Acción de pérdida de investidura
| Páginas | 46-48 |
46 JFACE T
A
URÍDIC
El carácter relativo o sui generis de la fuerza vinculant e de los prece-
dentes se proyecta igualmente en su relación con las aut oridades adminis-
trativas. Aun cuando ést as también se encuentran sometidas a las reglas
-
troversia “en cuanto esto (i) garantiza la ce rteza por parte de los sujetos,
partes y ciudad anos en relación con la ley y la jurisprudencia, (ii) asegura
una interpret ación y aplicación consistente y uniforme de las m ismas, (iii)
lo cual a su vez promueve la estabilidad social, la cert eza, la seguridad
jurídica, y la igualda d, evitando la arbitrariedad por pa rte de las autoridades
el ámbito judicial, con una motivación adecuada res ulte legítimo que las
autoridades adm inistrativas puedan apar tarse de los precedentes.
Bajo estas condiciones, es claro que una de las cara cterísticas funda-
mentales de los precedentes en ta nto que reglas de derecho, además de tener
origen judicial, ser un subproducto de u n método de decisión casuístico y de
carecer formalmente de u na estructur a canónica (lo que las priva ab initio de
un supuesto de hecho predeter minado que haga posible su generalización o
extensión a nuevos supuestos), es la posibilidad de ser objeto de apartamiento
propio juez que lo dictó). Lo anterior, sin contar con las múltiples operaciones
o técnicas de que son susceptibles los precede ntes para eliminar (p. ej. la
consideración de dictum de lo que se tenía por ratio -di ctumizing-), debilitar
(p. ej. la minimiza ción de la ratio -undermining-, la difamación de la ratio o
perincuriaming-, la anacroniza ción de la ratio
quondaming-) o fortalecer
(p. ej. su adorno para que se vea mejor de lo que en realidad es -ga rnishing-,
o su entrelazamiento par a que parezca ligada a un conjunto de precedentes
que conforman una sólida lí nea jurisprudencial -napping-) la autoridad de
una regla jurispr udencial, y que resultan legítimas en vi rtud de su especial
maleabilidad al momento de su aplicación”. (Cfr. Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 13 octubre de 2016,
Rad. 11001-03-24-000 -2013-00257-00, C.S. Dr. Gu illermo Vargas Ayala).
Acción de pérdida de investidura
Característicasydiferencia
de la acción de pérdida de investidura f ue el artí-
un propósito moralizador, perm itía despojar de la
investidura a los congresistas cu ando incurrieran
en violación al régimen de incompatibilidades o
un período
legislativo faltaren a ocho sesiones plenarias sin
El conocimiento de la nueva acción se atri-
alcanzó a conocer ning ún proceso de esta natu-
raleza, porque la reforma constitu cional no tuvo
Justicia la declaró inexequible.
mencionada institución al inc orporar la acción de
-
de los procesos que se presentaron en ejercicio
de la acción de pérdida de la investidura por la
constitucional, al considerar que en e ste evento,
-
za vinculante sin necesida d de la intermediación
regulación legal para su efectividad.
“Por la cual se establece el procedimiento
de pérdida de la investidura de los cong resis-
ta s”
vigor la acción constitucional. Esta normat iva se
-
blecieron que la acción de pérdida de investidura
igualmente procedía cont ra diputados, concejales
municipales y distrita les, y los miembros de las
juntas administradoras locales.
Sin embargo, en otras normas con stituciona-
les también fueron consagr adas causales para la
procedencia de la pérdida de investidur a, razón
por la que el análisis de estas debe hace rse a partir
de una lectura i ntegral del texto constitucional.
-
la procedencia de la pérdida de la investidur a.
“Por la cual se establece
el procedimiento de pérdida de la invest idura de
la investidura de los congresista s”, mediante la
En términos genera les, la acción de pérdida
proceso jurisdiccional sancionator io, pues hace
parte del jus puniendi del Estado y, a diferencia de
los procesos sancionatorios admi nistrativos, es
-
nistrativo- con fu ndamento en el procedimien-
to establecido por el legislador el que impone la
sanción.
De propósito ético, en tanto las causales idea-
-
zado de conducta, que tiene por objeto reprocha r
y sancionar conductas contra rias a la dignidad del
cargo que ejercen los representantes del pueblo.
Dignidad que surge por el hecho del voto ciuda-
dano y que enaltece el principio de represe ntación
democrática.
A partir de la positivi zación de las conduc-
tas objeto de reproche, ha de entenderse que el
juez de la pérdida de la investidura debe ju zgar
si determinado comp ortamiento de quien osten-
ta la representación popular se ajust a a lo que el
miembros de las corporaciones públicas del orden
territorial- e speran de él. Dicho de otro modo,
el ordenamiento tiene la expectativa de que los
representantes del pueblo ejerzan sus f unciones
-
cuencia, no incurr an en las causales de pérdida
de investidura.
El hecho de que existan de forma positiviza da
las conductas objeto de reproche, impide que el
juez de la pérdida de investidura pretend a hacer
juicios subjetivos de carácter moral. La valora-
en que decidió plasmar determ inadas conductas
como lesivas de la dignidad y del principio de
representación, en que se fu nda la democracia
misma.
en la dignidad que le impr ime a los miembros de
los cuerpos colegiados el mandato otorgado en
las urnas, es de cir, en aras de proteger la legiti-
midad de la democracia.
El juez de la pérdida de investidura, entonce s,
debe determina r si el demandado, con su con-
ducta, lesionó la dignidad del cargo que ostent a
y el principio de representación, a par tir del aná-
-
tituyente. Son causales que imponen deberes y
restricciones comport amentales a los aspirantes
(inhabilidades) y a los integrantes (incompat ibili-
dades y otras prohibiciones) de las corporaciones
de elección popular.
El carácter jurisd iccional le resta cualquier
posibilidad para que este proceso puede s er cla-
o de control político, pese a que sus consecuen-
cias y los efectos que de él se derivan tengan un
impacto directo e n los derechos subjetivos de tipo
político de quien resulta sancionado, en ta nto la
sanción de pérdida de investidura gener a una
inhabilidad de tipo p ermanente para ocupar car-
gos de elección popular. Es decir, es un juicio de
carácter sancionatorio.
instituyó un castigo que no es red imible y, por
tanto, perenne, pese a que u no de los principios
-
cia de penas imprescript ibles, según el artículo
amparar y hacer prevalecer el pr incipio democrá-
-
ser elegido, se impone el respeto y mantenim iento
de la democracia, impidiendo a quien ha defr audo
ese principio volver a ser depositario de la con-
ind icó:
“En atención a la altísima dignidad que s upo-
-
larmente drá stica para las infracciones anotada s,
puesto que la pérdida de la investidura i mplica no
solo que el congresista pierde su calidad de tal,
sino que, además, queda in habilitado de manera
permanente par a ser congresista”.
Los miembros de las corpora ciones públicas
deben mantener incólume la dign idad que osten-
tan como representante s del pueblo. Eso es valio-
so para la democracia represe ntativa.
La institución de la pérdida de i nvestidura no
contempla gradación algun a ni frente a las cau-
sales ni frente a las sanciones. Todas las causales
-
cho a continuar ostentando la i nvestidura y a vol-
ver a ser elegido congresista, diputado, etcéte ra.
-
saje claro: la dignidad de ser representante del
pueblo es un valor tan alto y delicado que cual-
quiera de las causales de pérdida de i nvestidura es
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba