Tierra, palma africana y conflicto armado en el Bajo Atrato chocoano, Colombia. una lectura desde el cambio en los órdenes de extracción
| Autor | Paola García Reyes |
| Cargo | Doctora en Ciencia Política, FLACSO-México |
| Páginas | 207-242 |
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El reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva sobre la tierra de las comunidades negras habitantes de las zonas baldías rurales ribereñas de la región conocida como Cuenca del Pacífico Colombiano en 19911 se tradujo con los años en una transformación profunda en la estructura de propiedad de la región, lo que implicó la titulación colectiva de más de cinco millones de hectáreas a las comunidades organizadas bajo la figura de Consejos Comunitarios de Comunidades Negras.2El éxito del proceso fue visto por muchos como una gran revolución pacífica que otorgó seguridad jurídica a las tierras de las poblaciones negras del Pacífico (Restrepo, 2002). No obstante, la titulación enfrentó desde sus inicios el avance de distintos actores armados en el marco de las transformaciones del conflicto colombiano.3 Así, el territorio que antes había sido considerado como ‘remanso de paz’ (Arocha, 1992) empezó a figurar en los relatos y estadísticas colombianos como lugar de masacres, desplazamientos, asesinatos y combates (Almario, 2000; Restrepo, 2005).
En términos generales, los argumentos plantean una relación entre titulación y aumento en la conflictividad en la medida en que aquella transformó el orden de propiedad al crear un nuevo dueño mayoritario de la tierra (Wouters, 2001). En términos específicos, los argumentos califican al cultivo de palma africana4 como un recurso conflictivo, vinculado con los
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intentos de apropiación de las tierras de la región del Bajo Atrato chocoano (Oslender, 2004; Comisión Intereclesial Justicia y Paz, 2005; Mingorance, 2006; Empresarios de la palma…, 2010; Palmicultores detenidos…, 2010). De este modo, los análisis sugieren una relación del tipo: cambio en la estructura de propiedad ? conflicto ? instalación o expansión de los cultivos de palma africana.
En este artículo me pregunto de qué forma resultaron modificadas las dinámicas de conflicto en el Bajo Atrato chocoano, si esto se vinculó al cambio en la estructura de la propiedad de la tierra y cuál fue el papel que jugó la búsqueda de explotación de la palma africana. Para responder a estas cuestiones tomo como base la revisión de las literaturas que se han aproximado al vínculo existente entre recursos naturales y conflicto armado y propongo avanzar desde este punto para formular una aproximación a la relación entre estructura de propiedad de la tierra, cultivo de palma africa-na y conflicto armado en la región, sobre la idea del cambio en los órdenes de extracción de los recursos, entendidos como el producto de la interacción entre tres dimensiones: el régimen de extracción asociado al Estado —relativo al conjunto de normas referidas a la regulación y distribución de los recursos— el modelo que organiza la explotación de los bienes primarios y el tipo de actores en disputa. Mi proposición básica es que los actores armados establecen actividades económicas orientadas a la extracción de rentas, sobre la base de los regímenes de extracción existentes.5 A su vez, la forma en que se organiza la explotación del bien establece distintas formas de apropiación por parte de aquellos actores. Esta dinámica deriva en órdenes de extracción asociados con mayores o menores niveles de violencia.
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Hace algún tiempo, algunos economistas (Azam, 1995; Grossman, 1995; Hirschleifer, 1995; Tullock, 1971) propusieron analizar los conflictos apropiativos, de un lado, y la explotación productiva de los recursos, del otro, como parte de un continuo que tiene como correlatos respectivos al conflicto y a la paz. En esta perspectiva, la elección entre uno u otro escenario fue explicada como consecuencia del cálculo racional de los actores. Así, para Hirschleifer (1995) el conflicto es el resultado de una situación no armónica en la que las oportunidades de distribuir los bienes de forma relativamente igual son menores que las de hacerlo de forma inequitativa (ganancias discordantes), las ganancias de uno son vistas como un mal para el otro (preferencias disímiles), y las partes tienen opiniones distintas y optimistas sobre los costos del desacuerdo (percepciones disonantes).
