Auto nº 456/21 de Corte Constitucional, 6 de Agosto de 2021

1. El 27 de enero de 2021, L.V.C.R. presentó solicitud de tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante, CNSC) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, ICBF), por considerar que dichas entidades vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a cargos públicos, al trabajo y a la confianza legítima.

2. Repartido el asunto, el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena admitió la tutela el 28 de enero de 2021. Posteriormente, mediante sentencia del 9 de febrero del corriente año, tuteló los derechos fundamentales de la señora C.R., decisión que fue objeto de impugnación por parte del ICBF.

3. Al conocer del asunto en segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, S. Civil Familia, mediante auto del 19 de marzo de 2021, entre otras, decidió declarar la nulidad de lo actuado en el trámite de la tutela referido a partir del auto admisorio del 28 de enero del corriente año, proferido por el Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, al advertir que no fueron vinculados al trámite todos los elegibles que integran las listas conformadas dentro de la Convocatoria 433 de 2016 para proveer las vacantes de “Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17”.[1]Asimismo, ordenó remitir el expediente al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena al comprobar que éste había asumido y resuelto una solicitud de tutela dirigida contra idénticas entidades y que perseguía la protección de los mismos derechos fundamentales de otro integrante de la lista adoptada mediante Resolución No. 20192230050135 del 13 de mayo de 2019, relativa a la Convocatoria 433 de 2016[2].

4. Remitido el asunto, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, mediante auto del 7 de abril de 2021, admitió la demanda y ordenó la vinculación al trámite de tutela a las personas que se encuentran en las listas de elegibles para el cargo de Defensor de Familia, Grado 17 en aquellos municipios donde no se llevó a cabo la oferta pública, pero existe el cargo a que hace referencia la Convocatoria 433 de 2016.

5. El 9 de abril de 2021 el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del ICBF además de rendir el informe solicitado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena le solicitó a dicho despacho que remitiera la tutela mencionada al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali para que fuera acumulada al proceso 2020-117 cuyas demandantes son Y.A.P.P. y Á.M.R.E., quienes plantearon similares hechos e idénticas pretensiones.

6. Por solicitud del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali informó acerca de la existencia del proceso de tutela promovido por las señoras P.P. y R.E. contra la CNSC y el ICBF en el cual se profirieron decisiones en primera y segunda instancia, el 10 de agosto de 2020 y el 17 de septiembre del citado año, respectivamente.

7. Por lo anterior, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, mediante auto del 13 de abril de 2021, ordenó remitir el expediente al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali, con fundamento en el Decreto 1834 de 2015. Argumentó que, confrontadas las tutelas presentadas por las señoras C.R., P.P. y R.E., se concluye que “persiguen la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular”. En consecuencia, declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio del 7 de abril de 2021.

8. La anterior decisión fue recurrida por la demandante al considerar que la presente acción constitucional no reúne los requisitos de acumulación planteados por el ICBF.[3]

9. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, mediante auto del 14 de abril de 2021 decidió no reponer la decisión del 13 de abril del corriente año.[4]

10. Remitido el asunto, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante auto del 16 de abril de 2021, admitió la demanda y previo a decidir sobre la acumulación y vinculación ordenó a las entidades accionadas que informaran sobre qué juzgado a nivel nacional conoció en primer lugar el tema objeto de estudio y relacionado con la Convocatoria 433 de 2016, empleo de nivel profesional Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17. Asimismo, les concedió el término de tres días para que ejerzan su derecho de defensa y ordenó que procedieran a realizar la notificación del presente proveído a quienes integran las listas de elegibles.

11. La CNSC el 19 de abril de 2021, informó al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali que el primer despacho que conoció acerca del uso de la lista de elegibles respecto del empleo “Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17” fue el Juzgado Primero de Familia de Ibagué dentro del trámite de tutela promovida por A.F.P.G., la cual fue declarada improcedente en primera y segunda instancia.

12. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante auto del 19 de abril de 2021, ordenó remitir el expediente al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, con fundamento en el Decreto 1834 de 2015.

