Auto nº 1885/23 de Corte Constitucional, 15 de Agosto de 2023 - Jurisprudencia - VLEX 945617456

Auto nº 1885/23 de Corte Constitucional, 15 de Agosto de 2023

PonenteNatalia Ángel Cabo
Fecha de Resolución15 de Agosto de 2023
EmisorCorte Constitucional
ExpedienteCJU-3629

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

AUTO 1885 DE 2023

Referencia: expediente CJU-3629.

Conflicto de jurisdicciones suscitado entre el Juzgado 45 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá.

Magistrada ponente:

Natalia Ángel Cabo

Bogotá, D.C., quince (15) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista en el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente:

AUTO.

I. ANTECEDENTES

  1. El 26 de septiembre de 2018, mediante apoderado, el señor R.S.M. presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones 00944 del 5 de abril de 2018 y 2771 del 18 de julio del mismo año, expedidas por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). Mediante dichos actos administrativos se ordenó el cobro coactivo, y se resolvió un recurso de reposición, en contra del señor S. por reclamaciones reconocidas por el FOSYGA, hoy ADRES, por concepto de un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un vehículo de propiedad del demandante, el cual no contaba con SOAT.

  2. El asunto correspondió originalmente al Juzgado 45 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, el cual, mediante auto del 31 de enero de 2019[1], declaró su falta de competencia para conocer del asunto y ordenó su remisión a los juzgados administrativos del circuito de Bogotá – Sección Cuarta. El juzgado alegó que los juzgados administrativos del circuito de Bogotá están divididos por secciones, así como está dividido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. De ahí que, conforme con el artículo 101 del Código Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), el artículo 18 del Decreto 2288 de 1989 y el artículo 5 del Acuerdo PSAA-06-3501 de 2006, considera que el conocimiento de estos asuntos sobre jurisdicción coactiva está encargado a los jueces que hacen parte de la sección cuarta.

  3. El asunto fue entonces repartido al Juzgado 40 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, el cual, mediante auto del 31 de julio de 2019[2], declaró su falta de competencia para conocer del asunto y propuso un conflicto negativo de competencias ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. La autoridad judicial argumentó que el asunto se trataba de un procedimiento de recobro de recursos del FOSYGA y no un proceso coactivo, por lo cual correspondía a los juzgados administrativos de la sección primera.

  4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 16 de septiembre de 2019[3], resolvió el conflicto de competencias en el sentido de determinar que correspondía al Juzgado 45 Administrativo de Bogotá conocer del asunto. El tribunal argumentó que le correspondía a esta autoridad el conocimiento de la demanda, por tratarse de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el cual se pretende la nulidad de actos administrativos mediante los cuales la parte demandada ordenó el cobro coactivo contra un ciudadano, por indemnizaciones reconocidas por concepto de un accidente de tránsito en el que se incumplió la obligación de contar con el SOAT vigente.

  5. Una vez el asunto fue devuelto al Juzgado 45 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, tras admitir la demanda, la autoridad judicial declaró su falta de jurisdicción para conocer del caso, mediante auto del 17 de septiembre de 2021[4]. El juzgado planteó que el asunto debía ser conocido por los juzgados laborales de Bogotá, ya que se trataba de un reclamo ante una administradora del Sistema General de Salud y Seguridad Social y porque la indemnización por muerte y gastos funerarios se encuentra regulada en el Decreto 780 de 2016, el cual fue expedido en virtud de la Ley 100 de 1993. Como sustento, la autoridad judicial citó el artículo 2.4 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS) y la sentencia C-1027 de 2002.

  6. Contra esta decisión, la ADRES interpuso recurso de reposición, el cual no fue concedido por el Juzgado 45 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá[5].

  7. Así las cosas, el asunto fue repartido al Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá el cual, mediante auto del 3 de febrero de 2023[6], declaró su falta de competencia y propuso conflicto negativo de jurisdicción ante la Corte Constitucional. La autoridad judicial argumentó que, conforme al artículo 104 del CPACA, a la jurisprudencia del Consejo de Estado[7] y al auto 361 de 2021, le corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las demandas contra actos administrativos.

  8. Allegado el conflicto a la Corte, el asunto fue repartido al despacho de la magistrada ponente el 5 de julio de 2023[8], y el expediente fue allegado a su despacho el 7 del mismo mes y año[9].

II. CONSIDERACIONES

Competencia

  1. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de acuerdo con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015[10].

    Presupuestos para la configuración de un conflicto de jurisdicciones

  2. Este Tribunal ha establecido que los conflictos de jurisdicciones se presentan cuando “dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[11].

  3. Adicionalmente, en el auto 155 de 2019, la Corte Constitucional precisó los tres presupuestos que se requieren para que se configure un conflicto de jurisdicciones, a saber. El subjetivo, que se refiere a que la controversia sea suscitada por, al menos, dos autoridades que administren justicia, que pertenezcan a diferentes jurisdicciones y que rechacen o reclamen la competencia para conocer el asunto[12]. El objetivo, que implica que exista una causa judicial sobre la cual se suscite la controversia. Por ejemplo, que efectivamente esté en desarrollo un proceso, incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional[13]. El normativo, el cual requiere que las autoridades involucradas en el conflicto hayan manifestado expresamente los motivos constitucionales o legales por los cuales se consideran competentes o no para conocer la causa[14].

