Auto nº 1161/21 de Corte Constitucional, 9 de Diciembre de 2021

1. El 9 de febrero de 2018, M.L.P.R. y otros presentaron demanda de reparación directa en contra del Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de Salud, Coomeva EPS S.A. y la Clínica del Occidente S.A. de Bogotá. Le atribuyeron a la clínica en mención la responsabilidad de la “muerte prematura”[1] de la señora A.R.G.P. -hija de M.L.P.R.- el 19 de diciembre de 2015, al presentarse una “falla médica”[2] derivada del procedimiento de cesárea que le fue practicado, causándole una lesión vesical y posteriormente una infección que, según afirmaron, no fue oportunamente controlada pese a que la paciente acudió en repetidas ocasiones al servicio de urgencias debido a los “dolores insoportables e inflamación que padecía.”[3] Adicionalmente, indicaron que concurrió una falta de inspección, vigilancia y control médico posterior por parte de las demás autoridades demandadas, lo que contribuyó al agravamiento del estado de salud. Por ello, solicitaron que “se [declarara] judicialmente la responsabilidad administrativa, solidaria, civil y extracontractual”[4] y, en consecuencia, les fueran resarcidos tanto los perjuicios materiales (lucro cesante)[5] como morales causados.[6]

2. Mediante Auto del 25 de enero de 2019, la Sección Tercera del Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá inadmitió la demanda y concedió a la parte demandante el término de 10 días para subsanarla.[7] En esencia, requirió a los demandantes “indicar [en concreto] los hechos y omisiones que se le endilgan al Distrito Capital de Bogotá- Secretaría D. de Salud, por cuanto se trata de una falla en la atención médica y dicha entidad D. no tiene dentro de sus funciones la de prestar el servicio médico. Si se le endilga falta de control o vigilancia de las entidades que prestan el servicio médico, deberá señalar [cuando] elevó la respectiva queja, reclamación o solicitud de vigilar, inspeccionar y priorizar el caso específico de la señora A.R.G.P.. Además, deberá aportar copia de la solicitud que hubiere elevado ante dicha entidad con esa finalidad.”[8] Esto, tras considerar que no existía determinación fáctica y jurídica que sustentara la responsabilidad del Distrito Capital en los hechos y, en esta dirección, de la atribución de competencia en cabeza de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

3. Subsanada la demanda,[9] la Sección Tercera del Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, mediante decisión del 23 de enero de 2020, declaró su falta de jurisdicción para conocer del proceso con fundamento en dos argumentos.[10] Primero, encontró que, de acuerdo con el Artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante, CPACA),[11] la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no es competente para conocer, entre otros, de “[l]as controversias relativas a la responsabilidad extracontractual y a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios de dichas entidades, incluyendo los procesos ejecutivos.” Tampoco de “[l]as decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias en materia de recursos contra dichas decisiones atribuidas a esta jurisdicción.”

4. Segundo, adujo que en el escrito de subsanación los demandantes señalaron que “la Secretaría de Salud de Bogotá tenía el deber legal de conocer, vigilar, inspeccionar e impartir órdenes a la Clínica de Occidente para que priorizaran el caso de lo señora G.P.;[12] pero que, sin embargo, “jamás presentaron queja, denuncia, reclamo, petición o similar al Distrito de Bogotá para que actuara en este caso, por considerar que se trataba de tareas que no tenían que ser activadas mediante cualquiera de estos mecanismos.”[13] En tal virtud, el Juzgado afirmó que la Secretaría de Salud del Distrito, de acuerdo a las funciones del Artículo 1 del Decreto 507 de 2013,[14] no tenía injerencia directa en la causa que originó la demanda -esto es, la prestación de un servicio médico asistencial- y que, si bien sus funciones se asocian a la supervisión y control del sector salud en la Capital, “el desarrollo de las mismas no [comporta] para esa entidad un ejercicio automático omnipresente y omnisciente respecto de todas las posibles fallas en la prestación del servicio en la ciudad.”[15]

5. En consecuencia, concluyó que ante la inexistencia de “una relación estrecha con las pretensiones de la demanda y la falla en el servicio por la atención médica de la señora A.R.G.P.”[16] debía rechazarse la causa frente a la Secretaría de Salud D., quedando “únicamente como entidades demandadas a [las] que se [les] atribuye responsabilidad por la atención prestada, la Clínica de Occidente S.A. y Coomeva E.P.S. S.A., personas jurídicas de derecho privado, constituidas como sociedades anónimas.”[17] Este hecho, en su concepto, determinaba la fijación de competencia en la Jurisdicción Ordinaria, a quien se ordenó remitir el proceso para su reparto entre los Juzgados Civiles del Circuito de Bogotá, conforme los artículos 15, 20 y 25 del CGP.

