La aceptación de cargos en el proceso penal y las garantías
| Autor | Dra. Erika Yolanda Aristizábal Murillo |
| Cargo | Abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana; especialista en Derecho Penal y Criminalística de la Universidad de Medellín y Derecho Procesal Penal de la Universidad Autónoma |
| Páginas | 49-94 |
La aceptación de cargos en el proceso
penal y las garantías*
Erika Yolanda Aristizábal Murillo**
Resumen: El ordenamiento jurídico consagra la aceptación de cargos excedien-
do los términos constitucionales fijados para l os principios de oportunidad y del
consenso; adicionalmente, la jurisprudencia mayoritaria trastroca los fines de
la ley penal cuando sienta algún precedente sobre este tema. P or ello, es impe-
rioso estudiar cómo debe enfocarse dicha institución pr ocesal a la luz de la ley y
la Constitución Política y evaluar su legitimidad; adem ás, precisar si se cumple
o no con la garantía de contradicción, de tal manera que ell a permita el acceso
material a la justicia de todas las partes e interes ados en el proceso penal. Todo
ello, adviértase , de cara a edificar una sentencia justa que cumpla con los fines
del derecho penal y de la pena y, naturalmente, que no sea el resultado de la
renuncia a la verdad material.
Palabras cl aves: Aceptación a cargos, Constitución, garantías, ley penal , verdad
material.
Abstract: The legal system establishes the acceptance of charges exceeding
the constitutional terms set for the principles of oppor tunity and consensus;
additionally, the majority jurisprudence has overtur ned the aims of the penal law
when it sets a precedent on this subject. For this reas on, it is imperative to study
how this procedural institution should focus in light of the Law and the P olitical
Constitution and to evaluate its legitimacy; in addition, if the guarantee of con-
tradiction is fulfilled or not in such a way that it allows material access to jus-
tice of all the parties and interested in the criminal process. All this be warned,
* Artículo de reexión presentado para optar al título de maestro en Derecho de la Uni-
versidad Serg io Arboleda, Bogotá (Colombia); la dirección estuvo a cargo del Profesor
Fernando Velásquez Velásquez.
** Abogada de la Universidad Autónom a Latinoamericana; especia lista en Derecho Penal y
Crimi nalística de la Universidad de Medel lín y Derecho Procesal Penal de la Universi-
dad Autónoma. Cor reo de contacto: erika.ar istiz abal4@g mail.com.
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ISSN: 2027-1743 / 2500-526x (en línea) julio-diciembre de 2019
in order to build a just sentence that meets the purposes of criminal law and
punishment and, naturally, that is not the result of renouncing the material truth.
Keywords: guilty plea, Constitution , criminal law, guarantees, material truth.
Introducción
El hombre es el más noble de los animales que existen, siempre y cuando no esté
separado de la justicia y la ley. Aristóteles.
La aceptación de cargos, denominada erróneamente entre nosotros co-
mo “allanamiento”, fue concebida como una forma de terminación anticipa-
da del proceso penal de corte acusatorio, en tanto permite la emisión de una
sentencia condenatoria sin el agotamiento de la actuación y del debate propio
del juicio oral, siempre que exista prueba sobre la responsabilidad aceptada y
se preserven las garantías fundamentales (Sent. T-091/2006, CConst., con.
1). Su génesis radica en la imposibilidad de la administración de justicia para
procesar todos los delitos (Zamora, 2016, pp. 177-188), en atención a la crisis
de los modelos de enjuiciamiento tradicionales en razón del aumento de la
complejidad de los casos (Silva, 2007 pp. 34-35), la criminalidad organizada
(Ferrajoli, 2005, pp. 71-88) y, añádase, la máxima intervención del derecho
penal atribuida a razones de política y seguridad (Sotomayor, 2008, p. 155)
que provocó una mayor duración de los procesos y un incremento de la con-
gestión judicial.
Sin embargo, ese instituto se ha convertido en una herramienta que
permite la mutación del proceso que busca ecacia para emitir una sentencia
y, expresan los doctrinantes, se fundamenta en la doctrina del derecho penal
del enemigo (Sotomayor, 2008, p. 150). Adicional a ello, debe señalarse que
la aceptación de cargos no tiene asidero en la Constitución Política, pues del
tenor del parágrafo 1 del artículo 250 se desprende que la Fiscalía no pue-
de disponer del juicio ni tiene la potestad de reducir la pretensión punitiva
señalada para cada delito, como derivación del principio de oportunidad
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en sentido amplio. Por ello, no es de extrañar que cuando en el derecho
comparado los estudiosos se ocupan de este instituto sean dos las posturas
asumidas: una, a partir de concepciones como la de Alschuler (1979, pp.
1-43) y Ferrajoli (2004, p. 609), quienes pregonan que la aceptación de car-
gos es incompatible con las garantías fundamentales y los nes del derecho
penal y del proceso penal; y otra, desde las elaboraciones construidas por la
jurisprudencia norteamericana, portorriqueña, alemana y colombiana, entre
otras, para la cual no se vulnera el debido proceso y con ella se alcanzan los
nes del derecho penal de prevención y protección, a más de darle solución
judicial al caso concreto.
En ese contexto, las principales críticas a esta forma de terminación
anticipada del proceso han sido expresadas por Ferrajoli (2004), Schünemann
(2002 p. 291), Hassemer (1988, pp. 8 y ss.), Barona (1994, p. 30) y Amodio
(2003 p. 195), entre otros, quienes consideran que esa gura resquebraja el
principio de legalidad, descontextualiza el objeto del proceso penal de cara
a la búsqueda de la verdad y permite que se condene a una persona sin que
se surta la fase de la producción y la contradicción de la prueba, entre otros
argumentos de común usanza. En forma complementaria, Ambos y Wois-
chnik (2000, pp. 835-896) –Alemania–, De Diego (1999 pp. 75-78), Rodrí-
guez (1997, pp. 296-298), Gómez (2008, pp. 135-38), Armenta (2015, pp.
121-139) –España–, Del Río (2008, pp. 157-182) –Chile– y Galain (2005 pp.
159-196) –Uruguay–, señalan diversos argumentos llamados a fortalecerla
para hacer de ella una gura legitima; sin embargo, en la actualidad no se ha
logrado una adecuada ponderación entre la funcionalidad de la negociación
y las garantías procesales.
En ese marco conceptual esta investigación busca responder a la siguien-
te pregunta: ¿Cómo debe concebirse la Constitución para lograr que la trans-
mutación y la legitimación del instituto de la aceptación de cargos, se haga
conforme a los nes del derecho penal y a las garantías constitucionales? Por
ello, de cara a responder esa pregunta problema, el objetivo general de esta
incursión académica es reformular el escenario en el cual debe operar esta
admisión de la responsabilidad, la contradicción probatoria que debe implan-
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