Acción pública de inconstitucionalidad
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A
URÍDIC
Acción pública de inconstitucionalidad
Requisitos de la demanda. Argumentación
El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 señala que son requisitos de las
demandas de control de constitucionalidad:
“1. El señalamiento de las normas acusadas como incon stitucionales, su
transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación
2. El señalamiento de las normas constitucionales que se consideren
infringidas;
3. Las razones por las cuales dichos textos se estiman violados;
4. Cuando fuere el caso, el señalamiento del trámite impuesto por la
Constitución para expedición del acto demandado y la forma en que fue
quebrantado; y
5. La razón por la cual la Corte es competente para conocer de la
demanda.”
Sobre el tercer elemento relativo a las razones por las cuales las nor mas
constitucionales invocadas se est iman violadas, la Corte Constitucional de
manera reiterada ha expresado que si bien la acción pública de inconsti-
tucionalidad no está sometida a mayores rigorismos y debe prevalecer la
informalidad; existen requisitos y contenidos mínimos por cumplir para
que el cargo sea susceptible de generar una verdadera controversia consti-
tucional que permit a a este Tribunal la realización sat isfactoria del estudio
de constitucionalidad.
La consagración de estos requisitos m ínimos no es una limitación a los
que informen adecua damente al juez para poder proferir un p ronunciamien-
to de fondo y así evitar un fallo inhibitorio que torne inane el ejercicio de
este derecho político. Esto supone que el demandante cu mpla con una carga
mínima de comunicación y argumentación que ilustre a la Corte Consti-
tucional sobre los preceptos constitucionales que considera vulnerados,
el concepto de dicha violación y la razón por la cual esta Cor poración es
competente para pronunciarse sobre la materia.
De este modo la acción pública de inconstitucionalidad se materializa,
cuando además de plantear u na acusación contra una norma legal con base
en unas disposiciones constitucionales que se consideran infringidas, se
exponen las razones por las cuales d ichos textos se estiman violados.
Los argumentos deben seguir exigencias mínimas razonables, inicial-
mente dispuestas en la Sentencia C-1052 de 2001, siendo posteriormente
reiteradas por la jurisprudencia de la Corporación. Tales son:
La claridad de un cargo se evidencia, cu ando la demanda contiene una
coherencia argumentativa que permite a la Corte comprender con nitidez
encuentra relevado de la carga de formular razones que sean plenamente
entendibles.
La certeza de un cargo consiste en que éste se dirige contra una propo-
sición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no
sobre una distinta, inferida por el demandante o que hace par te de normas
que no fueron objeto de demanda. “Así, el ejercicio de la acción pública de
-
suministradas por el legi slador, para pretender deducir la inconstituciona -
Este
requisito exige que el cargo de inconstitucionalidad c uestione un contenido
El requisito de hace referencia a que la censura debe conte-
ner por lo menos un cargo concreto, de natu raleza constitucional, en contra
de las normas que se advierten contrarias a la Carta Política. La demanda
debe indicar la manera en que las disposiciones acusadas quebrantan las
que los argumentos expuestos por el demandante sean precisos, ello en el
entendido que -
entre el contenido de la ley y el te xto de la Constitución Política, resultando
-
La pertinencia implica que las razones que sustentan el concepto de
la violación se fundamenten en arg umentos de índole constitucional. Los
cargos deben estar sustentados “en la apreciación del contenido de una
De
ahí que, “
la acción pública para resolver un problema par ticular, como podría ser la
-
Por último, la condición de se observa en cuanto las razones
de inconstitucionalidad g uarden relación “en primer lugar, con la exposi-
ción de todos los elementos de juicio (argumenta tivos y probatorios) nece-
sarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto
objeto de reproche; (…)
apela directamente al alcance persu asivo de la demanda, esto es, a la pre-
una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de
-
No obstante lo anterior, la Corte ha resalta do que: “La consagración de
-
-
demandante de una norma c umpla con una carga mínima de comunicación
violación y la razón por la cual la Corte es comp etente para pronunciarse
de 2016, exp. D-11167, M.S. Dr. Alberto Rojas Ríos).
integrantes de la pareja tenga ‘matrimonio’ anterior o ‘sociedad conyugal
no disuelta ni liquidada’, ya que su existencia se predica a partir de la
demostración de que haya ‘una comunida d de vida permanente y singular’.
-
traer matrimonio por parte de uno o de ambos compañeros permanentes,
siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan
del vínculo matrimonial ante rior a la unión marital se halle disuelta’, hecho
-
rio extraordinario, en vir tud de la causal invocada, el recurrente no p uede
válidamente controvertir ese argumento.
-
Así mismo, de conformidad con el penúltimo inciso del artículo 375
en cuanto el sentenciador estimó que para el surgimiento de la ‘sociedad
patrimonial ent re compañeros permanentes’, se requería no solo la ‘disolu-
ción’, sino la ‘liquidación de la sociedad conyugal del anterior matr imonio’
y que ese acto se hubiere cumplido ‘por lo menos un año antes de la fecha
en que se inició la unión marital de hecho’, toda vez que acorde con la
reseñada doctrina de esta Corporación, ha de entenderse insubsistente en
esos aspectos el ‘literal b) artículo 2º de la ley 54 de 1990’ (CSJ, SC del 28
de noviembre de 2012, Rad. n.° 2006-00173-01; )”.
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