Sentencia de Constitucionalidad nº 295/22 de Corte Constitucional, 24 de Agosto de 2022

1. El ciudadano C.F.C.A. presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 250 (parcial) del Decreto Ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo). En síntesis, sostuvo que el precepto acusado debe ser declarado condicionalmente exequible, bajo el entendido de que la causal también comprende todo acto delictuoso cometido contra los parientes del empleador dentro del segundo grado civil. En su concepto, se presenta omisión legislativa relativa que excluye el parentesco civil, lo que constituye una violación de los artículos 5, 13 y 42 de la Constitución Política.

2. A través de Auto de 18 de febrero de 2022, se admitió la demanda. En la misma providencia se ordenó correr traslado a la Procuradora General de la Nación, comunicar el inicio del proceso al Presidente de la República y al Presidente del Congreso, así como a los ministros de Justicia y del Derecho y del Trabajo. Así mismo se ordenó la fijación en lista y se invitó a participar en este proceso a las siguientes instituciones u organizaciones: la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (ASOFONDOS), la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Confederación General del Trabajo de Colombia, Colegio de Abogados del Trabajo, y a las facultades de Derecho de las universidades del Norte, del Rosario, del Valle, de La Sabana, EAFIT, Externado de Colombia, Javeriana, Libre de Colombia, Pontificia Bolivariana, Santo Tomás y S.A..

3. Cumplido lo previsto en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.

4. A continuación se transcribe y subraya el texto del artículo 250 parcialmente demandado del Decreto Ley 2663 de 1950 (Código Sustantivo del Trabajo):

   “ARTÍCULO 250. PÉRDIDA DEL DERECHO.

1. El trabajador perderá el derecho de auxilio de cesantías cuando el contrato de trabajo termina por alguna de las siguientes causas:

   a). Todo acto delictuoso cometido contra el {empleador} o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero en afinidad, o el personal directivo de la empresa;

   b). Todo daño material grave causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinaria y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo,

   c). El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio grave para la empresa.

2. En estos casos el {empleador} podrá abstenerse de efectuar el pago correspondiente hasta que la justicia decida.”

5. El demandante solicita que se declare la exequibilidad condicionada del precepto demandado bajo el entendido de que la causal comprende todo acto delictuoso cometido contra parientes del empleador dentro del segundo grado civil o por adopción al desconocer los artículos 5, 13 y 42 de la Constitución Política.

6. El actor fundamenta su demanda en la configuración de una omisión legislativa relativa. En tal sentido, advierte que se cumplen los criterios jurisprudenciales para que se estructure una omisión de esa naturaleza:

(i) Identificar una norma sobre la cual recaiga la omisión: el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo. En particular, señala la expresión contenida en literal a) que establece “o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero en afinidad.”

(ii) Que el respectivo precepto excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contemplados u omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta: el demandante aclara que la norma acusada es preconstitucional y que adolece de una omisión que trae consigo un trato discriminatorio en tanto establece un supuesto de hecho que alude a dos clases de parentesco como lo son el de consanguinidad y afinidad, pero a su vez descarta y pasa por alto el parentesco civil o por adopción como ingrediente fundamental a integrar dentro de la causal consistente en la pérdida para el trabajador del derecho de auxilio de cesantía por haber cometido algún acto delictuoso contra alguno de los parientes del empleador. De modo que, la norma cuestionada solo hace mención a los parientes consanguíneos o afines, excluyendo de la hipótesis normativa a aquellos que guardan vínculo jurídico con el empleador a través de la adopción o, simplemente, son parientes civiles del mismo.

(iii) Que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente: el actor argumenta que no encuentra razón o fundamento alguno que justifique la omisión advertida, apelando a la finalidad y objeto de la norma acusada, se tiene que el Legislador tuvo como propósito regular una serie de circunstancias en las cuales sería legítimo privar al trabajador del derecho de auxilio de cesantía cuando la causa de terminación del vínculo laboral obedece a que el trabajador comete acto delictuoso contra el empleador o sus parientes. Sin embargo, la norma queda corta y no se hace extensiva cuando el acto sea cometido en contra del familiar que tiene parentesco civil con el empleador, ello carece de razón suficiente y a su vez implica un tratamiento discriminatorio, pues si de lo que se trataba era de imponer dentro de los deberes y obligaciones que tiene el trabajador para con su empleador, la del respeto a esté último y a sus cercanos, no resulta razonable y adolece de una razón suficiente que el parentesco civil haya sido descartado por el legislador en la norma demandada. En su concepto, la norma, entonces “atenta contra los cánones constitucionales de protección a la familia y la igualdad entre las distintas clases de parentesco y relaciones paterno filiales.”