Estudios más recientes abordaron las causas económicas de las guerras civiles, entendidas como el resultado de las decisiones de individuos para quienes los beneficios de la rebelión eran superiores a sus costos (Collier, 2000a; Collier y Hoeffler, 2002; Collier y Hoeffler, 1998; Collier y Hoefler, 2000; Collier, Hoefler y Södeborn 2001). Estas fueron concebidas como actividades cuasi criminales orientadas al saqueo de las rentas provenientes de las exportaciones de recursos naturales. En términos generales, los análisis indicaron que los países con alguna dependencia de bienes primarios en la composición de sus exportaciones tenían mayores riesgos de iniciar una guerra civil,6 argumento que se asoció con una idea anteriormente esgrimida según la cual las guerras tenían perdedores pero también ganadores en tanto que generaban un conjunto de oportunidades de lucro que no estaban disponibles en tiempos de paz (Keen, 1998). En conjunto, dieron forma a una imagen de las guerras civiles como situaciones protagonizadas por organizaciones orientadas hacia la satisfacción de intereses individua-
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les, en entornos de desregulación económica, con fuertes vínculos con la criminalidad.7Sobre estos análisis otros realizaron algunas precisiones. De un lado, un conjunto de ellos profundizó en la relación entre recursos específicos y guerra civil, tales como diamantes (Lujala, Gleditsch y Gilmore, 2005), petróleo (Ross, 2006) y recursos forestales (Aas Rustad, Rød, Larsen, y Gleditsch, 2008), con conclusiones diversas. En términos generales, existe acuerdo acerca de la relación positiva entre petróleo, diamantes y riesgo de inicio de las guerras civiles. La importancia de otros recursos como madera, narcóticos y bienes agrícolas encontraron menos sustento en los análisis transnacionales. De otro, algunos análisis ahondaron en los mecanismos que subyacen a la correlación. En particular, Humphreys (2005) y Gutiérrez (2008) indicaron la necesidad de considerar la relación entre el tipo de estructuras organizativas y apropiación de los recursos.
El debate ha permitido precisar tres puntos básicos; concebida como un problema de acción colectiva, la guerra requiere de la provisión de incentivos selectivos basados en la oferta de bienes excluibles, si bien, como lo señaló Gutiérrez (2008), una traducción directa entre estos y el esfuerzo armado es, al menos, ingenua,8 el saqueo de recursos sirve a este fin, aunque este debe comprenderse a la luz del tipo de bienes primarios y de las estructuras organizativas involucradas, el Estado es un espacio de conflicto, de disputa por el poder, pero también de regulación. Desde este punto, propongo una aproximación analítica con base en el concepto —cuyo término tomo prestado de Gutiérrez y Barón (2008)— órdenes de extracción de los recursos naturales. Este se compone de tres elementos principales: el régimen de extracción, entendido como el conjunto de normas relativas a la regulación y distribución de los recursos, el modelo que organiza la explotación de los bienes primarios, y el tipo de actores en disputa.
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La perspectiva de Hirschleifer (1995) guarda relación con la forma como los actores, en este caso los actores privados y el Estado, acuerdan sobre la explotación y la distribución de los recursos, generando así situaciones de guerra o paz. Una aproximación específica a esta dimensión fue propuesta por Luong y Weinthal (2006)9 en su análisis en torno a las diferencias entre las estructuras de propiedad del petróleo como posible solución a los efectos negativos de la abundancia de bienes primarios10 y, con ellas, su relación con situaciones de debilidad estatal y conflicto. Las autoras desagregan cuatro posibles estructuras según quién sea el dueño del recurso y quién controle los dividendos de la explotación: propiedad del Estado con control, propiedad del Estado sin control, propiedad privada doméstica y propiedad privada extranjera. Cada una de estas estructuras promueve distintos incentivos para la construcción de instituciones median-te la creación de actores y de relaciones negocios-Estado. En particular, la propiedad privada doméstica ofrece una alternativa a los efectos negativos que derivan de la dependencia de bienes primarios, en la medida en que crea incentivos para la negociación sobre el establecimiento de las reglas de juego entre el Estado y los actores sociales.11ia
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Snyder (2006) ha propuesto una idea similar con respecto a los recursos saqueables y a las situaciones de orden o desorden político. La explicación de las diferencias en la relación entre recursos naturales y conflicto (muchos de los países ricos en recursos naturales con conflicto fueron antes gobernados por algunos de...
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