El acceso a una justicia diferencial. La situación de población en vulnerabilidad socioeconómica en Cali - Núm. 154, Diciembre 2012 - Estudios de Derecho - Libros y Revistas - VLEX 492746590

El acceso a una justicia diferencial. La situación de población en vulnerabilidad socioeconómica en Cali

AutorDiana Patricia Quintero M./Gabriela Recalde C./Juan Fernando Urriago G.
CargoAbogada de la Universidad Libre de Cali/Abogada de la Universidad Icesi/Abogado de la Universidad Icesi
Páginas75-97

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Introducción

A finales de 2009 el GAPI tuvo conocimiento de una serie de circunstancias que limitaban el acceso a la justicia de la población en vulnerabilidad socioeconómica atendida por los estudiantes de Derecho vinculados a los consultorios jurídicos de la ciudad de Cali, específicamente aquellas circunstancias relacionadas con prácticas cotidianas de los jueces que eran percibidas por los usuarios como violatorias de su derecho de acceso a la justicia.

En respuesta a esta inquietud se decidió crear una veeduría ciudadana integrada por estudiantes y profesores vinculados a esta clínica jurídica, cuyo trabajo consistió en examinar las condiciones para la realización del derecho de acceso a la justicia en los casos de los procesos tramitados mediante los consultorios jurídicos de 6 Facultades de Derecho de Cali. Las veedurías desarrollan lo previsto en el artículo 270 de la Constitución en tanto permiten el control del poder político por parte de los ciudadanos, y el cumplimiento del principio de publicidad de la función administrativa (Sentencia T-596, 2002 M.P. Manuel José Cepeda E.). Se optó por esta figura por tratarse de una herramienta a través de la cual es posible investigar con fines de control ciudadano circunstancias de relevancia jurídica, que al mismo tiempo resultan valiosas para el estudio académico, en el marco de una investigación exploratoria. En el desarrollo de la veeduría se entrevistaron a 31 asesores de los consultorios jurídicos de las Universidades Javeriana, Cooperativa de Colombia, Santiago de Cali, San Buenaventura, Libre y la Universidad Icesi. A partir de esta información se identificaron aquellos procesos de Derecho de Familia, Civil y Laboral en los que los usuarios experimentaron la presencia de barreras para su acceso a la justicia; y se revisaron los expedientes internos de los consultorios, lo que permitió identificar 21 juzgados de las 3 especialidades, en los que se presentaban las dificultades mencionadas en las 31 entrevistas. Se diseñó posteriormente una encuesta, cuyo propósito fue conocer las apreciaciones de estos jueces con respecto a los problemas observados en el funcionamiento de sus despachos y sus posibles causas. De los 21 juzgados identificados, 16 accedieron a diligenciar la encuesta: 6 de Familia, 6 Civiles Municipales y 4 Laborales del Circuito. Tanto a jueces como a abogados asesores se les preguntó acerca del impacto de las dificultades sobre las garantías del debido proceso; también fueron indagados acerca de

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su percepción sobre la prestación del servicio de justicia después del atentado al palacio de justicia, ocurrido en septiembre de 2008.

Con la información obtenida se hizo un estudio comparativo de resultados, y los problemas hallados fueron clasificados en dos grupos: subjetivos y objetivos o estructurales. También se identificaron posibles acciones para el mejoramiento del servicio de justicia prestado a uno de los grupos poblacionales más vulnerables de la ciudad. Los datos recolectados nos permitieron conocer diversas descripciones y explicaciones de los problemas que dificultan el acceso a la justicia y la atención integral y eficaz de los usuarios de consultorios jurídicos. A partir de este acercamiento se identificaron aquellas prácticas del quehacer cotidiano de los jueces y las situaciones estructurales de la justicia local que a juicio de los asesores entrevistados, y desde el resultado de la encuesta a los jueces, constituyen vulneraciones o amenazas del derecho a la tutela judicial efectiva de la población de escasos recursos económicos, específicamente, de quienes tramitan sus asuntos a través de los consultorios jurídicos universitarios. Como prácticas cotidianas se clasificaron aquellas relacionadas con los modos de atención a los usuarios del servicio y los procedimientos de los funcionarios de los despachos frente al trámite de los procesos (Manzanos, 2003). Los factores objetivos o estructurales se refieren a las condiciones de infraestructura y organización en que funcionan los despachos judiciales de la ciudad.

