Sentencia de Constitucionalidad nº 110/22 de Corte Constitucional, 24 de Marzo de 2022

1. De acuerdo con lo previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, el 12 de enero de 2021, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corporación[1] una fotocopia autenticada de la Ley 2067 de 2020, para su revisión constitucional.

2. La Magistrada sustanciadora, mediante Auto del 24 de febrero de 2021,[2] avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. En primer lugar, ofició a los secretarios generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que, dentro del término de los diez (10) días siguientes a la notificación del proveído, enviaran a la Corte información expresa sobre: (i) las fechas de las publicaciones, las sesiones correspondientes, el quorum deliberatorio y decisorio, así como las mayorías y votaciones con las cuales se discutió y aprobó el proyecto de ley en las distintas etapas, en comisiones y en plenarias, haciendo referencia sobre la modalidad de votación utilizada en cada una de las etapas del trámite legislativo; (ii) el día en que se efectuó el anuncio de votación, el día que se realizó la votación, así como el número y fecha de las actas y las gacetas del Congreso donde consten dichas actuaciones; y (iii) el día en que se efectuó la publicación y los números y fechas de las actas y las gacetas del Congreso correspondientes. En segundo lugar, ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para que, dentro de los diez días siguientes a la notificación del proveído, certificara quiénes suscribieron a nombre de Colombia el instrumento internacional materia de revisión, cuáles eran sus poderes y si sus actos fueron confirmados por el P. de la República.

3. Además, ordenó (i) correr traslado por 30 días al Procurador General de la Nación una vez recibidas las pruebas; (ii) simultáneamente fijar en lista el proceso durante el término de 10 días, para que cualquier ciudadano la impugne o la defienda; y (iii) comunicar la iniciación del proceso al P. de la República y al P. del Congreso, para los fines del artículo 244 de la Constitución Política, así como a los ministros de Relaciones Exteriores y Comercio, Industria y Turismo; y al Defensor del Pueblo, para los efectos señalados en el artículo 11 del Decreto Ley 2067 de 1991.

4. Finalmente, resolvió, para los efectos previstos en el artículo 13 del Decreto Ley 2067 de 1991, comunicar el proveído a ProColombia y Bancoldex; a las universidades Nacional de Colombia, Externado de Colombia y del Rosario; a la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), a la Asociación Nacional de Exportadores (ANALDEX) y a la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), para invitarlas a rendir concepto sobre la constitucionalidad de la ley que aquí se estudia.[3]

5. Posteriormente, a través de Auto del 10 de junio de 2021, la Magistrada sustanciadora insistió en los requerimientos probatorios realizados en el Auto del 24 de febrero de 2021. Además, apremió al S. General de la Cámara de Representantes para que remitiera (i) las fechas de las publicaciones, las sesiones correspondientes, el quorum deliberatorio y decisorio, así como las mayorías y votaciones con las cuales se discutió y aprobó el proyecto de ley en las distintas etapas. Así, indicó que a este respecto deberá hacerse constancia expresa sobre la modalidad de votación utilizada en cada una de las etapas del trámite legislativo, en los términos de los artículos 128 a 131 de la Ley 5 de 1992 - Reglamento del Congreso. (ii) El cumplimiento del anuncio de votación previsto en el artículo 160 Constitución. Con este fin, deberán indicar claramente el día en que se efectuó el anuncio, el día en que se realizó la votación, así como el número y fecha de las actas y las gacetas del Congreso donde consten dichas actuaciones. (iii) El cumplimiento de la publicación de que trata el artículo 161 Constitución, para lo cual indicarán de manera expresa el día en que se efectuó la publicación y los números y fechas de las actas y las gacetas del Congreso correspondientes. Del mismo modo, deberán aportar copia física y/o en medio magnético de las gacetas del Congreso referidas en los literales anteriores, señalando en ellas los apartes que sean pertinentes para verificar la información solicitada.

6. También requirió al S. General de la Cámara de Representantes remitir copia física y/o en medio magnético de las gacetas del Congreso relacionadas con la certificación de los siguientes asuntos relativos al trámite de la Ley 2067 de 2020: (i) el anuncio para primer debate del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, (ii) la discusión y aprobación en primer debate del proyecto de ley en la Cámara de Representantes, y (iii) el anuncio para segundo debate del proyecto de ley en la Cámara de Representantes.

7. Finalmente, apremió al S. General del Senado de la República para que remitiera a este Tribunal copia física y/o en medio magnético de las gacetas del Congreso relacionadas con la certificación del anuncio y aprobación del informe de conciliación en la Plenaria del Senado de la República en el trámite de la Ley 2067 de 2020.[4]

8. El 13 de octubre de 2021, recibidas y calificadas las pruebas decretadas en el numeral segundo del Auto del 24 de febrero de 2021, la Magistrada sustanciadora remitió el expediente a la Secretaría General de la Corte para continuar con el trámite respectivo, de conformidad con lo previsto en el mencionado auto.[5] Así, el 19 de octubre de 2021, la Secretaría General de la Corte Constitucional fijó en lista el presente proceso por el término de diez (10) días.

9. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios, y previo concepto de la Procuradora General de la Nación, procede la Corte a realizar el estudio de constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.

10. La Ley 2067 de 2020 “por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República de Ecuador y la República de Perú, por otra, suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019” se encuentra integrada por tres artículos. Su contenido es el siguiente:

    “ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el «Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú por otra», suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019.

    ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7° de 1944, el «Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú por otra», suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019, que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al País, a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.

    ARTÍCULO TERCERO: La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación.”

11. El Acuerdo Comercial que es objeto de aprobación se reproduce en su integridad como A. No. 1.

1. Ministerio de Relaciones Exteriores

12. A.V.G., directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó la exequibilidad del tratado y su ley aprobatoria, por cuanto cumplió con los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, y su contenido está ajustado a los principios y postulados que gobiernan al Estado colombiano en materia de política exterior.

13. En primer lugar, indicó que, puesto que el Reino Unido se retiró de la Unión Europea, los instrumentos internacionales de los que hacía parte dicho Estado, en virtud de su membrecía al organismo internacional, dejaron de ser aplicables. En concreto, se afectó la aplicabilidad del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, de otra. Por ello, el Reino Unido y Colombia negociaron un instrumento internacional que regula la relación bilateral, que preserva los derechos y obligaciones entre ambos países y que mantiene las condiciones de integración y acceso preferencial que hoy se tienen con ese importante mercado.

14. En segundo lugar, indicó que el Reino Unido es un destacado aliado comercial, por su economía sólida y en expansión, la capacidad que posee en el intercambio de bienes y servicios y los flujos de inversión que genera y recibe. Señaló que para el 2018, el comercio entre ambos países alcanzó los 947 millones de dólares y Colombia exportó 421 millones de dólares, de lo cual el 72% consistió en productos agrícolas (banano, café, flores, aguacates y azúcar). Respecto de los productos no minero-energéticos, Colombia exportó unos 20 millones de dólares en manufacturas de papel, medicamentos, manufacturas de cuero y confecciones. En cuanto a las importaciones, para el 2018, los productos industriales representaron un 88%, los cuales fueron vehículos, medicamentos, abonos agroquímicos, productos químicos, pinturas, colorantes y aparatos médico-quirúrgicos. En consecuencia, para el país es fundamental mantener el comercio de mercancías y servicios, inversión, compras públicas y propiedad intelectual.

15. En tercer lugar, el Ministerio indicó que el acuerdo cumple con los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional como orientadores de la negociación entre ambos países. Respecto del primero, manifestó que se evidencia un “tratamiento equilibrado, objetivo y justo en la asignación de beneficios y obligaciones comerciales” para reducir diferencias y asimetrías económicas. La reciprocidad se refleja en que el acuerdo propende por un sistema de concesiones mutuas dirigidas al beneficio de los dos países, teniendo presente las diferencias económicas existentes. Adujo que el acuerdo es conveniente en la medida en que es consistente con el beneficio e interés general del pueblo colombiano, porque responde a dinámicas globales de integración comercial.

16. Finalmente, manifestó que la ley aprobatoria del mencionado tratado cumple los requisitos formales, puesto que el tratado fue suscrito por la entonces Viceministra de Comercio, en uso de los plenos poderes conferidos por el P. y el entonces Ministro de Relaciones Exteriores. Luego, el P.I.D.M. impartió la aprobación ejecutiva y ordenó someter el acuerdo a consideración del Congreso de la República. Surtidos los debates, el órgano legislativo aprobó la Ley 2067 del 23 de diciembre de 2020, para posteriormente ser sancionada por el P. de la República y publicada en el Diario Oficial No. 51537 de diciembre de 2020.[6]

2. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

17. M.X.L.V., Ministra de Comercio, Industria y Turismo, solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la Ley 2067 de 2020, puesto que el acuerdo comercial cumplió con los requisitos formales exigidos y se ajusta a la Constitución Política desde un punto de vista material.

18. En primer lugar, mencionó que el objetivo principal del tratado es que se mantengan con el Reino Unido las mismas condiciones de integración y acceso preferencial que Colombia suscribió, en su momento, con la Unión Europea, teniendo en cuenta la salida del primer país de dicha unión. Esto con el propósito de aumentar los flujos de comercio bilateral e inversión, establecer disciplinas para facilitar los intercambios comerciales, generar mayor desarrollo, aumentar el número de empleos, mejorar la calidad de vida, mejorar la distribución del ingreso y una sociedad más justa, y dar acceso a un mercado de 66 millones de consumidores con altos niveles de ingresos. En el marco del objetivo de la Política Comercial para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, el acuerdo y la internacionalización de las relaciones se convierte en un eje fundamental del plan para la reactivación económica.

19. En segundo lugar, expuso que para analizar la constitucionalidad del instrumento es fundamental considerar que mediante Sentencia C-335 de 2014,[7] la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la Ley 1669 de julio de 2013, por estimar que la negociación, el trámite legal y el contenido material del Acuerdo Comercial entre Colombia y la Unión Europea se ajustaban a la Constitución Política de 1991. Concluyó que, dado que el texto y los anexos del nuevo tratado no representan una variación sustancial respecto del primer acuerdo, el análisis por parte de la Corte no amerita una valoración diferente.

20. En tercer lugar, manifestó que para Colombia es indispensable seguir manteniendo y ampliando las relaciones que consolidó con los países de la Unión Europea para el comercio de mercancías, servicios, compras públicas y propiedad intelectual. Esto, dado que se trata de un mercado que, para 2019, representó un 10% en exportaciones y en importaciones un 7.4%. En ese mismo año las exportaciones alcanzaron 470 millones de dólares y las exportaciones no minero energéticas 326 millones de dólares.

21. Asimismo, mencionó que el Reino Unido fue el mayor inversionista en Colombia, después de España, Estados Unidos, Suiza y Brasil, con una inversión acumulada desde el 2007 por más de 16 mil millones de dólares. Además, el Reino Unido fue el quinto Estado miembro de la Unión Europea en traer turistas a Colombia, representando el 10% del total, y fue el cuarto destino de los colombianos a la Unión Europea, con una participación de 5.6%. El Reino Unido también ha aportado importantes recursos de cooperación internacional, relacionados con el manejo de la pandemia, la ciencia, población vulnerable y los microempresarios.

22. En cuarto lugar, realizó el análisis sobre los requisitos de forma que debe cumplir el tratado. Concluyó que el trámite del proyecto de ley cumplió con los términos y condiciones previstas en la Constitución y la Ley 5 de 1992.

23. Finalmente, se realizó el análisis de cada uno de los artículos y el anexo que componen el Acuerdo Comercial con el Reino Unido. Se indicó que todas las disposiciones de este instrumento internacional se ajustaban a la Constitución Política, pues desarrollaban el mandato constitucional, en cabeza del Estado, de promover la internacionalización de las relaciones sociales, económicas y ecológicas (Art. 226 CP) y la integración económica, social y política de Colombia con otras naciones (Art. 227 CP). Asimismo, indicó que el acuerdo es una manifestación expresa de la soberanía nacional (Art. 9 CP), pues tanto el Reino Unido como Colombia se comprometieron de manera voluntaria y libre a cumplir con obligaciones recíprocas.

24. Además, mencionó que el acuerdo comercial se constituye sobre la base de los principios de equidad, reciprocidad, igualdad y conveniencia nacional (Arts. 226, 227 y 150), puesto que (i) pretende el desarrollo del país mediante una alianza, generando mecanismos específicos para la superación de asimetrías, con un marcado interés por el bienestar social; (ii) crea unas obligaciones y cargas que no traen condiciones desfavorables para ninguna de las partes, por ejemplo, impone un sistema de concesiones mutuas para garantizar libre circulación de bienes, servicios, capitales e inversiones entre sus territorios; (iii) posibilita el aprovechamiento de oportunidades derivadas de la integración económica y el emprendimiento de una acción conjunta de los países miembros encaminada a fortalecer los vínculos comerciales; y (iv) adopta normas para la facilidad de acceso de productos colombianos al mercado del Reino Unido (salvaguardias, compensaciones, periodos diferenciales de desgravación arancelaria, medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas de salud pública y de protección a la biodiversidad).

3. Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI)

25. B.M.M.R., en calidad de representante legal de la ANDI, solicitó a la Corte declarar la exequibilidad del acuerdo objeto de revisión. Indicó que se cumplieron los requisitos de forma en el trámite legislativo y advirtió que el acuerdo es conveniente y coincide con los postulados de la Constitución, en particular con los artículos 226 y 227, puesto que “permite mantener las condiciones de integración comercial y acceso preferencial que hoy tiene el país en el mercado con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.[8]

4. Universidad Nacional de Colombia

26. El profesor A.J.R. consideró que el Acuerdo Comercial bajo examen resulta conforme a la Constitución Política. Dado que el Reino Unido se retiró de la Unión Europea, los derechos y obligaciones de los acuerdos internacionales suscritos en ejercicio de las facultades que le han delegado sus Estados miembros dejaron de incluir al mencionado país. En consecuencia, las reglas comerciales contenidas en el acuerdo entre la Unión Europea y Colombia no son aplicables entre los mencionados países.

27. Mencionó que el acuerdo objeto de análisis reviste una especial importancia para los países andinos signatarios, puesto que, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Reino Unido se cataloga como uno de los grandes exportadores mundiales y es un gran importador de bienes y servicios. Dicho país se ubicó como la quinta economía más grande del mundo en 2020, aportando el 3.2% del PIB mundial, y fue la segunda economía de Europa, luego de Alemania. El Reino Unido se destaca en la producción de patatas, remolacha, trigo, cebada, material de transporte, productos químicos, tecnologías de la información y la comunicación, la biotecnología, la aeronáutica y las energías renovables. También cuenta con una gran cantidad de recursos petroleros y de gas.[9]

5. Universidad Externado de Colombia

28. El docente investigador, J.T.M., solicitó declarar la constitucionalidad de la Ley 2067 de 2020, puesto que cumple con los requisitos formales y materiales previstos en la Constitución Política, la Ley 5 de 1992 y la jurisprudencia. Además, porque la ley aprobatoria se anticipó a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en aras de proteger las relaciones comerciales entre ambos países y evitar afectaciones a las importaciones y exportaciones.

29. En cuanto a los requisitos de forma, el docente indicó que la suscripción y aprobación del tratado fue realizada correctamente. Respecto al examen material, mencionó que el acuerdo permite materializar las finalidades establecidas en los artículos 226 y 227 de la Constitución Política, referentes a la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas, desde los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, lo cual está ligado a la integración económica que debe existir entre naciones. Indicó que los principios mencionados se reflejan, entre otras, porque el acuerdo (i) permite un mayor acceso a bienes y servicios de la mejor calidad y a un menor precio, en igualdad de condiciones; (ii) las mercancías originarias de los Estados parte resultan favorecidas del tratamiento arancelario preferencial; y (iii) se fomenta un contexto de liberalización económica y de compromisos multilaterales.[10]

6. Asociación Nacional de Exportadores (ANALDEX)

30. J.D.M., como representante legal de ANALDEX, rindió dos conceptos favorables respecto de la Ley 2067 de 2020.[11] En ambos manifestó que con el Acuerdo se protege la relación bilateral con el Reino Unido, aunque este país salga de la Unión Europea, y se profundiza en un mercado con potencial de exportaciones de productos del sector agroindustrial, de alimentos y bebidas y de productos manufacturados. Advierte que las exportaciones de Colombia al Reino Unido representan el 1,2% del total, registrando ventas por 292 millones de dólares en el periodo de enero a agosto de 2021. Agrega que las importaciones traen valor agregado al sector farmacéutico, de maquinaria agrícola y de manufacturas industriales. Así, el acuerdo es vital para continuar con la integración internacional y la profundización de Colombia en mercados internacionales, lo cual fomenta el crecimiento económico y disminuye la pobreza.