6. El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá[18] que, mediante providencia del 21 de febrero de 2020, lo rechazó por falta de jurisdicción y propuso conflicto negativo.[19] Para sustentar su incompetencia, sostuvo que “la decisión adoptada por el Juzgado en mención, no fue acertada, en el entendido que actualmente la presente acción sigue siendo un proceso de reparación directa y el mismo no podía mediante auto apartarse de su conocimiento sin siquiera estar trabada la litis, ya que se debe esperar hasta el advenimiento de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA, a fin de estudiar la legitimación en la causa por pasiva de la demandada, no antes y mucho menos en la etapa de calificación de la demanda.”[20] Por lo anterior, estimó que, en atención al carácter de entidad pública de una de las demandadas, la única jurisdicción llamada a conocer del asunto era la Contencioso Administrativa, por mandato del Artículo 104[21] de Ley 1437 del 2011.[22] De otro lado, indicó que su falta de jurisdicción se reforzaba a partir de la cláusula general o residual de competencia preceptuada en el Artículo 15 del Código General del Proceso.[23] Así, ordenó la remisión del expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. [24]

1. Competencia

7. La Corte Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre las distintas jurisdicciones de acuerdo con el numeral 11 del Artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el Artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

9. La Corte Constitucional ha sostenido que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:[26] (i) presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;[27] (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;[28] y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.[29] El cumplimiento de estos presupuestos es una condición para que la Sala Plena pueda emitir un pronunciamiento de fondo. En consecuencia, deberá declarase inhibida cuando la controversia entre las autoridades judiciales no cumpla con alguna de estas exigencias.

10. La Sala constata que en el presente caso se cumplen tales presupuestos, puesto que (i) el conflicto se suscita entre dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones, en esta oportunidad, de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad civil, (presupuesto subjetivo); (ii) el conflicto versa sobre el conocimiento de la demanda de reparación directa que presentó M.L.P.R. y otros en contra de la Secretaría de Salud de Bogotá, Coomeva EPS S.A. y la Clínica del Occidente S.A. de Bogotá (presupuesto objetivo) y (iii) ambas autoridades jurisdiccionales enunciaron razonablemente fundamentos de índole constitucional y legal, en los que soportan cada una de sus posiciones dirigidas a negar su competencia. Específicamente, la Sección Tercera del Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá invocó los artículos 104, 105 y 168 del CPCA así como el Artículo 1 del Decreto 507 de 2013. Por su parte, el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá citó lo contemplado en el inciso primero del Artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y reforzó su argumentación con lo preceptuado en el Artículo 15 del CGP (presupuesto normativo).

3. Reglas de competencia para conocer los procesos de responsabilidad médica. Reiteración de jurisprudencia

11. A continuación, la Sala Plena reiterará integralmente las reglas de decisión en la materia plasmadas en los Autos 646 y 928 de 2021,[30] en razón a su pertinencia jurídica para resolver el presente conflicto de jurisdicciones.

12. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la competencia para conocer procesos de responsabilidad médica se determina a partir de tres criterios: (i) el orgánico de competencia; (ii) el factor de conexidad o fuero de atracción y (iii) el factor objetivo.

13. De un lado, por virtud del criterio orgánico el conocimiento de un caso se atribuye en función exclusiva de la naturaleza jurídica, bien sea privada o pública, de la parte demandada.[31] En los procesos de responsabilidad médica, por lo tanto, al juez le corresponde identificar la naturaleza jurídica de la entidad demandada encargada de la prestación del servicio médico que, presuntamente, originó el daño cuya indemnización se reclama.[32] En esta línea, el Artículo 104 del CPACA prevé que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá de “las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.” El numeral 1 ibídem especifica que dicha jurisdicción asumirá los procesos “relativos a la responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable.”[33]

14. A partir de este criterio, “la competencia para conocer los procesos de responsabilidad médica será de la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, si la entidad demandada es privada. Por el contrario, si la entidad demandada es pública, la competencia corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, independientemente de la relación entre la entidad prestadora del servicio de salud y sus afiliados o beneficiarios.”[34]

