Acción de cumplimiento y deberes de gasto - Núm. 148, Diciembre 2009 - Revista Estudios de Derecho - Libros y Revistas - VLEX 745735373

Acción de cumplimiento y deberes de gasto

AutorAdriana María Restrepo Ospina
CargoProfesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia
Páginas201-227
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y DEBERES DE GASTO
Adriana María Restrepo Ospina**
RESUMEN
La acción de cumplimiento busca obligar a las autoridades que se niegan a cumplir las leyes y
actos administrativos hacerlo. Esto es importante dadas las particulares atribuciones de poder
público que desempeña el Estado. El artículo 87 de la Constitución regula esta figura, y la Ley
393 de 1997 la desarrolla. Ésta, en el parágrafo de su artículo 9, establece la improcedencia de
dicha acción frente a normas que establezcan gasto. La Corte Constitucional consideró ajustada a
la Constitución tal restricción y el Consejo de Estado, en algunas de sus providencias, ha sostenido
que, por limitar un mandato constitucional, la misma sólo procede frente a normas que ordenen
la inclusión de nuevos gastos en el presupuesto, pues estando apropiados y con certificados de
disponibilidad y registro presupuestal, la entidad ya no tiene discrecionalidad para decidir el
gasto. Por tal debate, y dado el consenso sobre la existencia de potestades discrecionales en
materia presupuestal, es necesario un análisis detallado tendiente a delimitar su marco normativo,
especialmente en materia de gasto público.
Palabras clave: Estado de Derecho, obligaciones estatales, cumplimiento de las normas jurídicas,
Acción de Cumplimiento, potestades discrecionales.
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO*** AND OBLIGATIONS OF EXPENDITURE
ABSTRACT
Acción de cumplimiento looks for force to the authorities who refuse to obey the laws and
administrative acts to do it. This is important considering the particulars attributions of public
power. The article 87 of the Constitution regulates this concept, and the Law 393 of 1997
develops it. In the paragraph of its article 9; it establishes the impossibility of application of
the said action when it comes about norms that establish expenses. The Constitutional Court
considered in accordance to the Constitution such restriction and the State Council****, in some
of its decisions, has supported that, because it limits a constitutional norm, this is admissible
only if it comes about norms that order the inclusion of new expenses in the budget, because
being appropriated and with availability certificates and budgetary register, the entity doesn´t
have discretionary to decide the expense. Because such a debate, and given the consensus about
the existence of discretionary authority in budgetary subject, it is necessary a detailed analysis
aiming to delimit its normative framework, especially in public expensive subject.
Keywords: Rule of law, States obligations, compliance of the legal norms, Acción de
Cumplimiento, discretionary authority.
** Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.
*** The “acción de cumplimiento” is a special type of action in Colombia, in which somebody can ask to the
Judge to order the execution of a law or an administrative act. Look at the article 87 of the Colombian
Constitution.
**** This is the name that receives one of the high courts in Colombia, which is the organ that resolves conicts
about the public function.
Estudios de Derecho -Estud. Derecho- Vol. LXVI. Nº 148, Diciembre 2009.
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Antioquia. Medellín. Colombia
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y DEBERES DE GASTO
INTRODUCCIÓN
En épocas como la actual, cuando la discusión sobre las obligaciones de las
autoridades públicas parece estar determinada teórica e históricamente de forma
clara desde hace más de 200 años, hablar de la acción de cumplimiento aparece
como una tarea inocua, pues parece obvio que la obligación de cumplimiento de las
normas jurídicas por parte del Estado es un imperativo histórico superado, gracias a
la implementación en occidente de los denominados “Estados de Derecho”, luego
mutados a Estados Constitucionales, o Sociales de Derecho, tal como sucede en
Colombia con la Carta constitucional de 1991.
Sobre el Estado de Derecho parece haberse ya dicho bastante. Que el principio de
legalidad es el instrumento mediante el cual se materializa, y que a través de él los
agentes del poder público deben ajustar sus actuaciones a los mandatos del derecho.
Y, en este contexto, que la acción de cumplimiento se inserta como mecanismo
jurisdiccional necesario para hacer efectivos los mandatos de la ley y de los actos
administrativos.
Si a esto se le suma un cierto consenso sobre el postulado según el cual la acción
de cumplimiento ha perdido toda su ecacia material, gracias a las interpretaciones
hechas por las Altas Cortes al parágrafo del artículo 9 de la ley que la regula, parece
aún más innecesario abordar como problema de investigación jurídica tal gura.
Sin embargo, y precisamente a la luz de esos acontecimientos, se hace necesario
replantear tal acción, al menos desde dos puntos de vista: uno teórico-losóco,
que permita ubicarla en un contexto justicativo y teórico jurídico. Otro práctico,
que posibilite una revisión detallada de los usos que las Altas Cortes le han dado
en el país y de las principales líneas argumentativas en que los sustentan.
1. ESTADO DE DERECHO Y ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
La premisa máxima con la cual surge el concepto moderno de Estado, consiste en
el compromiso de sometimiento de todos los sujetos del Estado a la normatividad
jurídica. Exigencia dirigida, principalmente, a someter a las autoridades al impe-

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