31. En ese sentido, concluye que el acuerdo cumple con los principios de (i) equidad, porque propugna por el desarrollo del país mediante una alianza con otras economías, generando mecanismos para la superación de asimetrías; (ii) reciprocidad, dado que las obligaciones asumidas no son desfavorables ni inequitativas para ninguna de las partes; (iii) conveniencia nacional, pues facilita una relación comercial creciente entre las naciones; e (iv) internacionalización de las relaciones económicas y comerciales, porque pretende insertar a Colombia en una economía globalizada.[12]

7. BritCham Colombia

32. El director ejecutivo de BritCham Colombia indicó que el acuerdo constituye una herramienta de comercio exterior encaminada a preservar el comercio entre los dos países, el cual para el 2018 alcanzó 948 millones de dólares. Asimismo, el Reino Unido ha contribuido con enormes montos de inversión extranjera en el país, por lo que se ubicó en el 2019 como el quinto mayor inversionista, con una suma invertida de 1.078 millones de dólares, lo cual representó un 7% del total de la inversión extranjera directa que ha aportado al desarrollo económico y de infraestructura y al nivel competitivo de las regiones y el país. El Reino Unido también ha sido un importante aliado en la generación de proyectos de cooperación para el desarrollo social, ambiental y económico, puesto que ha impulsado programas que promueven el fortalecimiento de procesos productivos de diferentes comunidades.[13]

8. Cámara de Comercio Británico Colombiana

33. La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Británico Colombiana con sede en Londres, T.H., expresó su apoyo a la aprobación del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y los países andinos, ya que este amplía los mercados y aumenta la estabilidad y la previsibilidad del entorno comercial y de inversiones. Asimismo, aumenta los flujos comerciales y de inversión entre ambos países y ayuda a la reactivación económica del país luego de la pandemia. Esto, mediante un trato libre de aranceles para bienes de consumo e industriales que permite el acceso libre de tarifas para el 98% de las exportaciones agrícolas colombianas y proporciona un mejor acceso a servicios, conocimiento y capital proveniente del Reino Unido. Además, por medio de proyectos relacionados con la mejora de la biodiversidad, el aumento de la infraestructura y la adopción de energías renovables. Todo esto brinda oportunidades económicas a pequeñas y grandes empresas colombianas.[14]

9. H.S.M.

34. El ciudadano Sua Montaña solicitó declarar la exequibilidad del acuerdo bajo el entendido que “el mismo puede ser demandado con posterioridad única y exclusivamente por motivos de una posible nulidad derivada de una violación manifiesta de una disposición de derecho interno dentro de la etapa negociadora capaz de afectar los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos nacionales o extranjeros debido a que no se aportó al proceso los documentos relativos a la negociación del mismo siendo su contenido indispensable para mirar si en la elaboración del mismo se violaron disposiciones de derecho interno por las cuales proceda su nulidad de conformidad con el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.”[15]

35. Indicó que con el acuerdo se mantienen las interacciones económicas entre Colombia y el Reino Unido que se pactaron de forma previa a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Asimismo, el texto actual del acuerdo se ajusta al contexto socioeconómico, a los principios de reciprocidad, sostenibilidad fiscal y distribución equitativa, y a los beneficios derivados del desarrollo. Finalmente, mencionó que el trámite de la ley aprobatoria de tratado agotó todos los requisitos de forma, como la suscripción, los debates en ambas cámaras, las publicaciones en las gacetas del Congreso, los anuncios de los debates, la sanción presidencial y el envío a esta Corporación.[16]

10. L.F.M.Á.

36. La estudiante de la facultad de derecho de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, solicitó declarar la constitucionalidad del Acuerdo Comercial que se analiza. Además de ello, citó los artículos 6, 40 y 44 del Decreto 2067 de 1991 y el auto de pruebas del 24 de febrero de 2021, proferido por la Magistrada sustanciadora dentro del presente proceso.[17]

11. A.M.M.S.

37. La ciudadana presentó solicitud ante la Corte Constitucional para expresar la importancia de declarar la exequibilidad de la presente ley. Indicó que el acuerdo genera una mayor expansión comercial y un incremento de la actividad comercial transnacional. También garantiza que las preferencias arancelarias actuales para productos, tanto agrícolas como industriales, beneficien a los sectores económicos del país.[18]

38. En ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242, numeral 2° y 278, numeral 5° del texto constitucional, así como en el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991, la señora Procuradora General de la Nación, M.C.B., presentó concepto dentro del trámite de la referencia. Solicita a la Corte Constitucional la declaración de exequibilidad de la Ley 2067 de 2020, así como del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú, por otra, suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019.

39. En primer lugar, la Procuradora realizó un análisis formal del trámite de aprobación de la norma y concluyó que el Congreso de la República observó los trámites constitucionales para la expedición de la ley aprobatoria del Acuerdo.

40. En lo que respecta a la materia del acuerdo, lo encuentra plenamente ajustado a la Constitución Política, dado que se compone de tres artículos donde (i) el Congreso de la República manifiesta inequívocamente su voluntad de aprobar integralmente dicho instrumento, lo cual se enmarca en lo dispuesto en el artículo 150.16 de la Constitución; (ii) en el artículo 2 se señala que el instrumento obligará al Estado colombiano a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 224 de la Constitución; y (iii) en el artículo 3 se indica que el cuerpo normativo rige a partir de la fecha de su publicación, por lo que se respetó el principio superior de publicidad.

41. Adicionalmente, dispuso que es necesario tener en cuenta que el 26 de julio de 2012 fue suscrito el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países andinos, el cual fue incorporado al ordenamiento interno mediante la Ley 1669 de 2013 y declarado exequible por la Corte Constitucional en la Sentencia C-335 de 2014. En consecuencia, y dado que el Reino Unido se retiró de la Unión Europea, el tratado internacional estudiado en el presente caso tiene como finalidad preservar las prerrogativas y obligaciones existentes entre los países andinos y el Reino Unido. Por ello, el tratado examinado introduce las disposiciones del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Colombia (artículos 3 a 9 y anexo del Acuerdo con el Reino Unido).

42. En ese sentido, tanto el preámbulo como los artículos 1 y 2 son acordes a la Constitución, puesto que mediante un acto soberano las partes firmantes se comprometen a no interrumpir los beneficios asociados al tratado internacional previo, el cual fue declarado constitucional por permitir la internacionalización de las relaciones económicas y propender por el desarrollo, el bienestar y la prosperidad social. Por ello, la Procuradora estimó importante reiterar las consideraciones expuestas en la Sentencia C-335 de 2014 de cara a las disposiciones del presente acuerdo que reproducen lo suscrito en el año 2012.

43. Por otro lado, la Procuradora resaltó que en los artículos 4, 5 y 6 se contemplan aclaraciones sobre ciertos aspectos de las disposiciones del primer acuerdo que son incorporadas al instrumento bajo examen, como las referencias al euro, el entendimiento de los periodos para el cumplimiento de las obligaciones y el desarrollo de los procedimientos, así como la transición de competencias entre los Comités de Comercio establecidos en ambos acuerdos para asegurar la vigencia de su contenido. Dicha incorporación, con el propósito de garantizar certeza en la interpretación y aplicación de la normativa, lo cual optimiza el principio superior de seguridad jurídica.

44. En el artículo 8, referente a la entrada en vigencia del acuerdo y la posibilidad de aplicarlo provisionalmente, resaltó que se respetaron los procedimientos internos que cada Estado contempla para manifestar su consentimiento frente a los tratados internacionales, con lo cual está asegurada la vigencia de los mandatos contenidos en los artículos 189.2, 150.14, 224 y 241.10 superiores.

45. Respecto de los artículos 3 (ámbito geográfico), 7 (documentos que integran el acuerdo) y 9 (depositario del instrumento), se destaca que son normas instrumentales adoptadas por consenso de los Estados parte, siguiendo las practicas del derecho internacional contenidas en la Convención de Viena de 1969, lo que concuerda con el artículo 9 de la Constitución.

46. Finalmente, expuso que en el anexo se indican las cláusulas que no serán incorporadas al nuevo acuerdo por su naturaleza bilateral, se actualizan las autoridades internas que representan al Reino Unido, se precisan las condiciones de la eliminación arancelaria progresiva, y se aclaran algunas vicisitudes de la cooperación administrativa y la aplicación de medidas sanitarias. En efecto, se trata de disposiciones que pretenden el cumplimiento de los principios de equidad y conveniencia nacional exigidos para impulsar la internacionalización de la economía colombiana, de conformidad con el artículo 226 superior.[19]

1. Competencia

   478 En virtud del numeral 10º del artículo 241 de la Carta Política, la Corte Constitucional es competente para ejercer el control integral de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. De acuerdo con lo expresado en reiterada jurisprudencia, dicho control es:

   “(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental;

   (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el P. de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental;

   (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional;

   (iv) tiene fuerza de cosa juzgada;

   (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo;

   (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.”[20]

48. La adopción de tratados internacionales por el Estado colombiano es un acto complejo en el que intervienen las tres ramas del poder público a partir del respeto de la independencia y autonomía de cada una de ellas. En efecto, ha precisado la jurisprudencia constitucional que, tratándose de leyes aprobatorias de tratados, “el Congreso no puede alterar el contenido de los instrumentos internacionales”,[21] pues “no está facultado para incorporar a la discusión cláusulas nuevas o modificar las originales del instrumento, en la medida en que su función consiste solamente en aprobar o improbar la totalidad del acuerdo[22], sin estar habilitado para fraccionarlo o a modificarlo[23], por tratarse de una negociación adoptada por el Gobierno[24]. Sobre esa base, si el Legislador se abstiene de dar su aprobación a lo convenido, no es posible para el Estado seguir el trámite constitucional correspondiente. En sentido contrario, el visto bueno del Legislador permite continuar con el trámite constitucional enunciado.”[25] Así mismo, el control constitucional que ejerce esta Corte consiste en un estudio eminentemente jurídico que no se ocupa de revisar las ventajas, beneficios u oportunidades prácticas del tratado a nivel económico o social, ni tampoco su conveniencia política.

49. Dentro de este esquema, el control a cargo de la Corte se divide en dos grandes partes: (i) un análisis formal: que hace un escrutinio al proceso de formación del instrumento internacional, así como el trámite legislativo adelantado en el Congreso de la República; y (ii) un análisis material: que coteja las disposiciones del tratado y de la ley con el marco constitucional colombiano, para de esta manera determinar si se ajustan o no al ordenamiento superior.

50. En consecuencia, corresponde a la Corte resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República de Ecuador y la República de Perú, por otra, así como la Ley 2067 de 2020, mediante la cual se aprobó dicho instrumento internacional, satisfacen los requisitos formales previstos en la Constitución Política y en la Ley 5 de 1992?; y (ii) ¿el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República de Ecuador y la República de Perú, por otra, así como la Ley 2067 de 2020, mediante la cual se aprobó dicho instrumento internacional, resultan compatibles con la Constitución Política?

51. Hechas las anteriores precisiones, pasa la Corte a examinar la constitucionalidad del tratado internacional objeto de estudio y de su ley aprobatoria, tanto en su aspecto formal como material.

2. Análisis formal: la suscripción del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú, por otra, y su aprobación por parte del Congreso de la República cumplieron el procedimiento constitucional

52. La revisión del aspecto formal del tratado internacional y de su ley aprobatoria se dirige a examinar los siguientes aspectos: la validez de la representación del Estado Colombiano en las fases de negociación, celebración y firma del Acuerdo internacional, la necesidad de realizar la consulta previa como expresión del derecho fundamental a la participación de los grupos étnicos, el análisis de impacto fiscal de que trata el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, el cumplimiento de las reglas de trámite legislativo en la formación de la ley aprobatoria y el respeto a los principios de consecutividad e identidad flexible.

    2.1. Representación del Estado, suscripción del acuerdo y aprobación presidencial

53. El primer aspecto a revisar es la competencia del funcionario que representó al Estado colombiano en la negociación del acuerdo. En este sentido, la Corte “ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo.”[26] Esta verificación ha sido realizada siguiendo lo previsto en los artículos 7 a 10 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.[27]

54. En este caso, se encuentra probado que el “Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República de Ecuador y la República de Perú, por otra”, adoptado en Quito, el 15 de mayo de 2019, fue suscrito por la viceministra de comercio, L.I.V.J.. Para tales efectos, el Gobierno nacional, encabezado por el señor presidente I.D.M. y el entonces ministro de relaciones exteriores, C.H.T., le otorgaron plenos poderes el día 02 de abril de 2019,[28] de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 1º del artículo 7 de la “Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados” del 23 de mayo de 1969.

55. Igualmente, se tiene que el presidente I.D.M. impartió la respectiva Aprobación Ejecutiva el día 03 de febrero de 2020 y en el mismo acto, en cumplimiento de los trámites constitucionales, ordenó someterlo a consideración del Congreso de la República.[29]

56. De tales precisiones se concluye que la adopción del instrumento internacional satisface el requisito de forma, respecto a la calidad de la persona que debió suscribirlo, pues quien lo hizo fue la Viceministra de Comercio, delegada expresamente por el Gobierno nacional e investida con los poderes necesarios para ello. Asimismo, una vez acordado el Acuerdo Comercial con el Reino Unido, este recibió la aprobación del P. para ser enviado al Congreso de la República.

57. De otra parte, la Sala Plena descarta la solicitud del ciudadano H.S.M. para declarar la exequibilidad del acuerdo bajo el entendido que “el mismo puede ser demandado con posterioridad única y exclusivamente por motivos de una posible nulidad derivada de una violación manifiesta de una disposición de derecho interno dentro de la etapa negociadora (…) debido a que no se aportó al proceso los documentos relativos a la negociación del mismo siendo su contenido indispensable para mirar si en la elaboración del mismo se violaron disposiciones de derecho interno por las cuales proceda su nulidad.” Esto por cuanto no compete a la Corte evaluar el proceso de negociación de un tratado, sino verificar la competencia del funcionario que representó al Estado colombiano en la negociación de este. Así mismo, debe reiterarse que el análisis de constitucionalidad que realiza esta Corte sobre los tratados internacionales que suscribe el Estado colombiano es integral, en la medida en que se revisan tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional para garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano, teniendo este control la fuerza de cosa juzgada que impide reabrir un debate constitucional al respecto.

