de octubre de 2009

94. En la acción de tutela se afirma que los juzgadores pasaron por alto que el día en que se señala que tuvo lugar el episodio de abuso, MAG expresó con claridad el malestar por lo ocurrido con su progenitor (“-Mamá, me duele mi colita-; aquí, aquí mamá-, mi papito ayayay-; -con este dedito, mamá-; -me duele mi colita-; por ti papá, por ti-”), pese a lo cual aquéllos se centraron en formalidades inocuas para no conferir crédito a su versión, tales como el no uso de conectores, lo que no concuerda con el desarrollo lingüístico correspondiente a su edad. Con lo anterior, se alega, han logrado silenciar a la víctima y pasan por alto que los retrasos que tuvo la niña, por ejemplo, en el lenguaje, justamente encuentran su explicación en la vivencia de una situación de abuso sexual infantil.

95. Además, la parte actora critica el juicio de los falladores sobre el manejo dado a la situación por la progenitora, sin darse cuenta de la extrema agilidad de la madre en buscar ayuda psicológica para su hija. Además, aduce que es común la confusión sobre lo ocurrido en las víctimas de abuso sexual infantil, quienes incluso llegan a retractarse al ser sometidas a permanentes situaciones revictimizantes.

96. No obstante, contrario a lo señalado por la demandante, de la valoración probatoria contenida en la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, queda claro que sí se tuvieron en cuenta las manifestaciones hechas por la menor MAG el 12 de octubre de 2009, pero no le resultó posible concluir, con base en las pruebas, que esas manifestaciones fuesen producto de un acto de abuso sexual por parte de su progenitor, debido a las siguientes consideraciones: (i) las versiones que la madre y las niñeras dieron sobre lo revelado por MAG incluyen, en el dicho de esta última, unos conectores que no son propios del desarrollo lingüístico de un menor de 2 años y 8 meses de edad, tal como lo explicó el médico pediatra GLB en su testimonio; (ii) lo anterior adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que dentro del proceso se ventiló que la niña tuvo un retraso en el desarrollo de su lenguaje hasta los 6 años; (iii) de acuerdo con la literatura psicológica, las manifestaciones de la menor no pueden ser tomadas por sí solas como la revelación propia de un abuso sexual; (iv) si las palabras de la menor el día de los hechos hubiesen permitido concluir de manera inequívoca que había sido víctima momentos antes de un abuso sexual por parte de su padre, no se comprende que la denuncia penal se haya interpuesto 6 años después, tiempo durante el cual se permitieron las visitas del padre a sus hijas; y (v) en relatos posteriores de la niña en distintas actuaciones administrativas y judiciales, ella ha manifestado no estar segura de lo que ocurrió, o no recordarlo, o no tener claro si fue un sueño, y no acordarse de si se trató de un episodio que ella le contó a su progenitora, o viceversa.

97. Estos razonamientos de la Sala de Familia del Tribunal, que se apoyan en el material probatorio recolectado durante el proceso de privación de patria potestad, lo llevaron a concluir que no se demostró cuál fue el contexto en el que la menor pronunció sus palabras, y menos aún que se trataba de una situación de abuso sexual atribuible al padre.

98. Sobre este asunto, se observa que la autoridad judicial adelantó un examen probatorio intenso dirigido a determinar, bajo los parámetros que impone la valoración racional de la prueba, cuáles fueron las manifestaciones de la niña, y si a partir de éstas era dable concluir como cierto el episodio de abuso sexual en el que se fundaba la pretensión de privación de potestad. La Sala de Revisión no encuentra que la actividad judicial haya estado dirigida a acallar a la menor; por el contrario, se empleó a fondo para establecer cuál fue su verdadera voz y relato de acuerdo con sus manifestaciones y las valoraciones de los profesionales.

    Testimonios de las personas que se encontraban con la familia el día de los hechos

99. La parte actora censura que la Sala de Familia del Tribunal haya descartado las versiones de las personas que trabajaban prestando sus servicios personales a la familia encargándose del cuidado de las dos niñas (LAA, LEAL y QPT), quienes dieron fe de las palabras y quejidos de MAG, al centrarse en detalles irrelevantes sobre sus versiones de lo ocurrido en ese día.

100. Al respecto, se evidencia que la autoridad accionada llamó la atención sobre la presencia de imprecisiones relevantes en las distintas versiones sostenidas por dichas personas, y puso de presente que algunas de las declarantes se refirieron a situaciones distintas a la concernida, sobre las cuales incluso dijeron haber sido engañadas para rendir esos relatos. Adicionalmente, cuestionó que la niña no hubiese sido llevada inmediatamente al médico pese a que se quejaba del dolor; consideró que no se puede concluir inequívocamente que existía abuso porque la niña llorara cuando el papá la bañaba, lo cual habitualmente hacía, y destacó otras declaraciones de otros testigos en cuanto a que DEAE era un padre respetuoso y amoroso con sus hijas, sin comportamientos inmorales hacia ellas.