15. Por otro lado, el factor de conexidad o fuero de atracción surge ante la insuficiencia del criterio orgánico para determinar la jurisdicción competente cuando se demanda de forma simultánea a entidades públicas y privadas. El fuero de atracción[35] ha sido definido como un fenómeno procesal que extiende la competencia del juez administrativo a personas de derecho privado, en los casos en que estas son demandadas concomitantemente con sujetos de derecho público, en virtud de los principios de economía, eficiencia, eficacia y seguridad jurídica.[36] El Consejo de Estado ha señalado que, en razón del fuero de atracción, por regla general,[37] “al presentarse una demanda de forma concurrente contra una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y contra otra entidad privada cuya jurisdicción es ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera.”[38] Ello, sin perjuicio de que posterior a realizarse la valoración probatoria se decida que la entidad pública no es responsable de los daños reclamados.[39]

16. Con todo, el fuero de atracción no opera automáticamente.[40] Se han establecido tres criterios que guían la determinación en torno a si la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo debe asumir o no el conocimiento de la controversia en estos escenarios. Primero, que los hechos y la causa que fundamentan las imputaciones formuladas en contra de los sujetos de derecho privado y las entidades estatales sean equivalentes.[41] Esto se debe a que se parte de “la existencia bien sea de un litisconsorcio necesario por pasiva o de una con-causalidad, en virtud de la cual los dos sujetos eventualmente contribuyeron con su conducta a generar el daño y, por ende, son solidariamente responsables de los perjuicios causados.”[42] Segundo, que el demandante haya planteado fundamentos fácticos y jurídicos suficientes para atribuir el daño a la entidad estatal.[43] Ello implica que deben existir elementos de juicio que permitan concluir, prima facie, que las acciones u omisiones de la entidad estatal demandada fueron, al menos, “concausa eficiente del daño.”[44]

17. Finalmente, tercero, que los hechos, las pretensiones y las pruebas del expediente permitan inferir razonablemente que existe una probabilidad “mínimamente seria”[45] de que las entidades estatales, “por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez administrativo, sean condenadas”,[46] supuesto que debe analizarse al admitirse la demanda.[47] Ello no implica prejuzgamiento, pues solo constituye un estudio preliminar cuyo fin es determinar si las condiciones del caso ameritan o no que sea analizado en su integridad por los jueces o tribunales administrativos, así como por el Consejo de Estado, según sea el caso.[48]

18. Estos criterios orientadores determinan que “la aplicación del fuero de atracción debe ser excepcional”[49] y persiguen, en primera medida, garantizar que la asignación de competencia a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo “atienda a la realidad de las circunstancias que dieron origen a la controversia”;[50] en segundo lugar, evitar que la parte demandante pueda elegir el juez de su preferencia con la simple alegación de que una entidad pública pudo haber sido responsable del daño.[51] En otras palabras, pretende impedir que la determinación de la jurisdicción quede al capricho de la parte actora, por tanto, que sea alterada temerariamente;[52] y, tercero, preservar la garantía del juez natural, el derecho a que un asunto sea definido conforme a la normativa previamente definida y el carácter de orden público de las normas que definen la competencia.[53] Si se verifican los tres presupuestos enunciados en el marco de las finalidades descritas surge “la posibilidad de extender la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para juzgar tanto a las entidades públicas como a aquellos sujetos de derecho privado demandados en la misma litis.”[54]

19. Ahora bien, el Consejo Superior de la Judicatura,[55] el Consejo de Estado y recientemente la Corte Constitucional han aplicado las reglas sobre el fuero de atracción, a fin de determinar la jurisdicción competente para conocer de demandas de responsabilidad médica. En lo que aquí más interesa, el Consejo de Estado[56] ha advertido que la eventual omisión frente a funciones de inspección y vigilancia de quien no tiene a su cargo determinada competencia, no es una habilitante para aplicar el fuero de atracción respecto del autor directo.[57] Esta posición fue replicada por esta Corporación en el Auto 646 de 2021.[58]