    2.2. Necesidad y realización de consulta previa: el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y Colombia no requería agotar el proceso de consulta, pero todo proyecto de implementación que represente una afectación directa a las comunidades étnicas deberá ser consultado

58. La jurisprudencia constitucional ha reconocido que la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades indígenas, tribales, rom, afro-descendientes y raizales que tiene fundamento en el artículo 6.1(a) del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.[30] La Corte ha precisado que la consulta previa (i) tiene aplicación en relación con medidas legislativas o administrativas;[31] (ii) la afectación que genera su obligatoriedad debe ser directa, es decir, (a) de una entidad que altere “el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios”,[32] o (b) cuando recae o tiene el potencial de surtir efectos directos sobre el territorio de la comunidad o sobre los aspectos definitorios de su identidad cultural; (iii) busca “materializar la protección constitucional (…) que tienen los grupos étnicos a participar en la decisiones que los afecten”;[33] (iv) debe adelantarse a la luz del principio de buena fe; (v) debe ser oportuna y eficaz[34] y; (vi) su omisión “constituye un vicio que impide declarar exequible la Ley.”[35]

    2.2.1. La consulta previa en las leyes aprobatorias de tratados

59. En el caso de las leyes aprobatorias de tratados internacionales, el requisito de la consulta y su correspondiente verificación constitucional es relativamente reciente, pues inició con la Sentencia C-750 de 2008,[36] donde la Corte revisó el ´Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América´, sus ´cartas adjuntas´ y sus ´entendimientos´, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006”. A partir de esta providencia, la Corte ha venido examinando oficiosamente el requisito de la realización de consulta en la revisión del trámite de aprobación de los tratados internacionales. Al igual que ocurre con el análisis de otro tipo de medidas legislativas o administrativas, el estudio se centra en determinar si existe una afectación directa sobre las comunidades étnicas, pues solo en estos escenarios se activa el deber de adelantar la consulta previa; con independencia de que se trate de un tratado bilateral o multilateral.[37]

60. Esta Corte ha señalado que la obligación de adelantar un “procedimiento distinto a los escenarios generales y concretos de participación”[38] resulta exigible “cuando la materia del proyecto está relacionada con aspectos que tienen una vinculación intrínseca con la definición de la identidad étnica de dichos grupos.”[39] Esto no significa que la temática general del tratado o del acuerdo internacional sea suficiente para determinar el deber de consulta. Es necesario analizar, más allá del título, “el contenido y el alcance de la medida para poder establecer si existe un impacto en los derechos de las comunidades y de ser así cuál es su magnitud.”[40] Así como no todo instrumento internacional que regule aspectos relacionados con las comunidades (v.gr. explotación de recursos naturales) exige necesariamente la consulta previa; tampoco el hecho que se trate de un asunto distinto a los que usualmente se asocian con la consulta, significa el rechazo automático de este mecanismo.

    2.2.2. Análisis del caso concreto

61. El trámite de aprobación del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y Colombia no requería agotar el proceso de consulta previa. Las disposiciones de este instrumento internacional se han previsto de manera uniforme para la generalidad de los colombianos, sin que su objeto sea introducir una modificación específica relacionada con las comunidades étnicas. En efecto, el Acuerdo tiene como objetivo mantener las reglas y beneficios comerciales establecidos mediante el tratado comercial suscrito con la Unión Europea, en la relación comercial entre el Reino Unido y Colombia, teniendo en cuenta que el primer país dejó de ser miembro de la Unión Europea. No se trata entonces de un asunto que afecte directa y específicamente a las comunidades étnicas, pues la promoción de las relaciones comerciales de Colombia con otros países, mediante la introducción de beneficios que conlleven a liberalizar el mercado, incide en los negocios y la vida de todas las personas. En ese sentido, el acuerdo tampoco desconoce el derecho fundamental de consulta previa, en tanto no introduce ningún beneficio, restricción o gravamen para las comunidades étnicas específicamente.

62. En consecuencia, no era necesario agotar el requisito mencionado para proceder con el examen legislativo del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y Colombia. Sin embargo, la Corte estima necesario advertir que las disposiciones de orden legislativo o administrativo que se expidan en desarrollo y aplicación de dicho Acuerdo, así como las demás medidas de implementación, deben surtir la consulta previa obligatoria respecto de las comunidades culturalmente diferenciadas si alguna de ellas es susceptible de afectarles de manera específica y directa, respetando, en todo caso, los principios de buena fe y de participación activa y efectiva a tales comunidades. Lo anterior debido a que el acuerdo que se examina contiene preferencias arancelarias para productos agrícolas y productos de origen exportados por Colombia al Reino Unido. En consecuencia, eventualmente la aplicación de este tratado podría beneficiar o afectar de manera directa a las comunidades étnicas, pues, entre otros escenarios, es posible que se llegaran a presentar casos en los cuales se incluyan en las relaciones comerciales bilaterales entre Colombia y Reino Unido bienes que sean producidos por comunidades étnicas.

    2.3. No resulta exigible el análisis de impacto fiscal de que trata el artículo 7º de la Ley 819 de 2003

63. En el marco de la revisión de la Ley 2031 de 2020 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Francesa sobre Cooperación Financiera”, en la Sentencia C-170 de 2021, la Corte ajustó su precedente en relación con el cumplimiento de los deberes y mandatos previstos en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 cuando se trata del trámite de proyectos de ley por medio de los cuales se aprueba un instrumento internacional. Se constató que “la jurisprudencia previa de este tribunal no había indicado que beneficios tributarios como los examinados -contenidos en un instrumento internacional- estuvieran sujetos a las exigencias previstas en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003. En efecto, pronunciamientos sobre tratados que han establecido privilegios en materia tributaria -entre ellos los contenidos en las sentencias C-1156 de 2008 (Corte Penal Internacional), C-267 de 2014 (OPAQ), C-812 de 2014 (Gobierno alemán) y C-098 de 2020 (OCDE)- no abordaron un examen relativo a su cumplimiento.”[41] Sin embargo, era necesario que, en adelante, en los proyectos de ley mediante los cuales se aprobara un tratado internacional que ordenara un gasto u otorgara beneficios tributarios, se realizara el respectivo análisis de impacto fiscal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 y las reglas que al respecto ha fijado la jurisprudencia constitucional.

64. Así, la Corte consideró que, por razones de seguridad jurídica y prudencia judicial, esta nueva regla se aplicaría solo hacia el futuro. Explicó la Corte: “las razones expuestas justifican que la regla establecida por la Sala Plena sea exigible únicamente respecto de aquellos proyectos de ley que (i) tramitados con posterioridad a la notificación de esta sentencia, (ii) aprueben tratados que consagren beneficios tributarios a favor de sujetos de derecho internacional, así como del personal diplomático o cooperante que apoya la ejecución de sus actividades en Colombia.”[42]

75. En el presente caso la Sala Plena advierte que la ley mediante la cual se aprobó el Acuerdo Comercial con el Reino Unido fue expedida el 23 de diciembre de 2020, esto es, antes de que se profiriera y notificara la Sentencia C-170 de 2021. Por lo tanto, no resulta exigible en el presente caso el estudio del cumplimiento del requisito atinente al análisis de impacto fiscal de que trata el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, toda vez que la Ley 2067 de 2020 fue tramitada con anterioridad a la Sentencia C-170 de 2021.

    2.4. Examen del trámite de la Ley 2067 de 2020 ante el Congreso de la República

66. Las leyes aprobatorias de tratados internacionales no disponen de un procedimiento legislativo especial, por lo que el trámite que debe seguirse es el de las leyes ordinarias, salvo por dos requisitos especiales: (i) el debate debe iniciarse en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 de la CP); y (ii) una vez ha sido sancionada la ley por el P. de la República, deberá remitirla a la Corte Constitucional dentro de los 6 días siguientes, para efectos de la revisión integral (Art. 241, Núm. 10 de la CP).[43]

67. Teniendo en cuenta el procedimiento que guía las leyes ordinarias, especialmente lo previsto en los artículos 150 a 169 de la Carta y en la Ley 5ª de 1992, la Sala Plena ha resumido las etapas del trámite legislativo que revisa la Corte, así:

    “(i) Inicio del trámite de la ley aprobatoria en el Senado de la República (art. 154 CP).

    (ii) Publicación del proyecto de ley antes de darle curso en la comisión respectiva (art. 157, núm. 1 CP).

    (iii) Aprobación en primer debate en las comisiones respectivas de Senado y Cámara, y en segundo debate en las plenarias de esas corporaciones (art. 157, núm. 2 y 3 CP).

    (iv) Publicación y reparto del informe de ponencia previo a los cuatro debates correspondientes y del texto aprobado en cada uno de ellos (arts. 144, 156 y 157 de la Ley 5ª de 1992).

    (v) Anuncio previo en el que se informe de la sesión en que se efectuará la discusión y votación del proyecto en cada uno de los cuatro debates correspondientes, según el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política adicionado por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 la cual ordena que: 1) la fecha de votación de los proyectos de ley sea previamente anunciada; 2) el anuncio de tal votación se realice en sesión distinta a la de la sesión en que es sometido a su aprobación; y 3) la votación se efectúe el día en que fue anunciada. La Corte ha señalado, además, que, si bien no es exigible una fórmula específica para realizar el anuncio, sí deben utilizarse expresiones de las que sea posible inferir con claridad para qué se convoca a los congresistas y que se haga para una sesión posterior, es decir, para “una fecha futura prefijada y determinada, o por lo menos, determinable.”

    (vi) Quorum decisorio al momento de la aprobación del proyecto en cada uno de los cuatro debates correspondientes. Tratándose de proyectos de ley aprobatoria de tratados internacionales aplica la regla general prevista en el artículo 145 de la Constitución, según la cual se exige la presencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva comisión o plenaria.

    (vii) Votación en debida forma en cada uno de los respectivos debates. Al respecto, el artículo 133 Superior establece que, salvo las excepciones previstas en la ley, la votación de los proyectos de ley debe efectuarse de manera nominal y pública. El artículo 129 de la Ley 5ª de 1992 (modificado por el artículo 1º de la Ley 1431 de 2011), establece las hipótesis en que, para hacer efectivo el principio de celeridad de los procedimientos, puede exceptuarse esta regla general para admitir la votación ordinaria.

    (viii) Aprobación en cada uno de los respectivos debates por la regla de mayoría correspondiente. Para el caso de leyes aprobatorias de tratados internacionales, la aprobación requiere la mayoría de los votos de los asistentes (mayoría simple), de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 Superior.

    (ix) Cumplimiento de la regla de lapso entre debates prevista en el artículo 160 CP, según la cual entre el primero y el segundo debate en cada cámara deberá mediar un lapso no inferior a ocho (8) días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, habrán de transcurrir no menos de quince (15) días.

    (x) Que se haya surtido el trámite de conciliación, en caso de existir discrepancias entre los textos aprobados en el Senado y la Cámara de Representantes, y la publicación del texto aprobado por las plenarias de Senado y Cámara (art. 161 CP).

    (xi) Que el trámite del proyecto no haya excedido dos legislaturas (art. 162 CP).

    (xii) Que el proyecto reciba sanción del Gobierno y, en caso de objeciones, que se haya surtido el trámite correspondiente (arts. 165 a 168 CP).

    (xiii) R. oportuna del tratado y de su ley aprobatoria a la Corte Constitucional (art. 241 núm. 10 CP).”[44]

68. A la luz de estos pasos que orientan la discusión y aprobación de un tratado internacional al interior de la Congreso de la República, entra la Corte a examinar el procedimiento adelantado en el caso específico del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú, por otra.

    2.4.1. Trámite en el Senado de la República

69. Inicio. En cumplimiento del artículo 154 superior y tratándose de un tratado internacional, el 3 de febrero de 2020 la ministra de relaciones exteriores, C.B. y el ministro de comercio, industria y turismo, J.M.R.A., autorizaron y presentaron el Proyecto de Ley Aprobatorio del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y Colombia a efectos de que fuera sometido a consideración del Congreso de la República.[45] Así, el proyecto fue radicado en la Secretaría General del Senado el 12 de febrero de 2020, donde se le asignó el número 292 de 2020. Así consta en una certificación de la Secretaría General del Senado de la República.[46] El proyecto fue repartido a la Comisión Segunda del Senado, competente para tramitar proyectos de ley mediante los cuales se aprueban tratados internacionales suscritos por el Estado colombiano, ya que esta comisión conoce, entre otros asuntos, de política internacional, tratados públicos y comercio exterior e integración económica. La publicación oficial del proyecto y su exposición de motivos consta en la G. del Congreso 55 del 13 de febrero de 2020.[47]

70. Ponencia para primer debate. La ponencia para primer debate fue elaborada por la senadora P.H.M. y el senador J.L.P.O. ante la designación realizada por la Mesa Directiva de la Comisión Segunda del Senado. Rindieron concepto favorable, el cual fue publicado en la G. del Congreso 283 del 5 de junio de 2020.[48]

71. Anuncio para primer debate. El Proyecto de Ley 292 de 2020 fue anunciado para primer debate en la Comisión Segunda del Senado en la sesión ordinaria del 8 de junio de 2020, indicando que la discusión y votación de este se llevaría a cabo “en la próxima sesión de la Comisión Segunda”, convocada para el 9 de junio de 2020, tal como consta en el Acta 14 de la mencionada fecha, publicada en la G. 747 del 19 de agosto de 2020.[49] Es importante recordar en este punto, que la jurisprudencia constitucional no exige el uso de fórmulas sacramentales, pues lo importante es que el anuncio, o los sucesivos anuncios, tengan la entidad suficiente para transmitir inequívocamente la intención de someter a votación un determinado proyecto en una fecha determinada o determinable.[50]

72. Discusión y aprobación. La discusión y aprobación del referido proyecto de ley se llevó a cabo en la sesión inmediatamente siguiente a la fecha en que se efectuó el anunció, esto es, el 9 de junio de 2020. Consta en el Acta 15 del 9 de junio de 2020 de la Comisión Segunda, contenida en la G. 748 del 19 de agosto de 2020, que el referido proyecto de ley contó con el quorum deliberatorio y decisorio exigido constitucionalmente,[51] pues a la sesión asistieron y participaron en la votación 10 de los 13 senadores de la Comisión Segunda del Senado de la República. Así mismo, el proyecto de ley se discutió y aprobó en primer debate, con votación nominal y pública, de 10 votos a favor y 3 en contra, respecto de la proposición con que termina el informe de ponencia, el articulado, su título y el querer de los senadores de que el proyecto tuviera segundo debate. Allí mismo se dispuso que el proyecto siguiera su curso, y se nombró a los mismos senadores, P.H.M. y J.L.P.O., como ponentes para segundo debate.[52] El mecanismo y los resultados de la votación fueron ratificados por la certificación enviada por el S. de la Comisión Segunda, D.A.G.G., a la Corte Constitucional.[53] El texto definitivo del Proyecto de Ley 292 de 2020, aprobado por la Comisión Segunda del Senado de la República, fue publicado el 11 de junio de 2020, tal como consta en la G. 325 de dicha fecha.

73. Ponencia para segundo debate. En la misma G. 325 del 11 de junio de 2020[54] se publicó el informe de ponencia, donde se propuso surtir segundo debate al Proyecto de Ley 292 de 2020 ante la Plenaria del Senado de la República. Tuvo como ponentes a la senadora P.H. y al senador J.L.P.O..

74. Anuncio para segundo debate. El proyecto de la referencia fue anunciado para discusión y aprobación en la “en la próxima sesión”, convocada para el 20 de junio de 2020, en la sesión plenaria del 19 de junio de 2020, lo cual consta en el Acta 57 publicada en la G. 1482 del 14 de diciembre de 2020.[55]

75. Discusión y aprobación. Consta en el Acta 58 de la sesión plenaria del 20 de junio de 2020 que a la sesión asistieron 107 de los 108 senadores que componen la Plenaria del Senado de la República, satisfaciendo de esta manera el quorum deliberatorio. Después de discutir el proyecto, con votación nominal y pública, se aprobó la proposición con que termina el informe de ponencia, el articulado, el título y la decisión de continuar con el trámite en la Cámara de Representantes con 58 votos a favor y 2 en contra, lo cual consta en la G. 1483 del 14 de diciembre de 2020.[56] De acuerdo con la certificación que envió el S. General del Senado de la República, el proyecto fue discutido y aprobado en sesión plenaria del día 20 de junio de 2020 a la cual asistieron 60 senadores, garantizando el quorum decisorio, a través de votación nominal y pública en segundo debate, así:[57]

    · Informe con el que termina la ponencia: Sí, 58 votos. No, 2 votos.

    · Articulado: Sí, 58 votos. No, 2 votos.

    · Título y pregunta: Sí, 58 votos. No, 2 votos.