101. La Sala de Revisión constata que las referencias que el Tribunal hace a las contradicciones en las versiones de los testigos no son insustanciales, sino que están dirigidas a evaluar su credibilidad. En ese sentido, el énfasis en las inconsistencias de las declaraciones no es un asunto menor, como lo señala la parte actora, sino que tiene la mayor relevancia, en tanto versan sobre aspectos que evidentemente determinan la confiabilidad de su relato. Por ejemplo, no puede considerarse como una nimiedad el que la testigo LAA, cuidadora de la menor, haya rendido declaraciones extra juicio contradictorias en cuanto a lo que le constaba sobre el episodio de presunto abuso señalado por la demandante[92], y que, para justificarse, haya indicado respecto de la segunda declaración extra juicio que había sido llevada a la notaría con otra finalidad, y que había suscrito un documento en blanco.[93]

     Historia clínica de MAG del 14 de octubre de 2009, por parte del médico pediatra GLB

102. El extremo activo de la litis debatió que la víctima no fue examinada por el doctor GLB pese a que solo habían transcurrido dos días desde la ocurrencia del presunto abuso, lo que debería ser de conocimiento del Tribunal de Ética Médica; y reiteró que, aunque no haya habido examen físico deben tomarse en consideración las expresiones verbales empleadas por la niña sobre las molestias que padeció en su zona anal.

103. Al respecto, la autoridad judicial accionada puso de presente que no se siguió la recomendación del doctor GLB relativa a que la niña fuera valorada por el Instituto de Medicina Legal para efectos de determinar el posible abuso, sino que, en su lugar, se acudió a la Fundación Afecto, donde tampoco se realizó una evaluación de la menor, según lo manifestado por la doctora ICF, adscrita a esa institución.

104. La Sala de Familia también puso de relieve que, en el Hospital de la Misericordia, adonde fue llevada MAG a finales de noviembre de 2009, no se encontraron signos físicos de abuso sexual, y aunque los galenos ordenaron valoraciones adicionales para tal efecto, la madre de la menor no permitió llevarlas a cabo.

105. En relación con este punto, la Sala de Revisión advierte que la acción de tutela no cuestiona propiamente una falencia probatoria de la sentencia, sino que aparentemente pone en tela de juicio la omisión de valoración clínica por parte del médico GLB, pero omite explicar las razones por las cuáles la ausencia del examen físico habría generado un yerro en la actividad probatoria de la autoridad falladora. Dicho de otro modo, los reproches de la parte demandante sobre el trato médico brindado a la menor, no constituyen argumentos pertinentes y conducentes dirigidos a evidenciar una equivocación en la valoración probatoria por parte de la autoridad judicial accionada.

     Concepto de MPFS del 20 de octubre de 2009

106. Uno de los principales reparos de la parte accionante consiste en que la Sala de Familia del Tribunal haya descalificado el concepto técnico de la psicóloga MPFS, a pesar de su experiencia, experticia y reconocimiento, a partir de unas altísimas exigencias de idoneidad a los profesionales que conforman la red de apoyo que ha asistido a MAG. La demandante alega que este concepto no debe desecharse por el hecho de que la profesional haya logrado que la niña expresara su versión en un corto tiempo.

107. Sobre este asunto, se advierte que la autoridad accionada evidenció varias razones que enervan la idoneidad de la profesional y la confiabilidad de la valoración por ella realizada, porque para la fecha en que esta se llevó a cabo, MPFS no estaba habilitada para ejercer la profesión de psicóloga, ya que no contaba con el correspondiente registro o tarjeta profesional. Así mismo, se advirtió que, aún si en gracia de discusión, y con el fin de salvaguardar el interés superior de la menor, se admitiese la idoneidad de la experta pese no contar con el requisito que así lo acredita, del documento suscrito por ella surgen múltiples cuestionamientos que impiden tenerlo como una prueba cierta de la ocurrencia del abuso, dado que: (i) no resulta creíble que con una sola valoración asegure con mucha vehemencia que MAG fue víctima de abuso sexual a manos de su progenitor, afirmación que reconoció apresuradamente e intentó morigerar en su declaración ante el juez de primera instancia; (ii) extralimitó los linderos propios de ese tipo de valoraciones sobre la salud mental, de acuerdo con la literatura científica; (iii) a pesar de no haber evaluado al progenitor, afirmó que este llevaba una vida sexual desordenada y tenía perfil de pedófilo; y (iv) tomó las versiones de la madre como única fuente de información.

108. Además, en la sentencia de segunda instancia se puso de presente que, en su declaración judicial dentro del proceso de privación de patria potestad, la mencionada psicóloga señaló que actualmente es “mucho más juiciosa” en sus conceptos y ha entendido que a ella no le corresponde sindicar a las personas. Así mismo, afirmó que no es posible concluir que el padre de las menores tiene comportamientos sexuales inadecuados sin haberlo valorado previamente, por lo cual calificó de osada la afirmación por ella realizada tiempo atrás. Así mismo, ella misma reconoció no haber empleado la metodología SATAC adecuada para el abordaje de menores víctimas de abuso sexual infantil, y afirmó que el método usado para establecer la ocurrencia de un episodio de esta naturaleza no es idóneo para tal fin.

109. Adicionalmente, la sentencia cuestionada a través de la acción de tutela estimó que el concepto rendido por esta testigo carece de objetividad, puesto que allí se descartan posibles comportamientos de alienación parental por parte de la AMGC, sin tener cómo soportar esa aseveración, pues ella misma reconoció que no atiende adultos y en ningún momento intervino el núcleo familiar.