    Sustentó su decisión en que, confrontadas las tutelas repartidas a los dos despachos, los demandantes se postularon a empleos identificados con números de la Oferta Pública de Empleos de Carrera -OPEC- y pertenecientes a departamentos, distritos y municipios diferentes. La oferta 34243 pertenece al distrito de Cartagena y la 34702 al departamento del H. y municipio de Neiva, listas que tienen diferentes vigencias.[5]

    En consecuencia, declaró la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio del 16 de abril de 2021 y negó la acumulación de los expedientes.

    Adicionalmente, propuso un conflicto negativo de competencia en caso de no aceptarse lo decidido.

13. Contra esta decisión el apoderado judicial del ICBF presentó el recurso de reposición y en subsidio el de apelación.[6]

    El Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali, mediante auto del 20 de abril de 2021 rechazó por improcedentes los recursos de reposición y apelación propuestos con fundamento en que confrontadas las tutelas repartidas a este juzgado y al Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, los demandantes se postularon a empleos identificados con números de OPEC diferentes y pertenecientes a departamentos, distritos y municipios diversos.[7]

14. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena, mediante proveído del 21 de abril de 2021, reiteró los argumentos expuestos en los autos del 13 y 14 de abril de 2021 sobre la figura de acumulación de tutelas y decidió remitir el asunto a esta corporación.

15. El magistrado sustanciador, a través de auto del 3 de junio de 2021, le solicitó al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena la demanda de tutela presentada por L.V.C.R. contra el ICBF y la CNSC al evidenciar que no obraba dentro del expediente digital.

16. El 8 junio de 2021, la Secretaría General de la Corte Constitucional remitió al despacho sustanciador el correo electrónico enviado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena. En dicho correo electrónico, este despacho judicial allegó la prueba requerida.

17. Competencia residual de la Corte Constitucional para resolver el conflicto. La Corte Constitucional ha sostenido que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela les corresponde a las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996.[8] Asimismo, ha determinado que la competencia de esta Corporación para conocer y dirimir esta clase de conflictos debe ser interpretada de manera residual.[9]En consecuencia, ha establecido, según las reglas compiladas en el Auto 550 de 2018, que su competencia solo se activa en aquellos casos en que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia no prevea cuál es la autoridad encargada de asumir el trámite; o cuando, a pesar de encontrarse prevista, deben aplicarse los principios de celeridad y sumariedad que rigen el proceso de tutela, con el fin de brindar a los ciudadanos un acceso oportuno a la administración de justicia y, de esta forma, evitar la dilación en la adopción de una decisión de fondo que garantice la protección efectiva de sus derechos fundamentales.[10]

18. En el presente asunto, la Ley 270 de 1996 no definió cual autoridad judicial debía resolver el conflicto de competencia que se suscita entre los despachos involucrados, en razón a que pertenecen orgánicamente a distintas jurisdicciones. En consecuencia, la S. Plena de la Corte Constitucional asumirá su estudio.[11]

    19 Factores de competencia en relación con acciones de tutela. La Corte reitera que de conformidad con los artículos 86 Superior y 8° transitorio del título transitorio de la misma,[12] los artículos 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de asignación de competencia en materia de tutela, a saber: (i) el factor territorial, en virtud del cual son competentes “a prevención” los jueces con jurisdicción en el lugar donde (a) ocurre la vulneración o la amenaza que motiva la presentación de la solicitud, o (b) donde se produzcan sus efectos,[13] (ii) el factor subjetivo, que corresponde al caso de las acciones de tutela interpuestas en contra de (a) los medios de comunicación, cuyo conocimiento fue asignado a los jueces del circuito de conformidad con el factor territorial y (b) las autoridades de la Jurisdicción Especial para la Paz, cuya resolución corresponde al Tribunal para la Paz y (iii) el factor funcional, que debe ser verificado por las autoridades judiciales al momento de asumir el conocimiento de una impugnación a un fallo de tutela y que implica que únicamente pueden conocer de ella las autoridades judiciales que ostentan la condición de “superior jerárquico correspondiente”[14]en los términos establecidos en la jurisprudencia.[15]

20. Reglas de reparto para las acciones de tutela masiva. El Decreto 1834 de 2015 contiene reglas de reparto para los procesos de tutela que responden al fenómeno de la denominada tutela masiva, esto es, aquellas que son presentadas (i) en un solo momento o (ii) con posterioridad a otra solicitud de amparo, pero en ambos supuestos existe uniformidad entre los casos. Lo anterior, con el fin de evitar que, frente a casos idénticos, se produzcan efectos o consecuencias diferentes.

