Auto nº 268/22 de Corte Constitucional, 3 de Marzo de 2022

1. De acuerdo con la información obrante en el expediente,[1] el 20 de febrero de 2020, en la vereda P. del municipio de Tununguá de Boyacá, el subintendente de la Policía Nacional, R.H.L.R. y el patrullero F.A.Z.R. se desplazaron hasta el establecimiento “Taguara” para atender el reporte telefónico que hizo una persona anónima acerca de una riña entre dos personas que allí tenía lugar. Una vez arribaron, habrían advertido que, bajo los efectos del alcohol, F.E.L.B. y otro sujeto se agredían mutuamente con armas corto punzantes, que al parecer eran “machetes.”

2. Una vez dichos ciudadanos fueron requeridos por los miembros de la Fuerza Pública, L.B. habría atacado con su arma al patrullero Z.R. en su cabeza, la cual estaba protegida por su casco oficial. Presuntamente, el patrullero reaccionó con su arma de fuego de dotación y le propinó dos disparos en el abdomen y pierna. Como consecuencia de las heridas, el señor F.E.L.B. falleció.

3. Mediante Auto del 21 de febrero de 2020,[2] el Juzgado 191 de Instrucción Penal Militar de Tunja abrió indagación preliminar No. 959 en contra del patrullero F.A.Z.R. por el delito de homicidio y, asimismo, dispuso la práctica de varias diligencias.

4. En razón de una solicitud elevada por el defensor del indiciado,[3] el 5 de junio del mismo año la titular de Juzgado castrense requirió a la Fiscalía 23 Seccional de Chiquinquirá, Boyacá para que remitiera copia de los actos urgentes adelantados por los hechos antes descritos en el marco de la investigación bajo el CUI No. 151766000111-2020-00037.

5. A través de Oficio 446 del 25 de junio de 2020,[4] la delegada del órgano de persecución penal dispuso no acceder a la solicitud. Argumentó que la competencia para conocer de la investigación corresponde exclusivamente a la Jurisdicción Ordinaria. Como sustento, tras aludir a la Sentencia C-358 de 1997,[5] indicó que a partir de los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento podía descartarse el cumplimiento del requisito funcional previsto en el Artículo 221 de la Constitución Política como condición necesaria para activar el fuero militar en favor del patrullero Z.R.. Ello, pues si bien para el momento de los hechos aquel se encontraba en servicio activo, lo cierto es que “el móvil [del delito] no obedeci[ó] a la función de policía ni t[uvo] relación con el servicio.” En consecuencia, comunicó que, en caso de no compartir sus argumentos, proponía conflicto de jurisdicciones.

6. Por medio de Auto del 28 de septiembre de 2020,[6] la titular del Juzgado 191 de Instrucción Penal Militar reclamó la competencia para conocer del asunto. Para el efecto, con base en la Ley 62 de 1993[7] y el Artículo 221 de la Constitución Política, afirmó el cumplimiento de los requisitos antes aludidos. En concreto, sostuvo que (i) conforme a la minuta de vigilancia de la Estación de Policía a la cual se adscribía el indiciado, el 20 de febrero de 2020 aquel se encontraba prestando servicio de vigilancia como policía activo y, contrario a lo afirmado por la Fiscal 23 Seccional, (ii) la conducta objeto de investigación se hallaba estrechamente relacionada con el servicio y las funciones propias de la Policía Nacional, tales como propender por “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades” y, asimismo, garantizar la “convivencia pacífica.”

7. En concreto, señaló que de las pruebas obrantes en el expediente era posible inferir que, en el marco de dichas funciones, con ocasión de la riña en la cual participaba la víctima y que denotaba la perturbación de la convivencia pacífica de la comunidad, el indiciado intentó persuadir al señor L.B. para que soltara el arma corto punzante que asía en sus manos, pero que por ello mismo, finalmente, utilizó en contra del patrullero. Luego, según afirmó, ello habría desencadenado el uso del arma de fuego de dotación oficial y el consecuente deceso de la víctima. Bajo ese contexto, la Juez 191 de Instrucción aceptó el conflicto y ordenó remitir las diligencias para que la autoridad correspondiente lo resolviera.