110. Aunado a lo anterior, la Sala de Familia del Tribunal tuvo en cuenta que el documento suscrito por la psicóloga MPFS fue objeto de críticas por parte de los doctores RSL (médico psiquiatra) y JGMA (psicólogo), quienes pusieron de presente que las múltiples terapias, entrevistas y comentarios de los dos padres sobre la problemática a la que ha estado sometida MAG, pueden incidir en la implantación de los recuerdos expresados por la niña durante la consulta con la psicóloga MPFS. En similar sentido, la doctora MEV señaló que el informe rendido por MPFS no tiene credibilidad y recalcó que las múltiples intervenciones a la MAG han perjudicado. Por demás, la sentencia también valoró que, en el marco de la investigación penal adelantada contra DEAE, las doctoras AMVC e ICF conceptuaron que el citado informe de MPFS presenta algunas carencias como consecuencia de las técnicas empleadas.

111. La providencia atacada también puso de manifiesto que de acuerdo con los conceptos de los doctores AMVC y MEV, la conducta hipersexualizada de la niña no necesariamente tiene su origen en un abuso sexual, como ocurre en un gran porcentaje de los casos, sino que estos comportamientos también pueden ser ocasionados por la sobrevaloración sobre el abuso infantil. Así mismo, dicha providencia tuvo en cuenta que la profesional MRP afirmó la ausencia de elementos para dictaminar que el perfil de DEAE sea el de un abusador.

112. Lo anterior conllevó a la Sala de Familia a colegir que la mala praxis en comento, sumada a la sobrevaloración a la que ha sido expuesta MAG, no contribuyen a esclarecer lo ocurrido, y frente a este panorama incierto, no era dable concluir que estuviese demostrada la causal para ordenar la privación de la patria potestad, como tampoco que esta medida fuese la que mejor se aproximase al interés superior del niño.

113. A partir de lo anterior, se observa que las razones de la Sala de Familia son razonables y se ajustan a la sana crítica, pues están fundadas en la evaluación de la idoneidad del profesional para rendir el dictamen, los arrepentimientos que dice tener por haber emitido un concepto apresurado y sin suficientes elementos de juicio y los reparos efectuados por otros profesionales. Para la Sala de Revisión, el minucioso estudio de este testimonio en la sentencia es propio del rigor en la valoración probatoria del juez, que lo obliga a examinar las pruebas, no en forma aislada, sino en su conjunto. Con este modo de proceder, la autoridad judicial accionada no solo obró con respeto del debido proceso de las partes involucradas, sino que también se preocupó por adoptar la decisión que mejor se ajustase al interés superior de la menor, claro está, de acuerdo con lo probado durante la actuación.

     Evaluación e intervención clínica de la psicóloga CRH, el 2 de agosto y el 15 de diciembre de 2016

114. Al referirse a la valoración que la Sala de Familia del Tribunal hizo de este testimonio, en la demanda de tutela se afirma que las decisiones proferidas dentro del proceso de privación de la patria potestad amparan al padre y señalan negativamente a la madre al referirse a la posible sugestión de esta última sobre MAG, cuando en realidad es la niña quien propició el inicio de conversaciones sobre temas sexuales con su madre. Además, la demanda asevera que con esto se desconoce el concepto técnico emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que confiere credibilidad al dicho de la menor. Así mismo, advierte que se desestima que el padre ha intentado manipular emocionalmente a MAG, y califica de contradictorio el que la sentencia descalifique a algunos expertos por su falta de contacto con la niña y al mismo tiempo deseche los conceptos y peritajes de sus terapeutas más cercanos. En ese sentido también critica el desorden y desarticulación institucional, que explican las múltiples valoraciones a las que ha sido sometida la niña.

115. De esta manera, la parte actora argumenta que, bajo la teoría de la alienación parental, la sentencia cuestionada restó credibilidad a las víctimas al tratar de encontrar otras razones diferentes al abuso para explicar las conductas hipersexualizadas de MAG, contrariando las valoraciones de expertos y la literatura científica, e ignorando el rechazo de las niñas hacia su padre.

116. Respecto a lo anterior, la sentencia expuso que, aunque la profesional CRH da cuenta de las conductas sexualizadas de MAG, en ningún momento afirmó que ella tuviera su causa en un abuso sexual por su padre, respecto de quien únicamente recomendó revisar pautas de crianza. Y en cuanto a la existencia de un presunto abuso sexual puesto de presente en el informe de esta profesional, se consideró por la autoridad accionada la psicóloga ignoraba todos los antecedentes del caso, lo cual quedó en evidencia al referirse de manera inexacta a las causas de la separación de AMGC y DEAE.

117. En cuanto a las dificultades en la relación de MAG y DAG con su padre, la Sala de Familia del Tribunal explicó que existen suficientes elementos para evidenciar que ello tuvo su génesis en que en una oportunidad DEAE no autorizó la salida del país de sus hijas con destino a Cancún en el año 2015, en compañía de su madre y la nueva pareja sentimental de esta (concepto técnico psicológico del perito MEV, examen psicológico de Medicina Legal a DAG, entrevista CAVIF y conversaciones entre los miembros de la familia). Adicionalmente, tuvo en cuenta “la presión inadecuada que, con o sin intención, también ha ejercido la progenitora sobre sus hijas MAG y DAG, que sin duda ha influenciado en la opinión de las menores, y de contera en la imagen que éstas (si) tienen de su padre”.