76. Publicación definitiva. En la G. del Congreso 533 del 21 de julio de 2020 se realizó la publicación del texto definitivo del Proyecto de Ley 292 de 2020 del Senado de la República, aprobado en la sesión plenaria del día 20 de junio de 2020.[58]

77. Lapso entre debates. En cumplimiento del artículo 160 superior, entre el primer y el segundo debate en el Senado transcurrió un lapso no inferior a ocho días, pues el debate en la Comisión Segunda tuvo lugar el día 9 de junio de 2020, y en Plenaria el día 20 de junio de 2020. Adicionalmente, como se evidencia a continuación, entre la aprobación en el Senado y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes transcurrieron más de 15 días.

    2.4.2. Trámite en la Cámara de Representantes

78. Ponencia para primer debate. La G. del Congreso 794 del 31 de agosto de 2020 contiene el informe de ponencia y texto propuesto para primer debate al proyecto de ley mencionado, que en Cámara se le asignó el número 264 de 2020.[59] Esta fue realizada por los representantes J.D.V., A.H.L. y J.F.L., quienes rindieron concepto favorable. Teniendo en cuenta que la ponencia favorable fue presentada el 31 de agosto de 2020, se satisfacen ampliamente los tiempos de espera entre las cámaras del Congreso de la República, que consagra el artículo 160 superior.

79. Anuncio para primer debate. El Proyecto de Ley 264 de 2020 de la Cámara de Representantes fue anunciado en la sesión ordinaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el día 2 de septiembre de 2020. Si bien en el anuncio no se indicó la fecha en la que el proyecto de ley sería discutido, el presidente de la comisión, antes de finalizar la reunión, señaló que la próxima sesión tendría lugar el 8 de septiembre de 2020. De esta manera se entiende satisfecho el requisito que se analiza, ya que se pudo determinar la fecha en la que tendría lugar la respectiva discusión y votación en primer debate. Así consta en el Acta número 9 de 2020 de la G. 1441 del 11 de octubre de 2021.[60]

80. Discusión y aprobación. En la sesión del 8 de septiembre de 2020, efectivamente, tuvo lugar la discusión del citado Proyecto. Según consta en el Acta número 10 de 2020, incluida en la G. del Congreso 1442 del 11 de octubre de 2021,[61] a la sesión asistieron 17 de los 19 representantes que componen la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes, por lo que se garantizó el quorum deliberatorio. El resultado fue la aprobación, con votación nominal y pública, de la proposición con que termina el informe de ponencia con 12 votos a favor y ninguno en contra, y del articulado, del título y de la continuación del trámite en la Cámara para segundo debate con 11 votos a favor y 4 en contra, cumpliendo de esta manera el quorum decisorio exigido, correspondiente a la mayoría de los integrantes de esta Comisión. Estos resultados fueron corroborados con la certificación que el S. General de la Comisión Segunda envió a la Corte.[62] El texto definitivo del Proyecto de Ley 264 de 2020, aprobado por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, fue publicado el 14 de octubre de 2020, tal como consta en la G. 1116 de dicha fecha.

81. Ponencia para segundo debate. Les correspondió a los Representantes J.D.V., A.H.L., J.F.L. y C.A.A. rendir ponencia sobre el Proyecto de Ley 264 de 2020, esta vez, ante la Plenaria de la Cámara de Representantes. Según el informe publicado en la G. del Congreso 1116 del 14 de octubre de 2020, se presentó ponencia favorable y solicitó dar segundo debate al proyecto.[63]

82. Anuncio para segundo debate. El proyecto de la referencia fue anunciado para la sesión del 27 de octubre de 2020, en la sesión ordinaria del día 21 de octubre de 2020, como consta en el Acta 179 del 21 de octubre de 2020, contenida en la G. del Congreso 286 de1 15 de abril 2021.[64]

83. Discusión y aprobación. En cumplimiento del anuncio realizado, el Proyecto de Ley 264 de 2020 fue discutido y votado en la sesión plenaria del 27 de octubre de 2020. Consta en el Acta 180 de 2020, publicada en la G. 355 del 30 de abril de 2021, que se aprobó por votación nominal y pública la proposición con que termina el informe de ponencia con 109 votos a favor y 14 en contra; el articulado con 96 votos a favor y 13 en contra; y el título y la pregunta de si se quiere que sea ley de la República con 110 votos a favor y 14 en contra; lo que evidencia también el cumplimiento del quorum decisorio, al participar en el proceso de votación la mayoría de los representantes que integran la Plenaria de la Cámara de Representantes.[65] De acuerdo con la certificación que envió el S. General de la Cámara de Representantes a la Corte Constitucional, el proyecto fue aprobado en sesión plenaria del día 27 de octubre de 2020, a la cual asistieron 165 de los 172 representantes a la Cámara, por lo que se satisfizo el quorum deliberatorio. El mismo fue discutido y aprobado a través de votación nominal y pública en segundo debate, así:

    · Informe con el que termina la ponencia: Sí, 109 votos. No, 14 votos.

    · Articulado: Sí, 96 votos. No, 13 votos.

    · Título y pregunta: Sí, 110 votos. No, 14 votos.

84. Publicación definitiva. En la G. del Congreso 1288 del 10 de noviembre de 2020 se publicó el texto definitivo aprobado del Proyecto de Ley 264 de 2020 en la Plenaria de la Cámara de Representantes.[66]

85. Conciliación. Dado que surgieron discrepancias de simple redacción en el articulado que conforma el proyecto de ley, se adelantó la etapa de conciliación. Así, se publicó el informe de conciliación en la G. 1385 del 25 de noviembre de 2020 ante la Cámara de Representantes,[67] el cual fue aprobado por las mayorías respectivas el 26 de noviembre de 2020, en sesión a la que asistieron 161 representantes, con una votación de 116 votos por el sí y 20 votos por el no, garantizándose el quorum deliberatorio y decisorio (G. 1324 del 29 de septiembre de 2021).[68] En el Senado el informe de conciliación se publicó en la G. 1384 del 25 de noviembre de 2020 y se aprobó el 1° de diciembre de 2020, en sesión a la que asistieron 104 senadores, con una votación por el sí de 64 votos y por el no de 17 votos (G. 486 del 24 de mayo de 2021), lo que evidencia el cumplimiento del quorum deliberatorio y decisorio.[69] En consecuencia, los textos fueron conciliados.

86. Lapso entre debates. En cumplimiento del artículo 160 superior, entre el primer y el segundo debate en la Cámara de Representantes transcurrió un lapso no inferior a ocho días, pues el debate en Comisión Segunda tuvo lugar el día 8 de septiembre de 2020 y en Plenaria el día 27 de octubre de 2020.

87. Trámite del proyecto sin exceder dos legislaturas. El proyecto de ley fue tramitado sin que superara dos legislaturas, toda vez que fue radicado en el Senado en febrero de 2020 y su trámite finalizó en diciembre de 2020.

    2.4.3. Sanción y remisión

88. El 23 de diciembre de 2020, el presidente de la República I.D.M. sancionó la Ley 2067 de 2020. Asimismo, firmaron el viceministro de relaciones exteriores, F.J.E.L.; y el ministro de comercio, industria y turismo, J.M.R.A..[70] A continuación, y siguiendo el procedimiento constitucional para las leyes aprobatorias de tratados internacionales, el 12 de enero de 2021, el S. Jurídico de la Presidencia de la República, G.E.Q.R., remitió a la Corte Constitucional para su revisión integral y previa, copia auténtica de la Ley 2067 de 2020, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú por otra, suscrito en Quito el 15 de mayo de 2019”. La remisión se efectuó dentro del término previsto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, esto es, dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción de la misma, teniendo en cuenta el periodo de vacancia judicial, que tuvo lugar del 19 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021.

    2.5. Se respetaron los principios de consecutividad e identidad flexible

89. El principio de consecutividad dispone que los proyectos de ley adquieran, previo a su aprobación, un grado de deliberación suficiente en las diferentes etapas del trámite, tanto en la comisión respectiva como en las plenarias de cada una de las cámaras. Por su parte, el principio de identidad flexible hace referencia a que las diferentes materias que conforman la iniciativa sean conocidas por las instancias legislativas. Si bien es posible que durante el segundo debate se introduzcan modificaciones al articulado, estas deben tratar sobre materias analizadas en el primero o de asuntos que guarden conexidad con aquellas.[71] En suma, “mientras la consecutividad está enfocada a que el proyecto de ley cumpla con los debates exigidos en comisiones y plenarias del Congreso, la identidad obliga a que las diferentes materias que conforman la iniciativa sean conocidas por esas instancias legislativas, pues de no ser así, las mismas no cumplirían con el requisito de deliberación democrática en cada una de esas etapas.”[72]

90. La Sala Plena encuentra satisfecho los principios de consecutividad e identidad flexible en el presente caso. En efecto, de los antecedentes legislativos se desprende que la Ley 2067 de 2020 fue aprobada en los cuatro debates y en el curso de estos no se presentó ninguna alteración de fondo. Aunque los textos definitivos aprobados por ambas cámaras tuvieron que conciliarse, esto obedeció a la necesidad de subsanar errores menores de transcripción en las ponencias presentadas para primer y segundo debate en el Senado de la República, pues en el artículo segundo se omitió la frase “al País” y se modificó por “a la República de Colombia.” Por lo tanto, se resolvió “acoger el texto aprobado por la Plenaria de la Cámara de Representantes, toda vez que dicha redacción es fiel copia de lo estipulado en el tratado y se busca subsanar una diferencia menor de forma, propiciada en la redacción del artículo segundo en las ponencias para primer y segundo debate presentada ante el Senado de la República.”[73] En consecuencia, teniendo en cuenta que en la conciliación del proyecto de ley de la referencia se subsanó una diferencia menor de forma, la Corte encuentra satisfecho el cumplimiento de los principios de consecutividad e identidad flexible.

    2.5. Conclusión del análisis formal

91. El Proyecto de la Ley Aprobatoria del Acuerdo Comercial entre el Reino Unido y Colombia, cumplió las exigencias requeridas por la Constitución: (i) surtió los cuatro debates de aprobación con el quorum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las publicaciones del proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los términos obligatorios entre las votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras, y entre Senado y Cámara de Representantes; (v) su trámite no excedió dos legislaturas, toda vez que el proyecto de ley aprobatoria fue radicado en el Senado en febrero de 2020 y finalizó su trámite en diciembre del mismo año; (vi) fue enviado dentro del término constitucional a este Tribunal para su revisión integral; y (vii) se respetaron los principios de consecutividad e identidad flexible.

3. Análisis material: el “Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú por otra” es compatible con la Constitución Política de 1991

   3.1. Precisión preliminar: el precedente de la Sentencia C-335 de 2014[74]

92. El acuerdo que analiza en esta oportunidad la Sala Plena surgió debido a que el Reino Unido dejó de ser un Estado Miembro de la Unión Europea a partir del 1° de febrero de 2020, razón por la cual, el “Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Miembros, por una parte, y Colombia, el Perú y Ecuador, por otra”, aprobado por Colombia mediante la Ley 1669 de 2013, dejó de ser vinculante para el Reino Unido. Dicho Acuerdo Comercial suscrito con la Unión Europea fue revisado y declarado exequible por esta Corte mediante Sentencia C-335 de 2014. Se advierte entonces que, entre los dos mencionados acuerdos comerciales, uno con la Unión Europea y el otro con el Reino Unido, existen similitudes relevantes, aunque se trata de instrumentos diferentes.

93. En efecto, el Acuerdo Comercial con el Reino Unido, a través de su artículo 2º, incorpora las disposiciones del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, con sujeción a las disposiciones del acuerdo que se revisa en esta oportunidad y a las modificaciones contenidas en el A. de este. En consecuencia, en virtud de la citada norma, algunas disposiciones del Acuerdo con la Unión Europea se incorporan al Acuerdo con el Reino Unido sin algún tipo de modificación, mientras que otras lo hacen con ciertas modificaciones que se detallan en el A.. Como se explicará en el análisis material, algunas de las modificaciones a las cláusulas del Acuerdo Comercial con la Unión Europea son ajustes meramente formales que tienen que ver con el cambio sobre referencias a la Unión Europea, sus instituciones o su territorio, mientras que otros cambios, aunque sustanciales, conservan la naturaleza y finalidades de la norma.

94. Así mismo, aunque se presenta un cambio en una de las partes, ya que en un caso el acuerdo fue suscrito por una unión que agrupa a diferentes Estados, mientras que en el otro fue un solo Estado quien lo suscribió, esta diferencia no tiene una incidencia en el análisis de constitucionalidad, pues en los dos casos se trata de acuerdos comerciales suscritos entre sujetos de derecho internacional público. Debe precisarse que la Unión Europea, en virtud del Tratado de Lisboa, posee personalidad jurídica propia y está facultada para firmar acuerdos internacionales con terceros países que vinculan a sus Estados miembros,[75] por lo que en ambos acuerdos comerciales los beneficios, derechos y obligaciones que de allí se derivan recaen sobre Estados.

95. La jurisprudencia constitucional ha señalado que a pesar de las similitudes que puedan existir entre dos instrumentos internacionales, en estos casos no es posible aplicar la figura de la cosa juzgada constitucional, pues las disposiciones de los distintos instrumentos internacionales “establecen relaciones jurídicas singulares entre las partes de un tratado, que son diversas en cada caso.”[76] No obstante, ha precisado esta Corte, “la coherencia de las decisiones judiciales impone la necesidad de que en cada caso (…), al examinar la constitucionalidad de un tratado, se refiera de manera expresa a sus precedentes sobre la materia, y deba reiterar su jurisprudencia cuando no exista un principio de razón suficiente para no hacerlo.”[77] Por lo tanto, sobre “aquellas disposiciones respecto de las cuales exista identidad de textos o variaciones menores que no impliquen alteración de su contenido normativo”, resultará posible “reiterar el precedente anterior siempre y cuando estén presentes las razones que, además, en este caso, de la identidad de los contenidos normativos, condicionan el carácter vinculante de los precedentes.”[78] En todo caso, resulta necesario definir si “la calidad de las partes” tiene o no relevancia constitucional en el análisis.

96. A pesar de que el principio general es que, en relación con los tratados internacionales con idéntico contenido, la Corte Constitucional debe reiterar la posición asumida, la jurisprudencia ha introducido una salvedad cuando observe “posibles reformas constitucionales que hayan podido ocurrir entre la primera y la segunda intervención de la Corte, a efectos de determinar la eventualidad de un fallo en sentido distinto, a la luz de las nuevas disposiciones constitucionales. En esta hipótesis quedan comprendidas también las nuevas normas o las modificaciones de derecho internacional, que tengan relevancia constitucional de acuerdo con nuestro ordenamiento.”[79] De la misma manera consideró que “debe tenerse en cuenta que tal variación en la Constitución, si bien de ordinario comporta un cambio en el texto mismo de la Carta puede ser, en circunstancias excepcionales, producto también, del nuevo entendimiento que las disposiciones constitucionales tengan a la luz de los desarrollos sociales y las concepciones jurídicas.”[80]

97. En el mismo sentido, la jurisprudencia constitucional ha explicado que en materia de acuerdos de liberalización comercial es posible seguir el precedente fijado en anteriores sentencias que estudiaron acuerdos del mismo tipo y guardan una identidad temática en sus capítulos. En la Sentencia C-254 de 2019[81] dijo la Corte al respecto: “Debe anotarse que se está ante instrumentos que se modernizan con el pasar de los tiempos, los cuales una vez se han cristalizado se constituyen en “cláusulas tipo”, esto es, hacen parte de las herramientas usuales -estructura estándar- a las que recurren los Estados para afianzar los lazos comerciales con otros países. De ahí que en esta oportunidad la Corte seguirá los precedentes constitucionales vertidos sobre la materia -TLC con disciplinas afines-, al tener como base la existencia de acuerdos comerciales anteriores respecto de los cuales presenta identidad temática en sus capítulos.”