8. El expediente fue enviado a la Corte Constitucional mediante Oficio del 3 de diciembre de 2021[8] y en sesión virtual del 26 de enero de 2022, la Sala Plena lo repartió al Despacho de la Magistrada ponente, el cual fue cargado a través de la plataforma SIICOR el 2 de febrero del año en curso.

1. Competencia

9. De conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional está facultada para dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones.

2. Presupuestos para la configuración de un conflicto de competencias entre jurisdicciones

10. Este Tribunal ha señalado que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo).”[9]

11. En ese sentido, se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de jurisdicciones:[10] (i) Presupuesto subjetivo, el cual exige que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia y pertenezcan a diferentes jurisdicciones;[11] (ii) presupuesto objetivo, según el cual debe existir una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia, es decir, que pueda verificarse que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional;[12] y (iii) presupuesto normativo, a partir del cual es necesario que las autoridades en colisión hayan manifestado, a través de un pronunciamiento expreso, las razones de índole constitucional o legal por las cuales se consideran competentes o no para conocer de la causa.[13]

3. Alcance del presupuesto subjetivo frente a la legitimación de la Fiscalía General de la Nación para ser parte de conflictos de jurisdicción ante la Jurisdicción Penal Militar[14]

12. Ahora bien, en relación con el presupuesto subjetivo, la Corte Constitucional se ha pronunciado específicamente sobre la posibilidad de la Fiscalía General de la Nación para promover conflictos interjurisdiccionales. En concreto, en la Sentencia SU-190 de 2021,[15] precisó que aun cuando desde una perspectiva orgánica la Fiscalía pertenece a la Rama Judicial, desde el punto de vista funcional cumple tanto con funciones jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Frente a la primera hipótesis, ha sido advertido que en ese tipo de escenario, resulta claro que tiene la facultad de provocar y ser parte de conflictos de competencias entre jurisdicciones.

13. En torno al segundo escenario, es decir, cuando no cumple funciones jurisdiccionales, la Corte ha admitido la facultad excepcional de esta autoridad para promover o aceptar directamente conflictos entre jurisdicciones, en concreto, frente a la Jurisdicción Penal Militar y, por lo tanto, para ser parte de los mismos. Lo anterior, se reitera, tiene sustento en que el órgano de persecución penal: (i.1) ostenta la naturaleza de una entidad que administra justicia de acuerdo con la Constitución Política; (i.2) el ejercicio de la acción penal que constitucionalmente le fue encomendado se encuentra ligado necesariamente a la Jurisdicción Ordinaria; y (i.3) el reconocimiento de dicha facultad, en el contexto referido, propende por la satisfacción de importantes principios inmanentes a nuestro ordenamiento jurídico-constitucional, tales como los de celeridad, economía procesal, eficacia y acceso a la administración de justicia.

14. Sin embargo, de acuerdo con lo precisado en el Auto 704 de 2021,[16] la legitimación de la Fiscalía para proponer conflictos de competencia en el marco de la Ley 906 de 2004[17] se ha circunscrito a casos en que los conflictos de competencia suscitados entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar versen sobre posibles graves violaciones a los derechos humanos. De no ser el caso, entonces, no se entendería configurado el conflicto por ausencia del factor subjetivo. Con todo, frente a tal escenario el delegado del órgano de persecución penal bien podría acudir ante un Juez Penal con Función de Control de Garantías con el fin de solicitar que, a través de audiencia innominada, dicha autoridad reclame o niegue la competencia de la Jurisdicción Ordinaria para conocer del asunto.