  4. En este caso se suscita un conflicto de jurisdicciones, ya que se cumplen los tres presupuestos para su configuración. En primer lugar, la controversia fue originada entre dos autoridades que administran justicia y pertenecen a diferentes jurisdicciones: la ordinaria, representada por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá; y la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada por el Juzgado 45 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá. En segundo lugar, la controversia gira en torno a la acción presentada por el señor R.S.M. en contra de resoluciones emitidas por la ADRES, por lo tanto, se acredita la existencia de un trámite de naturaleza jurisdiccional. Finalmente, las autoridades en conflicto argumentaron, mediante sustento legal y jurisprudencial, su falta de competencia para conocer del asunto: por un lado, el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá sustentó su decisión en jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, así como en el artículo 104 del CPACA. Por el otro lado, el Juzgado 45 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá respaldó su decisión en el artículo 2.4 del CPTSS y en jurisprudencia de la Corte Constitucional.

    Competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos proferidos en el trámite de un cobro coactivo. Reiteración del auto 023 de 2023

  5. En el auto 023 de 2023, la Corte Constitucional resolvió un conflicto de jurisdicciones entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, en torno a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso un ciudadano en contra de unas resoluciones que emitió Colpensiones en el trámite de un cobro coactivo. En esta oportunidad, se estableció la siguiente regla de decisión: “[e]n los procesos en los que se solicite la nulidad de actos administrativos proferidos al interior del trámite del proceso de cobro coactivo adelantado por una entidad pública, la competencia recaerá en la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]”[15].

  6. Para llegar a esta regla, se analizaron varias normas desde una lectura armónica y sistemática de los artículos 5° de la Ley 1066 de 2006, 835 del Estatuto Tributario y 101, 104 inciso primero y 138 de la Ley 1437 de 2011. A partir de estas, se concluyó que el procedimiento de cobro coactivo se trata de un asunto sujeto al derecho administrativo, por lo cual la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a resolver las controversias que puedan surgir en torno a este. En consecuencia, los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho de actos proferidos en virtud del mencionado proceso administrativo deberán ser conocidos igualmente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Caso concreto

  1. El presente conflicto de jurisdicciones gira en torno a una acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por un ciudadano en contra de resoluciones emitidas por la ADRES, entidad pública, en el trámite de un proceso de cobro coactivo. Así las cosas, los supuestos de hecho encajan perfectamente en la regla de decisión establecida en el auto 023 de 2023.

  2. Así, como se concluyó en aquella ocasión, la discusión gira en torno a la legalidad de un acto administrativo emitido en el contexto de un trámite de cobro coactivo adelantado por una entidad pública y no se enmarca propiamente en una discusión sobre la seguridad social.

  3. En consecuencia, se dirimirá el presente conflicto de jurisdicciones en el sentido de declarar que el Juzgado 45 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, es el competente para conocer de la demanda presentada por el señor R.S.M. en contra de la ADRES.

Regla de decisión: “[e]n los procesos en los que se solicite la nulidad de actos administrativos proferidos al interior del trámite del proceso de cobro coactivo adelantado por una entidad pública, la competencia recaerá en la Jurisdicción Contencioso Administrativa de conformidad con el entendimiento armónico y sistemático de los artículos 5° de la Ley 1066 de 2006, 835 del Estatuto Tributario y 101, 104 inciso primero y 138 de la Ley 1437 de 2011[16].

III. DECISIÓN

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre Juzgado 45 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 45 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá es la autoridad competente para conocer de la acción interpuesta por el señor R.S.M. en contra de las resoluciones 00944 del 5 de abril de 2018 y 2771 del 18 de julio del mismo año, expedidas por la ADRES.

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-3629 al Juzgado 45 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, para que proceda con lo de su competencia y para que comunique la presente providencia a los interesados.

N., comuníquese y cúmplase.

DIANA FAJARDO RIVERA

Presidenta

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Magistrado

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

[1] Expediente digital, documento: “06AutoDeclaraFaltaCompetencia”.

[2] Expediente digital, documento: “10AutoProponeConflicto”.

[3] Expediente digital, documento: “CuadernoTacDirime413”, folios 13 a 20.

[4] Expediente digital, documento: “23AutoRemitePorCompetencia”.

[5] Expediente digital, documento: “27AutoNoRepone”.

[6] Expediente digital, documento: “02AutoRemiteHCorte20230203”.

[7] El juzgado no citó providencia particular alguna.

[8] Expediente digital, documento “03CJU-3629 Constancia de Reparto”.

[9] Ibidem.

[10] “ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […] || 11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.

[11] Autos 041 de 2021, 328 de 2019, 452 de 2019 y 608 de 2019, entre otros.

[12] Auto 155 de 2019.

[13] Ibídem.

[14] Ibídem.

[15] Auto 023 de 2023.

[16] Auto 023 de 2023.

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