98. Por lo anterior, en lo pertinente, la Sala reiterará los argumentos y las reglas de decisión fijadas en la Sentencia C-335 de 2014 para apoyar el análisis de constitucionalidad del presente caso, sin que esto implique obviar el respectivo análisis de fondo sobre el contenido integral del acuerdo comercial bajo examen. Esto por cuanto, si bien se trata de acuerdos comerciales diferentes suscritos por otras partes, como se explicó anteriormente, contienen similitudes relevantes, ya que a través del Acuerdo con el Reino Unido se incorporaron mutatis mutandis las cláusulas del Acuerdo con la Unión Europea, unas sin algún tipo de modificación, y otras con cambios que no alteraron la naturaleza y finalidades de las respectivas cláusulas.

99. De otro lado, la Sala advierte que en la Sentencia C-252 de 2019[82] se elevó el estándar del control constitucional en materia de leyes aprobatorias de acuerdos para la promoción y protección de inversiones. En efecto, en dicha sentencia se realizó un juicio de razonabilidad para estudiar la constitucionalidad del tratado que se estudiaba,[83] sin embargo, precisó la Corte: “esta decisión tiene fuerza vinculante como precedente en relación con el control de constitucionalidad de los futuros APPRI [Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones].” En consecuencia, dado que en esta oportunidad el tratado que revisa la Corte es un acuerdo comercial suscrito con el Reino Unido que no se relaciona con la promoción y protección de inversiones extranjeras,[84] la Sentencia C-252 de 2019 no constituye un precedente que deba seguirse en esta ocasión.

    3.2. El contenido de la Ley 2067 de 2020

100. La Ley 2067 de 2020, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú por otra’, suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019”, se compone de tres artículos. El artículo 1º dispone la aprobación del acuerdo. El artículo 2º establece que, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 7 de 1944, el acuerdo obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional. Finalmente, el artículo 3º ordena la vigencia de la ley a partir de la fecha de su publicación.

     3.3. Antecedentes y finalidades del Acuerdo Comercial con el Reino Unido

101. En la exposición de motivos de la Ley 2067 de 2020 se explica que el 29 de marzo de 2017 el Reino Unido notificó a la Unión Europea su intención de retirarse de dicha unión, lo que implicaba, entre otras cosas, que los acuerdos internacionales suscritos por la Unión Europea, en ejercicio de las facultades que le delegaron sus Estados miembros, dejarían de ser vinculantes para el Reino Unido. Se advierte que, si bien la fecha del retiro oficial del Reino Unido de la Unión Europea fue el 1° de febrero de 2020, el plazo acordado para que las normas europeas dejaran de aplicarse al Reino Unido fue el del 31 de diciembre de 2020.[85]

102. En consecuencia, el Acuerdo Comercial suscrito por Colombia y la Unión Europea en el año 2012 dejaría de aplicarse al Reino Unido en dicha fecha. Por lo tanto, para que el comercio entre Colombia y el Reino Unido tuviera continuidad y no se afectaran las exportaciones e importaciones, resultó necesario suscribir el presente Acuerdo Comercial con el Reino Unido que incorpora mutatis mutandis las disposiciones del anterior Acuerdo con la Unión Europea. Se indica entonces que “un acuerdo con el Reino Unido es importante para nuestro país porque le permite mantener las preferencias alcanzadas bajo el Acuerdo con la Unión Europea, principalmente en los productos agrícolas que se exportan al Reino Unido tales como banano, café, flores, aguacates y azúcar que representan cerca del 72% del total exportado a ese país.”

103. Se advierte que el presente acuerdo desarrolla los principios de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional consagrados en la Constitución Política, así como el mandato constitucional de promover la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales de nuestro país. También se indica que, en el marco de las negociaciones del acuerdo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mantuvo informada a la sociedad civil, con el fin de reportarle sobre los avances en la consecución de la meta de darle continuidad a las reglas de comercio preferencial con el Reino Unido.

     3.4. El contenido del Acuerdo Comercial con el Reino Unido y el análisis del articulado

104. El “Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú por otra”, fue suscrito en Quito, el 15 de mayo de 2019 y aprobado por el Congreso de la República por medio de la Ley 2067 de 2020. Se trata de un acuerdo bilateral, pues a pesar de que fue negociado de manera conjunta entre Colombia, Perú y Ecuador con el Reino Unido, las cláusulas de este obligan de manera independiente a cada uno de los países andinos con el Reino Unido y no se establece una relación multilateral entre estos Estados. En efecto, el propio Acuerdo con la Unión Europea, cuyas cláusulas se incorporan al Acuerdo con el Reino Unido, establece en su artículo 7 que “las disposiciones de este Acuerdo se aplican a las relaciones comerciales y económicas bilaterales entre, por un lado, cada País Andino signatario individual y por otro, la Parte UE; pero no a las relaciones comerciales y económicas entre los Países Andinos signatarios individuales.” Por su parte, el artículo 6 del mismo Acuerdo establece que hay dos partes: “por un lado, la Parte UE y, por otro lado, cada uno de los Países Andinos signatarios.” En consecuencia, a pesar de existir un clausulado común, esto no desnaturaliza el alcance bilateral de la relación que se establece entre el Reino Unido y cada uno de los países andinos, quienes adquieren los respectivos compromisos, derechos y obligaciones de manera independiente.

105. Ahora bien, en cuanto al contenido del Acuerdo Comercial con el Reino Unido, se tiene que en su preámbulo se advierte que el preámbulo y objetivos del Acuerdo Comercial con la Unión Europea se incorporan al presente acuerdo y se reconoce que el citado acuerdo dejará de aplicarse al Reino Unido cuando deje de ser un Estado miembro de la Unión Europea.

106. El artículo 1º establece que el objetivo del acuerdo es preservar los derechos y obligaciones de las partes, consagrados en el Acuerdo con la Unión Europea, debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El artículo 2º incorpora, mutatis mutandis, las disposiciones del Acuerdo con la Unión Europea al presente Acuerdo con el Reino Unido. El artículo 3º define el ámbito geográfico de aplicación del Acuerdo. El artículo 4º establece la fecha a partir de la cual debe entenderse que empieza a contar cualquier periodo fijado en las distintas disposiciones del acuerdo. El artículo 5º indica que cualquier referencia en el acuerdo al euro permanece igual. El artículo 6º fija los efectos de las decisiones tomadas por el Comité de Comercio establecido en el Acuerdo con la Unión Europea. El artículo 7º señala los documentos que hacen parte del acuerdo. El artículo 8º fijas las reglas de la entrada en vigor y aplicación provisional del acuerdo. El artículo 9º hace referencia al depositario del acuerdo. Finalmente, el Acuerdo contiene un anexo en el que se detallan las modificaciones al clausulado que se incorpora del Acuerdo con la Unión Europea y que posibilitan adecuar lo allí dispuesto al presente Acuerdo con el Reino Unido. Para una mejor comprensión y análisis, la Sala Plena dividirá el estudio de constitucionalidad del Acuerdo en cinco partes: (i) preámbulo, (ii) artículos 1º y 2º, (iii) artículos 3º, 4º, 5º y 6º, (iv) artículos 7º, 8º y 9º, y (v) anexo.

     3.5.1. El preámbulo

107. La jurisprudencia constitucional ha resaltado la importancia que tiene el preámbulo en un instrumento internacional “en la medida en que revelan las intenciones de las partes y los valores sobre los que se fundan los compromisos adquiridos.”[86]

108. El preámbulo del Acuerdo con el Reino Unido reafirma el preámbulo y los objetivos del Acuerdo con la Unión Europea y señala que este dejará de aplicarse al Reino Unido cuando deje de ser un Estado miembro de la Unión Europea. En la Sentencia C-335 de 2014 se indicó que el preámbulo del Acuerdo con la Unión Europea se ajustaba a la Constitución. Se explicó que allí se hacía referencia “a la integración global y regional, al objetivo de reducir la pobreza y crear nuevas oportunidades de empleo con mejores condiciones de trabajo, al respeto de los derechos laborales y a la protección del medio ambiente, finalidades todas compatibles con las previsiones constitucionales que, por lo tanto, lejos de ser desconocidas, resultan acatadas en el preámbulo, al formular las bases, principios y fines del acuerdo comercial examinado.”

109. La Corte no encuentra reparo constitucional alguno al preámbulo del Acuerdo Comercial con el Reino Unido, pues se limita a (i) constatar el hecho de la inminente inaplicación del Acuerdo Comercial con la Unión Europea al Reino Unido, y a (ii) reafirmar lo dispuesto en el preámbulo del Acuerdo Comercial con la Unión Europea, que, como se indicó, fue declarado constitucional por la Sentencia C-335 de 2014.

     3.5.2. El objetivo del Acuerdo y la incorporación del Acuerdo Comercial con la Unión Europea (artículos 1º y 2º)

110. El artículo 1º indica que el objetivo del acuerdo es preservar los derechos y obligaciones fijados en el Acuerdo Comercial con la Unión Europea después de que deje de aplicarse al Reino Unido, mientras que el artículo 2º establece que las disposiciones del Acuerdo con la Unión Europea se incorporan y forman parte del Acuerdo con el Reino Unido con sujeción a las disposiciones de este acuerdo y a las modificaciones contenidas en el A. de este. Estas normas se orientan entonces a garantizar que los privilegios, derechos y obligaciones que se desprenden del Acuerdo con la Unión Europea no se vean interrumpidos por la salida del Reino Unido de dicha unión.

111. Antes de entrar al estudio de fondo de estos artículos, debe señalarse que el análisis sobre la suscripción de un acuerdo comercial con un Estado, en este caso el Reino Unido, sobre la base de las cláusulas de un acuerdo previamente suscrito con la Unión Europea, es un asunto de valoración de conveniencia que compete al P. de la República como jefe de las relaciones internacionales (Art. 189, núm. 2º de la CP) y al Congreso de la República, a quien corresponde aprobar o improbar estos tratados (Art. 120, núm. 16 de la CP), en el que ambos poderes cuentan con un amplio margen de apreciación.

112. Ahora bien, el Acuerdo con la Unión Europea, cuyo contenido se incorpora al Acuerdo con el Reino Unido, consta de un preámbulo, 14 títulos en los que se desarrollan 338 artículos y 14 anexos. Tal como lo indica el artículo 2º del Acuerdo con el Reino Unido, las normas que integran el Acuerdo con la Unión Europea se incorporaron al acuerdo bajo examen con las modificaciones y precisiones que se establecen en el A. de este. Sin perjuicio del análisis material que se desarrollará más adelante sobre las cláusulas del referido A., la Corte advierte que mediante la Sentencia C-335 de 2014 se realizó el estudio de constitucionalidad del Acuerdo con la Unión Europea, el cual fue encontrado ajustado a la Constitución Política. En consecuencia, dado que el parámetro de control sobre el tema no ha variado, la Sala Plena estima que no es necesario profundizar en detalle en un nuevo estudio de constitucionalidad sobre las normas del Acuerdo con la Unión Europea que ya fueron analizadas por esta Corte. No obstante, estima pertinente realizar las siguientes consideraciones.

113. La jurisprudencia constitucional ha revisado múltiples tratados de carácter comercial suscritos por el Estado colombiano con naciones distintas a las que integran la región latinoamericana y del Caribe,[87] los cuales han sido declarados ajustado a la Constitución,[88] “toda vez que al permitir la desgravación de los aranceles que afectan la libre importación de bienes y el intercambio de servicios, satisface los mandatos constitucionales de promover la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales en el marco de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (arts. 9º, 226 y 227 superiores).”[89]

114. En la exposición de motivos del proyecto de ley a través del cual se aprobó el Acuerdo Comercial con el Reino Unido, el Gobierno nacional señaló, a propósito de la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales: “El Reino Unido es destacado tanto en el intercambio comercial mundial de bienes y servicios, como en los flujos de inversión que genera y recibe. Es una economía sólida, en expansión. El objetivo del acuerdo es garantizar que se mantengan las condiciones de integración y acceso preferencial que hoy se tienen con ese importante mercado. En 2018 el comercio entre Colombia y el Reino Unido alcanzó USD 947 millones. Colombia exportó USD 421 millones; las exportaciones en productos agrícolas alcanzaron los USD 284 millones, que representan el 72% del total exportado al Reino Unido y el 13,6 a la Unión Europea. Los principales productos agrícolas de exportación fueron banano, café, flores, aguacates y azúcar. Para Colombia es de suma importancia seguir manteniendo y ampliando las relaciones que hoy se tienen con el Reino Unido principalmente en el comercio de mercancías y servicios, inversión, compras públicas y propiedad intelectual.”[90]

115. En relación con el contenido del Acuerdo con la Unión Europea, que como ya se indicó se incorpora al presente acuerdo con los ajustes y modificaciones necesarias para su adecuada ejecución, se advierte que en Sentencia C-335 de 2014 la Corte declaró ajustado a la Constitución sus disposiciones. En dicha sentencia se indicó que el Acuerdo con la Unión Europea “resulta acorde con todas las disposiciones constitucionales referentes a las relaciones internacionales y la integración económica en materia de comercio, por lo cual no se evidenció desconocimiento alguno de la soberanía nacional, habiéndose comprobado, además, la adaptación de las diversas cláusulas a propósitos de cooperación, apoyo mutuo y reciprocidad que atienden las condiciones particulares de cada una de las partes que concurrieron a suscribirlo, así como las cuestiones relacionadas con los derechos constitucionales fundamentales y con los diversos problemas suscitados por esta clase de acuerdos, algunos de los cuales son propios de la globalización del mundo contemporáneo y comprometen los esfuerzos de la humanidad.”

116. Teniendo presente las anteriores consideraciones, a continuación se describirán, en términos generales, los contenidos del acuerdo con la Unión Europea que se incorporan al acuerdo con el Reino Unido y se justificará su constitucionalidad:

117. El Título I se refiere a las “disposiciones iniciales” y está compuesto por tres capítulos referentes a los elementos esenciales, a las disposiciones generales y a las definiciones de aplicación general.

118. La Corte no encuentra ningún reparo de constitucionalidad a este grupo de normas, dado que fijan los principios sobre los que se asienta el acuerdo y los objetivos a alcanzar con su aplicación, los cuales se orientan a facilitar el comercio entre los países andinos y el Reino Unido y a promover la integración regional entre las partes, cuestiones que tienen pleno respaldo en las normas constitucionales en tanto desarrolla esa internacionalización económica sobre las bases de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional que fueron evaluadas por el presidente de la República como supremo director de las relaciones internacionales (Arts. 189.2, 226 y 227 de la CP). Así mismo, en este título se definen algunos términos y expresiones. Esto es común para este tipo de instrumentos, particularmente cuando existen vocablos técnicos que ameritan una explicación. Ninguna de estas definiciones genera problemas constitucionales, pues se circunscriben a dotar de contenido algunos términos que son fundamentales para entender y aplicar correctamente las diferentes disposiciones del acuerdo.

119. El Título II está dedicado a las “disposiciones institucionales” y regula lo atinente a los órganos especializados y al Comité de Comercio.

120. La Corte advierte que estos preceptos en nada vulneran el cuerpo normativo constitucional y, por el contrario, complementan las demás disposiciones del acuerdo y le otorgan un soporte institucional a través de la creación de distintos órganos e instancias que resultan necesarias para garantizar adecuadamente la implementación de las diferentes disposiciones que componen este instrumento internacional.

121. En el título III se establece lo relativo al Comercio de Mercancías y está conformado por siete capítulos: el primero está dedicado al acceso a los mercados de mercancías, el segundo a las medidas de defensa comercial, el tercero a aduanas y facilitación del comercio, el cuarto a los obstáculos técnicos al comercio, el quinto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, el sexto a la circulación de mercancías y el séptimo a las excepciones.

122. La Corte considera que las disposiciones que integran el referido título se ajustan a la Constitución en la medida en que se encaminan a promover y facilitar el comercio y el intercambio de mercancías entre las partes, procurando remover los obstáculos que impidan alcanzar estos objetivos. Estas normas desarrollan los principios de equidad y reciprocidad exigidos como parámetros para impulsar la internacionalización de las relaciones económicas del Estado colombiano, conforme lo dispone el artículo 226 constitucional.