4. Sobre la noción de graves violaciones a Derechos Humanos[18]

15. Los derechos humanos tienen un carácter interdependiente e indivisible entre sí, al punto de que cada violación o menoscabo a un derecho humano es igualmente importante en términos de su garantía y protección. Sin embargo, la comunidad internacional de derechos humanos ha advertido que algunas violaciones a derechos humanos requieren un tratamiento especial y diferenciado, en razón de la gravedad de su menoscabo. Estas han sido catalogadas bajo el estándar de “graves violaciones a derechos humanos.”[19]

16. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha precisado que “toda violación a los derechos humanos supone una cierta gravedad por su propia naturaleza, porque implica el incumplimiento de determinados deberes de respeto y garantía de los derechos y libertades a cargo del Estado a favor de las personas. Sin embargo, ello no debe confundirse con lo que el Tribunal a lo largo de su jurisprudencia ha considerado como ‘violaciones graves a los derechos humanos’, las cuales, tienen una connotación y consecuencias propias.”[20]

17. Pese a su importancia, no existe una definición unívoca del concepto de graves violaciones de derechos humanos en la jurisprudencia nacional ni en los diferentes instrumentos y fuentes del derecho internacional. Así lo ha reconocido esta Corporación[21] y sectores de la doctrina especializada.[22] Sin embargo, en aras de dotar de contenido dicho estándar, la Corte Constitucional, con apoyo en la jurisprudencia de los tribunales internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales sobre la materia y los documentos de órganos oficiales de derechos humanos, se ha ocupado (i) de las conductas susceptibles de predicarse dentro de esta categoría, en concreto, mediante la enunciación del “listado” de aquellas actuaciones consideradas tradicionalmente como graves violaciones de derechos humanos y (ii) de los delitos que tipifican graves violaciones a los derechos humanos y que pueden implicar, a su vez, graves infracciones al derecho internacional humanitario.[23]

18. Así pues, primero, la jurisprudencia de esta Corporación[24] ha destacado que en la actualidad las graves violaciones a los derechos humanos reconocidas por la comunidad internacional son, por lo menos, las ejecuciones extrajudiciales,[25] la desaparición forzada,[26] la tortura,[27] el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, la servidumbre o trabajo forzoso,[28] las masacres,[29] la detención arbitraria y prolongada,[30] el desplazamiento forzado,[31] la violencia sexual contra las mujeres[32] y el reclutamiento forzado de menores de edad.[33]

19. En segundo término, a partir de la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las violaciones a los derechos humanos, se ha establecido que los delitos de lesa humanidad,[34] algunos crímenes de guerra[35] y el genocidio[36] implican conductas constitutivas de graves violaciones a los derechos humanos. Dentro de la enunciación de las actuaciones que configuran la tipificación de cada una de las conductas referidas, existen igualmente algunos elementos característicos que, en el marco de su contexto, permiten predicar la existencia de una grave violación, a saber: (i) la sistematicidad o generalidad en el caso de los crímenes de lesa humanidad; (ii) la intención de destruir a un grupo en lo referente al genocidio y (iii) el nexo con el conflicto armado, internacional o no, de los crímenes de guerra.[37]

20. Ahora bien, aunque no de manera exclusiva, definitiva o necesariamente concurrente entre sí, se han considerado como algunas características que prima facie permiten establecer la existencia de graves violaciones de derechos humanos, las siguientes: (i) la naturaleza del derecho afectado;[38] (ii) la magnitud y/o sistematicidad de la lesividad ocasionada por la violación;[39] (iii) el grado de vulnerabilidad de la víctima;[40] (iv) el impacto social del menoscabo;[41] (v) si los derechos humanos conculcados se encuentran internacionalmente protegidos y y, a su vez, si las conductas constituyen delitos conforme al derecho internacional.[42]

21. Frente a las consecuencias de calificar una conducta como grave violación de derechos humanos, en concreto, en casos en los cuales se ha discutido la responsabilidad de los Estados por la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de delitos, la jurisprudencia de la Corte IDH ha sido constante en que resultan inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir el cumplimiento de dichas obligaciones respecto de los perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos.[43] Estas violaciones, a juicio de la Corte IDH, se siguen, por ejemplo, de actos como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.[44]