20. Finalmente, el factor objetivo de competencia ha sido definido como “aquel criterio que sirve para especializar las áreas de la jurisdicción: penal, civil, administrativa, etc., por eso es llamada en razón al litigio dada por el proceso y la cuantía.”[59] Este criterio de atribución de competencia entre las diferentes jurisdicciones atiende a la especialidad de la materia objeto de controversia, como sucede con los procesos derivados de la responsabilidad médica. El Artículo 15[60] y, particularmente, los artículos 17, 18 y 20 de la Ley 1564 de 2012[61] fijan la competencia de la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad civil, atendiendo al tipo de proceso y a su cuantía. En esta medida disponen que los jueces civiles conocerán de los procesos de responsabilidad médica “de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, salvo los que correspondan a la jurisdicción contencioso administrativa.” Ello supone que en materia de disputas derivadas de la responsabilidad médica, la cláusula general o residual de competencia le fija al juez ordinario civil el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción, en este caso, a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con base en la naturaleza pública de la demandada, o en aplicación del fuero de atracción cuando concurran en la misma causa entidades públicas y privadas.

21. En armonía con lo dicho, el Artículo 622 del CGP modificó el numeral 4 del Artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social para excluir del conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, los procesos de responsabilidad médica. De esta manera previó su remisión a los jueces civiles competentes, en el estado en que se encontraban, a la entrada en vigencia de la norma (Artículo 625, numeral 8 del CGP). En estas condiciones, como se advirtió en el Auto 928 de 2021,[62] se puso fin a los conflictos intrajurisdiccionales de competencia surgidos entre las especialidades laboral y de seguridad social y civil de la Jurisdicción Ordinaria, e igualmente se clarificó que la competencia de la Jurisdicción Ordinaria Civil aplica, en subsidio, de los asuntos derivados de la responsabilidad médica que conozca la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.[63]

4. La competencia para conocer la demanda de reparación directa es de la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad civil

22. En los términos expuestos previamente, la Sala Plena considera que la competencia para conocer la demanda de reparación directa promovida por la señora M.L.P.R. y otros se encuentra en cabeza de la Jurisdicción Ordinaria Civil. Tal conclusión se cifra en la valoración de tres supuestos.

23. Inexistencia de equivalencia en las imputaciones formuladas contra los sujetos de derecho privado y la entidad estatal: la Sala Plena advierte que los hechos planteados en la demanda están encaminados a demostrar que la señora A.R.G. presuntamente falleció como consecuencia de “las complicaciones generadas en mala praxis de cesárea, ejecutada el día 3 de diciembre de 2015.”[64] Es decir, el fondo del debate gira en torno a evidenciar la supuesta atención médica deficiente por parte de dos sujetos de naturaleza privada, la Clínica del Occidente de Bogotá donde le fue practicado el citado procedimiento a la paciente y a la cual acudió en virtud de la cobertura de servicios dispuesta por la EPS Coomeva, donde permanecía afiliada.[65] Bajo esta óptica, es razonable establecer, prima facie, que, de acuerdo con lo afirmado por la parte demandante, la imputación del daño alegado se asocia fundamentalmente con las presuntas acciones y omisiones por parte de las responsables de garantizar y prestar directamente un servicio de salud.[66] Esto es, con “falencias en la atención oportuna, la práctica de exámenes a tiempo de las condiciones de salud de [la] paciente, las evaluaciones médicas, en general, la omisión en la toma de decisiones oportunas y necesarias para salvaguardar [su] salud y vida.”[67] Así, la responsabilidad endilgada a la Secretaría de Salud de Bogotá procede de un hecho diferente, pues tal ente público no tiene competencia para la prestación de un servicio asistencial en sentido estricto, ya que su gestión se relaciona con la dirección, coordinación, vigilancia y control del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su jurisdicción.[68]

24. Ausencia de imputación fáctica de las presuntas omisiones a cargo de la entidad pública demandada: en esta oportunidad, de la demanda de reparación directa no se desprende una fundamentación fáctica precisa de la cual pueda inferirse de manera razonable la existencia de una eventual actuación u omisión imputable a la Secretaría de Salud de Bogotá. De hecho, para la Sala Plena existe una indeterminación en la atribución de responsabilidad de la entidad pública en mención por dos razones puntuales. De un lado, como se advirtió en los antecedentes (numerales 2 y 3 supra), la demanda presentada fue en un principio inadmitida y se ordenó precisamente su subsanación ante la ausencia de identificación clara de las omisiones que comprometían al Distrito Capital de Bogotá.

