Aproximación al concepto jurídico del delito político - Delito político, terrorismo y derecho penal internacional - Delito político, terrorismo y temas de derecho penal - Libros y Revistas - VLEX 776367461

Aproximación al concepto jurídico del delito político

AutorRicardo Posada Maya
Páginas3-94
A      
Ricardo P M*
La inercia y el convencimiento de un gobernante de haber alcanzado la
“absoluta” unidad en el pensamiento y sentir de un pueblo, llevan implícito
el terror, porque cada disentimiento es una amenaza y cada oponente un
enemigo que debe ser exterminado.
S. J. C**
i. aspectos generales
El rasgo fundamental e inherente de los delitos políticos, también llama-
dos “delitos contra el Estado” o “delitos contra la seguridad interior”,
es su indeterminación constitucional y legal, a pesar de ser ampliamente
* Profesor de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, consultor y director del
Área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología y del grupo de Estudios Cesane
Beceanía de la misma universidad.
** Castro Ospina, Sandra Jeannette. “Delitos contra el régimen constitucional y legal”,
en AA. VV., Lecciones de derecho penal, Parte Especial, Bogotá, Universidad Externado de
Colombia, 2004, p. 164.
Vid. Pacheco Osorio, Pedro. Derecho penal especial, t. , 3ª ed., Bogotá, Temis, 1976, p. 1.
Ibídem, p. 96.
La Constitución Política enuncia los delitos políticos para diversos efectos en los
arts. 35.3 mod. AL 1°/1997, art. 1°; 150.17; 175.3; 179.1; 201.2; 232.3; 299; 18.1 y 30
transitorio. Cfr. García Amado, Juan Antonio, “Delito político al hilo de la sentencia de la
R P M
conocidos los efectos constitucionales asociados a ellos. La doctrina pe-
nal y la jurisprudencia los denen por contraposición, al armar que los
delitos políticos son los delitos no comunes, lo que en la realidad no sig-
nica nada, pues se incluye lo denido en la denición. Sin embargo, su
estudio es de especial relevancia, al ser los actores del drama social colom-
biano la emergencia contra el terrorismo y los procesos de justicia y paz.
Precisamente, Ferrajoli expone con claridad magistral las dos tradi-
ciones fundamentales que explican el castigo de los delitos políticos, a
saber: el derecho de resistencia y la razón de Estado. El primero, de
Corte Suprema de Justicia de Colombia del 11 de julio de 2007”, en Estudios de Derecho,
vol. , núm. 144, Medellín, Universidad de Antioquia-Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, 2007, p. 100; Maggiore, Giuseppe. Derecho Penal, vol. 1, El derecho penal, el
delito, 2ª ed., Santa Fe de Bogotá, Temis, 2000, p. 230; Montoro Ballesteros, Alberto. “En
torno a la idea de delito político. (Notas para una ontología de los actos contrarios a
derecho)”, en Anales de Derecho, Universidad de Murcia, núm. 18, 2000, pp. 144; Pacheco
Osorio. Derecho…, ob. cit., p. 11: “[l]a noción de éstos es realmente tan precaria, mudable
y circunstancial, que los mismos fundamentos que se invocan para asignarle carácter
criminoso a un hecho determinado se esgrimen a veces para presentarlo a la consideración
de los ciudadanos como digno de encomio”; Pérez, Luis Carlos. Derecho penal, Partes
General y Especial, t. , 2ª ed., Bogotá, Temis, 1990, p. 105; Pérez, Luis Carlos. Los delitos
políticos, Interpretación jurídica del 9 de abril, Bogotá, Americana de publicaciones, 1948,
p. 7: “[a] la concepción de esta figura delictiva han afluido la vaguedad oriental y los
preceptos griegos y romanos, junto con residuos teleológicos, preocupaciones dictatoriales
y románticos anhelos de cerebros que han perseguido el implantamiento de la democracia
social en el mundo”, y p. 114; Rendón Gaviria, Gustavo. Derecho penal colombiano, Parte
Especial, vol. 1, 3ª ed., Bogotá, Temis, 1973, p. 2; Romero Soto, Julio, y Romero Soto,
Rocío. Delitos contra la existencia y seguridad del Estado, Bogotá, Librería del Profesional,
1983, p. 240. Gaitán Mahecha, Bernardo. “Sobre el delito político y la actualidad”, vid.
cibergrafía, demuestra la ambivalencia legislativa de este concepto en Colombia; Acevedo
Blanco, Ramón. Manual de derecho penal, Bogotá, Temis, 1983, p. 289, afirma que el delito
político ha sido reconocido de manera accidental. Sin embargo, otros autores plantean
que su indefinición es un argumento válido para repensar el concepto de delito político
en una democracia, que sin duda resulta un anacronismo, aunque más bien confunden
delito político con terrorismo prefiriendo su abolición, sin explicar de manera adecuada el
porqué de tales anacronismos. Cfr. Posada Carbó, Eduardo. Sobre el delito político, vid.
cibergrafía; id., Delito político, democracia y paz, vid. cibergrafía.
Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón: teoría del garantismo penal, Perfecto Andrés
Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan Carlos Bayón Mohíno, Juan Terradillos Basoco y Rocío
Cantarero Bandrés [trads.], 9ª ed., Madrid, Trotta, 2009, pp. 809-813. Sobre el tema de la
A      
origen puramente liberal, se fundamenta en el derecho de los pueblos a
oponerse a los regímenes tiránicos u opresores, lo que justica —según
algún sector de la doctrina— la ausencia de antijuridicidad material
en algunos comportamientos constitutivos de delitos políticos formales,
cuando la acción “revolucionaria” ataca sistemas de gobierno de facto.
En la actualidad, la tradición constitucional colombiana sostiene que el
derecho legítimo (impune) de resistencia popular sólo puede basarse en
la oposición democrática (legítima) a los sistemas autoritarios. Desde
luego, no se puede llegar al punto de construir una “democracia totali-
taria” o una “dictadura de las mayorías”, que desconozca el derecho a
la libertad de conciencia, expresión y opinión de las minorías.
La segunda, de origen tradicional-conservador, plantea que los de-
litos políticos hacen parte de un conjunto de instrumentos normativos
estrictamente vinculados a la autopreservación política, pragmática y
estratégica de los regímenes de poder político y de las instituciones gu-
bernamentales del Estado, sean éstos democráticos o autoritarios. En
verdad se trata de instrumentos que le permiten al “establecimiento”
acrecentar su poder jurídico. Apenas ver, ambas concepciones del delito
político no sólo se encuentran en conicto constante, sino que implican
una doble dimensión del carácter del delincuente político, quien podrá
ser un héroe premiado con amnistías e indultos cuando encarne la re-
sistencia contra la tiranía, o ser un verdadero “enemigo público del Es-
tado”, que es necesario destruir y castigar de modo severo mediante un
sistema jurídico de emergencia, moralista e inquisitivo, que desarrolle la
“razón política” de defensa de su propio régimen.
razón de Estado y resistencia, cfr. Romero Soto y Romero Soto, Rocío, Delitos…, ob. cit.,
pp. 282-283, 319 y ss.
Para Ferrajoli, Derecho…, ob. cit., p. 812: “[…] el principio de la razón de Estado es
incompatible con la jurisdicción penal dentro del marco del moderno Estado de Derecho,
de forma tal que cuando interviene —como en el derecho penal de la emergencia— para

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