118. La Sala de Revisión no encuentra yerro fáctico en la evaluación de esta prueba, pues, aunque la autoridad efectivamente se percató de que efectivamente la niña presenta una conducta hipersexualizada y problemas relacionales con su padre, concluyó que ello no necesariamente era fruto de un abuso sexual, habida consideración de la presencia de otras circunstancias que pudieron haber originado tales comportamientos.

119. La Sala resalta que, en concordancia con los importantes valores constitucionales que subyacen a la adecuada apreciación de las pruebas en estos casos, la autoridad accionada se interesó por establecer la idoneidad del concepto y advirtió que incurrió en diversas imprecisiones sobre la situación familiar de la menor de edad. Esa actividad probatoria, lejos de ser arbitraria, es una actuación diligente y precavida dirigida a establecer que los elementos de convicción sean idóneos y den cuenta del supuesto de hecho previsto por el Legislador para la privación de la patria potestad.

     Hoja de evaluación – gestión científica a MAG, de la psiquiatra infantil APMB, del 5 de noviembre de 2015

120. La parte actora sostiene que la doctora APMB fue silenciada por los operadores judiciales, pese a que encontró síntomas de abuso sexual infantil en MAG, dado que, en “efecto, i) se argumentó que la profesional partió, también, del relato de la progenitora; ii) se descalificó la escucha autorizada, de cara a una sola oportunidad para la evaluación y iii) se manifestó extrañeza respecto de la ‘detallada’ revelación a la que asistió la profesional, en tanto se echaba de menos una esperada verbalización de la menor con la [otra] psicóloga”[94].

121. Sobre esa materia la Sala de Familia consideró que a pesar de que las conductas sexualizadas pueden ser indicativas de un evento de abuso sexual, existen circunstancias que impiden concluir que esta sea la causa en el presente caso. Al respecto, consideró que el diagnóstico de esta psiquiatra es ambiguo, puesto que: (i) la niña no tiene claro si su papá le tocaba la vagina únicamente para ponerle crema antes de los pañales y tampoco queda claro que ella tuviera la capacidad de recordar lo acaecido años atrás; (ii) resulta extraño que MAG se hubiera referido al supuesto abuso en una única sesión con APMB, cuando nunca se mencionó a esos hechos con su terapeuta CRH, quien la atendió desde el año 2012 hasta el 2015; y (iii) no consta que la profesional se hubiese informado sobre las intervenciones realizadas hasta ese momento, el conflicto entre los padres por el régimen de visitas -especialmente desde el incidente del permiso de salida del país con destino a Cancún-. A esto se agrega que en entrevista forense del 10 de febrero de 2016 la niña incorpora elementos que acentúan la idea de que su recuerdo puede estar influenciado por la sobreexposición a evaluadores y dan cuenta de que la progenitora le ha hecho comentarios sobre el presunto abuso y otras cuestiones en las que la niña no tendría por qué estar involucrada.

122. En este punto también es preciso señalar que las razones que expuso el Tribunal para descartar este concepto no son simples formalidades, sino que son consideraciones regidas por los principios de valoración de las pruebas en los procesos judiciales. En particular, se observa que el juzgador de segunda instancia tomó en consideración todo el material probatorio en su conjunto para llegar a una conclusión y no interpretó las pruebas de manera aislada.

     Examen psicológico por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 9 de diciembre de 2016

123. Sostiene la apoderada de las demandantes que las autoridades judiciales que conocieron del proceso no tuvieron en cuenta los resultados del examen psicológico llevado a cabo por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 9 de diciembre de 2016, en el que se concluyó que “para el momento de ocurrencia de los hechos la niña logró transmitir en un lenguaje propio de su edad lo que le ocurría, haciéndose importante tener en cuenta las primeras versiones”[95].

124. En providencia de segundo grado, la Sala de Familia del Tribunal se refirió al reparo de la apelante relativo a que el juez de primera instancia no dio valor probatorio al dictamen de medicina legal, según el cual ‘efectivamente hay que darle credibilidad a la niña´. Al respecto, sostuvo que: (i) lo que en realidad dijo la entidad es que es necesario tener en cuenta las primeras versiones de la niña porque las más recientes no tienen los contornos de un abuso sexual; (i) el a quo sí tuvo en cuenta el informe, sino que considero que este no evidenciaba que MAG hubiese sido víctima de abuso sexual por parte de su padre, pues no están claras las circunstancias que llevaron a que la niña pronunciara las palabras acerca del dolor en su cola, dado que “no se llegó a establecer en qué contexto se dio esa manifestación de la menor, si lo fue como se ha referido en varias ocasiones últimamente por la niña que fue cuando su papá le aplicaba la crema para evitar las quemaduras cuando usaba el pañal, si fue como dijo en alguna entrevista la menor ante policía judicial que así se lo había contado la mamá, o si por el contrario lo fue con la connotación sensual sexual que le imprimió a tal acto por parte de la progenitora de la menor, quien ha sido la persona que ha explicado el asunto en esos precisos términos”[96].