21. En este sentido, la Corte ha indicado que es la oficina de reparto la que, prima facie, se debe encargar de la acumulación ante una presentación masiva de tutelas y, en caso de que no pueda determinarlo, son las entidades accionadas quienes deben indicar al juez de la existencia de tutelas anteriores que se hubieren presentado en su contra por la misma acción u omisión.[16] Sin embargo, la autoridad judicial que así lo determine, podrá de manera oficiosa enviar el expediente al despacho que hubiere conocido por primera vez el mismo asunto, siempre que, de manera previa, constate la existencia de una triple identidad de: (i) sujeto pasivo, (ii) causa y (iii) objeto entre el asunto primigenio y el recurso de amparo que llegó a su conocimiento.[17]

22. La S. Plena mediante autos 211, 212 y 224 de 2020 fijó pautas para determinar el alcance de los elementos que componen la triple identidad del reparto de acciones de tutela masiva. Frente al particular dijo:

    “Existe identidad de objeto en los eventos en los cuales las acciones de tutela cuya acumulación se persiga presenten uniformidad en sus pretensiones, entendidas estas últimas, como aquello que se reclama ante el juez para efectos de que cese o se restablezca la presunta vulneración o amenaza de los derechos invocados. En lo que respecta a la identidad de causa, estimó que su materialización ocurre cuando las acciones de amparo que busquen ser acumuladas se fundamenten en los mismos hechos o presupuestos fácticos -entendidos desde una perspectiva amplia-, es decir, la razones que se invocan para sustentar la solicitud de protección. Finalmente, como su nombre lo indica, la confluencia del sujeto pasivo se refiere a que el escrito de tutela se dirija a controvertir la actuación del mismo accionado o demandado”.

23. Recientemente, la Corte en el Auto 069 de 2021 precisó que, en los eventos en que un juez constitucional se pretenda apartar del conocimiento de una tutela con fundamento en el Decreto 1834 de 2015, le corresponde satisfacer la carga argumentativa respectiva. Esto implica que debe señalar con “rigor demostrativo y coherencia” el cumplimiento de los presupuestos que integran la triple identidad. En ese sentido, la Corte explicó que, en aras a evitar decisiones diferentes en casos que deberían ser fallados de una misma manera, para no menoscabar los derechos o privilegiar a determinadas personas, es responsabilidad del juez que primero recibió el asunto ubicar la primera autoridad mediante cualquier medio probatorio, de ser necesario, para poder trabar adecuadamente el conflicto de competencia.

24. Esta obligación se debe interpretar de manera razonable y teniendo en cuenta los principios que rigen el proceso de tutela y a la jerarquía normativa del Decreto 1834 de 2015.[18] Así, la búsqueda de elementos probatorios no implica sobrepasar los términos procesales para definir la acción de tutela en primera instancia. En ese sentido, en el Auto 071 de 2021 se advirtió que la aplicación del Decreto referido por fuera de los supuestos normativos de identidad de causa, objeto y sujeto pasivo de cada una de las demandas conduciría a un efecto que desnaturalizaría la regla de competencia “a prevención”, cuya preservación compete a todos los jueces de tutela.

25. En el presente caso se configuró un conflicto aparente de competencia. La S. Plena advierte que, en el presente caso, se configuró un conflicto aparente de competencia, por cuanto el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena determinó que no estaba facultado para conocer la tutela presentada por L.V.C.R. contra el ICBF y la CNSC, con base en lo dispuesto en el Decreto 1834 de 2015. Por ende, ordenó remitir el expediente al Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali, por estimar que existe identidad de objeto, causa y sujeto pasivo entre unos procesos de tutela analizados previamente por dicho despacho y la tutela de la referencia. A su turno, esta última autoridad judicial sostuvo que, tanto la causa y el objeto, son distintos en dichas acciones constitucionales.