(iv) Que la falta de justificación y objetividad genere para los supuestos excluidos una desigualdad injustificada frente a los que se encuentran amparados por la norma; el actor precisa que el supuesto no comprende a los familiares del patrono dentro del primer grado civil, ello significa que la norma acusada privilegia cierta clase de parentesco relegando a otra que se encuentra en igualdad de condiciones jurídicas, dicho tratamiento es inadmisible desde el punto de vista constitucional ya que implica necesariamente otorgar un estatus especial normativo, excluyendo del mismo al parentesco civil o por adopción y, con ello, vulnerando el principio, valor y derecho constitucional a la igualdad, del cual se deriva la prohibición de discriminación con ocasión al origen familiar.

(v) Que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el Constituyente al Legislador: el demandante advierte que legislador de aquella época no estaba en la obligación propiamente dicha de ajustar la norma a disposiciones constitucionales que le impusieran el deber de adoptar un mismo tratamiento jurídico a categorías o sujetos en igualdad de condiciones, por la razón elemental de que al tenor de lo dispuesto en la Constitución Política de 1886, no existía mandato específico que así se lo ordenara, sin embargo, ello no es óbice para adelantar el juicio de constitucionalidad por el cargo de omisión legislativa relativa en esta oportunidad, toda vez que no se está juzgando la temporalidad de la norma en cuestión, sino lo que se trata es de contrastar la disposición enjuiciada con los cánones constitucionales que rigen actualmente, en concreto, los artículos 5, 13 y 42 de la Carta de 1991 que le imponen deberes específicos al Legislador en la medida de brindar un mismo tratamiento jurídico a las distintas categorías de parentesco y relaciones paterno filiales, así como la proscripción de tratos discriminatorios e injustificados que obedezcan únicamente al origen familiar, lo que ha sido denominado en reiteradas ocasiones como uno de los criterios sospechosos según la jurisprudencia constitucional.

7. Durante el término de fijación en lista se presentaron dos intervenciones, la primera, del Ministerio del Trabajo que presenta tres solicitudes estarse a lo resuelto en la Sentencia C-710 de 1996, la exequibilidad simple y la exequibilidad condicionada de la norma. La segunda, la de la Universidad Externado que acompaña la solicitud de exequibilidad condicionada del artículo demandado.

1. Ministerio del Trabajo

8. El apoderado judicial del Ministerio del Trabajo[1] advierte que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada constitucional en tanto en la Sentencia C-710 de 1996, la Corte ya se pronunció sobre la exequibilidad de la norma demandada. Adicionalmente, concluye su escrito solicitando la exequibilidad simple y la exequibilidad condicionada de la norma sin argumentos adicionales.

2. Universidad Externado de Colombia

9. La directora y el docente investigador del departamento de Derecho Laboral de la Universidad Externado[2] solicitan declarar la exequibilidad condicionada de la norma en los términos planteados por la demanda. En su concepto se acreditan los elementos para que se configure la omisión legislativa relativa. En primer lugar, reseñan que el cargo recae sobre el numeral primero del artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo con lo que se tiene una norma concreta sobre la cual se predica el cargo. En segundo lugar, señalan que la disposición acusada no contempla como hipótesis de pérdida de las cesantías los actos delictivos que se cometen contra los parientes civiles del empleador.

10. En tercer lugar, precisan que el artículo 42 de la Constitución consagra a la familia como núcleo básico de la sociedad y establece la igualdad de derechos y deberes entre los hijos con independencia de su origen, en concordancia con el artículo 13 que prohíbe cualquier trato discriminatorio que se funde, entre otras razones, en el origen familiar. En cuarto lugar, enfatizan que no se advierte, prima facie, la existencia de una finalidad legítima que ampare la diferencia establecida en la ley; más aún si se tiene en cuenta que el criterio utilizado por el Legislador es de aquellos considerados sospechosos como el origen familiar.

11. Agregan que en el presente caso no existe razón jurídica que justifique, desde la perspectiva constitucional, la exclusión de los parientes civiles del empleador del supuesto de hecho de la norma demandada. Aunque una explicación podría encontrarse en el contexto histórico en que se expidió el Código Sustantivo del Trabajo (1950), puesto en relación con la regulación jurídica del instituto de la adopción en particular y de las relaciones familiares en general, ello no logra salvar el vacío constitucional que plantea la norma acusada, dado que para la época de expedición de la norma demandada la ley contenía distinciones entre los derechos y deberes de los hijos que se fundaban en el origen de la familia.

3. Universidad Pontificia Bolivariana

12. L.M.E.J., K.G.G., C.S.E., G.A.H.O., C.A.G.G., S.V.C., y M.D.C.G., actuando como ciudadanos y miembros de la Clínica Jurídica de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana presentaron concepto extemporáneo sobre la norma demandada.

13. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, la Procuradora General de la Nación, mediante concepto del 19 de abril de 2022, solicitó a la Corte que se declare la exequibilidad condicionada del artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo bajo el entendido de que comprende también a los familiares con parentesco civil dentro del segundo grado.

14. El Ministerio Público destacó la diferencia entre la omisión legislativa absoluta y la relativa, enfatizó en los requisitos jurisprudenciales que debe cumplir la configuración de esta última. En concreto, señaló que concurren los requisitos para acreditar en este caso la existencia de una omisión legislativa relativa. Primero, existe una norma sobre la cual se predica la omisión, es decir, el literal a) del numeral 1 del artículo 250 de Código Sustantivo del Trabajo. Segundo, de conformidad con los artículo 13 y 42 de la Constitución Política se debe dar el mismo trato a los parientes consanguíneos y a los civiles.

15. Tercero, destacó que no existe una razón suficiente desde una perspectiva constitucional para la exclusión identificada en la norma acusada. Existe una desigualdad negativa entre parientes por consanguinidad y civiles por dos razones: i) el literal del numeral 1 del artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo ofrece una protección a los familiares dentro del segundo grado por consanguinidad del empleador ante posibles actos delictuosos en su contra por parte de los trabajadores, en tanto disuade a estos últimos de cometer un hecho criminal que afecte a aquellos ante la posibilidad de perder el derecho al auxilio de cesantías; y ii) dicha disposición no estipula protección en tal sentido para los parientes civiles dentro del segundo grado.

16. Finalmente, mencionó como precedente relevante la Sentencia C-911 de 2013,[3] en la que la Corte declaró injustificados los tratos legales diferenciados entre parientes consanguíneos y civiles.

1. Competencia

17. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra decretos con fuerza de ley expedidos por el Gobierno nacional como el acusado parcialmente en esta ocasión.

2. Cuestión previa. Estudio de la aptitud de la demanda

18. Para la Corte es preciso definir la aptitud del cargo por omisión legislativa relativa contra el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo anterior, teniendo en cuenta que esta Corte ya ha señalado que la etapa de admisión “no compromete ni limita la competencia de la Sala Plena de la Corte, para analizar la aptitud de la demanda, al conocer el proceso.”[4] En consecuencia, procederá previamente a exponer los parámetros bajo los cuales se examinará la aptitud de la demanda y a determinar el alcance de la norma acusada.

    2.1. Parámetros de análisis para los cargos de constitucionalidad

19. De conformidad con el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991, la demanda de inconstitucionalidad debe contener tres elementos esenciales: (i) referir con precisión el objeto demandado, (ii) el concepto de la violación y (iii) la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto (Art. 241 de la CP y Art. 2 del Decreto 2067 de 1991). A su vez, respecto del concepto de la violación se ha establecido que los cargos deben cumplir con tres parámetros básicos: (i) el señalamiento de las normas constitucionales que consideren infringidas (Art. 2, num. 2 del Decreto 2067 de 1991); (ii) la exposición del contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas; y (iii) la presentación de las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución. Vinculado a lo anterior, ha determinado que las razones expuestas para sustentar cabalmente la censura constitucional deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.

20. La claridad hace relación a que los argumentos sean determinados y comprensibles y permitan captar en qué sentido el texto que se controvierte infringe la Carta. Deben ser entendibles, no contradictorios, ilógicos ni anfibológicos.

21. Conforme la exigencia de la certeza, de una parte, se requiere que los cargos tengan por objeto un enunciado normativo perteneciente al ordenamiento jurídico e ir dirigidos a impugnar la disposición señalada en la demanda y, de la otra, que la norma sea susceptible de inferirse del enunciado acusado y no constituir el producto de una construcción exclusivamente subjetiva, con base en presunciones, conjeturas o sospechas del actor.

22. La especificidad de los cargos supone concreción y puntualidad en la censura, es decir, la demostración de que el enunciado normativo exhibe un problema de validez constitucional y la explicación de la manera en que esa consecuencia le es atribuible.

23. Es necesario que los cargos sean también pertinentes y, por lo tanto, por una parte, que planteen un juicio de contradicción normativa entre una disposición legal y una de jerarquía constitucional y, por la otra, que el razonamiento que funda la presunta inconstitucionalidad sea de relevancia constitucional, no legal, doctrinal, político o moral. El cargo tampoco es pertinente si el argumento en que se sostiene se basa en hipótesis acerca de situaciones de hecho, reales o de hipotética ocurrencia, o ejemplos en los que podría ser o es aplicada la disposición.