123. De igual manera, las cláusulas del título III protegen los derechos de los consumidores mediante la regulación del control de la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, al igual que la información que se debe suministrar al público en su comercialización. La jurisprudencia constitucional ha señalado que “el artículo 78 de la Constitución confiere al legislador la facultad de dictar las normas dirigidas a controlar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad y la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Además, el precepto establece expresamente la obligación que surge en cabeza de los productores y comercializadores de bienes y servicios, cuando en desarrollo de tal actividad atentan contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios, y encarga a la ley de la definición de sus características. También impone la obligación al Estado de garantizar la participación de los consumidores en el estudio y discusión de las normas que les conciernen, siempre que se encuentren organizados en forma representativa y democrática.”[91]

124. En el conjunto de normas que se analizan se incluyen medidas sanitarias y fitosanitarias[92] que propenden por garantizar la calidad de los bienes que se comercian. Esto permite adoptar medidas de control sobre los bienes para verificar que entren libres de enfermedades y plagas, que cumplan con los estándares de calidad exigidos por la normativa interna y que cuenten con los debidos registros sanitarios para su importación, lo que sin duda constituye una protección sobre diversos bienes constitucionales como la vida, la salud, el medio ambiente y los derechos de los consumidores.

125. Así mismo, se establecen medidas de marcado y etiquetado[93] para exigir información adicional en el envase o en el empaque de los productos mediante etiquetas no permanentes, en cuyo caso la parte examinará la posibilidad de exigir que dicha información sea suministrada por otros medios, sin que se exija aprobación, registro o certificación de etiquetas como condición previa a la comercialización en sus respectivos mercados, salvo que sea necesario por el riesgo de los productos para la salud o vida humana, animal o vegetal, el medio ambiente o la seguridad nacional. La Corte estima que, aunque pudiera considerarse que estas medidas eventualmente afectarían el derecho a la libertad de empresa[94] porque imponen condiciones para la comercialización de los productos y podrían desincentivar el consumo de estos, debe recordarse que este derecho no es absoluto y encuentra límites en la protección del interés general y, en este caso, en la garantía de los derechos de los consumidores.

126. En efecto, las disposiciones sobre marcado y etiquetado se orientan a garantizar unos elementos mínimos de información que debería ser brindada al consumidor, ya que “el ejercicio de los derechos de los consumidores y su efectividad en estas materias, desde una perspectiva de su desigualdad frente a los productores en el mercado, tiene como presupuesto indispensable el acceso a la información relevante.”[95] En la Sentencia C-583 de 2015 la Corte analizó la tensión entre los derechos a la libertad de empresa y la protección de los derechos de los consumidores. En esta providencia se constató una omisión legislativa relativa en la Ley 1480 de 2011 “por medio de la cual se dicta el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones”, debido a una ausencia de regulación sobre la información mínima que deberían contener los productos relativos a alimentos modificados genéticamente o con componentes genéticamente modificados. La Corte señaló que no existía una razón suficiente que justificara la exclusión de esta información entre los asuntos que debían estar regulados en la mencionada ley y advirtió que, aunque pudiera afectarse la libertad de empresa, esta tenía límites, dentro de los que estaban los derechos de los consumidores. Para la Corte, esta información resultaba no sólo “relevante sino pertinente para la toma de decisiones de consumo de los ciudadanos.”[96] De allí que, “la información mínima que debe ser suministrada y que incluye el dato sobre si los alimentos o sus componentes son GM [genéticamente modificados] en el etiquetado, obedece a razones constitucionalmente relevantes como son la protección frente al riesgo a la salud, seguridad y el libre desarrollo de los consumidores.”[97]

127. En consecuencia, considera la Corte que las medidas de marcado y etiquetado dispuestas en el acuerdo comercial que se revisa constituyen límites razonables al ejercicio del derecho a la libertad de empresa. Estas cláusulas se orientan a garantizar los derechos de los consumidores, protegidos por el artículo 78 de la Constitución Política, el cual advierte sobre la importancia de la información relevante que debe suministrarse al público en la comercialización de bienes y servicios.

128. El título IV sobre “comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico” está integrado por siete capítulos: disposiciones generales, establecimiento, suministro transfronterizo de servicios, presencia temporal de personas físicas con fines de negocios, marco reglamentario, comercio electrónico y excepciones.

129. Las disposiciones de este título no tienen ningún reparo constitucional en la medida en que promueven la integración económica de nuestro país y la internacionalización de las relaciones comerciales en un marco de libertad económica, libre iniciativa, libre competencia y liberalización del comercio de servicios y del comercio electrónico. Estas normas proporcionan un marco jurídico que permite promover el desarrollo del comercio de servicio en diferentes sectores, como telecomunicaciones, informática, financiero o mensajería, además de facilitar la presencia temporal de personas físicas con fines de negocios. Al respecto la Corte ha señalado que la facilitación de la entrada de personas que desempeñen actividades comerciales obedece “al principio de reciprocidad y a la necesidad de establecer criterios y procedimientos transparentes para tal efecto”,[98] lo cual contribuye a la realización de los objetivos de la integración. En consecuencia, estas cláusulas encuentran soporte en el artículo 226 constitucional que promueve la internacionalización de las relaciones económicas sobre bases de equidad y reciprocidad.

130. El título V, referente a los pagos corrientes y movimiento de capital, precisa lo relativo a la cuenta corriente, cuenta de capital y regula lo concerniente a las medidas de salvaguardia.

131. Las disposiciones de este título resultan constitucionales, toda vez que, en el contexto de la liberalización del comercio, se busca facilitar los pagos corrientes y los movimientos de capital, al tiempo que se prevén medidas de salvaguardia cuando se generen dificultades en el funcionamiento de la política cambiaria o política monetaria. En la revisión de anteriores acuerdos comerciales suscritos por Colombia, la Corte ha declarado la exequibilidad de este tipo de normas. En la Sentencia C-941 de 2010[99] se advirtió: “lo correspondiente a pagos y transferencias, y a las restricciones para salvaguardar la balanza de pagos aplicables al comercio de mercancías, comercio de servicios e inversión, se ajusta al ordenamiento constitucional al preservar la potestad de la Junta Directiva del Banco de la República para adoptar medidas monetarias, cambiarias y crediticias, de conformidad con las atribuciones conferidas por los artículos 371, 372 y 373 de la Constitución.” En esta oportunidad la Corte tampoco advierte que las normas del título V impongan alguna restricción a las funciones y facultades otorgadas por las Constitución Política a la Junta Directiva del Banco de la República. De igual manera, las medidas de salvaguardia que puede adoptar el Estado colombiano cuando los pagos y movimientos de capital causen o amenacen causar serias dificultades en el funcionamiento de la política cambiaria o monetaria posibilitan salvaguardar, en casos excepcionales, el adecuado funcionamiento de dichas políticas, sin que se generen consecuencias adversas al Estado colombiano o se ponga en riesgo la aplicación del acuerdo.

132. El título VI se refiere a la contratación pública, su ámbito de aplicación y los principios generales que la rigen.

133. Las cláusulas de este título resultan acordes a los mandatos constitucionales, pues expanden la integración comercial a la contratación pública, pero asegurando que en estos procesos, tanto los oferentes nacionales como extranjeros, tengan la posibilidad de competir en condiciones de igualdad, con sujeción a los principios que guían la función administrativa (Art. 209 de la CP) y con arreglo al derecho al debido proceso (Art. 29 de la CP). En efecto, las normas de este título regulan aspectos como las publicaciones de información y de avisos, las condiciones de participación, la transparencia de la información y de su divulgación del tratamiento de las ofertas, los procesos de selección del contratista o la cláusula del trato nacional, la no discriminación, la reciprocidad o la cooperación, los procedimientos internos de revisión, entre otros.

134. El título VII trata de la propiedad intelectual y está dividido en seis capítulos: disposiciones generales, protección de la biodiversidad y del conocimiento tradicional, disposiciones relacionadas con derechos de propiedad intelectual, observancia de los derechos de propiedad intelectual, transferencia de tecnología y cooperación.

135. La protección a la propiedad intelectual está consagrada en el artículo 61 constitucional, el cual establece que “el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.” Las disposiciones de este título protegen derechos de propiedad intelectual relacionados con marcas, indicaciones geográficas, derecho de autor y derechos conexos, diseños, patente, protección de datos para ciertos productos regulados, variedades vegetales y competencia desleal. Por tanto, considera la Corte que este conjunto de normas se armoniza con el citado artículo 61 de la Constitución Política. Así mismo, estas cláusulas se ocupan de la protección de la biodiversidad y el conocimiento tradicional. En el artículo 201 se establece que “las Partes reconocen la importancia y el valor de la diversidad biológica y sus componentes y de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados de las comunidades indígenas y locales” y se advierte que “respetarán, preservarán y mantendrán los conocimientos, las innovaciones y prácticas de sus comunidades indígenas y locales que entrañen estilos de vida tradicionales pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica.” Estos compromisos se ajustan plenamente a la protección de la biodiversidad y la diversidad étnica y cultural de nuestro Estado. En efecto el artículo 79 constitucional consagra como un deber del Estado la protección de “la diversidad e integridad del ambiente”, mientras que el artículo 80 del mismo texto ordena al Estado “planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, además de “prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.” Por su parte, el artículo 7º de la Constitución precisa que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.” Por lo tanto, estas cláusulas del Título VII que se analiza no hacen más que desarrollar las citadas normas constitucionales.

136. El título VIII trata sobre la competencia, los objetivos y principios orientados a combatir las prácticas anticompetitivas y a la aplicación por las partes de sus respectivas políticas y leyes de competencia. Se identifican como prácticas incompatibles con este acuerdo cualquier acuerdo, decisión, recomendación o práctica concertada, cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir o distorsionar la competencia, el abuso de una posición dominante y las concentraciones de empresas que obstaculicen significativamente la competencia efectiva.

137. Estas normas respetan los preceptos constitucionales, en especial el derecho a la libre competencia, desarrollado por los artículos 333 y 334 de la Constitución Política. La jurisprudencia constitucional ha reconocido este derecho “como expresión de la libre iniciativa privada en aras de obtener un beneficio o ganancia por el desarrollo y explotación de una actividad económica. No obstante, los cánones y mandatos del Estado Social imponen la obligación de armonizar dicha libertad con la función social que le es propia, es decir, es obligación de los empresarios estarse al fin social y a los límites del bien común que acompañan el ejercicio de la citada libertad.”[100] Por lo tanto, su “finalidad es alcanzar un estado de competencia real, libre y no falseada, que permita la obtención del lucro individual para el empresario, a la vez que genera beneficios para el consumidor con bienes y servicios de mejor calidad, con mayores garantías y a un precio real y justo.”[101]

138. En consecuencia, las disposiciones del título que se analiza resultan acordes con las normas constitucionales y la jurisprudencia de esta Corte sobre la libre competencia, pues proscriben las prácticas anticompetitivas, identifican aquellas prácticas que son contrarias al tratado e instan a las partes a cooperar mediante el intercambio de información, la expedición o mantenimiento de legislación al respecto o la aplicación de las medidas instauradas para perseguir las prácticas que desvirtúan la competencia.

139. Tampoco encuentra la Corte algún reparo constitucional al hecho de que no se impida a las partes establecer o mantener monopolios públicos o privados y de empresas del Estado,[102] pues se advierte que estos deben estar sometidos a la respectiva legislación de competencia que disponga cada Estado, con el fin de evitar distorsiones del mercado. No se advierte entonces que esta disposición suponga una violación al derecho a la libre competencia, analizado anteriormente, pues la constitución o mantenimiento de monopolios respeta en todo caso las normas que sobre este derecho desarrolle cada Estado. Al respecto debe señalarse que, tratándose de los monopolios, la Constitución Política excluye la posibilidad de que un particular explote por cuenta propia y en su exclusivo beneficio una determinada actividad, ya que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 336 constitucional, “ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley.” En tal sentido, como las partes del acuerdo deben someterse en este punto al ordenamiento interno, resulta claro que no es posible la constitución de monopolios públicos o privados o de empresas frente a las actividades comerciales de las cuales se ocupa y se derivan del acuerdo bajo revisión, por lo cual esas disposiciones se ajustan a la Carta Política y, en especial, al artículo 336 superior.

140. El título IX precisa todo lo relacionado con comercio y desarrollo sostenible. Las partes reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible, para bienestar de las generaciones presentes y venideras, por lo que se compromete a promover el comercio internacional en forma que contribuya al desarrollo sostenible, basándose en un enfoque integral.

141. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el concepto de “desarrollo sostenible”, contenido en el artículo 80 constitucional, el cual implica, entre otras cosas, armonizar el desarrollo socioeconómico de un país con la protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico.[103] Al respecto ha indicado la Corte que este concepto comprende “la posibilidad de obtener un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales”[104] y, por tanto, implica “un ejercicio de planificación económica y de asunción de responsabilidad en materia ambiental en el modelo de desarrollo.”[105] Las obligaciones que se desprenden del modelo de desarrollo sostenible se acompasan también con la función social y ecológica que debe cumplir la propiedad privada[106] y los límites del alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social y el medio ambiente.[107] En consecuencia, el compromiso de promover el comercio internacional sobre la base del respeto al desarrollo sostenible resulta plenamente acorde con las normas constitucionales.

142. El título X se ocupa de la transparencia y procedimientos administrativos. Las partes se comprometen a cooperar en los foros bilaterales y multilaterales, así como a garantizar que sus medidas de aplicación general sean publicadas sin demora y se pongan a disposición de las personas interesadas a las que, en lo posible, se les otorgará la oportunidad de formular comentarios sobre proyectos de ley, reglamento, procedimiento o resolución administrativa de aplicación general, respecto de asuntos cubiertos por este acuerdo, sin que nada de lo dispuesto en él obligue a las partes “a revelar información confidencial, cuya divulgación pueda impedir el cumplimiento de las leyes o de otra manera ser contraria al interés público o pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.”

143. Este conjunto de normas se acompasa con los mandatos constitucionales, ya que desarrollan el principio de transparencia que guía la función administrativa (Art. 209 de la CP) y el derecho al debido proceso (Art. 29 de la CP) Sobre este tipo de cláusulas en los tratados internacionales, la Corte ha señalado que estas resultan constitucionales debido a que “tienen como fin principal asegurar que las reglas de juego del comercio bilateral sean conocidas por todos los operadores económicos del mercado”[108] y se “busca garantizar que los compromisos asumidos por las Partes no se vean desvirtuados en la práctica por la presencia de procedimientos administrativos oscuros y contrarios al mandato de transparencia.”[109]

144. El título XI se refiere a las excepciones generales en materia de seguridad, impuestos y balanza de pagos.

145. Las excepciones en tratados como el que se analiza en esta oportunidad “existen como medios para evitar que los acuerdos de libre comercio menoscaben las facultades soberanas de los Estados. De esta forma las Partes establecen excepciones que les permiten adoptar medidas que aunque resulten contrarias al Convenio internacional pactado, sean manifestaciones de la facultad soberana de los Estados de salvaguardar asuntos propios como la seguridad nacional, el medio ambiente, la salud y la vida entre otros temas sensibles, de las obligaciones internacionales que se generen entre las partes.”[110] Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha encontrado compatible estos regímenes de excepciones con la Constitución Política, pues se fundamentan en la “facultad soberana del Estado de salvaguardar intereses superiores como el orden público, la seguridad nacional, la estabilidad macroeconómica, los intereses vitales institucionales, la defensa efectiva de los derechos humanos, el medio ambiente sano, la salud pública y otros asuntos, que por la relevancia y sensibilidad que merecen se hace indispensable excluirlos del acuerdo de liberación comercial, para garantía y eficacia directa de la Constitución Política, con fundamento en la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos, y la consecución de los fines esenciales y sociales del Estado.”[111]

146. En materia de seguridad el título XI del Acuerdo Comercial con la Unión Europea establece que no puede exigirse a una parte el suministro de información cuya divulgación considere contraria a sus intereses en esta materia, así como tampoco es posible impedir a una parte que adopte medidas que considere necesarias para la protección de sus intereses esenciales en materia de seguridad o relativas al cumplimiento de sus obligaciones con el mantenimiento o la restauración de la paz y la seguridad internacional. En el tema de impuestos se garantiza que no se afectarán los derechos y obligaciones de una parte adquiridos en virtud de cualquier convenio de tributación suscrito entre un Estado Miembro de la Unión Europea y un país andino. También se advierte que no es posible impedir a las partes la adopción de medidas que pretendan garantizar la imposición o recaudación equitativa de impuestos o prevenir la evasión fiscal. En cuanto a la balanza de pagos, se faculta a las partes a adoptar o mantener medidas restrictivas respecto del comercio de mercancías, comercio de servicios y establecimiento, incluyendo los pagos y transferencias relativas a dichas transacciones cuando alguna de ellas experimente graves dificultades financieras exteriores o de balanza de pagos o la amenaza de estas. Estas excepciones se fundamentan entonces en el principio de soberanía nacional que guía las relaciones exteriores del Estado colombiano (Art. 9 de la CP) y con ellas se pretende proteger intereses valiosos para nuestro Estado, como la seguridad nacional y la estabilidad macroeconómica o tributaria.