125. En ese sentido, reitera que, aunque las conductas sexualizadas de MAG podrían ser indicativas de una situación de abuso sexual, estas no apuntan inequívocamente a ello como única explicación, pues “atendiendo las particularidades del caso, también podrían obedecer a otras circunstancias, entre ellas, la sobrevaloración, pues aún sin estar establecido el presunto abuso, la niña ha sido sometida a un sin número de terapias; los comentarios al respecto realizados al interior de su medio familiar; la disputa librada por sus padres en torno al régimen de visitas desde su separación, a la que, como más adelante se verá, no han sido ajenas las menores; las notables debilidades en la dinámica familiar de que da cuenta el informe rendido por la psicóloga AMHG en el año 2013, y por supuesto, la mala praxis evidenciada desde la intervención realizada en el año 2009”[97].

126. Así mismo, indica que la conclusión del dictamen forense debe ser analizada en conjunto con todo el caudal probatorio, a partir del cual surgen dudas sobre lo ocurrido el 12 de octubre de 2009 y se evidencian las dificultades en la relación parental como consecuencia del conflicto entre los padres por la crianza de sus hijas y el régimen de visitas, pese a la asesoría psicológica que recibieron de la psicóloga MRP para superar dichas diferencias, las cuales no llegaron a buen término por discrepancias entre ellos, sin que se pusiera de presente el tema del supuesto abuso sexual.

127. Esta Sala de Revisión no encuentra respaldo de la afirmación efectuada por la parte actora, según la cual el dictamen realizado por el Instituto de Medicina Legal afirme que efectivamente ocurrió el aludido abuso sexual. Entonces, solicitar que se de valor a la afirmación de que ‘hay que darle credibilidad a la víctima´ para sustentar la versión de la parte actora puede llevar a confusiones y equívocos. En efecto, se podría pensar que la versión de la niña en realidad no es clara, por el tiempo trascurrido desde la ocurrencia de los hechos, las diferentes valoraciones por parte de personas sin idoneidad y la posición de las menores de edad en relación con el conflicto entre sus padres. De manera que, contrario a lo señalado en la demanda de tutela, en este caso no se parte de una premisa equívoca sobre la versión de la niña en relación en el presunto abuso, sino que, por el contrario, diferentes circunstancias impidieron obtener certeza sobre ocurrencia del citado episodio.

     Concepto sobre el acompañamiento psicoterapeútico a MAG, por parte del Médico FJAM

128. Otra de las críticas centrales a la sentencia contra la cual se dirige la acción de tutela es la relativa a la forma como fue valorado el concepto del médico FJAM, pues fue descartado porque quien lo emitió no es psicólogo ni psiquiatra, además que no siguió los lineamientos del ‘Protocolo de Evaluación Básica en Psiquiatría y Psicología Forenses’. La parte accionante aduce que ello contribuye a silenciar a la víctima, en tanto impide impidiendo que se garantice su derecho a ser oída, y desconoce que AMGC acudió al doctor FJAM con propósitos terapéuticos y no buscando obtener documentos útiles en un proceso judicial; que no deberían aplicarse estándares propios del derecho penal y que se trata de un elemento que contribuye a reconstruir la versión de la niña desde la perspectiva de la sana crítica.

129. En ese sentido, considera que debió haberse tomado en consideración: (i) el sentimiento de culpa que embarga a la menor y que denota importantes consecuencias sobre su salud mental; (ii) la fortaleza la figura materna representa para la niña; (iii) los rasgos compatibles con abuso sexual evidenciados por medio del test de dibujos; (iv) la urgencia de ofrecer atención inmediata a la menor de edad con miras a mejorar su autoestima, manejar los sentimientos de culpa y desmontar la victimización; y (v) la necesidad de sacar a la niña del conflicto entre los padres.

130. Por su parte, la Sala de Familia del Tribunal cuestionó la idoneidad técnica del profesional FJAM, en la medida en que, siendo médico terapeuta y no psicólogo ni psiquiatra, evaluó a la menor sobre su comportamiento en relación con un posible abuso sexual, pese a que tal labor debe ser llevada a cabo por profesionales en estas últimas disciplinas, conforme lo exige el Protocolo de Evaluación Básica en Psiquiatría y Psicología Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que a la postre le ameritó la apertura de una investigación disciplinaria por parte del el Tribunal de Ética Médica de Bogotá. Así mismo, adujo que el informe rendido por esta persona tampoco cumple con los rigores técnicos exigidos, contenidos en el citado Protocolo.

131. En ese sentido, estimó que no se trata de descalificar el contenido del relato de la niña por no tener clara la calidad en la que actuó el profesional, sino que se cuestiona la idoneidad de este último para valorar a la menor, en la medida en que no se acreditó si quiera la calidad de psicólogo o psiquiatra, de tal forma que no se trata de una persona idónea para rendir concepto especializado en la materia.

132. Adicionalmente, la sentencia argumentó que el informe del señor FJAM fue cuestionado por varios profesionales: (i) RSL observó que no se siguió ningún protocolo médico y que se realizaron terapias psicológicas sin habilitación para tal fin; y (iii) MEV descalificó las conclusiones a las que se arribó y resaltó la falta de idoneidad para las cuarenta y cuatro terapias que fueron realizadas.

133. En ese sentido, el la Sala de Familia tomó nota de las inestimables repercusiones negativas sobre la integridad de MAG por haber sido valorada en múltiples oportunidades por personas no calificadas o que han cometido graves errores, pero concluyó que la prueba practicaba no permitía concluir la existencia del episodio de abuso sexual.

