Los alcances del derecho a la salud
| Autor | Diana Patricia Quintero Mosquera |
| Cargo del Autor | Abogada de la Universidad Libre de Cali, especialista en Ética y Derechos Humanos, magíster en Filosofía de la Universidad del Valle y doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia |
| Páginas | 279-364 |
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Capítulo IV
LOS ALCANCES DEL DERECHO A LA SALUD
IntroduccIón
El propósito de este capítulo es analizar las tendencias en el
comportamiento de las entidades demandadas en sede de
tutela, mediante la descripción y el análisis cuantitativo de las
sentencias sistematizadas en el segundo capítulo. Este análisis
cuantitativo permitirá verificar dos subhipótesis formuladas en
el acápite introductorio del trabajo:
• La falta de un compromiso especial de las entidades pres-
tadoras con la población más vulnerable, que se exprese en el
respeto total de la Constitución y la ley, o en la interpretación
de las normas bajo el principio pro homine.
• La insuficiencia cuantitativa de la protección judicial pres-
tada por la Corte mediante sus fallos para brindar protección
efectiva del derecho a la salud a toda su población vulnerable.
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Diana Patricia Quintero Mosquera
Para alcanzar el propósito se procederá, en primer lugar,
a partir de la descripción de los hechos verificables empírica-
mente y, en segundo lugar, de los ideales contenidos en las ex-
posiciones de motivos de la principal normatividad expedida.
Finalmente, se contrastarán los resultados del análisis estadís-
tico y cualitativo con las promesas de la reforma al sistema, a
fin de determinar la eficacia de esta normatividad.
En el primer aparte, a modo de contextualización de los
datos obtenidos, se realizará un análisis cuantitativo del asegu-
ramiento en salud en el contexto colombiano, centrado en el
comportamiento de la cobertura del sistema desde el momento
de expedición de la Ley 100 de 1993, en los regímenes contri-
butivo y subsidiado. Es importante advertir que la información
estadística disponible en la página del Ministerio de la Protec-
ción Social y en la del Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (DANE) es fragmentaria, y en ocasiones con-
tradictoria con otros documentos disponibles en la materia.
La misma fragmentariedad de la información se encuentra en
general en la determinación cuantitativa de la realidad de la
población vulnerable en Colombia. Los estudios disponibles
son parciales, realizados por distintas entidades, y en diversos
momentos del periodo comprendido en este trabajo. Algunos
estudios valiosos como las Encuestas de Calidad de Vida (ECV)
nacionales solo están disponibles hasta el año 2003. A pesar
de estas dificultades se intentó hacer un balance y comparar
diversos datos disponibles, lo que permitió la elaboración de
la tabla 1. En esta puede observarse el comportamiento de la
población asegurada, tanto en el régimen contributivo como en
el subsidiado, durante los primeros catorce años de existencia
del primero, y los primeros doce del segundo.
En el segundo aparte se mostrarán estadísticas de la situa-
ción de cada uno de los grupos vulnerables trabajados, a partir
del análisis de la muestra escogida. El único grupo que no será
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Capítulo IV. Los alcances del derecho a la salud
presentado es la población desplazada, del que se sistemati-
zó una sola sentencia, la T-025 de 2004, en la que no fueron
consideras en detalle las circunstancias particulares de las 108
familias demandantes.
En el tercer aparte se mostrará la realidad, en términos cuan-
titativos y cualitativos, del comportamiento de las entidades
recurridas con relación a los aspectos subjetivos del derecho
a la salud de la población vulnerable en materia de tutelas, a
partir de los estudios realizados por la Defensoría del Pueblo.
En particular, se expondrá la situación de la población des-
plazada y de la población privada de la libertad, con base en
algunos estudios de la Defensoría, y de los pronunciamientos
pertinentes de la Corte Constitucional. El elemento común en el
análisis de la situación de estos dos grupos vulnerables, que los
hace merecedores de estudios especiales sobre sus principales
aspectos, es la declaratoria del estado de cosas inconstitucio-
nal. En ambos casos se trató de la constatación de un cúmulo
de condiciones en que se encontraban los miembros de ambos
grupos poblacionales, consideradas como indignas por la Corte.
La primera declaratoria se produjo para la población carcelaria
en 1998, mediante la sentencia T-153; la segunda se produjo
en 2004, con la sentencia T-025, en la que se examinaron las
circunstancias de la población desplazada por el conflicto ar-
mado.1 Las órdenes impartidas en esta última han dado lugar a
1 La Corte ha definido los criterios o circunstancias que permiten deter-
minar la procedencia de esta declaratoria en las mismas sentencias que la
hacen, en los siguientes términos: “i) la vulneración masiva y generalizada
de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo
de personas; ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumpli-
miento de sus obligaciones para garantizar los derechos; iii) la adopción de
prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela
como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; iv)
la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales
necesarias para evitar la vulneración de los derechos; v) la existencia de
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