147. El título XII regula la solución de controversias y contiene cuatro capítulos: objetivos, ámbito de aplicación y definiciones; consultas y procedimientos para la solución de controversias y disposiciones generales.

148. La Corte Constitucional ha considerado que las disposiciones sobre solución de controversias son usuales en los acuerdos internacionales como el que ahora se analiza y resultan acordes con las normas constitucionales, pues constituyen “un mecanismo que permite la pronta y efectiva solución pacífica de conflictos para la mayor seguridad y previsibilidad del sistema de comercio, que se inscribe dentro de las garantías constitucionales del principio de legalidad, el debido proceso, el derecho de defensa, la prevalencia del derecho sustancial y el acceso a la justicia (arts. 9º, 29, 31, 116, 226, 227, 228 y 229 superiores).” Por lo tanto, dado que el título que se analiza se limita a proporcionar un marco jurídico para la solución de las diferencias que surjan entre las partes, no encuentra la Corte ningún reparo a la constitucionalidad de estas cláusulas.

149. El título XIII se ocupa de la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades comerciales, sus objetivos, alcance y las funciones del Comité de Comercio en relación con la cooperación prevista en este título. Se plantea como objetivo el fortalecimiento de la cooperación que contribuya a la implementación y el aprovechamiento del acuerdo, a fin de optimizar sus resultados, expandir las oportunidades y obtener los mayores beneficios para las partes.

150. Estas disposiciones se ajustan a la Constitución porque su propósito es contribuir a la colaboración y asistencia entre las partes que redunde en un fortalecimiento de las capacidades comerciales, lo que resulta acorde con los principios de equidad y reciprocidad que orientan las relaciones internacionales del Estado colombiano (Art. 226 de la CP).

151. El título XIV está dedicado a las disposiciones finales sobre asuntos operativos como la entrada en vigor del acuerdo, la denuncia, los depositarios el procedimiento de enmienda y reservas, entre otros. Estas normas aluden a aspectos operativos y técnicos propios de cualquier instrumento internacional que no contradicen la Constitución.

152. En cuanto a los anexos del acuerdo, se tiene que el anexo I contiene un programa de eliminación arancelaria; el anexo II se refiere a las reglas de origen de las mercancías, el anexo III fija las reglas aplicables entre las partes para el cumplimiento de las normas relativas al trato preferencial convenido para las mercancías; el anexo IV fija medidas de salvaguardia en el sector agrícola; el anexo V se refiere a la asistencia administrativa mutua en materia de aduanas; el anexo VI designa las autoridades competentes de cada una de las partes para ejercer control de importaciones y de exportaciones en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias; los anexos VII y VIII recogen los compromisos de liberación asumidos en materia de establecimiento y suministro transfronterizo de servicios y contienen las listas de esos compromisos en los respectivos asuntos; el anexo IX contiene las reservas sobre presencia temporal de personas físicas con fines de negocio; el anexo X establece los puntos de contacto en materia de comercio de servicios, establecimiento y comercio electrónico; los anexos XI y XII se refieren, respectivamente, a establecer los criterios de interpretación de los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales y a determinar el campo de aplicación del tratado en materia de contratación pública; el anexo XIII versa sobre indicaciones geográficas y, finalmente; el anexo XIV establece la mediación como un mecanismo alternativo de solución de controversias para ser utilizado respecto de alguna medida no arancelaria que una parte estime que afecta adversamente el comercio con otra parte.

153. Como se advierte, los anexos descritos se orientan a precisar y materializar las normas del acuerdo con la Unión Europea, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los países andinos que suscriben el tratado, por lo que no se evidencian reproches sobre su constitucionalidad. No obstante, en el análisis del anexo del acuerdo con el Reino Unido, el cual se realizará más adelante, se ahondará en el análisis de los referidos anexos, debido a que fueron objeto algunas modificaciones para hacerlos compatibles con el acuerdo comercial que se examina en esta oportunidad.

154. En consecuencia, la Corte encuentra que los artículos 1º y 2º del Acuerdo con el Reino Unido en nada contradicen las disposiciones constitucionales y, por el contrario, desarrollan, en términos generales, los mandatos constitucionales de promover la internacionalización de las relaciones económicas y comerciales y la integración económica con las demás naciones (Arts. 226 y 227 de la CP).

     3.5.3. El ámbito de aplicación, los periodos, la moneda del acuerdo y el Comité de Comercio (artículos 3º, 4º, 5º y 6º)

155. El artículo 3º define los territorios en los que se aplicará el Acuerdo con el Reino Unido bajo las mismas condiciones previstas, en este aspecto, en el Acuerdo con la Unión Europea. El artículo 4º aclara la fecha a partir de la cual debe entenderse que empieza a contar un periodo fijado en las disposiciones que confieren un derecho o establecen una obligación, mientras que cualquier otro periodo establecido en una disposición relacionada con un procedimiento o cualquier asunto administrativo se contabiliza a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo. El artículo 5º indica que cualquier referencia al euro permanecerá como tal en el presente Acuerdo. Finalmente, el artículo 6º indica que las decisiones adoptadas por el Comité de Comercio, creado en el Acuerdo con la Unión Europea, antes de que este dejara de aplicarse al Reino Unido, se consideran adoptadas por el Comité de Comercio del Acuerdo con el Reino Unido, salvo que sean modificadas o revocadas por éste.

156. La Corte no encuentra ningún reparo a la constitucionalidad de estas normas, pues tan solo definen aspectos instrumentales del acuerdo que buscan facilitar la implementación de este.

157. El artículo 3º precisa el ámbito geográfico de aplicación del Acuerdo, tanto en el caso del Reino Unido como en el de los países andinos, en las mismas condiciones previstas en el inciso 1º del artículo 9º del Acuerdo con la Unión Europea[112] que definió el ámbito geográfico de aplicación de dicho Acuerdo. En este punto es preciso señalar que la jurisprudencia constitucional ha indicado que las definiciones que se hacen sobre el territorio de los Estados en los acuerdos comerciales se entienden exclusivamente en la esfera del derecho internacional mercantil, esto es, se limitan al objeto principal del acuerdo y no pueden interpretarse en el sentido de definir el territorio soberano de un Estado.[113] Ahora bien, en el presente caso se advierte que en la Sentencia C-335 de 2014 la Corte declaró la constitucionalidad del artículo 9º del Acuerdo con la Unión Europea, el cual definía el ámbito geográfico de aplicación de dicho tratado, ya que atendía al “interés de promover la expansión y diversificación del comercio en la zona establecida.” La Corte tampoco encuentra en esta oportunidad reparo alguno a la constitucionalidad de la norma, ya que busca brindar seguridad jurídica y certeza acerca de los territorios que se encontrarán obligados por los compromisos pactados.

158. El artículo 4º busca otorgar seguridad jurídica en la interpretación de los plazos o términos fijados en el marco del Acuerdo con la Unión Europea. En consecuencia, aquellos periodos que establecen derechos u obligaciones para las partes se contabilizan desde la entrada en vigor del Acuerdo con la Unión Europea para cada uno de los países andinos, de tal manera que se permite una continuidad de los compromisos allí previstos. Por otra parte, los periodos referidos a un procedimiento u otro asunto administrativo corren a partir de la entrada en vigor del Acuerdo con el Reino Unido. Esta disposición facilita entonces el entendimiento del alcance y la interpretación de las disposiciones correspondientes, por lo que se ajusta a las normas constitucionales.

159. El artículo 5º mantiene la referencia a la moneda de curso legal en los países que conforman la Unión Europea, esto es, el euro, a pesar de que el Reino Unido tiene una moneda diferente. Esta medida se orienta a brindar certeza a los compromisos derivados del Acuerdo con la Unión Europea, conservando la moneda en la que se consignaron las obligaciones allí fijadas, por lo que la Corte no encuentra ningún reparo a su constitucionalidad.

160. El artículo 6º preserva las decisiones tomadas por el Comité de Comercio creado con el Acuerdo de la Unión Europea,[114] tal y como si hubieran sido adoptadas por la misma instancia prevista para el Acuerdo con el Reino Unido. Sin embargo, esta circunstancia no es óbice para que el Comité de Comercio que surge del Acuerdo con el Reino Unido modifique o derogue las decisiones que se trasladan a este Acuerdo. Al respecto debe precisarse que el Comité de Comercio que se establece en virtud del Acuerdo con el Reino Unido es diferente al Comité de Comerció creado por el Acuerdo con la Unión Europea, esto es, no se trata del mismo Comité de Comercio sino de dos organismos independientes que desarrollan sus funciones al amparo de los respectivos acuerdos. Esta norma permite por lo tanto preservar y garantizar la seguridad jurídica de las determinaciones tomadas por unos de los órganos creados a partir del Acuerdo con la Unión Europea, evitando trastornos y obstáculos en la transición hacia este nuevo Acuerdo, esto es, garantizando la estabilidad del marco normativo desarrollado por las instancias administradoras respectivas. Por lo tanto, la Corte encuentra esta norma ajustada a la Constitución.

     3.5.4. Partes del Acuerdo, entrada en vigor y depositario (artículos 7º, 8º y 9º)

161. El artículo 7º establece que las partes que integran el presente Acuerdo son: el anexo, la declaración conjunta y las notas al pie. El artículo 8º dispone que el acuerdo entrará en vigor a lo que resulte posterior entre: (i) el primer día del mes siguiente a la fecha de recepción por parte del Depositario de la última de las notificaciones por las que el Reino Unido y el País Andino signatario comuniquen haber completado sus procedimientos internos; o (ii) la fecha en que el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y los Países Andinos deje de aplicarse al Reino Unido. También prevé la posibilidad que entre el Reino Unido y el País Andino signatario se acuerde alguna otra fecha. Por otra parte, esta norma establece la posibilidad de que las partes apliquen provisionalmente el Acuerdo de manera total o parcial. Finalmente, el artículo 9º señala que el Gobierno del Reino Unido actuará como depositario del acuerdo.

162. Encuentra la Corte que estas disposiciones reflejan aspectos operativos y técnicos propios de cualquier instrumento internacional que no contradicen la Constitución. En efecto, el artículo 7º busca establecer el conjunto de disposiciones que componen el Acuerdo con el Reino Unido. La delimitación de las reglas bajo las cuales se regirá el Acuerdo garantiza la correcta ejecución de los compromisos adquiridos por las partes y facilita su entendimiento, al establecer las fuentes jurídicas que regularán las relaciones que se deriven del Acuerdo.

163. En cuanto a las reglas previstas en el artículo 8º para la entrada en vigor del acuerdo, debe recordarse que la Corte ha declarado la exequibilidad de este tipo de cláusulas, ya que “son necesarias para la aplicación y ejecución de cualquier instrumento de Derecho Internacional Público”[115] y “es facultad de las partes en toda convención, bilateral o multilateral, a nivel privado, público, o en el campo de las relaciones internacionales, dejar definido cuándo principia la observancia de lo pactado y cuál habrá de ser el término de su duración.”[116]

164. Ahora bien, dado que el artículo 8º establece la posibilidad de aplicación provisional del tratado por cualquiera de las partes, es preciso reiterar las consideraciones que ha desarrollado la Corte al analizar este tipo de cláusulas. En efecto, el artículo 224 de la Constitución señala que los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso, “sin embargo, el P. de la República podrá dar aplicación provisional a los tratados de naturaleza económica y comercial acordados en el ámbito de organismos internacionales, que así lo dispongan.” En la Sentencia C-280 de 2014 se estudió una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto 1513 de 2013, “por el cual se da aplicación provisional al Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados Miembros, por otra.” Allí se hizo referencia a la figura de la aplicación provisional de los tratados y se distinguió el parámetro de control constitucional que debe aplicarse en los casos en los que se estudia un tratado que prevé este tipo de cláusulas, de aquellos en los que se analiza la constitucionalidad de la norma que da aplicación provisional a un tratado, como acontecía aquella vez. Al respecto dijo la Corte:

     “En definitiva, como en otros fallos el control constitucional recae sobre cláusulas que prevén genéricamente la figura de la aplicación provisional del instrumento internacional, dejando a discreción de las partes, y con sujeción del derecho interno de cada uno, la posibilidad de ordenar este tipo de aplicación, mientras que en este caso el control versa sobre una disposición del P. de la República de aplicar provisionalmente un tratado, el examen difiere en una y otra hipótesis: en la primera, el análisis se orienta a establecer si la facultad discrecional contraviene alguna cláusula constitucional, mientras que en la segunda se encamina a determinar si la orden específica de anticipar la entrada en vigencia se ajusta a los requerimientos del Artículo 224 de la Carta Política, relacionados con la naturaleza comercial y económica del acuerdo, y con su suscripción en el marco de una organización internacional. Se trata entonces de preceptos con un sentido, alcance y efectos jurídicos diversos, cuyos parámetros de constitucionalidad son igualmente distintos.”[117]

165. En dicha oportunidad, al analizar la norma demanda, que era el Decreto 1513 de 2013, la Corte concluyó que era inconstitucional. Esto debido a que el Acuerdo Comercial con la Unión Europea no fue pactado en el marco de una organización internacional, lo que desconocía lo preceptuado por el artículo 224 constitucional. Por lo tanto, en la Sentencia C-335 de 2014 que revisó la constitucionalidad del mencionado acuerdo comercial, teniendo en cuenta que el ejercicio de la cláusula que preveía la aplicación provisional del tratado era facultativo para las partes, se declaró la exequibilidad de dicha cláusula, “sin perjuicio de lo dispuesto en la Sentencia C-280 del 8 de mayo de 2014, en relación con el artículo 330.3 del Acuerdo.” Al respecto se indicó:

     “como quiera que, una vez completado el trámite interno que la Constitución ha previsto para la adopción de los tratados públicos internacionales, incluido el control que ejerce esta Corte, ya no hay reparo para que, según acuerdo entre las partes, los mismos se apliquen provisionalmente hasta su entrada en vigor definitiva, la Corte concluye que este título final no contradice la Constitución, y se declarará su exequibilidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la Sentencia C-280 de 2014 en relación con el artículo 330.3 del Acuerdo. Luego lo que se predica en dicha sentencia respecto del acuerdo en general, claramente, se hace extensivo a la mencionada cláusula, por cuanto no procedía darle aplicación provisional hasta tanto no se surtiera el mencionado trámite.”[118]

166. Ahora bien, además de la Sentencia C-335 de 2014, en muchas otras oportunidades esta Corte ha declarado la constitucionalidad de normas que posibilitan la aplicación provisional del instrumento internacional que suscribe el Estado colombiano.[119] Se ha reiterado que se trata de cláusulas que no obligan a las partes a dar aplicación provisional al correspondiente tratado, sino que únicamente las facultan para ello, respetando su normatividad interna. En estos casos la Corte no ha realizado el control de este tipo de previsiones a la luz el artículo 224 constitucional, por lo que no ha entrado a determinar si la norma se enmarca en un tratado de carácter comercial o económico, o si éste fue suscrito en el ámbito de un organismo internacional.