134. Bajo este panorama, la Sala de Revisión evidencia que la desestimación de la credibilidad del profesional FJAM no fue producto de un yerro en la apreciación probatoria de la Sala de Familia, sino, muy por el contrario, la consecuencia de su falta de idoneidad para tratar a la menor con técnicas que requieren calificaciones de otras disciplinas, como en efecto lo establece el Protocolo de Evaluación Básica en Psiquiatría y Psicología Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. De tal suerte que nada de errático tiene el hecho de que el fallador se preocupe por establecer la idoneidad del experto para efectos de conferirle o no mérito probatorio a su concepto, pues evidentemente éste constituye de los aspectos que el juez debe tener en cuenta al momento de apreciar su valor probatorio.

     Entrevista realizada a las menores MAG y DAG por la defensora de familia del CAVIF Regional Bogotá, en el marco de la noticia criminal No. 1100165001112028

135. La parte actora señaló que MAG manifestó no querer continuar frecuentando a su padre.

136. Sobre ese punto, la Sala de Familia del Tribunal ordinario adujo que en reiteradas oportunidades las niñas han manifestado sentir afecto por su padre y querer continuar con el régimen de visitas. Consideraron, a partir de lo documentado en el proceso, que los sentimientos de las menores de edad hacia su padre “han estado influenciados por la influencia [sic] externa que sobre ellas ha ejercido su progenitora, quien, como da cuenta la trascripción de las grabaciones (…) y las diferentes entrevistas y valoraciones realizadas, con o sin intención, se ha encargado e extrapolar en las niñas, y especialmente en la menor MAG, situaciones de su vida persona y del conflicto conyugal que esta por su corta edad, no está en condiciones de comprender, no de asimilar con la suficiente madurez”.

137. Así mismo, advirtió que quedó evidenciado el conflicto de lealtades en el que se encuentran las dos niñas, puesto que su madre, AMGC, les ha hecho advertencias acerca de lo que deben expresar sobre su deseo de compartir con DEAE. También argumentó que, si bien el padre ha actuado impulsivamente en dos ocasiones, como cuando llorando le pidió a MAG que dijera la verdad sobre lo ocurrido y cuando abandonó a la niñera en un centro comercial, estas no son circunstancias que por sí mismas sean suficientes para concluir una situación de maltrato o de depravación que torne procedente suspender o privar la patria potestad.

138. Finalmente, el Tribunal también advirtió que “en todo caso, ha de verse que como en la actualidad se adelanta la investigación penal correspondiente mediante la cual se investigan los mismos hechos en torno a los cuales gravita la presente causal, nada se opone para que, atendiendo las resultas de esa actuación, pueda acudirse a la jurisdicción nuevamente a demandar la privación de la patria potestad.”

139. En este punto, se evidencia que, para evaluar el interés de las niñas en continuar con el régimen de visitas paternas, no se tuvo en cuenta una sola manifestación considerada de manera aislada, sino que se analizaron todos los elementos en su conjunto, de los cuales se extrajo el deseo de MAG de continuar frecuentando a su padre. Ahora, si en gracia de discusión se aceptase que, contrario a lo concluido en la sentencia cuestionada, las menores efectivamente no tienen intenciones de compartir con su padre, esta situación evidentemente puede requerir de ayuda profesional para hallar una solución que mejor se ajuste al bienestar de las menores involucradas, pero no constituye causal para privar al progenitor de la patria potestad sobre sus hijas.

140. Evaluados los reparos de la parte actora contra la sentencia de la Sala de Familia Tribunal Superior de Bogotá que confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Noveno de Familia de la misma ciudad, esta Sala de Revisión no encuentra que estas autoridades hayan supeditado la verdad objetiva a las formas procesales, como tampoco que hayan dejado de considerar aspectos probatorios con los cuales el proceso habría desembocado en una decisión distinta a la adoptada.

141. Lo primero que debe advertirse es que, al confrontar los argumentos que sustentan la demanda de tutela con el contenido de la providencia atacada, se evidencia que los reparos de la parte actora contra la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá en el marco del proceso de privación de la patria potestad sobre las niñas MAG y DAG, solicitada por AMGC contra DEAE, se denota una clara inconformidad de la parte demandante con las consideraciones vertidas en los fallos que le resultaron adversos, pero, más allá de su diferencia de criterio, los reproches formulados no permiten concluir errores en la valoración probatoria llevada a cabo por las autoridades judiciales que conocieron del proceso.

142. Aunque la acción de tutela no reviste la naturaleza de una tercera instancia, a través de la cual las partes estén habilitadas para discutir nuevamente sus discrepancias con las resoluciones adoptadas por las autoridades judiciales en ejercicio de sus competencias ordinarias, esta Sala de Revisión observa que las forma como fueron valoradas las pruebas dentro del proceso de privación de patria potestad seguido contra DEAE no es violatoria de los derechos fundamentales de AMGC, DAG y MAG. Esto, en atención a que no se advierte que los jueces cuestionados hayan dejado de aplicar los supuestos de derecho correspondientes a los hechos probados, o que hayan supeditado la verdad objetiva y la garantía sustancial de los derechos de la parte actora al cumplimiento de formalidades.

