Actividad de hogares comunitarios
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30 CONSEJO DE ESTADO
Proceso de selección por medio de licitación pública
Nulidad absoluta de un contrato por pretermitir mandatos de la Ley 80 de 1993
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pio y la sociedad, era de concesión, razón por la cu al se hacía indispensable
adelantar el procedimiento a dministrativo de selección del contratista bajo
la modalidad de licitación pública, según la s reglas establecidas en el artí-
culo 30 de la Ley 80 de 1993. Así las cosas, la Sala procederá a analizar, de
efecto la Administra ción adelantó, o no, el procedimiento de selección del
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el procedimiento adelantado por el Mun icipio, en efecto, omitió gran part e
efecto, se eludió el procedimiento admin istrativo de selección del contra-
se encuentra viciado de nulidad absoluta , la Sala procederá a efectuar la
de arrendam iento y por cuya terminación hoy se demand a, se encuentra
es la prestación de un ser vicio encomendado al Municipio, según lo prevé
c) la vocación de dicha instalación no es la de servir al uso y goce de la
-el uso y goce- pertenec e a la entidad
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dad, el 23 de diciembre de 1997, corresponde ciertamente a un contr ato de
concesión y no a uno de arrendam iento, tal como, a continuación, pasa a
explicarse. La sociedad contratist a asumió la obligación de llevar a cabo y
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ción del matadero municipal por su propia cuenta y riesgo, lo cual se des-
inversiones en el matadero con dineros propios, así como de la obligación
y complementar el matadero y, en consecuencia, para ejecut ar el objeto del
contrato y los riesgos derivados de la explotación del matadero mu nicipal se
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con la reversión de los bienes destinados al objeto de la concesión, el cual
ejercidos por la entidad concedente respecto de la c orrecta ejecución de la
obra o del adecuado manteni miento o funcionamiento del bien o ser vicio
una de sus dependencias té cnicas para inspec cionar las obras y vigilar la
correcta ejecución de las misma s. Igualmente, la sociedad se comprometía
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cían el control en el matadero municipal. Por último, en la cláusula novena
recuperaría el Contr atista las sumas de di nero invertidas, remu neración
esta forma el cuar to elemento esencial del contrato de concesión. Así las
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pio y la sociedad, reúne todos los elementos de un contr ato de concesión
encuentra en cabeza del municipio -entida d concedente-, el cual ejerce la
inspección y vigilancia respec to de las obras y actividades a sumidas por
para el concesionario provendría de los recu rsos por él obtenidos como
consecuencia de la explotación del matadero municipal.
En virtud del nume ral 2° del artículo 45 de la Ley 80 de 1993 el jefe
o representante de la entida d contratante tiene el deber legal de ter minar
unilateralment e el contrato, cuando en la celebración del mismo se hubie-
los numerales 1°, 2° y 4° del artículo 44 de la mencionad a ley, observa la
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ción del contratista no es constitut iva de la causal de nulidad absoluta
ser catalogada como una expresa proh ibición legal. Así las cosas, viene a
para dar por ter minado el contrato, bajo el supuesto de “haberse eludido
el procedimiento de selección objetiva” impue sto por la ley, esto es por
no haberse adelantado el procedi miento admin istrativo de selección del
contratista conforme la mo dalidad -licitación pública-
según la natur aleza del contrato -de concesión-, con lo cual los decret os
demandados, en efecto, se encuentr an viciados de nulidad por falta de
termina r unilateralmente el contrato por fuerz a de la circunstancia anota-
da.
Actividad de hogares comunitarios
Debe contar con estándares de calidad así como la protección
y cuidado de los niños y las niñas sometidos a su cuidado
El a t ravés del Hogar Comunitario de Bienestar ten ía el deber
la vida e integridad del menor (…); sin embargo, se abstuvo de ejercer
un riguroso cuid ado sobre el niño puesto bajo su cuidado y protección,
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se encontraba bajo el cuidado y protección de un hogar comun itario
adscrito al . Por consiguiente, para el asu nto sub examine, encuen-
madres comunita rias en el cuidado de los niños y n iñas a su cargo con
en el presente caso han ter minado con la muerte del menor. En conse-
cuencia, el deber de protección -incluida la obligación de seguridad y
protección- era exigible a la entidad demanda da; no obstante lo anterior,
le era posible exonerarse mediante la acredita ción de una causa extrañ a
(v.gr. el hecho determinante y exclusivo de la víctima); sin embargo, en
zona frecuentada p or los niños en las instalaciones del Hogar Comu-
nitario en cuestión y sin la cor respondiente super visión de un adulto
pudiere ocasionar alguna afect ación a la vida o integridad f ísica de los
menores. Dicha conclusión lleva, además, a deducir, como se indicó
precedentemente, la falla en la presta ción del servicio en la cual incu-
rrió la entidad dema ndada por su actu ar descuidado o negligente en
la producción del hecho dañoso. En casos similares a los anal izados
en el presente asunto, en los cuales se ha declara do la responsabilidad
del Estado por los daños causados a per sonas en incapacidad absoluta
bien el anterior antecedente juri sprudencial resalta las obligaciones de
de los Hogares Comunitarios en los cuales se p onen bajo su cuidado y
protección a personas menores de 14 años, las cuales no tienen la capa-
(Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera
Gamboa).
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