24. Por último, la suficiencia implica que el razonamiento jurídico contenga un mínimo desarrollo, en orden a demostrar la inconstitucionalidad que le imputa al texto demandado. El cargo debe proporcionar razones, por lo menos básicas, que logren poner en entredicho la presunción de constitucionalidad de las leyes, derivada del principio democrático, que justifique llevar a cabo un control jurídico sobre el resultado del acto político del Legislador.[5]

25. Los anteriores requisitos deben ser verificados por el magistrado sustanciador al admitir la demanda. Sin embargo, este análisis inicial tiene un carácter provisional debido a que carece de la exigencia y el rigor deliberativos “de aquél que debe realizarse al momento de entrar a decidir sobre la exequibilidad de los enunciados o de los contenidos normativos acusados.”[6] Por esa razón, la Corte ha señalado que la superación de la fase de admisión no impide que la Sala Plena analice con mayor detenimiento y profundidad los cargos propuestos. Ello, en tanto la admisión de la demanda “responde a una valoración apenas sumaria de la acción que no compromete ni define la competencia del pleno de la Corte”[7] a efectos de decidir los asuntos puestos a su consideración en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

26. En los anteriores términos, es indispensable que la demanda de inconstitucionalidad satisfaga las mencionadas exigencias mínimas, para que pueda ser emitido un pronunciamiento de fondo. En caso contrario, no poseerá aptitud sustantiva y la Corte deberá declararse inhibida para fallar.

    2.2. Contexto y alcance normativo y jurisprudencial del artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo. Pérdida del derecho a las cesantías

27. El trabajo como eje de los derechos sociales otorga distintas garantías a quienes lo llevan a cabo, una de ellas, la cesantía, fue pensada inicialmente como una forma de protección contra el desempleo y luego se extendió para que, con ella se permitiese cumplir con otros contenidos de los derechos sociales y económicos de las y los trabajadores: la educación y la vivienda.

28. En la Sentencia C-823 de 2006,[8] esta Corporación dio cuenta, entre otros, de la mutación de su naturaleza jurídica, desde que se regulara por primera vez para el sector privado en la Ley 10 de 1934, como una prestación de carácter indemnizatorio que operaba ante el despido, siempre que este no se hubiese originado en mala conducta o en el incumplimiento comprobado del contrato; luego con la Ley 6ª de 1945, que la extendió a los trabajadores oficiales, pero mantuvo su carácter indemnizatorio.

29. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en sus orígenes también reconocía que la causación de la cesantía tenía un efecto sancionador correlativo,[9] pero la Ley 65 de 1946 eliminó su carácter sancionatorio y determinó que la cesantía debía pagarse, independientemente del motivo del retiro, aunque previó unos casos excepcionalísimos. Es decir, le eliminó el carácter sancionatorio y le otorgó contenido de prestación social,[10] como puede advertirse de lo dispuesto en el Decreto 2663 de 1950, Código Sustantivo del Trabajo que aun permanece vigente y que en Título VIII “Prestaciones patronales comunes” la incorpora como tal.[11]

30. La Corte Constitucional ha desarrollado el contenido de la prestación y ha estimado que “el auxilio de cesantías se erige en una de las prestaciones más importantes para los trabajadores y su núcleo familiar y en uno de los fundamentos más relevantes del bienestar de los mismos, en cuanto se considera el respaldo económico de sus titulares para el acceso a bienes y servicios indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida de la población asalariada.”[12] También la jurisprudencia[13] la ha caracterizado como i) una prestación social; ii) tiene doble connotación de garantía laboral y de la seguridad social; iii) cumple una función social; iv) surge del vínculo jurídico laboral; v) incorpora una obligación del empleador de contenido económico en favor del trabajador; vi) tiene vocación solidaria que fortalece el vínculo jurídico entre dos partes y refuerza su necesidad de cumplimiento; se constituye en ahorro forzado; y vii) tiene carácter de irrenunciable, salvo las excepciones dispuestas en la ley.

31. Estas reglas han permitido que esta Corte haya extendido el reconocimiento pleno de las cesantías a los trabajadores accidentales o transitorios; a los artesanos, a las trabajadoras del hogar, y haya mantenido un criterio pacífico sobre el carácter fundamental laboral de esta garantía.

32. El artículo 250 examinado alcanza a todos los trabajadores, como se advierte del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo que determina el régimen tradicional y el régimen de liquidación anual que trajo la Ley 50 de 1990. Tal norma distingue únicamente la forma de su liquidación, en el primero lo será al finalizar el contrato laboral, y en el restante cada año, con consignación a un Fondo de Cesantías y si el contrato termina antes de esa fecha el pago se hará en la liquidación del contrato. En ninguno de tales eventos el trabajador tiene libre disposición de dichos recursos, sino hasta que se configure alguna de las causales legales o, hasta que se termine la relación, mientras esto no ocurra las cesantías pueden ser sujetas a la sanción prevista en el referido artículo 250 del Estatuto del Trabajo.