143. Como se advierte de la reseña hecha en el capítulo precedente, lo que las autoridades judiciales cuestionadas buscaron no fue silenciar y desacreditar la versión de las presuntas víctimas valiéndose de argumentos formalistas o haciendo valoraciones probatorias alejadas de las dimensiones legales. Es claro que las autoridades judiciales deben ceñirse estrictamente a lo probado dentro del proceso para decidir los asuntos cometidos a su consideración, y, en el presente caso, del examen de la providencia confirmatoria proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá el 3 de mayo de 2019, se extrae que esta autoridad concluyó que no se demostró el matiz sexual del episodio ocurrido el 12 de octubre de 2009.

144. No es, como se plantea en la demanda de tutela, que las decisiones judiciales hayan omitido valorar el dicho de la menor. Sí lo hicieron, pero concluyeron que lo relatado por la menor a su progenitora y a sus niñeras el día de los hechos no es de por sí indicativo de una agresión sexual atribuible al padre, y sus diversos relatos posteriores en nada contribuyen al esclarecimiento de esta situación, porque, debido a la infortunada sobrevaluación a la que ha sido sometida (según lo afirma el dictamen médico legal del 9 de diciembre de 2016), MAG no está en condiciones de recordar lo sucedido, y no tiene claro si esto lo vivió, lo soñó, o si su progenitora se lo contó.

145. De otra parte, la decisión de los jueces ordinarios de restarle credibilidad a los testimonios de los expertos MPFS y FJAM tampoco configura un defecto en la valoración probatoria, toda vez que concluyeron estos ciudadanos emitieron conceptos propios de disciplinas que ellos no estaban habilitados para ejercer, además que aplicaron unas técnicas alejadas de los estándares que el estado del arte exigía para el abordaje de casos de abuso sexual infantil.

146. De cara a lo anterior, no se muestran irrazonables las consideraciones de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá en cuanto a la credibilidad de las versiones de los testigos cuando existen contradicciones, la idoneidad de los profesionales que intervienen en el caso, el empleo de los protocolos y la evaluación de las técnicas empleadas, entre otros. Se trata de aspectos que, lejos de ser meras formalidades, repercuten directamente sobre los aspectos sustanciales de un proceso.

147. Sobre esta materia en particular, en múltiples pronunciamientos esta Corporación ha sostenido que no toda discrepancia frente a la valoración probatoria efectuada por una autoridad judicial, permite concluir la existencia de un defecto fáctico violatorio de los derechos fundamentales de alguna de las partes involucradas. Obsérvese:

148. Sentencia SU-198 de 2013. La Corporación recordó que el juez debe actuar de acuerdo con los principios de la sana crítica, y su apreciación de las pruebas está basada en criterios objetivos y racionales; y no como consecuencia de una valoración arbitraria, irracional o caprichosa de la prueba, que no permiten saber la realidad de los hechos. Agregó que el juez de tutela no está facultado para realizar un examen exhaustivo del material probatorio, en desmedro de la autonomía e independencia del juez natural. Consecuentemente, cuando se está frente a pruebas testimoniales, el campo de acción del juez de tutela es restringido, toda vez que el principio de inmediación indica que el juez del proceso es por regla general quien puede apreciar mejor a los testigos y sus afirmaciones.

149. La sentencia hizo hincapié en dos puntos, el primero, cuando existe una diferencia de valoración en la apreciación de una prueba no constituye esto un error fáctico, pues cuando el juez encuentre interpretaciones distintas debe el funcionario determinar cuál es la que mejor se ajusta al caso objeto de análisis. Segundo, el error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal magnitud que salte a la vista del juez de tutela, por ser ostensible, flagrante y manifiesto ya que la vía constitucional no es una instancia de revisión de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce del asunto.

150. Por último, se presume la buena fe del juez, por ello en principio se considera que la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.

151. Sentencia SU-489 de 2016. “[L]os múltiples defectos de este tipo que el actor aduce contra la sentencia de condena emitida en su contra por la Sala accionada pueden resumirse en tres aspectos principales, íntimamente relacionados entre sí, a saber: i) el injusto rechazo de la mayoría de las pruebas solicitadas, durante el proceso, por la defensa de V.E.; ii) la falta de credibilidad que aquélla atribuye al dicho de la ex R.M.P., que según sostiene, habría sido la única prueba relevante en la que el máximo tribunal penal, fundó su decisión; iii) la ausencia de otras pruebas que permitieran contrastar y mejor valorar la versión de la entonces congresista, todo lo cual se resume, entonces, en la supuesta ausencia de pruebas suficientes para respaldar tal decisión, desfavorable al actor. Según afirma, esas circunstancias habrían dado lugar a la ocurrencia de un defecto fáctico, que en doble sentido afectaría la validez de la sentencia atacada, la primera en la perspectiva que la jurisprudencia ha denominado dimensión negativa (ausencia probatoria), y la segunda en su dimensión positiva (incorrecta valoración de la prueba disponible). Sin embargo, del análisis de la sentencia cuestionada no emerge, en criterio de esta Sala, el aludido defecto fáctico, pues los razonamientos del juzgador no lucen infundados, irracionales, ni caprichosos. Por el contrario, según se observa, la Sala de Casación Penal realizó un análisis serio, juicioso y razonable de la prueba disponible, cuyas conclusiones, no aparecen manifiestamente desenfocadas, como se requeriría para la prosperidad del defecto aducido, máxime en circunstancias tan particularmente exigentes como las que, según se explicó, rodean el denominado defecto fáctico en sede de tutela”. (énfasis ajeno al texto).

152. Sentencia SU-396 de 2017. “[L]as sentencias controvertidas no incurrieron en defecto fáctico, pues a) las autoridades judiciales accionadas valoraron los testimonios y el dictamen pericial aportados, los cuales evidenciaron que la expresión objeto de reproche se apuntaba a señalar que el juez de primera instancia en el proceso reivindicatorio había actuado de forma inmoral; y b) de las pruebas aportadas era posible comprobar que se trataba de una afirmación deshonrosa, y la experiencia, educación y práctica académica de la jurista, demostraban la concurrencia de la intención”.

153. En ese sentido, corresponde confirmar la decisión judicial objeto de revisión, en la que se concluyó que no hubo vulneración de los derechos fundamentales de las accionantes, dado que, con fundamento en el material probatorio recaudado y valorado en forma razonable a la luz de la sana crítica, se estableció que no se estructuraron las causales de privación de patria potestad contenidas en los numerales 1 y 3 del artículo 315 del Código Civil.

154. A través de apoderada judicial, la señora AMGC interpuso acción de tutela en nombre propio y de sus hijas menores de edad MAG y DAG contra el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C. y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, al considerar que, al no privar de la patria potestad al padre DEAE, esas autoridades judiciales vulneraron sus derechos fundamentales a que cese la violencia y los tratamientos y señalamientos injustos u desiguales a las que han sido sometidas. El ataque se fundamenta en considerar que las providencias proferidas por esas autoridades incurrieron en defectos procedimentales por exceso ritual manifiesto y defecto fáctico.

155. En el trámite de la acción de tutela intervinieron, en calidad de demandados o terceros interesados en las resultas del proceso, el Juzgado Noveno de Familia, el Juzgado Dieciséis de Familia, la F.ía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, DEAE.

156. Dentro de los hechos relevantes, se destacan los relativos al estado civil de los involucrados; los acuerdos y procesos judiciales relacionados con la custodia, las visitas y los alimentos a favor de la niñas MAG y DAG; el restablecimiento de derechos de dichas menores de edad a cargo del ICBF; lo relativo a la investigación penal adelantada contra DEAE por la comisión del delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce años; y las decisiones administrativas y judiciales relacionadas con la ocurrencia de hechos de violencia intrafamiliar.

157. En particular, sobre el proceso de privación de la patria potestad, como materia directa de discusión en presente caso, la acción de tutela, se vislumbra que la demanda de privación de patria potestad se fundamentó en las causales 1 y 3 del artículo 315 del Código Civil, relativas al maltrato a los hijos y la depravación del padre. En primera instancia el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por la Sala de Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, autoridades que no encontraron demostradas las causales invocadas por la parte demandante. No se surtió trámite extraordinario de casación porque el respetivo recurso no fue concedido, lo cual fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso de queja interpuesto contra esa decisión.

158. La acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien negó la protección constitucional solicitada, al considerar que no hubo vulneración de los derechos fundamentales de las accionantes porque la decisión atacada se fundamentó en el material probatorio obrante en el expediente, y, en consecuencia, la sentencia no adolece de defectos fácticos ni procedimentales. Este fallo no fue objeto de impugnación.

     103 Como cuestión previa, la Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación estableció que la acción de tutela cumple con los requisitos generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

159. A partir de lo anterior, se procedió a resolver si la sentencia cuestionada a través de la acción de tutela incurrió en defecto fáctico y exceso ritual manifiesto por la forma como fueron valoradas las pruebas.

160. Para iniciar, se caracterizó el defecto fáctico por indebida valoración de los elementos probatorios como aquel que sucede cuando se desconocen de forma evidente y manifiesta la evidencia probatoria; y el exceso ritual manifiesto como el defecto que se presenta cuando el operados judicial renuncia a la verdad objetiva de los hechos por apego extremo y aplicación mecánica de las formas.

161. Posteriormente, se hizo referencia al proceso de privación de patria potestad, indicando una breve definición del concepto, los aspectos procesales más relevantes, sus causales, consecuencias y la importancia que reviste en términos constitucionales.

162. Paso a seguir, se expusieron en detalle y se analizaron los aspectos probatorios sometidos a consideración del juez constitucional, en particular, lo concerniente a las palabras expresadas por MAG el 12 de octubre de 2009, los testimonios de las personas que se encontraban con la familia ese día, la historia clínica de MAG por parte del médico pediatra GLB, el concepto psicológico de MPFS, la evaluación e intervención clínica de la psicóloga CRH, la hoja de evaluación – gestión científica de la psiquiatra APMB el examen psicológico efectuado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el concepto psicoterapeútico del médico FJAM; y la entrevista realizada por la defensora de familia del CAVIF regional Bogotá D.C.

163. Examinado lo anterior, esta Sala de Revisión encontró que la valoración de las pruebas dentro del proceso de privación de patria potestad no vulneró los derechos fundamentales de las accionantes. En ese sentido, se descartó la idea de que los operadores judiciales hayan sacrificado la verdad por estar atados a las formalidades (exceso ritual manifiesto) y que no se dejaron de aplicar los supuestos de derecho correspondientes a los hechos probados (defecto fáctico).

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,