25. El extremo demandante se limitó a incluir tres nuevos argumentos, los cuales se centraron en la simple alegación genérica de que una entidad pública pudo haber sido responsable del daño sin argumentar de qué manera la Secretaría de Salud contribuyó de manera eficiente a la causación del mismo. Así, se mencionó que el ente territorial (i) tenía un deber de protección especial con las mujeres en embarazo o en etapa de posparto lo cual se derivaba, entre otras disposiciones jurídicas, de la Resolución 1709 de 2014 que impartió pautas para que las IPS brindaran una atención materna de calidad; (ii) debió priorizar los cuidados a A.R.G. ante su estado de gravedad y “forzar”[69] a la Clínica para tratar la infección y (iii) estaba obligada a designar funcionarios idóneos que vigilaran el caso de la paciente pues la Alcaldía venía liderando campañas de capacitación en centros asistenciales para evitar muertes maternas.[70] Para esta Corporación, tales aseveraciones no obedecen a una imputación fáctica concreta que determine de manera preliminar pero fundada el compromiso de la entidad demandada en la configuración de un daño antijurídico.

26. En efecto, tanto de la demanda como de su subsanación se puede observar que se sustentó la presunta responsabilidad de la Secretaría de Salud de Bogotá, por omisión, exclusivamente en el supuesto incumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control que le asisten respecto del funcionamiento de todas las IPS, públicas y privadas de la ciudad, y, por consecuencia, de la IPS privada donde fue atendida la señora A.R.G..[71] Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, este hecho por sí solo no es suficiente para habilitar la aplicación del fuero de atracción, máxime si de acuerdo con lo indicado por los mismos demandantes no se habría puesto en conocimiento de la entidad pública las presuntas irregularidades en las que incurrió la Clínica del Occidente y, mucho menos, se requirió su intervención para el caso específico de la paciente. Incluso, señalaron que no iniciaron ningún tipo de actuación administrativa en procura de sus intereses particulares ni elevaron reclamo, denuncia o cualquier otra manifestación ante la entidad pues estimaron que la activación de sus competencias era oficiosa.[72] En este contexto, una valoración inicial de los medios de prueba impide evidenciar con suficiencia su presunto compromiso concausal en la producción del daño reclamado, a partir de la presunta inobservancia de sus atribuciones legales.

27. Falta de una probabilidad mínimamente seria acerca de que la entidad estatal resultaría condenada por los hechos ocurridos: una apreciación inicial de los elementos de juicio obrantes en el expediente impide advertir, siquiera prima facie, que la Secretaría de Salud D. de Bogotá tuvo concurrencia en la causación del daño. Siguiendo la línea de exposición precedente, la argumentación que ofrece la demanda se limita a exponer de manera genérica e indeterminada la supuesta omisión de la entidad pública demandada en el cumplimiento de sus funciones sin enunciar de qué manera tal desatención se relaciona bajo una probabilidad mínimamente seria con la producción del hecho dañino y, de contera, con las pretensiones de los demandantes que buscan el resarcimiento de perjuicios derivados de la prestación de un servicio asistencial.

28. En síntesis, ante el incumplimiento de los presupuestos que permiten la activación del fuero de atracción por cuya aplicación se provocaría la intervención en el proceso del juez administrativo, la Sala Plena concluye que el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá es la autoridad competente para conocer del presente asunto, conforme el inciso 2 del numeral 1 del Artículo 20 del CGP.

5. Regla de decisión

29. En virtud del factor objetivo, la competencia para conocer de los procesos de responsabilidad médica, de cualquier naturaleza y origen, sin consideración a las partes, es de la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad civil, si el asunto no es de conocimiento de la justicia de lo contencioso administrativo, la cual, en virtud del criterio orgánico, asume estas controversias cuando la entidad demandada sea pública. En aquellos casos donde se formula una demanda, de manera concurrente, contra una entidad estatal y un sujeto de derecho privado debe acudirse al llamado fuero de atracción que permite que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo excepcionalmente juzgue toda la litis. Sin embargo, a efectos de evitar una desnaturalización de las funciones a su cargo e impedir que la asignación de competencia quede a la elección discrecional de la ciudadanía, es necesario que el demandante con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos, impute acciones u omisiones concretas contra los sujetos de derecho público y, en consecuencia, que los medios probatorios “razonablemente, conduzcan a pensar que su responsabilidad pueda quedar comprometida.”[73] Esto implica que la simple anunciación genérica en torno a la presunta omisión de los deberes de vigilancia y control por parte de un ente público, como presupuesto para imputarle injerencia en los hechos, no es suficiente para sustentar las probabilidades razonables de condena en su contra y, por ende, para asignar la competencia del asunto al juez administrativo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,