26. La tutela que se analiza cumple con la identidad de sujeto pasivo para configurar la hipótesis de la tutela masiva. En efecto, las tutelas se dirigen contra las mismas entidades, como se ilustra a continuación:

    Caso 1: Tutela formuladas por Y.A.P. y Á.M.R.E.

    (Exp.76001-33-33-008-2020-00117-00)

    Caso 2: Tutela formulada por L.V.C.R.

    (Exp. 3001-3104-004-2021-00026-00)

    Sujetos pasivos

    Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

    Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

27. La tutela que se analiza no cumple con la identidad de causa necesaria para configurar la hipótesis de la tutela masiva. Esto, por cuanto las tutelas no se fundamentan en los mismos hechos presuntamente constitutivos de la vulneración de derechos fundamentales, a pesar de que presentan algunos aspectos comunes, como pasa a explicarse:

    Caso 1: Acciones de tutela formuladas por Y.A.P. y Á.M.R.E.

    (Exp.76001-33-33-008-2020-00117-00)

    Caso 2: Acción de tutela formulada por L.V.C.R.

    (Exp. 3001-3104-004-2021-00026-00)

    Causa

    -En ambas tutelas en el marco de la Convocatoria No. 433 de 2016 realizada por la CNSC, las demandantes participaron en el concurso abierto de méritos, que sirvió para proveer 2.470 empleos de distintos tipos en la planta de personal del ICBF.[19]

    -Con posterioridad a la mencionada convocatoria, a través del Decreto 1479 del 4 de septiembre de 2017,[20]el Gobierno Nacional, por intermedio del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social modificó la planta de personal de carácter permanente del ICBF. Respecto del Cargo Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17 se crearon 328.

    -El ICBF expidió la Resolución 7746 del 05 de septiembre de 2017, mediante la cual el director general de la entidad distribuyó 3.737 cargos en la planta global del ICBF.

    En el artículo primero dentro del Área B) PROTECCIÓN MISIONAL, los Cargos Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, creados previamente, se distribuyeron entre los distintos departamentos del país.

    -La CNSC expidió la Resolución No. 20182230156785 del 22 de noviembre de 2018, mediante la cual revocó el artículo cuarto de todos los actos administrativos que constituyen las listas de elegibles proferidas con ocasión de la mencionada convocatoria.[21]

    -El Congreso de la República el 27 de junio de 2019 expidió la Ley 1960 de 2019.[22]A partir de esta norma se modificaron algunas reglas para proveer empleos en la carrera administrativa.[23].En efecto, según el artículo 6 de la mencionada ley, con las listas podrán cubrirse “las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad”.

    -La S. Plena de la CNSC el 1 de agosto de 2019 aprobó y expidió el Criterio Unificado “Lista de elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2017”, con el fin de resolver cuál sería el ámbito de aplicación de las listas expedidas antes de la Ley 1960 de 2019.[24] Frente al particular se señaló que la referida Ley solo sería aplicable a “los procesos de selección cuyos acuerdos de convocatoria fueron aprobados con posterioridad [a ella]”. No siendo posible, entonces, su aplicación retrospectiva. -El 16 de enero de 2020, dicha S., aprobó una complementación al Criterio Unificado “Lista de elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2017”, incluyendo “mismos requisitos de estudio y experiencia exigidos para el empleo ofertado”[25].

    Las accionantes específicamente optaron por el empleo identificado con el Código OPEC No. 34702, denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado17.

    La accionante específicamente optó por el empleo identificado con el Código OPEC No. 34242, denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17.

    La CNSC, mediante Resolución CNSC No. 20182230072735 del 17 de julio de 2018, conformó la lista de elegibles para proveer dieciséis (16) vacantes del empleo identificado con el Código OPEC No. 34702, denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, del Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria 433 de 2016- ICBF la cual cobró firmeza el 31 de julio de 2018 y con vigencia hasta el 30 de julio de 2020. En la referida lista las demandantes registran un puntaje total de 71.84 y 71.61 y las posiciones de elegibles números 24 y 25.

