Ambos, Kai (Coord.) AA.VV. Justicia de transición y constitución: Análisis de la sentencia C-579 de 2013 de la Corte Constitucional
| Autor | Juan Sebastián Calderón Bareño |
| Cargo | Coordinador Especialización en Derecho penal, Universidad Sergio Arboleda |
| Páginas | 231-235 |
231
Cuadernos de Derecho Penal, ISSN: 2027-1743, enero-junio de 2014
AMBOS, Kai (Coord.)/COTE BARCO, Gustavo Emilio/ IBAÑEZ
GUTIÉRREZ, Catalina/ SÁNCHEZ, Nelson Camilo/ TARAPUÉS
SANDINO, Diego Fernando/ VILLA ROSAS, Gonzalo/ ZULUAGA
T., John E. Justicia de transición y constitución: Análisis de la
sentencia C-579 de 2013 de la Corte Constitucional. Bogotá: Editorial
Temis, 2014, 296 páginas.
El catorce de junio de 2012, en desarrollo de lo que el gobierno
llamara diálogos exploratorios con la guerrilla, el Congreso de la
República aprobó el (Acto Legislativo) o Marco Jurídico para la Paz
(MJP), que en el ámbito del artículo 22 de la Constitución Nacional,
sienta las bases jurídicas para la futura investigación, juzgamiento y
sanción de los hechos cometidos por miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley, que hayan sido parte del conicto
armado interno frente a aquellos hechos cometidos en relación con el
mismo. Dicho Acto, autoriza a que por medio de Ley Estatutaria se
creen mecanismos judiciales o extrajudiciales de justicia transicional,
se establezcan criterios de selección de casos y priorización de
la acción penal, se jen límites para la “aplicación de sanciones
extrajudiciales, de penas alternativas, o de modalidades especiales
de ejecución y cumplimiento de la pena”; y, además, autoriza “la
renuncia condicionada a la persecución penal de todos los casos no
seleccionados” (art. 1° inc. 4°). Todo esto, con la nalidad de facilitar
la terminación del conicto armado interno y el logro de una paz
estable y duradera (art. 1° inc. 1°).
Todas estas concesiones, sumadas a las experiencias de los
procesos de paz celebrados anteriormente en Colombia, de la Ley
975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, y de otros similares en el ámbito
internacional, generan un ambiente de desconanza y preocupación
en cuanto al cumplimiento real de las obligaciones adquiridas
por Colombia ante el concierto de las naciones, de investigar y
sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al
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