22. Por último, resulta pertinente reiterar[45] que las conductas y crímenes que fueron listados con anterioridad no constituyen un catálogo cerrado ni taxativo de actuaciones susceptibles de ser calificadas como posibles graves violaciones de derechos humanos. Ello, pues precisamente en razón del carácter y naturaleza dinámicas de las graves violaciones de derechos humanos, su contenido, características y alcances se hallan en permanente construcción, a partir de los pronunciamientos de los tribunales internacionales, los instrumentos y los documentos de órganos oficiales de derechos humanos. En consecuencia, las consideraciones que anteceden constituyen una aproximación a la noción de graves violaciones de derechos humanos, cuya comprensión, inicial y abierta a la dinámica propia del concepto, está encaminada al desarrollo de algunos parámetros de carácter enunciativo que permitan determinar la legitimidad de la Fiscalía General de la Nación para promover o participar en un conflicto de jurisdicción ante la Jurisdicción Penal Militar.

23. Con todo, no puede perderse de vista que, estando en el escenario de conflictos de jurisdicciones, si se advierte que el caso concreto puede ser considerado como una presunta grave violación de derechos humanos, ello no implica en ningún caso prejuzgamiento alguno. Lo anterior, pues la caracterización respectiva se efectúa únicamente con el fin de resolver la controversia asociada a la jurisdicción, sin lugar a afectar las facultades de las autoridades correspondientes y en aras de la protección de los derechos de los involucrados, entre otros, al juez natural.

24. Incumplimiento del presupuesto subjetivo para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

25. La Sala observa que en el asunto de la referencia no se satisface el presupuesto subjetivo y, por tanto, no se encuentra configurado conflicto interjurisdiccional alguno. Se advierte que el presunto conflicto fue planteado por la Fiscalía 23 Seccional de Chiquinquirá y el Juzgado 191 de Instrucción Penal Militar de Tunja sin que los hechos y conducta objeto de investigación por el delito de homicidio del que habría sido víctima el señor F.E.L.B. constituyan, prima facie, una grave vulneración de derechos humanos. Por lo tanto, no es dable predicar la legitimidad necesaria en cabeza de la Fiscalía General de la Nación para promover el presente trámite y, en consecuencia, entender configurado un verdadero conflicto de jurisdicciones entre aquella y un Juzgado Penal Militar, conforme a lo precisado en el Auto 704 de 2021.

26. La Sala Plena no desconoce que la investigación penal adelantada contra el patrullero Z.R. por el delito de homicidio tiene génesis en el presunto daño a la vida del ciudadano L.B. que aquel habría causado. Sin embargo, pese a la importancia innegable del derecho cuya afectación habría sufrido la víctima, se debe reiterar que “no toda vulneración o atentado contra la vida constituye por sí misma una grave afectación de derechos humanos.” [46] En igual sentido, se tiene que las circunstancias en las cuales devino el presunto menoscabo en el caso concreto, así como la calificación efectuada sobre la misma por las autoridades correspondientes, no permiten predicar la superación de un umbral tal que permitiese calificar su supuesta comisión como “grave” violación de los derechos humanos, en los términos precisados con anterioridad (supra, párrafos 12 - 20).

27. Lo anterior, de un lado, porque formalmente la conducta investigada, es decir homicidio, no ha sido enunciada entre aquellas constitutivas de graves menoscabos a los derechos humanos, por ejemplo, como ejecuciones extrajudiciales, masacres o tortura. Igualmente, por cuanto dicha conducta tampoco constituye un delito grave para el derecho internacional como genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra. De otro, desde una perspectiva material, dado que las circunstancias particulares del caso concreto no permiten advertir, en principio, algunas de las características que usualmente han sido atribuidas a dicho tipo de menoscabos en orden de calificar su comisión como grave, esto es, por ejemplo, por la magnitud o generalidad en la ejecución, así como tampoco un presunto estado de vulnerabilidad de la víctima.

28. Por lo tanto, esta Corporación concluye que en el asunto bajo definición no se encuentra configurado un conflicto interjurisdiccional, por incumplimiento del factor subjetivo. En consecuencia, la Sala se inhibirá de pronunciarse de fondo y remitirá el expediente a la autoridad de origen para lo de su competencia y, además, a fin de que comunique esta decisión a los interesados.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,