33. Efectivamente dicho precepto alude a que el trabajador no tendrá derecho a su pago ante la comisión de las siguientes conductas: i) cuando cometa un acto delictuoso contra el empleador o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, o contra el personal directivo de la empresa; ii) cuando cause intencionalmente daño material grave contra los medios y lugar de trabajo y iii) cuando revele los secretos técnicos o comerciales, que le han sido confiados y de a conocer asuntos de carácter reservado, siempre que esto origine un perjuicio grave a la empresa. En todo caso, dicha disposición es clara en que el empleador puede retener el pago de las cesantías hasta que la justicia decida y, solo hasta que exista un pronunciamiento judicial en firme cesa su obligación de pago al trabajador por este concepto.

34. Cuando la Corte Constitucional conoció, en la Sentencia C-710 de 1996, el cargo por violación al debido proceso de la integridad del artículo, en el que se reprochaba que se permitiese al empleador potestativamente, y sin intervención de autoridad judicial, retener el pago de las cesantías, incluso afectando su posibilidad de ser parte civil dentro del proceso penal para exigir su resarcimiento, se consideró que dicha facultad es constitucional, pues no restringe la posibilidad de que un juez defina la controversia, tampoco le impide hacerse parte civil y reclamar perjuicios y, de ser absuelto el trabajador, el empleador está obligado a cancelar el rubro de cesantías.

35. De lo dicho previamente es claro entonces que la figura de pérdida de cesantías es excepcionalísima y debe ser interpretada con criterio restrictivo; que es necesario que respete el debido proceso de las y los trabajadores, de manera tal que la pérdida y, correlativamente, la exención de pago por parte del empleador solo se hará efectiva cuando la justicia lo defina. Así mismo que, como se verá a continuación, de acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia especializada, este rubro tiene un carácter reparador en favor de una de las dos partes de la relación jurídica, esto es el empleador siempre que se demuestre afectado.

36. Esta claridad es importante al resolver el cargo que nos ocupa, pues la disposición prevé la afectación al empleador incluso cuando el hecho tenga origen en el daño a un tercero. Esta es una de las mayores particularidades que incorpora el artículo 250 al establecer, en su literal a) que si el acto delictuoso no solo recae contra él o contra la directiva de su empresa, sino contra su familia procede la retención.

37. Y es particular justamente porque toda relación jurídica, en cualquier disciplina, tiene obligaciones correlativas frente a los contratantes y escapa, en principio, de las conductas que estos puedan realizar frente a terceros, máxime cuando estas puedan acarrear la pérdida de un derecho.

38. Ahora bien, sobre la extensión de las obligaciones jurídicas de las y los trabajadores, en la relación laboral, a terceros, esta Corte solo se ha ocupado en una oportunidad sobre dicho aspecto. En 1998, conoció de una demanda contra el numeral 3º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual regula las justas causas para terminar unilateralmente el contrato y le permite al empleador hacerlo cuando demuestre que el trabajador ha ejercicio un acto grave de violencia, injuria o malos tratos, fuera del servicio, entre otros, contra los miembros de su familia.

39. En la Sentencia C-299 de 1998, al resolver los cargos por violación de los preceptos 16, 20, 25 y 53 constitucionales, en los que se reprochaba, precisamente que exigir a cualquier trabajador obligaciones fuera de las previstas en el contrato y, además en un entorno distinto al lugar de trabajo interfería arbitrariamente en su autonomía e imponía un criterio excesivo de la subordinación afectando la dignidad y la propia prohibición contra la esclavitud, esta Corte desarrolló el concepto de obligaciones de las partes bajo la idea central del respeto y la lealtad mutua, y entendió que cuando existen relaciones de trabajo cercanas, de significativa importancia, es plausible sancionar con despido ante la comisión de dichas conductas de violencia, injuria o malos tratamientos, no así cuando no se encuentre frente a dichos supuestos,[14] y estableció que, por tanto “se debe determinar en cada caso particular y concreto si los ultrajes, insultos, ofensas, injurias, improperios o actos de violencia, en que incurre el trabajador son realmente graves y ameritan que el empleador tome la decisión de dar por terminado el contrato de trabajo. Por tanto, los hechos que dan lugar a la configuración de la causal referida deben ser analizados por el empleador en forma razonable, objetiva e imparcial y estar plenamente demostrados para evitar decisiones injustificadas que puedan perjudicar al trabajador.” También desarrolló una serie de reglas para garantizar el debido proceso al trabajador.

40. Justificó además que la causal se extendiera a actos infligidos a familiares del empleador bajo la tesis según la cual dicha disposición evita que algunos comportamientos del trabajador afecten el cumplimiento armónico y pacífico del contrato de trabajo.