    La CNSC, mediante Resolución CNSC No. 20192230050135 del 13 de mayo de 2019, conformó la lista de elegibles para proveer doce (12) vacantes en el empleo identificado con el código OPEC No. 34243, denominado Defensor de Familia, Código 2125 Grado 17, del Sistema General de Carrera Administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Convocatoria No. 433 de 2016 -ICBF la cual cobró firmeza el 6 de junio de 2019 y con vigencia hasta el 5 junio de 2021. En la referida lista la demandante registra un puntaje total de 67,83 y la posición de elegibles número 32.

    Consideran que la vulneración de sus derechos fundamentales se originó en la negativa de las entidades accionadas de hacer uso de su lista de elegibles para proveer las vacantes que identifican con fundamento en el Criterio Unificado “Lista de elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2017” desconociendo el artículo 6 de la mencionada normatividad según el cual con tales listas podrán cubrirse “las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad” y en el entendimiento que se le ha dado a la expresión “mismos empleos”[26] para cubrir las nuevas vacantes. Destacan que varias autoridades judiciales han inaplicado por inconstitucional el mencionado criterio[27] y su complementación[28] proferidos por la CNSC el 1 de agosto de 2019 y el 16 de enero de 2020.

    Considera que la vulneración de sus derechos fundamentales se originó en la negativa de las entidades accionadas de hacer uso de su lista de elegibles para proveer las vacantes que identifica con fundamento en el Criterio Unificado “Lista de elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2017” desconociendo el artículo 6 de la mencionada normatividad según el cual con tales listas podrán cubrirse “las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad” que es posible aplicarse de modo retrospectivo y en el entendimiento que se le ha dado a la expresión “mismos empleos”[29] para cubrir las nuevas vacantes. Advierte que la Corte Constitucional[30] y varias autoridades judiciales han aplicado retrospectivamente la Ley 1960 de 2019[31] y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección A no le dio aplicabilidad al mencionado criterio[32], razón por la cual pide sean aplicadas estas decisiones en su caso.

    Para la S. Plena, las tutelas se originan por la presunta omisión en el uso de distintas listas de elegibles con OPECS y con vigencias diferentes.

28. La tutela sub judice no cumple con la identidad de objeto necesaria para configurar la hipótesis de la tutela masiva. Esto, porque las tutelas no comparten un mismo y único interés y pretensión, pues mientras la aquí accionante solicita el uso de la lista de elegibles Resolución CNSC No. 20192230050135 del 13 de mayo de 2019, en la solicitud de amparo conocida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali, las demandantes solicitaron el uso de la lista de elegibles Resolución CNSC No. 20182230072735 del 17 de julio de 2018.

    Caso 1: Acciones de tutela formuladas por Y.A.P. y Á.M.R.E.

    (Exp.76001-33-33-008-2020-00117-00)

    Caso 2: Acción de tutela formulada por L.V.C.R.

    (Exp. 3001-3104-004-2021-00026-00)

    Objeto

    Pretende que: (i) el ICBF verifique en su planta global los empleos que cumplen con las características de equivalencia con apego a los parámetros consignados en el artículo 2.2.1.1.2.3. del Decreto 1083 de 2015, respecto de las 328 vacantes 2125, Grado 17 creadas por el Decreto 1479 de 2017 y distribuidas en la Resolución 7746 del 05 de septiembre de 2017 con nuestra lista de elegibles; (ii) que el ICBF solicite a la CNSC el uso de la lista de elegibles CNSC No. 20182230072735 del 17 de julio de 2018 para la provisión de las vacantes Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17 disponibles según el orden de mérito de la misma; (iii) la CNS informe si los elegibles que forman parte de la mencionada lista cumplen los requisitos para su uso dentro de los cargos identificados como equivalentes a aquél al que concursaron; (iv) el ICBF, después del concepto favorable expida el certificado de disponibilidad presupuestal; (v) el ICBF una vez realice la actividad anterior informe a los elegibles que forman parte de dicha lista las vacantes identificadas como equivalentes con el fin de que cada uno elija una; (vi) para cumplir lo anterior “se tome el itinerario proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona (…)” y (vii) se inaplique por inconstitucional la complementación al Criterio Unificado “Lista de elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2017” expedida por la CNSC el 16 de enero de 2020.