167. En el presente caso, el mencionado artículo 8º del Acuerdo dispone: “cada una de las Partes puede, de conformidad con sus propios procedimientos internos, aplicar provisionalmente este Acuerdo de manera total o parcial.” En consecuencia, teniendo en cuenta que el artículo 8º del Acuerdo tan solo posibilita a las partes a dar aplicación provisionalmente a las disposiciones de este, no corresponde en esta oportunidad confrontar el contenido de esta cláusula con el artículo 224 de la Constitución Política. Por tanto, no encuentra la Corte ningún reparo a la constitucionalidad de esta norma, pues se inscribe en los principios de soberanía, equidad y reciprocidad que guían las relaciones internacionales del Estado colombiano. Sin embargo, con fundamento en lo señalado por las sentencias C-280 de 2014 y C-335 de 2014, la Corte advierte que el Acuerdo Comercial con el Reino Unido no podía ser objeto de aplicación provisional por parte del P. de la República, toda vez, al igual que el Acuerdo Comercial con la Unión Europea, no fue acordado en el ámbito de un organismo internacional.

168. Finalmente, el artículo 9º indica que el depositario del Acuerdo será el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, lo cual no tiene ningún reparo constitucional para esta Corte, pues regula un aspecto meramente operativo, propio de este tipo de tratados.

     3.5.5. El anexo

169. El Acuerdo contiene un anexo en el que se introducen un conjunto de previsiones necesarias para adecuar el Acuerdo con la Unión Europea a la relación entre el Reino Unido y los Países Andinos y garantizar la continuidad del comercio preferencial con el Reino Unido, sin que se genere un vacío entre el momento en que el Acuerdo con la Unión Europea deje de aplicarse al Reino Unido y la fecha en que entre en vigor el presente Acuerdo con el Reino Unido.

170. A continuación, se describirán y analizarán los diferentes acápites que componen dicho anexo, los cuales resultan ajustados a las normas constitucionales:

     3.5.5.1. Artículos del Acuerdo con la Unión Europea que no se incorporan o se modifican debido a que tienen una relación directa con la Unión Europea

171. Estas disposiciones tienen por objeto adaptar las normas del Acuerdo con la Unión Europea al nuevo escenario comercial con el Reino Unido, de tal manera que no se presenten confusiones u obstáculos en el desarrollo y aplicación del Acuerdo. La Corte no encuentra ningún reparo a la constitucionalidad de estas disposiciones, pues buscan facilitar y dotar de certeza la comprensión de las reglas en las que se enmarca el Acuerdo.

     3.5.5.2. Modificaciones al A. I del Acuerdo con la Unión Europea que contiene los cronogramas de eliminación arancelaria

172. En este acápite las partes se comprometen a emprender una eliminación de aranceles en plazos determinados, respetando las diferencias económicas de cada una de ellas. En la Sentencia C-335 de 2014 se declaró la exequibilidad de las normas que componen el A. I del Acuerdo con la Unión Europea. Dijo la Corte que dicho anexo “contiene un programa de eliminación arancelaria que atiende al compromiso de emprender esa eliminación en plazos determinados que, además, tengan en cuenta las diferencias económicas existentes entre las partes, en lo cual la Corte no encuentra motivos de inconstitucionalidad.” En esta oportunidad la Corte tampoco encuentra motivos de inconstitucionalidad sobre estas disposiciones, mediante las cuales se adaptan los cronogramas y plazos de la eliminación arancelaria previstos en el Acuerdo con la Unión Europea al nuevo escenario de relación con el Reino Unido. Estas normas se enmarcan en la integración económica comercial del Estado colombiano y en los principios de soberanía, equidad y reciprocidad que guían las relaciones internacionales.

     3.5.5.3. Modificaciones al A. II del Acuerdo con la Unión Europea relativo a la definición del concepto de “productos originarios” y métodos para la cooperación administrativa

173. En este acápite se realizan precisiones sobre: (i) la acumulación de materiales originarios de la Unión Europea cuando son utilizados en la producción de una mercancía en el Reino Unido o en un País Andino que haga parte del Acuerdo; (ii) la acumulación de procesos del Reino Unido con la Unión Europea; (iii) el transporte directo entre el Reino Unido y los Países Andinos, o a través del territorio de la Unión Europea en tránsito o transbordo con o sin almacenamiento temporal; (iv) envíos en tránsito, transbordo o almacenamiento temporal en el territorio de la Unión Europea; (v) la regulación relativa a las pruebas de origen; (vi) los requisitos para expedir una declaración en factura; y (vii) las reglas para la definición de productos originarios.

174. En la Sentencia C-335 de 2014 la Corte declaró la exequibilidad del A. II del Acuerdo con la Unión Europea, el cual se ajusta en esta oportunidad a la relación comercial con el Reino Unido. Dijo la Corte en aquella oportunidad: “El objetivo del anexo es el de establecer criterios de calificación para asegurar que únicamente las mercancías originarias de las partes suscriptoras resulten beneficiarias del tratamiento arancelario preferencial. La Corte no tiene reparos de constitucionalidad acerca del anexo 2 y se limita a recordar su jurisprudencia en el sentido de que “las reglas de origen son el conjunto de normas incluidas en los acuerdos comerciales, que pretenden fijar pautas para determinar si una mercancía, una materia prima o un producto elaborado, pueden ser considerados como oriundos de un Estado Parte, a fin de que los bienes involucrados puedan gozar de los beneficios de la liberación arancelaria pactada”, pretendiéndose “evitar con tales disposiciones, que se concedan ventajas comerciales, aduaneras o de otro tipo a productos que provienen de terceros países, a fin de que no se configure el fenómeno denominado triangulación”[120], que propicia el indebido aprovechamiento por terceras partes de las preferencias arancelarias.”

175. En el mismo sentido de lo señalado en la Sentencia C-335 de 2014, debe reiterarse que esta Corte ha declarado la constitucionalidad de las reglas de origen pactadas en diferentes acuerdos comerciales. Por ejemplo, en la Sentencia C-864 de 2006,[121] al analizar el A. IV sobre “Régimen de Origen” del “Acuerdo de complementación económica” suscrito por el Estado colombiano con los Estados del MERCOSUR, dijo la Corte que estas normas tenían una relación con los principios de igualdad y promoción de la actividad económica: “estas disposiciones aseguran la efectividad de los principios de igualdad y de promoción de la actividad económica que deben regir las relaciones internacionales de acuerdo con los artículos 226, 333 y 334 de la Constitución Política. Ello es así, en lo que se refiere al principio de igualdad, en cuanto se evita que las preferencias arancelarias resulten aplicables a mercancías no producidas en los Estados Signatarios del presente Acuerdo; mientras que, en tratándose del principio de promoción de la actividad económica por parte del Estado, al excluir de los beneficios de la liberación comercial a las mercancías usadas, lo que sin duda alguna promueve el desarrollo de la empresa como base del desarrollo (C.P. arts. 333 y 334).”

176. De igual manera, en la Sentencia C-750 de 2008,[122] al estudiar la disposiciones sobre las reglas de origen en el “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, se indicó que estas disposiciones se enmarcaban en el principio de reciprocidad: “Esta Corporación ha justificado constitucionalmente las reglas de origen de las mercancías como un desarrollo del principio de reciprocidad en materia de integración económica y comercial, y como una manera de proteger las mercancías originarias de los países miembros, mediante reglas y procedimientos claros para su plena identificación.”

177. En consecuencia, siguiendo el precedente fijado en la Sentencia C-335 de 2014, la Corte encuentra ajustado a la Constitución las disposiciones que modifican el A. II del Acuerdo con la Unión Europea, pues materializan el principio de igualdad y el de reciprocidad en materia de relaciones internacionales.

     3.5.5.4. Modificaciones al A. IV sobre medidas de salvaguardia agrícola

178. El Acuerdo con el Reino Unido incorpora las normas del Acuerdo con la Unión Europea mediante las cuales las partes pueden adoptar medidas de salvaguardia agrícola. El artículo 29 del Acuerdo con la Unión Europea dispone que “una Parte podrá aplicar una medida de salvaguardia agrícola en forma de aranceles aduaneros adicionales sobre una mercancía agrícola originaria incluida en su lista del A. IV (Medidas de salvaguardia agrícola), siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo.” Las disposiciones que en esta oportunidad modifican el A. IV de dicho Acuerdo ajustan entonces las mercancías a las que se les puede aplicar medidas de salvaguardia agrícola y los volúmenes de activación para cada una de las mercancías, de acuerdo con el intercambio comercial específico de Colombia con el Reino Unido.

179. La jurisprudencia constitucional ha declarado la exequibilidad de medidas semejantes de salvaguardia en distintos tratados comerciales suscritos por el Estado colombiano. En la Sentencia C-446 de 2009[123] se precisó que estas medidas responden “a la finalidad proteger a los productores nacionales ante situaciones de grave amenaza o riesgo para su supervivencia, originadas por la aplicación del Programa de Desgravación Arancelaria.” En la sentencia C-608 de 2010,[124] al estudiarse las “medidas de salvaguardia y defensa comercial”, se reconoció que dichos instrumentos de protección sirven para prevenir el daño o remediarlo “cuando quiera que se presente una situación de desorganización del mercado que amenace con causar un perjuicio grave a los productores nacionales de una mercancía o servicio similar al importado o que haga competencia con éstos”. En efecto, concluyó la Corte en dicha oportunidad: “la inclusión de medidas de salvaguardia en el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y Canadá se ajusta a la Constitución, por cuanto es conforme con los principios que actualmente rigen el derecho internacional económico (art. 9 Superior). Además, tiene por finalidad proteger a los productores nacionales ante situaciones de grave amenaza o riesgo para su supervivencia, originadas por la aplicación de programas de liberalización económica.”

180. En el mismo sentido, en la Sentencia C-254 de 2019[125] se reiteró que “esta Corporación ha justificado constitucionalmente las medidas de salvaguardia y los derechos antidumping y medidas compensatorios como mecanismos de defensa comercial, al pretender restablecer el orden económico y comercial frente a los desequilibrios por la aplicación del programa de liberalización comercial, que puede ocasionar amenaza o daños a bienes sensibles de la industria nacional.” Por lo tanto, se concluyó que el capítulo del “Tratado de libre comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel”, relativo a las medidas de salvaguardia, “resulta armónico con la Constitución al fundamentarse en la promoción de la internacionalización de la economía sobre bases de equidad y reciprocidad, además de resultar necesario para la preservación del orden económico, la garantía de los fines esenciales y sociales del Estado, y la protección de la producción de alimentos (preámbulo y arts. 1º, 2º, 9º, 65, 226 y 227).”

181. De igual manera, la Sentencia C-335 de 2014 declaró la constitucionalidad de las disposiciones relativas a las medidas de salvaguardia agrícola, contenidas en el A. IV del Acuerdo con la Unión Europea, el cual se ajusta en el Acuerdo con el Reino Unido. Por lo anterior, la Corte considera que las modificaciones al A. IV del Acuerdo con la Unión Europea son compatibles la Constitución Política, ya que desarrollan los principios de equidad y reciprocidad que guían las relaciones internacionales del Estado colombiano y propenden por la preservación del orden económico y la protección de la producción de alimentos.

     3.5.5.5. Modificaciones al A. V sobre asistencia mutua en materia de aduanas y modificaciones al A. VI relativo a medidas sanitarias y fitosanitarias

182. Los ajustes realizados a las disposiciones de los A.s V y VI del Acuerdo con la Unión Europea que se incorporan mutatis mutandis en esta oportunidad, se refieren de manera puntual a modificaciones en ciertas expresiones que hacían referencia a la Unión Europea, sus instituciones o su territorio, por lo que no se advierte ningún reparo a su constitucionalidad. Además, los A.s V y VI del Acuerdo con la Unión Europea fueron declarados exequibles en la Sentencia C-335 de 2014.

     3.5.5.6. Modificaciones al A. VII relativo a la lista de compromisos sobre establecimientos, al A.V. referente a la lista de compromisos sobre suministro trasfronterizo de servicios, al A. IX dedicado a las reservas sobre presencia temporal de personas físicas con fines de negocios y al A. XII sobre contratación pública

183. Al igual que las modificaciones a los A.s V y VI, los ajustes a los A.s VII, VIII, IX y XII del Acuerdo con la Unión Europea son meramente formales y tienen por objeto eliminar de las respectivas disposiciones las referencias a la legislación de la Unión Europea, la cual ya no le es aplicable al Reino Unido, por lo que no se advierte ningún vicio de constitucionalidad sobre estos apartados del A.. Por otra parte, dichos A.s del Acuerdo con la Unión Europea que se modifican en esta ocasión, fueron declarados constitucionales en la Sentencia C-335 de 2014.

     3.5.5.7. Modificaciones al A. XIII relativo a la lista de indicaciones geográficas

184. En este acápite del A. se precisan los compromisos adquiridos en virtud del Acuerdo con la Unión Europea en relación con un listado de indicaciones geográficas, con la finalidad de garantizar la adecuada y efectiva protección a los derechos de propiedad intelectual, haciendo referencia o aclarando el listado de productos que estarían sujetos a la protección bajo el Acuerdo con el Reino Unido, en la modalidad de “Denominaciones de Origen.” En concreto, los cambios en este punto consisten en: (i) mantener únicamente las indicaciones geográficas procedentes del Reino Unido y Colombia, Ecuador y Perú, por lo que se eliminan las indicaciones geográficas de los países de la Unión Europea; (ii) establecer las fechas y el procedimiento para la protección en el Reino Unido de las indicaciones geográficas nuevas que los países andinos ya han presentado en el marco del Subcomité de Propiedad Intelectual del Acuerdo Comercial con la Unión Europea; y (iii) aclarar el procedimiento para la modificación del registro de protección en los tres países andinos de algunas indicaciones geográficas de bebidas producidas en la Isla de Irlanda, territorio que comprende a la República de Irlanda y a Irlanda del Norte.

185. La protección a las indicaciones geográficas en Colombia está regulada por los artículos 201 y subsiguientes de la Decisión Andina 486, “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, así como por el artículo 22 del “Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” (ADPIC). Con fundamento en estas normas, en la Sentencia C-941 de 2010[126] se declaró la constitucionalidad de una disposición de similares características inserta en el “Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC”. Al respecto dijo la Corte: “Las normas relacionadas con la protección de las indicaciones geográficas (art. 6.7.) reflejan los compromisos adquiridos por Colombia en el ámbito de la Comunidad Andina (Decisión 486) y se sujetan a los indicado en el ADPIC.” En igual sentido, en la Sentencia C-335 de 2014 se declaró la exequibilidad de las disposiciones del A. XIII sobre indicaciones geográficas que se modifica en esta oportunidad. Por ende, no encuentra la Corte ningún motivo de inconstitucionalidad de este acápite del A. del acuerdo bajo examen, pues se propende por la protección de la propiedad intelectual, dentro de la que se encuentra las indicaciones geográficas, lo que armoniza con lo dispuesto por el artículo 61 constitucional, según el cual, “el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.”

4. Conclusión

186. El “Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú por otra” fue adoptado con el objetivo de preservar los derechos y obligaciones de las partes, consagrados en el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y los países andinos, debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Este Acuerdo es consecuente con los mandatos constitucionales de promover la integración económica en materia comercial y la internacionalización de las relaciones económicas bajo los principios de soberanía, equidad y reciprocidad (Arts. 9, 226 y 227 de la CP).

187. De conformidad con lo expuesto, la Corte Constitucional concluye que, tanto el “Acuerdo Comercial entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por una parte, y la República de Colombia, la República del Ecuador y la República de Perú por otra” como su ley aprobatoria, Ley 2067 de 2020, son plenamente respetuosas de las normas constitucionales.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de Colombia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,