41. Para la Sala Plena esta consideración es relevante, pues permite enmarcar este tipo de medidas en la búsqueda de la armonía laboral, y sobre esa base es que se otorga justificación al empleador para adoptar dichas determinaciones que le permiten terminar la relación laboral y, en algunos eventos excepcionales retener las cesantías de sus trabajadores.

42. Es decir, surge de la naturaleza del contenido normativo demandado, que este no asigna derechos a los familiares del empleador para reivindicar su reparación ante los hechos delictuosos cometidos en su contra por un trabajador, pues se trata de una medida que solo puede ejercer el empleador, quien es el llamado a la retención y que no implica que este no pueda constituirse como parte civil en un proceso penal. Así mismo podría comprenderse que su justificación es la de propiciar un ambiente laboral armónico.

43. Sin embargo, como el caso objeto de estudio se limita a establecer si el Legislador omitió otorgar un trato igual a la familia del empleador con parentesco civil, de aquella con parentesco consanguíneo, al regular la figura de las cesantías, particularmente la de pérdida cuando el trabajador realice actos delictuosos, es pertinente hacer la acotación de que no comprende cuestiones relativas a otros principios y derechos constitucionales que rigen los derechos del trabajo.

44. Así, esta Sala Plena circunscribe esta controversia constitucional a evaluar, exclusivamente en caso de encontrar apta la demanda, si la omisión de la norma, vulnera el derecho a la igualdad, y privilegia el origen familiar consanguíneo y no el parentesco civil, y no se ocupa en establecer si es constitucional la medida de pérdida de cesantías bajo otros parámetros.

45. En ese contexto, la Sala presentará jurisprudencia relacionada con el alcance de la norma, así como de contenidos normativos similares a efectos de comprender la finalidad del artículo examinado en esta ocasión.

46. En el año de 1974, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció sobre la retención del auxilio de cesantía efectuada por el Banco de Colombia a uno de sus trabajadores a quien habían despedido por abstenerse de reportar sumas de dinero en su labor como cajero. En esa ocasión el empleador presentó denuncia penal contra su ex trabajador por la conducta descrita. La Corte advirtió que el trabajador despedido por la comisión de un hecho delictuoso requiere aportar la sentencia absolutoria a efectos de reclamar el auxilio de cesantía retenido por el empleador.[15]

47. Por su parte, la Corte Constitucional como ya se mencionó en párrafos precedentes, en la Sentencia C-710 de 1996,[16] decidió que el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo es exequible en tanto no desconoce el derecho al debido proceso, siempre que se cuente con sentencia judicial previa de naturaleza penal para retener definitivamente el auxilio de cesantías. Adicionalmente, señaló el siguiente alcance de la norma: “Por otra parte, nada impide que el patrono se constituya en parte civil dentro del correspondiente proceso penal, o inicie ante la justicia ordinaria el correspondiente proceso, para el resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por la conducta del trabajador. No se entiende por qué los actores infieren que la norma acusada restringe los derechos que, como sujeto pasivo de las conductas delictivas descritas en la norma acusada, posee el empleador.”

48. Igualmente, resulta relevante relacionar la Sentencia C-398 de 2002,[17] en la que la Corte declaró inexequible el artículo 42 del Decreto Ley 1045 de 1978[18] que permitía la retención de cesantías a empleados públicos por faltas públicas que pudieran llegar a constituir determinados delitos, por exceso en las facultades extraordinarias. No obstante, la Sala señaló: “Tampoco es admisible la defensa de la norma demandada en el sentido de que ella exhibe un contenido de simple aplicación; sólo el inciso segundo tiene tal carácter pero remite necesariamente al contenido del inciso primero, norma esta sí eminentemente creadora de una sanción para los empleados públicos, para cuya expedición carecía el Presidente de la República de habilitación legislativa.”

49. En el año 2003, la Sala Laboral de la Corte Suprema conoció de un caso en el que se alegaba la justa causa para un despido de un trabajador (empleado del Banco Agrario) luego de aplicar la convención colectiva y a quien su empleador le había retenido el auxilio de cesantías, después del inicio de un proceso penal por peculado.[19] Si bien el régimen normativo aplicable era otro se cita en esta ocasión por su similitud, la Corte Suprema señaló que la retención de las cesantías estuvo mediada acertadamente por la facultad concedida por el literal f) del artículo 12 de la Ley 6ª de 1945.[20]