    Pretende que: (i) la CNSC autorice al ICBF en cumplimiento de los artículos 6 y 7 de la ley 1960 de 2019 el uso de la lista de elegibles CNSC No. 20192230050135 del 13 de mayo de 2019 OPEC 34243 para el cargo Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17 de acuerdo con lo cual se deberán proveer los cargos de carrera ofertados en la Convocatoria No. 433 de 2016 que hayan sido declarados en vacancia definitiva (art. 41 de la Ley 909 de 2004); o aquellos que posterior a esta fueron declarados en la mencionada situación y que al momento de su apertura estaban provistos con personas en carrera administrativa; aquellos cargos que habiendo sido creados por el Decreto 1479 de 2017 se encuentren ocupados con personal nombrado con carácter provisional o bajo encargo; o aquellos cargos para los cuales el concurso fue declarado desierto; (ii) se le ordene al ICBF que en cumplimiento de los artículos 6 y 7 de la Ley 1960 de 2019 agote todos los trámites administrativos con el fin de expedir su acto de nombramiento en carrera administrativa en el cargo de Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17, en uno de los cargos creados antes o después del Decreto 1479 de 2017 que se encuentren en vacancia definitiva o provistos en provisionalidad o en encargo, previa elección de la vacante se su interés, en especial en Cartagena y (iii) se inaplique por inconstitucional la complementación al Criterio Unificado “Lista de elegibles en el contexto de la Ley 1960 del 27 de junio de 2017” expedida por la CNSC el 16 de enero de 2020.

29. Ahora bien, para la S. Plena no es válido el argumento de una de las entidades demandadas y de una de las autoridades judiciales involucradas en el conflicto, según el cual el asunto debía ser conocido por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Cali, por cuanto había conocido en primera instancia del proceso formulado por las señoras Y.A.P. y Á.M.R. que dio lugar al pronunciamiento en segunda instancia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del C., pues en su concepto, esta última autoridad se pronunció sobre todas las listas de elegibles. No obstante, analizada, la parte resolutiva de esta decisión, la S. observa que sólo hace referencia a las listas que vencían el 30 de julio de 2020[33], con lo cual quedó excluida la de la demandante que tiene una vigencia diferente.

    Adicionalmente, la S. advierte que aun cuando el asunto inicialmente fue repartido al Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena, quien profirió sentencia el 9 de febrero de 2021,el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, S. Civil Familia, mediante auto del 19 de marzo de 2021, decidió declarar la nulidad de lo actuado en el trámite de tutela por indebida integración del contradictorio y ordenó remitir el expediente al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena al comprobar que éste había asumido y resuelto una solicitud de tutela con identidad de objeto, causa y sujeto pasivo, argumento que no fue desvirtuado por esta última autoridad judicial. En su lugar, dicha autoridad judicial asumió el conocimiento del proceso y procedió a vincular a todas las personas de la lista de elegibles para el cargo de Defensor de Familia, Grado 17, de la Convocatoria 433 de 2016. En consecuencia, la S. considera que estas son razones suficientes para excluir del conflicto al Juzgado Séptimo de Familia de Cartagena.

30. Conclusión. La S. Plena dejará sin efectos los autos proferidos el 13 y 21 de abril de 2021, por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Cartagena. Además, ordenará que se remita el expediente a dicha autoridad judicial para que, de forma inmediata, inicie el trámite y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme al artículo 86 de la Constitución Política y al Decreto 2591 de 1991. Adicionalmente, esta S. advertirá a dicho juzgado que, en lo sucesivo, se abstenga de evadir el conocimiento de las acciones de tutela con fundamento en la aplicación del Decreto 1834 de 2015, sin cumplir con la carga argumentativa que acredite el cumplimiento de los presupuestos que integran la triple identidad para la hipótesis de tutela masiva.

Con base en las anteriores consideraciones, la S. Plena de la Corte Constitucional,