Este artículo consta de cuatro secciones; en la primera se describe el contexto nacional y local del caso que dio origen a la veeduría ciudadana, incluyendo las principales condiciones o factores objetivos en que opera la justicia en Cali. Enla segunda sección se presenta el marco jurisprudencial definitorio del derecho de acceso a la justicia y en la tercera se describen y analizan los resultados de la investigación exploratoria, cuyos datos reflejan la existencia de problemas subjetivos en la justicia local, para los que se proponen algunas conclusiones y recomendaciones en la cuarta y última sección. El propósito de estas es contribuir a la garantía efectiva del derecho de acceso a la justicia de la población socioeconómicamente vulnerable de la ciudad de Cali. A pesar de su alcance local, estas reflexiones pueden resultar igualmente ilustrativas para el análisis de los problemas de la administración de justicia de todo el país.

1. Contexto nacional y local de la administración de justicia

La denuncia sobre la crisis de la justicia en Colombia es un lugar común cada vez más visible en los medios de comunicación y en las discusiones académicas realizadas en torno al Derecho y a la vida institucional colombiana desde comienzos de la década de los 80. Es cierto que durante el gobierno liberal de César Gaviria

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se realizaron ajustes estructurales a la rama judicial, en respuesta a las demandas de mayor eficiencia formuladas en las orillas teóricas de desarrollo económico en auge en ese momento (Quintero, 2005). A lo largo de los ochos años del gobierno de Álvaro Uribe se intentó en reiteradas ocasiones, sin éxito, la realización de una reforma estructural a la justicia,1y desde el primer año de mandato de Juan Manuel Santos se revivió el debate sobre la crisis estructural y del funcionamiento de la justicia colombiana y la necesidad de su reforma. El 4 de agosto de 2011, su Ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, presentó ante el legislativo un proyecto de reforma con el propósito de fortalecer la seguridad jurídica, ampliar el acceso y superar la descongestión del aparato judicial, optimizar la gerencia y el manejo de la rama, y reformar algunos aspectos institucionales (Vargas Ll. G., 2012), que se archivó a mediados del 2012 por objeción del Presidente, a pesar de haber cursado los ocho debates requeridos en el Congreso para la aprobación de una reforma constitucional.2Una característica común a los estos proyectos de reforma fracasados ha sido su pretensión de ofrecer una mirada estructural de la rama judicial y de concentrarse por tanto en los aspectos objetivos de su funcionamiento, más que en las prácticas cotidianas de los funcionarios judiciales encargados de la administración de justicia. Esto se entiende por el impacto negativo que los factores objetivos pro-

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blemáticos ejercen en el funcionamiento de la justicia y por su mayor visibilidad. Las prácticas por su parte, no necesariamente coinciden o están coordinadas con las transformaciones de las instituciones o con las disposiciones regulatorias, ya que en buena medida reflejan las capacidades, las perspectivas o las creencias de los funcionarios sobre cómo deben realizar o desarrollar su quehacer cotidiano. Las prácticas que se ven envueltas en la rutina o inercia del trabajo cotidiano evidencian al mismo tiempo formas de ver al usuario, de reconocerlo como igual o como diferente. Por lo tanto, para comprender desde una visión más compleja y global la administración de justicia, es necesario indagar sobre estas prácticas rutinarias, y las creencias de los funcionarios judiciales que éstas dejan entrever o ponen de manifiesto. También sería importante indagar hasta dónde, en ciertos casos, de lo que se trata es de problemas administrativos o de gestión; lo que requeriría un tipo de enfoque más propio de administradores públicos que de abogados.

A pesar de no tratarse de un panorama novedoso en el debate público, la visibilidad dada a las condiciones objetivas o estructurales contribuye a minimizar los problemas ligados a las concepciones y visiones de los operadores de la justicia sobre su trabajo y sobre los usuarios a los que estos sirven. En ocasiones estas percepciones se materializan como barreras para aquellos que requieren el servicio público, que se hacen más gravosas para un usuario perteneciente a un estrato socioeconómico bajo, representado por un estudiante de consultorio jurídico, para quien las dilaciones representan una inversión en transporte, tiempo y esfuerzo altamente significativo.

La veeduría judicial se realizó en el Municipio de Santiago de Cali, una de las principales ciudades del país y de su zona suroccidental. En el año 2010, el Departamento Administrativo de Planeación calculó la población de la ciudad en 2.244.536 habitantes,3de los cuales 2.208.086 corresponden a habitantes de las 22 comunas de la zona urbana y 36.450 a población rural ubicada en 15 corregimientos. Esta estimación podría ser mayor, si se considera su condición de capital del departamento del Valle y de punto de referencia para los pobladores provenientes de otros...

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