50. Por su parte, la Sección Segunda del Consejo de Estado,[21] dispuso denegar la pretensión de nulidad del inciso primero del artículo 3º del Decreto 2712 del 30 de diciembre de 1999, proferido por el Presidente de la República, entre otras razones al considerar que: “Resulta propio de los regímenes salariales y prestacionales, tales como los que establecen el Código Sustantivo del Trabajo o las normas que, como la acusada, se derivan de la Ley 4 de 1992, fijar normas que dejan en suspenso el pago del auxilio de cesantía hasta tanto se resuelva sobre la presunta comisión de hechos delictuosos por el empleado o trabajador. Constituye una medida razonable que se mantenga en suspenso el pago del auxilio de cesantía a determinados servidores públicos cuando haya elementos de juicio para creer que han cometido delitos contra la administración pública. La administración debe contar con medios para resarcir en algo la lesión producida a sus bienes, en caso de infracción penal, con mayor razón cuando el ejercicio de la facultad ocurre luego de haberse dictado medida de destitución por la comisión de faltas disciplinarias que puedan llegar a constituir delito contra la administración pública. Esto es, la administración adopta una medida sobre la base del agotamiento previo de un proceso disciplinario que, se entiende, ha sido adelantado con las garantías debidas. // Según el artículo 209 de la Constitución la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. // La norma cuestionada desarrolla este mandato constitucional y preserva los intereses generales frente a los actos de corrupción cometidos en el seno de la administración pública. Como buena parte de estos actos se relacionan con comportamientos que esquilman el erario se justifica que la administración cuente con medios para asegurar que parte de lo que le fue sustraído ilegalmente retorne a su patrimonio. La cuestión, en suma, podría formularse de la siguiente manera: si el patrono del sector privado cuenta con los medios para retener el pago del auxilio de cesantía, bajo determinadas hipótesis, con mayor razón debe gozar de ellos el Estado empleador pues en su caso se trata de proteger el patrimonio colectivo. Es más al empleador estatal no sólo le asiste el derecho a defender el erario sino que al hacerlo atiende al cumplimiento de un deber pues la función administrativa debe desarrollarse con arreglo al principio de moralidad.” (Destacado fuera del texto).

51. Luego, en el año 2006, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estudió la retención del auxilio de cesantía efectuada por el Instituto de Fomento Industrial a un trabajador que había sido despedido por presuntas irregularidades en su labor de operario de báscula. La Sala concluyó que la retención no ha debido tener lugar porque ni siquiera hubo denuncia en contra del ex trabajador y la consignación de las cesantías, en un título judicial, se realizó dos años después de terminada la relación laboral.[22]

52. Finalmente, en el 2015, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia debatió la cancelación de la indemnización moratoria por el no pago oportuno del auxilio de cesantías de un trabajador a quien se condenó penalmente por delitos cometidos contra su empleador (el Instituto de Seguros Sociales).[23] La Sala concluyó que la retención del auxilio a la cesantías no era una sanción, sino que bajo una interpretación razonable, la retención de las cesantías tenía como finalidad un eventual resarcimiento al empleador por los delitos cometidos.[24]

53. Del análisis previo, la Sala reitera el carácter prestacional del auxilio de cesantía. Lo excepcional del contenido del artículo demandado es que faculta al empleador para retener el auxilio de cesantía cuando el contrato termina fundado en la ocurrencia de actos delictuosos cometidos en su contra, o en la del personal directivo de la empresa o contra sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, y se hace efectiva, una vez exista un pronunciamiento definitivo en la justicia penal. Esto, de acuerdo con la jurisprudencia tendría como finalidad asegurar un monto para un eventual resarcimiento del empleador si existe condena penal en firme contra el trabajador. De modo que, en este contexto, para la Sala es importante recordar que en esta oportunidad se cuestiona que la norma no incluya entre los familiares respecto de los cuales se pueden cometer los delitos que dan lugar a la retención del auxilio de cesantía, a los parientes civiles del empleador.

    2.3 Ineptitud sustantiva de la demanda. Falta de especificidad y suficiencia en el cargo por omisión legislativa relativa

54. La Corte se inhibirá de realizar un pronunciamiento de fondo porque la demanda carece de los requisitos de especificidad y suficiencia que exige el cargo por omisión legislativa relativa. En concreto, al tratarse de una norma cuyo contenido refiere la retención del auxilio de cesantías bajo determinadas circunstancias es exigible una carga argumentativa cualificada que justifique una comprensión integral de la norma que no resulte inconstitucional.

55. El demandante solicita a la Corte declarar condicionalmente exequible el literal a) del numeral 1 del artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo bajo el entendido de que la causal también comprende todo acto delictuoso cometido contra los parientes del empleador dentro del segundo grado civil. En su concepto, se presenta una omisión legislativa relativa que excluye al parentesco civil como causal de la pérdida del auxilio de cesantía cuando la terminación del vínculo laboral estuvo medidado por un acto delictivo en contra del empleador o sus parientes consanguíneos o afines, lo que constituye una violación de los artículos 5, 13 y 42 de la Constitución Política.

56. Al respecto, la Corte ha sido enfática en reiterar que carece de competencia para pronunciarse sobre omisiones legislativas absolutas, por tanto, de forma excepcional puede encontrar que el Legislador incumplió parcialmente o de forma insuficiente el mandato constitucional y encontrarse frente a una omisión legislativa relativa que subsanar.[25] En esta oportunidad, aunque el demandante presenta una argumentación encaminada a demostrar los requisitos para configurar una omisión legislativa relativa, lo cierto es que sus planteamientos no son específicos ni suficientes.

57. La ausencia de especificidad se evidencia en que la demanda no explicó por qué resulta constitucional incluir un ingrediente normativo que produce un efecto negativo en el trabajador al que le retienen las cesantías. En efecto, en casos como el examinado, la demanda debe señalar las razones por las cuales la regla cuya ampliación se pretende no plantea -al menos de forma preliminar- un problema de constitucionalidad.

58. El artículo demandado faculta al empleador para retener el auxilio de cesantía cuando el contrato finalizó por la ocurrencia de actos delictuosos cometidos contra él o su familia, una vez exista un pronunciamiento definitivo en la justicia penal. Esto, como se explicó en el alcance normativo y jurisprudencial de la norma, tendría como finalidad asegurar un monto para un eventual resarcimiento al empleador si existe condena penal en firme contra el trabajador. No obstante, la jurisprudencia constitucional[26] ha sostenido, en múltiples oportunidades, que no existe la posibilidad de identificar las razones por las cuales el Legislador incorporó las medidas laborales al Código Sustantivo del Trabajo. Esto lo ha explicado con fundamento en que fue dictado en Estado de Sitio, a través de un decreto legislativo, que se volvió permanente por el artículo 1º de la Ley 141 de 1961, el cual tampoco hizo referencia a las razones para justificar su contenido.

59. De modo que, correspondía al demandante especificar por qué el elemento normativo que pretende incorporar a la norma, no riñe con el derecho del trabajador de acceder a la prestación social una vez finalizada la relación laboral. Esta línea de argumentación, exige una lectura integral de la norma censurada y no solo una aproximación a partir de la discriminación por el origen familiar.

60. En lo relacionado con el requisito de suficiencia, la Sala advierte que no basta con crear una duda inicial de constitucionalidad, como en este caso, respecto de la discriminación por el origen familiar, sino que se requiere argumentar por qué incluyendo el factor omitido, la disposición sería armónica con la Constitución, cuando se podría ampliar una disposición que contiene una restricción respecto a la retención de las cesantías del trabajador.

61. Lo anterior es relevante al momento de evaluar la medida demandada, pues no se puede advertir qué motivó al Legislador a determinar que la pérdida de las cesantías también se generaba cuando el acto delictuoso se llevara a cabo contra los miembros de la familia del empleador, específicamente con quienes tiene parentesco dentro del primer grado de afinidad y segundo de consanguinidad y por qué no debían incluirse allí a los hijos o hermanos adoptivos. No obstante, el planteamiento de un cargo por omisión legislativa relativa exige fundamentar la omisión en los términos mencionados y no simplemente circunscribir el análisis a la discriminación por origen familiar.

62. Por lo tanto, el cargo propuesto carece de aptitud que habilite un pronunciamiento de fondo, y por tanto, la Sala Plena se inhibirá en relación con el cargo formulado por omisión legislativa relativa, contra la expresión “o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y primero en afinidad”, contenida en el literal a) del numeral 1 del artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo.

3. Síntesis de la decisión

63. La Corte examinó la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el literal a) del numeral 1 del artículo 250 de la Código Sustantivo del Trabajo, por desconocer los artículos 5, 13 y 42 de la Constitución Política, bajo el esquema de una omisión legislativa relativa que excluye de la causal a los parientes civiles.

64. Luego de establecer el alcance normativo y jurisprudencial de la norma, al estudiar la aptitud de la demanda, la Corte encontró que no se cumplía con los requisitos de especificidad y suficiencia que exige un cargo por omisión legislativa relativa. Sobre la especificidad advirtió que la demanda no explicó por qué el ingrediente normativo que pretende incorporar a la norma, no riñe con el derecho del trabajador de acceder al auxilio de cesantías una vez finalizada la relación laboral. En lo relacionado con el requisito de suficiencia advirtió que no basta con crear una duda inicial de constitucionalidad, como en este caso, respecto de la discriminación por el origen familiar, sino que se requiere argumentar por qué incluyendo el factor omitido, la disposición sería armónica con la Constitución, cuando se podría ampliar una disposición que contiene una restricción respecto a la retención de las cesantías del trabajador.

65. En consecuencia, la Sala Plena concluyó que el cargo formulado era inepto, y por tanto, procedía la inhibición.

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,